Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00456-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2019-00456-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2019-00456-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
18 de mayo de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2019-00456-01 (27001)
Demandante: HENRY LEONEL FORIGUA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD SIMPLE
Radicación: 25000-23-37-000-2019-00456-01 (27001)
Demandante: HENRY LEONEL FORIGUA
Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tema: Circular 022 del 19 de diciembre de 2018 - Dirección de Rentas y
Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca.
Impuesto de vehículos - vehículos oficiales. Inexistencia del tributo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 9 de junio de 20221, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de “inexistencia de causales de nulidad
del acto administrativo”, propuesta por la demandada, según lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Circular Instructiva No. 00022 del 19 de
diciembre de 2018, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia».
DEMANDA
HENRY LEONEL FORIGUA, en ejercicio del medio de control establecido en el artículo
137 del CPACA, demandó la nulidad de algunos apartes de la Circular 000022 del 19
de diciembre de 20182, expedida por el Director de Rentas y Gestión Tributaria de la
Secretaria de Hacienda de Cundinamarca, por falsa motivación, infracción de las
normas en que debía fundarse y expedición por funcionario incompetente.
Invocó como normas violadas los artículos 138 a 145 de la Ley 488 de 19983. Sobre
el concepto de violación, expuso, en síntesis:
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Ínidice 2 Samai ED_SENTENCIA.
2
Índice 2 Samai, ED_ANEXOS DEM.
3
Índice 2 Samai ED_DEMANDA. P. 4: Circular Instructiva 000022 del 19 de diciembre de 2018
CONSIDERACIONES (…)
1.- Situación que se presenta con los contribuyentes que cancelaron el impuesto. (…)
“Estos dineros no serán objeto de devolución por parte de la autoridad tributaria departamental en caso que medie solicitud en tal
sentido.”
2.- Situación a seguir con los contribuyentes que no cancelaron el impuesto en relación con la vigencia 2018 o que declararon y
pagaron con inexactitudes
Para el caso de quienes no cancelaron el impuesto para la vigencia 2018, en razón a que se expidió la ordenanza 074 de fecha
3 de octubre de 2018; y conforme a su Artículo Segundo el acto administrativo tiene vigencia a partir de su expedición, pero el
impuesto se causó el 1 de enerp de 2018, en razón al principio de favorabilidad, la ordenanza aprobada tiene efectos sobre esa
vigencia, por lo tanto, los funcionarios de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria se abstendrán de abrir procesos de
determinación oficial y los que ya fueron iniciados serán cerrados y archivados con base en el principio de favorabilidad en materia
tributaria.
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Radicado: 25000-23-37-000-2019-00456-01 (27001)
Demandante: HENRY LEONEL FORIGUA
Si bien la jurisprudencia precisó que los vehículos oficiales no están gravados con el
impuesto sobre vehículos, la circular acusada estableció que los pagos realizados por
tal concepto no eran objeto de devolución, lo cual avala la retención ilegal de valores
que no debían pagarse.
Reconocer la vigencia de la decisión acusada induce a los funcionarios que resuelven
solicitudes de devolución a actuar contra derecho, en tanto no se puede negar la
devolución de un impuesto jurídicamente inexigible, ni sugerir la aplicación del principio
de favorabilidad frente a obligaciones inexistentes.
La circular demandada condiciona el cierre de procesos fiscales relacionados con el
pago de impuesto sobre vehículos oficiales, a que no hayan sido enviados a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales para cobro, sin considerar que, conforme con la
jurisprudencia, el impuesto discutido no aplica a vehículos de servicio oficial.
Disponer que no procede la devolución del pago del impuesto respecto de vehículos
oficiales por las vigencias 2018 y anteriores, implica una usurpación de funciones del
Director de Rentas de Cundinamarca pues, desde la expedición de la Ley 488 de 1998,
los vehículos oficiales no son objeto del impuesto sobre vehículos, en tanto la norma
no reguló el elemento tarifario y los departamentos no están facultados para crearlo o
retener pagos de lo no debido.
Aunque la ley y la jurisprudencia excluyeron del impuesto sobre vehículos los que
prestan servicio oficial, el demandado pretende entorpecer el derecho de las entidades
públicas de reintegrar los recursos pagados, bajo la premisa equivocada de la
existencia de una obligación inexistente.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El demandado4 solicitó desestimar la nulidad de los actos demandados, al señalar:
No hay norma que excluir a los vehículos oficiales del impuesto en favor de los
departamentos y del Distrito Capital, y las tarifas fijadas por el Ministerio de Transporte
aplican a todos los vehículos matriculados en Colombia, salvo las excepciones
previstas en el artículo 141 de la Ley 488 de 1998. En ese contexto, la Resolución
1500 de 2005, equiparó los vehículos oficiales a los particulares, sin que los primeros
constituyan una categoría específica o diferente.
