Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06407-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06407-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-06407-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
15 de septiembre de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, quince (15) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06407-00
Demandante: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN EL MARCO DE UN PROCESO DE NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia que revocó la decisión de
primera instancia y negó las pretensiones, por cuanto, a su juicio, incurrió en un desconocimiento
del precedente judicial. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad toda vez que fue usada para plantear argumentos que se dejaron de
proponer en el proceso ordinario, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela1 presentado, a través de apoderado
judicial, por el Instituto Colombiano Agropecuario en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia, para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29,
13 y 229 de la Carta Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del
15 de mayo de 2026, proferida por esa autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) El departamento de Antioquia libró el mandamiento de pago contra el ICA2, mediante la
Resolución no. 2021060043882 del 21 de mayo de 2021, para que cancelara la suma de
1
La acción de tutela fue presentada el 13 de agosto de 2026, índice 1, Samai.
2
Con fundamento en la liquidación oficial de aforo no. 2017060051683 del 10 de marzo de 2017, de la vigencia
2013: liquidación oficial de aforo (Proyectada 19/12/2017) no. 2018060019089 del 16 de febrero de 2018, de
las vigencias 2008, 2009, 2010 y 2011: liquidación oficial de aforo no. 45510 del 15 de mayo de 2013, de la
vigencia 2014: liquidación oficial de aforo no. 2018060306580 del 29 de agosto de 2018 y de la vigencia 2015:
liquidación oficial de aforo no. 2018060136891 del 19 de abril de 2018, que presuntamente no fueron
debidamente notificadas
2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06407-00
Demandante: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Acción de tutela
$386.000, por concepto de mora en el pago del impuesto vehicular del automóvil de placas
LAW86A, conforme con lo dispuesto en las resoluciones y liquidaciones oficiales de aforo.
2) El 17 de agosto de 2021, el ICA formuló las que denominó excepciones de prescripción
de la acción de cobro e inexistencia de título ejecutivo pues el vehículo de placas LAW86A,
registrado ante el RUNT, estaba clasificado en dicha plataforma con tipo de “servicio oficial”,
sin embargo, estas fueron resueltas desfavorablemente por la entidad territorial mediante
Resolución no. 2021060099728 del 22 de noviembre de 2021.
3) El 20 de diciembre de 2021, el ICA presentó recurso de reposición contra la Resolución
no. 2021060099728 del 22 de noviembre de 2021
4) El 30 de marzo de 2022, mediante Resolución no. 2022060008510, el departamento de
Antioquia resolvió declarar no probada la prescripción de la acción de cobro del impuesto
sobre vehículos automotores, así como los intereses y sanciones generados por el no pago
de las vigencias fiscales 2008 a 2015 del automotor de placa LAW86A, decisión frente a la
cual la parte actora el 25 de abril del 2022 interpuso recurso de reposición.
5) El 17 de mayo de 2022, a través de la Resolución no. 202260030841, la entidad territorial
confirmó en todas sus partes la Resolución no. 2021060099728 del 22 de noviembre 2021
y ordenó seguir adelante la ejecución.
6) El 23 de junio de 2022, por medio de la Resolución no. 2022060084089, se resolvió el
recurso propuesto contra la Resolución no. 2022060008510 el 30 de marzo del mismo año,
a través de la cual se declaró no probada la excepción de prescripción de la acción de
cobro.
7) El ICA presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las
Resoluciones nos. 2021060043882 del 21 de mayo de 2021, 2021060099728 del 22 de
noviembre de 2021, 2022060008510 de fecha 30 de marzo de 2022, 2022060030841 del
17 de mayo de 2022 y 2022060084089 del 23 de junio de 2022, tras considerar que no le
fue notificado acto administrativo alguno que contenga la liquidación oficial de aforo
ejecutada, y aun así se inició un proceso de cobro coactivo.
8) Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo
de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual declaró
que la Resolución 2021060043882 del 21 de mayo de 2021 no es susceptible de control
jurisdiccional; declaró la nulidad de las Resoluciones 2021060099728 del 22 de noviembre
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06407-00
Demandante: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Acción de tutela
de 2021, 2022060008510 del 30 de marzo de 2022, 2022060030841 del 17 de mayo de
2022, y la 2022060084089 del 23 de junio de 2022; y ordenó la terminación del proceso de
cobro coactivo al estimar que la Ley 488 de 1998 no gravó a los vehículos oficiales con el
impuesto nacional sobre los vehículos.
9) La Gobernación del Departamento de Antioquia presentó recurso de apelación en el que
manifestó que el juez de primera instancia aplicó una excepción que solo es válida para
vehículos tipo automóvil, toda vez que si bien es cierto que la Ley 488 de 1998 no fijó una
tarifa para vehículos oficiales esta omisión no ocurre con las motocicletas, como ocurrió en
este caso; a su vez, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 145 de la Ley 488 de 1998, la
tarifa para todas las motocicletas de más de 125 c.c. se fijó en el 1.5% sin hacer distinción
entre si pertenencia o no al servicio oficial.
10) En sentencia de 15 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó
la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda
tras considerar que el juzgado de primera instancia confundió el objeto del proceso, al
examinar los actos de liquidación oficial del aforo que sirvieron de fundamento para los
actos de cobro coactivo, cuando en sede de cobro coactivo solo se puede controvertir
judicialmente la legalidad de los actos administrativos definitivos que se expiden en dicho
procedimiento, por ende, no es posible en tal escenario discutir sobre la formación, validez
y eficacia de la liquidación oficial que se encontraba debidamente ejecutoriada.
11) Adicionalmente, aclaró que las motocicletas de 185 centímetros cúbicos están
gravadas con la tarifa del 1.5%, según la Ley 488 de 1998, sin importar si es de servicio
oficial o particular; también constató que se respetó el debido proceso en las actuaciones
por parte del departamento de Antioquia y confirmó la inexistencia de la prescripción ya que
tanto las liquidaciones3 como el mandamiento de pago se emitieron y notificaron dentro de
los plazos legales establecidos, motivo por el que negó las súplicas de la demanda.
2. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión del
3
Las Resoluciones nos. 2017060051683 del 10 de marzo de 2017 y 2018060019089 del 19 de diciembre de
2017 por medio de las cuales la Dirección de Rentas del Departamento de Antioquia resolvió proferir las
Liquidaciones Oficial de Aforo e impuso las sanciones por no declarar derivadas de la falta de pago del
Impuesto sobre Vehículos Automotores con respecto al ICA para los periodos gravables 2012 y 2013
4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06407-00
Demandante: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
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fallo proferido el 15 de mayo de 2026, por cuanto, a su juicio, incurrió en un desconocimiento
del precedente judicial.
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, precisó que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado ha desarrollado una línea jurisprudencial4 uniforme y reiterada según la
cual los vehículos oficiales no resultan gravados por ausencia de uno de los elementos
esenciales del tributo: la tarifa, el cual resulta en un precedente uniforme, reiterado de
manera ininterrumpida entre 2008 y 2026, y proveniente del órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo en materia tributaria territorial, lo que lo dota
de fuerza vinculante para los tribunales y juzgados administrativos que resuelvan
controversias con los mismos supuestos fácticos y jurídicos.
Ese precedente resulta de especial relevancia en el caso concreto en tanto el vehículo de
placas LAW86A se encuentra registrado como de servicio oficial, lo cual conlleva a que el
mismo no resulte gravado, pese a lo cual el Tribunal Administrativo de Antioquia se apartó
de la línea jurisprudencial aplicable sin precisar las razones para ello.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“A. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia del INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO ICA, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA con ocasión de la sentencia de quince (15) de
mayo dos mil veintiséis (2026) proferida dentro del proceso Rad. 05001 3333 002
2022 00418 01.
B. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de
quince (15) de mayo dos mil veintiséis (2026) proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA dentro del proceso
Rad. 05001 3333 002 2022 00418 01.
C. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA que, en el término que se le fije, profiera una nueva sentencia dentro
del proceso de la referencia, en la que se aplique el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sobre la no sujeción de los vehículos de
servicio oficial al impuesto sobre vehículos automotores de que trata la Ley 488
de 1998.
4
Sentencia del 21 de agosto de 2008, Radicación no. 05001-23-31-000-2000-01275-01 CP Héctor J. Romero
Díaz, Sentencia del 12 de marzo de 2012, Radicación no. 05001-23-31-000-1999-03314-01(18444) CP.
Martha Teresa Briceño de Valencia, Sentencia no. 21927 del 26 de septiembre de 2018, CP. Milton Chaves
García, Sentencia del 19 de marzo de 2019, Radicación no. 05001-23-31-000-2009-01206-01, Sentencia del
18 de mayo de 2023, Radicación no. 25000-23-37-000-2019-00456-01 CP. Stella Jeannette Carvajal Basto y
Sentencia del 16 de abril de 2026, Radicación no. 05001-23-33-000-2019-02391-01 (29644) CP. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06407-00
Demandante: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Acción de tutela
D. SUBSIDIARIAMENTE, en caso de no accederse a la pretensión anterior, se
ordene lo que el Despacho estime pertinente para la protección efectiva de los
derechos invocados.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI, índice 2, negrillas y mayúsculas del original).
4. Actuación procesal
Mediante auto del 13 de agosto de 20265, se admitió el proceso de acción de tutela y se
ordenó la notificación al presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo
de Antioquia, así como la vinculación al titular del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín y al gobernador del departamento de Antioquia, con el fin de
que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Actuación de las autoridades demandadas y vinculadas
El Tribunal Administrativo de Antioquia6 precisó que la acción de tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, toda vez que la actora pretende surtir una tercera
instancia para continuar con la actuación que se encuentra finalizada por decisiones
debidamente motivadas y ejecutoriadas, pues la sentencia de segunda instancia revisó la
legalidad de la actuación surtida en el marco del proceso de cobro coactivo adelantado por
el departamento de Antioquia con ocasión de las vigencias 2012 y 2013 y el acto
administrativo que resolvió la solicitud de prescripción de los periodos de 2008 a 2011 y
2014 a 2015, de ahí que la decisión del tribunal se sustentara en que el juez de primera
instancia incurrió en una incongruencia al controvertir y declarar la ilegalidad del gravamen
de los vehículos en un proceso de cobro coactivo, fase procesal donde está prohibido
discutir el fondo del tributo.
La Gobernación de Antioquia7, en primer lugar, precisó que el vehículo identificado con
placas LAW86A corresponde a una motocicleta de 185 centímetros cúbicos y no a un
automóvil, como se quiere hacer ver por la parte actora, de tal forma que la línea
jurisprudencial del Consejo de Estado que se invoca como desconocida no resulta aplicable
pues esta corresponde únicamente a vehículos oficiales de tipo automóvil, por lo que no
resulta aplicable al caso concreto de una motocicleta con tarifa legal expresamente fijada
en el artículo 145 de la Ley 488 de 1998.
5
Índice 4, Samai.
6
Índice 10, Samai.
7
Índice 12, Samai.
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Acción de tutela
Por otro lado, indicó que contrario a lo manifestado, la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por el ICA nunca planteó la discusión sobre
naturaleza oficial del vehículo, sino que centró su tesis en la inexistencia de título ejecutivo
por la presunta falta de notificación de las liquidaciones oficiales y la prescripción de la
acción de cobro, las cuales fueron despachadas desfavorablemente dentro de dicho
procedimiento y con respeto de las garantías procesales.
