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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00178-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00178-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00178-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

29 de abril de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00178-01
Demandante: PEDRONEL MONTENEGRO PERAFÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE EL AMPARO POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia de segunda instancia que confirmó la
que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió, encaminadas a que se declarara la falsa motivación y desviación de poder del acto
administrativo que lo retiró del servicio activo por llamamiento a calificar servicios. No obstante,
la Sala advirtió que su interés es emplear la acción de tutela como una instancia adicional al
proceso ordinario, motivo por el cual se confirmará la sentencia que declaró la improcedencia de
la acción de tutela por carencia del requisito de relevancia constitucional.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 5 de marzo de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en la que se decidió:

“1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Pedronel Montenegro Perafán. (...)”. (archivo disponible en medio magnético a
través del índice 00017 del aplicativo SAMAI - negrillas y mayúsculas del
original).

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 13 de enero de 2026 (índice 00001 del aplicativo SAMAI),
el señor Pedronel Montenegro Perafán, a través de apoderado, promovió proceso de
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá, con el fin de que se
protegieran sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, dignidad humana,
y los principios de la buena fe, de confianza legítima y de seguridad jurídica, consagrados
en los artículos 11, 13 y 29 de la Constitución Política, los cuales consideró vulnerados

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00178-01
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán
Acción de tutela – Impugnación fallo

con ocasión del fallo del 29 de octubre de 2025, mediante el cual dicha autoridad judicial
confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso con
radicación no. 18001-33-33-004-2021-00393-00/01.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El señor Pedronel Montenegro Perafan se desempeñó como patrullero de la Policía
Nacional por un tiempo de servicio de 18 años, 1 mes y 24 días.

2) En Resolución no. 01066 del 8 de abril de 2021 expedida por el director general de la
Policía Nacional se le retiró del servicio activo de la Policía Nacional por la causal de
llamamiento a calificar servicios, acto que fue notificado el 12 de abril de 2021.

3) Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, por considerar que la Policía Nacional vulneró principios constitucionales y
legales al retirarlo del servicio activo mediante esa figura.

4) Argumentó que el acto carecía de motivación válida y de finalidad de mejoramiento del
servicio, pues desconoció su trayectoria impecable, reconocimientos e idoneidad.
Además, alegó que la decisión incurrió en desviación de poder derivada de la persecución
y acoso laboral por parte de un superior, con lo cual vulneró el debido proceso en tanto
constituyó un trato discriminatorio y arbitrario, y solicitó que se declarara la nulidad de la
Resolución 01066 del 8 de abril de 2021 y, a título de restablecimiento del derecho, se
ordenara su reintegro al cargo que ocupaba al momento del retiro.

5) Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo
de Florencia negó las pretensiones de la demanda tras concluir que la causal denominada
llamamiento a calificar servicios no requiere motivación adicional cuando se cumplen los
requisitos de tiempo de servicio y derecho a la asignación de retiro.

6) Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación en el que manifestó que
no se valoraron adecuadamente las declaraciones extraproceso aportadas con la
demanda, aseguró que el acto estaba viciado de desviación de poder, las pruebas

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00178-01
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán
Acción de tutela – Impugnación fallo

documentales daban cuenta del acoso laboral y el retiro no respondió a una necesidad
institucional ni a la finalidad de renovación jerárquica sino a una intención personal de
perjudicar al actor.

7) En sentencia de 29 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Caquetá confirmó
la sentencia de primera instancia tras considerar que, si bien existían indicios de un
ambiente laboral hostil, no se demostró que estas circunstancias fueran la causa real y
determinante del retiro, por el contrario, encontró acreditado que el actor cumplía con el
tiempo de servicio exigido para la asignación de retiro sin que se evidencie prueba de la
desviación de poder o falsa motivación.

2. Fundamentos de la vulneración

La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Caquetá incurrió en un defecto
sustantivo y un desconocimiento del precedente.

Respecto al defecto sustantivo, afirmó que el tribunal se limitó a validar la aplicación del
Decreto 754 de 2019, sin analizar la vigencia, jerarquía y aplicabilidad del Decreto Ley
1791 de 2000. En particular, cuestionó que no se estudiara si la Policía Nacional tenía la
potestad de aplicar una norma de menor jerarquía para desvincular a un miembro del
nivel ejecutivo que aún no cumplía los 20 años de servicio exigidos por el estatuto de
carrera.

En ese contexto, señaló que el tribunal incurrió en una interpretación contraevidente por
asumir que el Decreto 754 de 2019 regulaba el mismo ámbito material que el Decreto
Ley 1791 de 2000.

También precisó que, mientras el primero rige materias relacionadas con el régimen
prestacional y de asignación de retiro, el segundo regula el estatuto de carrera y los
requisitos de permanencia del nivel ejecutivo.