El impuesto se genera por parámetros objetivos de propiedad y posesión, sin
contemplar aspectos subjetivos (persona natural o jurídica, privada o pública), teniendo en
cuenta que las no sujeciones y demás tratamientos preferenciales en materia tributaria
son de interpretación restrictiva. Por ello, los vehículos oficiales no están exentos ni
Para el caso de los contribuyentes que presentaron la declaración y pago del impuesto para la vigencia 2018 y su declaración
está afectada por inexactitud, l a administración tributaria se abstendrá de abrir procesos de determinación ofiial y si fueron
abiertos se procederá a su cierre u archivo con base en la línea jurisprudencial tantas veces mencionada.”
3.- Procesos de determinación en curso en relación con vigencias anteriores
En el caso de procesos de determinaciión oficial por vigencias anteriores a 2018, que se abrieron con posterioridad a la vigencia
de la Ley 488 de 1998, y que no han sido enviados a la dirección de ejecuciones fiscales para su cobro, se procederña a su cierre
y se ordenará el archico correspondiente con base en la línea jurisprudencial referida.”
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Índice 2 Samai, ED_CONTEST.
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excluidos del pago del gravamen, al margen de que la jurisprudencia concluyera que
la propiedad de los vehículos incidía en la exigibilidad del tributo.
Si bien el impuesto sobre vehículos recae sobre los de carácter oficial, la Ordenanza
074 de 2018 los exoneró del mismo; no obstante, mientras el gravamen estuvo
vigente, el cobro era legal y no había derecho a devoluciones, lo que hacía procedente
que el instructivo demandado precisara tales situaciones.
El principio de favorabilidad procede en materia tributaria para atenuar los efectos
sancionatorios respecto de los contribuyentes omisos o inexactos. En aplicación del
mismo, el instructivo demandado reguló las condiciones relacionadas con la no
devolución y, al dejar de regir la ordenanza, ordenó la terminación y archivo de los
procesos iniciados por pagos inexactos.
No existe falsa motivación ni se pretende mantener cobros indebidos, pues la pérdida
de vigencia de la ordenanza 074 de 2018, implicó la terminación y archivo de los
procesos iniciados por inexistencia de pago del impuesto de vehículos de uso oficial,
siempre que no se hubiesen enviado a la Dirección de Ejecuciones Fiscales para
cobro.
La circular demandada precisó las instrucciones a seguir frente a las situaciones
generadas por la citada ordenanza, relacionadas con los contribuyentes que pagaron
oportunamente o que pagaron con inexactitud o a quienes abrieron procesos
anteriores al año 2018, ordenando la terminación y archivo de las mismas, por cuenta
de la derogatoria de la disposición que ordenaba cobrar el impuesto.
Las relaciones jurídicas consolidadas en vigencia de la Ordenanza 074 de 2018
continúan rigiéndose por esa norma y los pagos realizados gozan de presunción de
legalidad, sin que haya lugar a las devoluciones eventualmente solicitadas.
Respecto del acto demandado se formula la excepción de ausencia de ilegalidad, en
cuanto se ajusta a las normas constitucionales y legales que lo rigen.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Sub Sección A, anuló el
acto demandado, y para ello expuso los siguientes fundamentos:
Antes de la expedición de la Ordenanza 074 de 2018, no existía la obligación de pagar
el impuesto de vehículos automotores respecto de los de carácter oficial, por lo que
las instrucciones impartidas en el acto demandado no se ajustaron a derecho y
desconocieron las normas en que debían fundarse, en tanto interpretaron
erróneamente la Ley 488 de 1998, las Ordenanzas 216 de 2014 y 074 de 2018, e
incurrieron en falsa motivación, pues el legislador no estableció la tarifa para cobrar el
impuesto a los vehículos oficiales.
En la expedición de la circular demandada se incurrió en extralimitación de
competencias, porque no se podía desconocer que la normativa tributaria determina
los casos y requisitos en que procede la devolución de dineros pagados a la
Administración, como pago de lo no debido. Vedar la aceptación de las solicitudes de
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devolución desconoce las normas reguladoras de la materia y vulnera el debido
proceso, pues niega esa posibilidad sin agotar el procedimiento pertinente.
En el año 2008, el Consejo de Estado señaló que los vehículos oficiales no podían
gravarse con el impuesto de vehículos, por falta del elemento tarifario; tal criterio se
reiteró en los años 2012 y 2019, precisando que las tarifas para vehículos particulares
no aplicaban a vehículos oficiales por la diferente destinación que tienen. Y si bien los
vehículos oficiales no fueron taxativamente exentos del impuesto, la ausencia de
disposición legal sobre la tarifa a estos aplicable implica que el legislador no los gravó.
La Ordenanza 074 de 2018 señaló que los vehículos de uso oficial no eran objeto del
impuesto, de manera que no puede predicarse la legalidad de los cobros realizados
por tal concepto, menos aún con fundamento en otras ordenanzas departamentales
(216 de 2014), toda vez que la Ley 488 de 1998, no determinó tarifa para cobrarlo.