En consecuencia, solicitó tener en cuenta que el precedente presuntamente desconocido
no resulta aplicable al ser un vehículo tipo motocicleta, declarar improcedente el amparo en
tanto el argumento de fondo relativo a los vehículos oficiales no fue planteado en la
demanda y verificar que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
fue debidamente motivada y acorde con la verdadera jurisprudencia aplicable al caso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del
demandante.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06407-00
Demandante: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Acción de tutela
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de que se proteja sus derechos
fundamentales antes mencionados, con ocasión del fallo proferido el 15 de mayo de 2026,
por cuanto, a su juicio, incurrió en un desconocimiento del precedente judicial.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente la
acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por las razones que
procederán a exponerse:
2.3 Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del texto
del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas hagan
uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la situación
que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja el uso
indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia
judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas judiciales que
el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos se
desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad, así:
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06407-00
Demandante: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Acción de tutela
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias
no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado,
procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir un medio de
defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
2.4 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
1) La parte demandante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció
la línea jurisprudencial8 que, en su criterio, ha sido uniforme y reiterada de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, según la cual, los vehículos oficiales no resultan gravados por
ausencia de uno de los elementos esenciales del tributo, en virtud de lo cual la motocicleta
con placas LAW86A no puede resultar gravada.
2) No obstante, a partir de la revisión de las pruebas aportadas al expediente, para la
Sala resulta claro que el interés de la parte demandante consiste en debatir un argumento
nuevo que no fue planteado ni discutido en el trámite del proceso ordinario pues, desde la
demanda el ICA limitó el estudio del caso a la supuesta inexistencia de título ejecutivo por
la presunta falta de notificación de las liquidaciones oficiales y la prescripción de la acción
de cobro, sin hacer referencia a la supuesta ausencia de uno de los elementos del tributo.
3) En efecto, ni en la demanda ni en sus diferentes intervenciones, a pesar de que tuvo
la oportunidad de hacerlo, el ICA hizo referencia al supuesto desconocimiento del
precedente judicial de la Sección Cuarta del Consejo de Estado sobre la presunta
imposibilidad de gravar con dicho tributo a toda suerte de vehículos oficiales, incluidas las
motocicletas, por lo que la autoridad judicial demandada no podía ni debía efectuar ningún
8
Sentencia del 21 de agosto de 2008, Radicación no. 05001-23-31-000-2000-01275-01 CP Héctor J. Romero
Díaz, Sentencia del 12 de marzo de 2012, Radicación no. 05001-23-31-000-1999-03314-01(18444) CP.
Martha Teresa Briceño de Valencia, Sentencia no. 21927 del 26 de septiembre de 2018, CP. Milton Chaves
García, Sentencia del 19 de marzo de 2019, Radicación no. 05001-23-31-000-2009-01206-01, Sentencia del
18 de mayo de 2023, Radicación no. 25000-23-37-000-2019-00456-01 CP. Stella Jeannette Carvajal Basto y
Sentencia del 16 de abril de 2026, Radicación no. 05001-23-33-000-2019-02391-01 (29644) CP. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06407-00
Demandante: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Acción de tutela
análisis sobre tal aspecto, pues la presunta omisión no fue puesta de presente en esa etapa
procesal y tampoco durante el trámite de la primera instancia.
4) Por consiguiente, resulta claro que lo pretendido por la parte demandante es que,
con la supuesta configuración de un desconocimiento del precedente judicial, se analicen
argumentos que debieron ser planteados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo cual no es de recibo dado que sobre ellos no tuvo la oportunidad de
pronunciarse el juez ordinario y tampoco la contraparte pudo ejercer su defensa.
5) En ese orden de ideas, como se trata de un argumento nuevo que pudo ser plateado
dentro del proceso ordinario y no se hizo, la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el mecanismo constitucional “no es un
medio que remedie los desaciertos procesales de las partes”9.
6) Como lo ha dicho esta Corporación en anteriores decisiones10, este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado para revivir oportunidades procesales fenecidas ni
para plantear o mejorar argumentos que por incuria, negligencia o desidia se dejaron de
proponer en las instancias del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que ni
siquiera se justificaron los motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión.