Frente al desconocimiento del precedente, indicó que el tribunal desconoció la sentencia
de unificación dictada por el Consejo de Estado (SU-00316 de 2016), la cual fijó pautas
estrictas para el control de este tipo de actos administrativos, pues, a su juicio, el tribunal
ignoró su deber de verificar la finalidad de la medida, su proporcionalidad y el respeto por

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00178-01
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán
Acción de tutela – Impugnación fallo

el estatuto de carrera, apartándose de manera injustificada del precedente vertical y
vulnerando con ello el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.

Finalmente, alegó un trato discriminatorio toda vez que en un caso con idénticos
supuestos fácticos, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1 sí ejerció un control
estricto de legalidad y concluyó que el Decreto 754 de 2019 no podía aplicarse para retirar
a un integrante del nivel ejecutivo que careciera del tiempo mínimo exigido, lo que
evidencia la inconsistencia del fallo y la consecuente vulneración de sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“PRIMERO. Solicito declarar procedente la presente acción de tutela.

SEGUNDO. Tutelar los derechos fundamentales, de acceso a la administración
de justicia, debido proceso, derecho a la igualdad frente a la ley y la
jurisprudencia derecho de la dignidad humana, el principio de la buena fe, el
principio de la confianza legítima y el principio de la seguridad jurídica, del
ciudadano PEDRONEL MONTENEGRO PERAFAN, identificado con la cedula
de ciudadanía No 96362585 expedida en Morelia Caquetá.

TERCERO: Procédase al estudio y unificación, del tema plateado.

CUARTO: Revocar la Sentencia de segunda instancia del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CAQUETA SALA DE DECISIÓN SEGUNDA,
colegiatura en la cual el recurso fue resuelto finalmente mediante dentro del
radicado del 29 de octubre de 2025 radicado No 18001-33-33-004-2021-00393-
01.

QUINTO: En consecuencia, ordenar a los accionadas, para que en el término
de 15 días contados a partir de la notificación que se la sentencia se haga,
profieran un nuevo fallo, ajustado a derecho de acuerdo a los argumentos
mentados en la acción de tutela.”. (negrillas, subrayas y mayúsculas del original
– archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo
SAMAI)

4. Actuación de primer grado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado por auto del 21 de enero de 2026 admitió la
acción de tutela, notificó a los magistrados del Tribunal Administrativo de Caquetá y al

1
Sentencia de segunda instancia del 26 de noviembre de 2025, proceso con radicación no. 76001-33-33-
009-2021-00206-01

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00178-01
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán
Acción de tutela – Impugnación fallo

titular del Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia y vinculó a la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional y la Policía Nacional, con el fin de que presentaran un informe sobre
los hechos que dieron lugar a la presente acción. (índice 0004 del aplicativo SAMAI)

5. Sentencia de primera instancia

El 5 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia que
declaró improcedente el amparo solicitado por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional (índice 00017 del aplicativo SAMAI).

En primer lugar, aclaró que la controversia planteada por la parte actora propone un
debate que no planteó ante el juez natural, por lo que modificó por completo el litigio que
se suscitó en el proceso ordinario, pues, mientras que en el proceso ordinario la discusión
se centró exclusivamente en los hechos de acoso y la desviación de poder, en sede
constitucional el actor plantea un problema jurídico enfocado en el principio de jerarquía
normativa y la presunta derogatoria tácita de normas.

Por otro lado, frente al desconocimiento del precedente judicial, advirtió que el actor
pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario
pues el juez natural sí analizó la finalidad de la medida y concluyó, de manera motivada
y razonable, que no existía nexo causal entre los indicios de acoso y la recomendación
de retiro.

6. Impugnación

La parte actora presentó impugnación y le fue concedida con auto del 24 de marzo de
2026.

En términos generales, sostuvo que la decisión impugnada erró por concluir que el asunto
carecía de relevancia constitucional, pues, a su juicio, la situación que hoy se plantea
está relacionada con derechos de relevancia constitucional, como el acceso a la
administración de justicia, la seguridad jurídica, el principio de la buena fe, la confianza
legítima y la igualdad

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00178-01
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán
Acción de tutela – Impugnación fallo

Alegó que el juez administrativo al dirimir las actuaciones de lo contencioso-
administrativo, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en materia
laboral, tiene inevitablemente la obligación legal y el deber Constitucional de realizar un
control estricto de legalidad, tanto en el ámbito sustancial como material y procedimental,
por lo que al considerar que la controversia planteada por la parte actora propone un
debate que no planteó ante el juez natural implica invertir las cargas e imponerle aquella
obligación al actor.