7) Respecto de tal presupuesto general de procedibilidad, en la sentencia C-590 de
2005 la Corte Constitucional señaló que es necesario que el accionante identifique, de
forma razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que esta haya
sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible, así:
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional
(…).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de mayo de
2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp. 11001-
03-15-000-2022-04683-00, MP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06407-00
Demandante: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Acción de tutela
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de
las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez (…).
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue
a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela (…)” (negrillas adicionales).
8) En consecuencia, es necesario que los yerros de la autoridad judicial que la parte
actora invoca como generadores de la vulneración se hayan explicado y sustentado con
claridad “y que [la parte actora] hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible”, exigencia que la propia Corte justificó en los
siguientes términos11:
“Esta exigencia es comprensible en la medida que, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.”.
(negrillas de la Sala)
9) Ello resulta apenas lógico, si se considera que esta acción constitucional no puede
constituirse como un mecanismo complementario, adicional o sustituto de los procesos
judiciales ordinarios, pues ello provocaría el efecto contrario al perseguido mediante esta
acción, ya que se desconocería la garantía del debido proceso prevista en el artículo 29 de
la Constitución Política, según la cual las controversias deberán ser decididas por el juez
natural de la causa y con observancia de las formas propias de cada juicio.
10) Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional en sentencia T-649 de 2011,
señaló:
“Una segunda razón radica en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales. Estando obligados los
jueces a obedecer la ley y la Constitución (Art. 4 y 230 C.N), corresponde a todos
velar porque los derechos fundamentales sean respetados al interior y como
resultado de los procesos judiciales. Es en este sentido que la sentencia C-543
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Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06407-00
Demandante: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Acción de tutela
de 1992 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación
de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo
acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, es
inadmisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del
proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de las
herramientas tendientes a corregir durante su trámite las irregularidades
que puedan afectarle” (negrillas de la Sala).
11) En consonancia con el criterio jurisprudencial expuesto, en este caso resulta claro
que lo pretendido por la parte demandante es que, bajo la supuesta configuración de un
defecto, se analicen argumentos que debieron ser planteados dentro del proceso ordinario,
lo que no es de recibo pues la controversia que sometió al estudio de su juez natural, en
sus propios términos, se contrajo a demostrar que presuntamente no fue notificada del acto
administrativo que contenía la liquidación oficial del tributo, y que, por ende, había prescito
la acción de cobro, sin que la acción de tutela sea la oportunidad para agregar, adicionar o
mejorar argumentos que, habiendo tenido la oportunidad de alegarlos en el proceso
ordinario, se dejaron de proponer.
12) Así, el referido requisito de procedencia requiere que se identifique de manera
puntual y específica, tanto los hechos como los derechos supuestamente violados "y que
ello haya sido alegado previamente ante el juez natural de la causa, en el evento de ser
posible12", no se cumple en este caso, pues en el proceso ordinario no expuso con claridad
ni de manera expresa tal argumento con el fin de habilitar un pronunciamiento del juez
natural, a pesar de que ello era posible, por lo cual la acción de tutela resulta abiertamente
improcedente.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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Corte Constitucional, sentencia SU-081 de 2020: “[p]or consiguiente, la acción de tutela contra
providencias judiciales exige que se identifique de manera precisa, comprensible y suficiente, tanto
los hechos que generaron la vulneración, como los derechos supuestamente comprometidos, y que ello
haya sido alegado previamente ante el juez natural de la causa, en el evento de ser posible. Para el
cumplimiento de esta obligación, se excluye la formulación de los mismos argumentos y alegatos
realizados en el proceso ordinario, pues lo que se demanda es la exposición de las razones por las
cuales el raciocinio del juez natural no supera un juicio de validez desde los parámetros del Texto
Constitucional. Solo así se protegen principios tan relevantes para el Estado Social de Derecho, como lo
son, la autonomía e independencia judicial”. (negrillas adicionales).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06407-00
Demandante: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Acción de tutela
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela, por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una
vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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