Junto a la acción de tutela precisó un desconocimiento del precedente judicial al
desconocer el fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en el cual sí se ejerció un control estricto de legalidad y se concluyó que el Decreto 754
de 2019 no podía aplicarse para retirar a un integrante del nivel ejecutivo que careciera
del tiempo mínimo exigido, siendo este un precedente jurisprudencial vertical frente al
Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia que resolvió la controversia en primera
instancia y un precedente horizontal frente al Tribunal Administrativo de Caquetá que no
fue debidamente valorado.

I. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00178-01
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán
Acción de tutela – Impugnación fallo

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Caquetá con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia del 29 de octubre de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión que negó
las pretensiones en el proceso con radicación no. 18001-33-33-004-2021-00393-00/01.

En los términos en que fue planteada a la controversia, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, pero por falta de
subsidiariedad, por las razones que pasan a exponerse:

Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00178-01
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán
Acción de tutela – Impugnación fallo

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos se
desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir
un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto

1) En el presente caso se invocó como causales específicas de procedibilidad contra
providencias judiciales los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

2) Frente al defecto sustantivo se afirmó que la autoridad judicial demandada omitió la
aplicación del Decreto Ley 1791 de 2000 y cuestionó que no se analizara el cargo dirigido
a cuestionar la potestad de la Policía Nacional para aplicar el Decreto 754 de 2019 para
desvincular al actor como miembro del nivel ejecutivo.

3) Respecto al desconocimiento del precedente judicial alegó que se desconoció la
interpretación aplicada en la sentencia de 26 de noviembre de 2025 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, según las cuales no es aplicable la figura del
llamamiento a calificar servicios antes de haber cumplido veinte (20) años de servicio de
conformidad con el artículo 57 del Decreto-ley 1791 de 2000 y la sentencia SU-00316 de

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2016 del Consejo de Estado la cual la cual fijó pautas estrictas para el control de este tipo
de actos administrativos.

4) No obstante lo anterior; una vez revisado el expediente del proceso ordinario, se
advierte que dicho argumento no fue propuesto en la demanda ni desarrollado en el curso
del proceso, pese a que guardaba relación directa con el debate sobre la aplicación
normativa.

5) Asimismo, se observa que el actor tampoco planteó dicho cuestionamiento en el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, a pesar de que contaba
con la oportunidad procesal para hacerlo, máxime cuando la decisión le fue desfavorable
en cuanto negó las pretensiones de la demanda tras concluir que la causal denominada
llamamiento a calificar servicios no requiere motivación adicional y se cumplen los
requisitos de tiempo de servicio y derecho a la asignación de retiro, por lo cual tenía la
carga de controvertir de manera concreta los fundamentos relacionados con la indebida
aplicación de la norma y la falta de cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio,
a fin de habilitar un pronunciamiento del juez de segunda instancia sobre ese aspecto.

6) En ese orden de ideas, al tratarse de un argumento que no fue oportunamente
propuesto dentro del proceso ordinario ni sometido a consideración del juez natural ni a
contradicción por las demás partes, resulta improcedente su estudio en sede de tutela,
en tanto este mecanismo constitucional no puede ser utilizado para introducir nuevos
fundamentos fácticos o jurídicos que modifiquen el marco del litigio definido en las
instancias ordinarias.

7) En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple el requisito de
subsidiariedad, por cuanto se pretende someter al juez constitucional el análisis de un
argumento que pudo ser planteado dentro del proceso contencioso administrativo y no
se hizo, con lo cual se busca reabrir un debate ya concluido y suplir la omisión en el
ejercicio de las cargas procesales, en contravía del carácter residual y excepcional de
este mecanismo.

8) En ese orden de ideas, como se trata de un argumento nuevo que pudo ser planteado
dentro del proceso ordinario y no se hizo, la acción de tutela es improcedente por cuanto

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Demandante: Pedronel Montenegro Perafán
Acción de tutela – Impugnación fallo

no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el mecanismo constitucional “no es
un medio que remedie los desaciertos procesales de las partes”2.

9) Como lo ha dicho esta Corporación en anteriores decisiones3, este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado para revivir oportunidades procesales fenecidas ni
para plantear o mejorar argumentos que por incuria, negligencia o desidia se dejaron de
proponer en las instancias del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que ni
siquiera se justificaron los motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión.

10) Respecto de tal presupuesto general de procedibilidad, en la sentencia C-590 de
2005 la Corte Constitucional señaló que es necesario que el accionante identifique, de
forma razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible, así:

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional
(…).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea
un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez (…).

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción
de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta
de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela (…)” (negrillas adicionales).

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de mayo
de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp.
11001-03-15-000-2022-04683-00, MP Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00178-01
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán
Acción de tutela – Impugnación fallo

11) En consecuencia, es necesario que los yerros de la autoridad judicial que la parte
actora invoca como generadores de la vulneración se hayan explicado y sustentado con
claridad “y que [la parte actora] hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible”, exigencia que la propia Corte justificó en los
siguientes términos4:

“Esta exigencia es comprensible en la medida que, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional
de sus derechos.”. (negrillas de la Sala)

12) Ello resulta apenas lógico, si se considera que esta acción constitucional no puede
constituirse como un mecanismo complementario, adicional o sustituto de los procesos
judiciales ordinarios, pues ello provocaría el efecto contrario al perseguido mediante esta
acción, ya que se desconocería la garantía del debido proceso prevista en el artículo 29
de la Constitución Política, según la cual las controversias deberán ser decididas por el
juez natural de la causa y con observancia de las formas propias de cada juicio.

13) Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional en sentencia T-649 de 2011,
señaló:

“Una segunda razón radica en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el
primer espacio de protección de los derechos fundamentales. Estando
obligados los jueces a obedecer la ley y la Constitución (Art. 4 y 230 C.N),
corresponde a todos velar porque los derechos fundamentales sean respetados
al interior y como resultado de los procesos judiciales. Es en este sentido que
la sentencia C-543 de 1992 puntualiza que: “tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es
el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original).
Por tanto, es inadmisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza
de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico
le ha dotado de las herramientas tendientes a corregir durante su trámite
las irregularidades que puedan afectarle” (negrillas de la Sala).es
comprensible en la medida que, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de
todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.”. (negrillas de la Sala)

4
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.

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Demandante: Pedronel Montenegro Perafán
Acción de tutela – Impugnación fallo

14) En consonancia con el criterio jurisprudencial expuesto, en este caso resulta claro
que lo pretendido por la parte demandante es que, bajo la supuesta configuración de un
defecto, se analicen argumentos que debieron ser planteados dentro del proceso
ordinario, lo que no es de recibo dado que sobre ellos no tuvo la oportunidad de
pronunciarse el juez ordinario y tampoco la contraparte pudo ejercer su defensa, motivo
por el cual la acción de tutela resulta improcedente en cuanto a dicho aspecto porque se
desconoció el carácter residual y subsidiario de este mecanismo constitucional.

15) Por otra parte, respecto del presunto desconocimiento de la sentencia del 26 de
noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la Sala
advierte que la parte actora la invocó con la misma finalidad, esto es, para sustentar la
tesis según la cual el juez debía ejercer un control estricto sobre la aplicación del Decreto
754 de 2019 frente al régimen previsto en el Decreto Ley 1791 de 2000; sin embargo,
como ese argumento no fue planteado oportunamente en el proceso ordinario, el cargo
corre la misma suerte de improcedencia por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad y aun en gracia de discusión dicha providencia no puede tenerse como
precedente aplicable frente a la sentencia cuestionada, en tanto no fue proferida por un
órgano de cierre y, además, fue emitida y notificada con posterioridad al fallo del 29 de
octubre de 2025 que se reprocha en sede de tutela.

16) Así, el referido requisito de procedencia requiere que se identifique de manera puntual
y específica, tanto los hechos como los derechos supuestamente violados "y que ello
haya sido alegado previamente ante el juez natural de la causa, en el evento de ser
posible5", lo cual no se cumple en este caso, pues, como se explicó en precedencia, la
actora contó con la oportunidad para apelar y, de hecho, recurrió en el proceso ordinario,
pero no expuso con claridad ni de manera expresa tal argumento con el fin de habilitar
un pronunciamiento del juez natural, a pesar de que ello era posible, por lo cual la acción
de tutela resulta abiertamente improcedente.

5
Corte Constitucional, sentencia SU-081 de 2020: “[p]or consiguiente, la acción de tutela contra
providencias judiciales exige que se identifique de manera precisa, comprensible y suficiente, tanto
los hechos que generaron la vulneración, como los derechos supuestamente comprometidos, y que
ello haya sido alegado previamente ante el juez natural de la causa, en el evento de ser posible. Para
el cumplimiento de esta obligación, se excluye la formulación de los mismos argumentos y alegatos
realizados en el proceso ordinario, pues lo que se demanda es la exposición de las razones por las
cuales el raciocinio del juez natural no supera un juicio de validez desde los parámetros del Texto
Constitucional. Solo así se protegen principios tan relevantes para el Estado Social de Derecho, como lo
son, la autonomía e independencia judicial”. (negrillas adicionales).

13
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00178-01
Demandante: Pedronel Montenegro Perafán
Acción de tutela – Impugnación fallo

17) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela pero por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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