RECURSO DE APELACIÓN
El demandado apeló la sentencia5. Al efecto, adujo:
La circular demandada no realizó interpretación alguna de la Ley 488 de 1998, ni
pretendió generar efectos jurídicos, lo cual indica que el argumento del demandante,
relacionado con que el impuesto sobre vehículos oficiales no fue previsto por el
legislador, se dirige a controvertir la Ordenanza 216 de 2014 (Estatuto Tributario del
Departamento) que estableció dicho tributo y goza de presunción de legalidad.
Así, la citada circular se limitó a reconocer la legalidad de las situaciones consolidadas
bajo esa ordenanza y la 074 de 2018, cuyos efectos jurídicos son válidos, como ocurre
con los recaudos realizados durante su vigencia.
La directriz cuestionada no es producto de una extralimitación de funciones, porque no
eliminó ni privó el trámite de las solicitudes de devolución y tampoco estableció el
rechazo de plano de las mismas; simplemente implementó diferentes instrucciones.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Admitido el recurso de apelación6 y estando en la etapa prevista en los numerales 4 a
6 del artículo 247 del CPACA, los sujetos procesales no se pronunciaron.
El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada7, entre otras razones,
porque la circular demandada partió de la falsa premisa de que los vehículos oficiales
podían gravarse, y que eran improcedentes las solicitudes de devolución por los pagos
no debidos del impuesto de vehículos oficiales. Además, la jurisprudencia señaló que
la Ley 488 de 1998 no fijó la tarifa del tributo para vehículos de uso oficial, ni que a
ellos puede aplicarse la fijada para vehículos particulares
5
Gestión otras corporaciones, índice 43 Samai
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Samai, índice 4
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Samai, índice 11
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Demandante: HENRY LEONEL FORIGUA
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad los apartes de la Circular 000022 de 2018, dirigida por la
Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de
Cundinamarca a los funcionarios de esa dirección, para instruir sobre la aplicación de
la Ordenanza 074 de 20188, mediante los cuales dispuso que:
• «Los dineros por pagos realizados no serían objeto de devolución por parte de la autoridad
tributaria departamental en caso que medie solicitud en tal sentido».
• «Para el caso de quienes no cancelaron el impuesto para la vigencia 2018, en razón a que se
expidió la Ordenanza 074 de fecha 3 de octubre de 2018; y conforme a su Artículo segundo el
acto administrativo tiene vigencia a partir de su expedición, pero el impuesto se causó el 1º de
enero de 2018, en razón al principio de favorabilidad, la ordenanza aprobada tiene efectos sobre
esta vigencia, por lo tanto, los funcionarios de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria se
asbtendrán de abrir procesos de determinación oficial y los que ya fueron iniciados serán
cerrados y archivados con base en el principio de favorabilidad en materia tributaria.
Para el caso de los contribuyentes que presentaron la declaración y pago del impuesto para la
vigencia 2018 y su declaración está afectada por inexactitud, la administración tributaria se
abstendrá de abrir procesos de determinación oficial y si fueron abiertos se procederá a su
cierre y archivo con base en la línea jurisprudencial tantas veces mencionada».
• «En el caso de procesos de determinación oficial por vigencias anteriores a 2018, que se
abrieron con posterioridad a la vigencia de la Ley 488 de 1998, y que no han sido enviados a la
dirección de ejecuciones fiscales para su cobro, se procederá a su cierre y se ordenará el
archivo correspondiente con base en línea jurisprudencial referida».
En los términos del recurso de apelación, se debe establecer la legalidad de los
anteriores apartes de la circular demandada, para lo cual se debe determinar si
implican una interpretación normativa que generó efectos jurídicos contrarios a la
normativa aplicable o si, por el contrario, se limitaron a reconocer los efectos jurídicos
derivados de las ordenanzas 216 de 2014 y de la 074 de 2018 que la modificó.
La Sala ha indicado que el debate judicial de las circulares de servicio, depende de
que posean el contenido decisorio propio de los actos administrativos, con el cual
detenten fuerza vinculante frente a los administrados, de modo que, ante la carencia
de ese contenido, se excluyen de control judicial9.
Si bien los apartes demandados de la Circular 0022 de 2018, se presentan como
instructivos específicos frente al hecho de que la Ordenaza 074 del 3 de octubre de
2018, expedida por la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, modificó el
parágrafo 4 del artículo 207 de la Ordenanza 216 de 201410, en el sentido de establecer
que «No serán objeto del impuesto previsto en este capítulo los vehículos de uso oficial», también
implementan disposiciones sustanciales y procesales respecto del impuesto sobre
vehículos oficiales, porque:
8
«Por la cual se modifica el parágrafo cuarto (4) del artículo 207 de la ordenanza 216 de 2014».
9
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 26 de septiembre de 2018, exp. 22465, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
10
“Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, se conceden unas facultades al gobernador
del Departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”
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1. Niegan el derecho a la devolución de los pagos realizados sobre vehículos
oficiales que cancelaron el impuesto, en vigencia de la Ordenanza 216 de 2014.
2. Prohíben abrir procesos de determinación y ordenan cerrar y archivar los
procesos iniciados, para los sujetos que no pagaron el impuesto causado a 1.°
de enero de 2018, todo en virtud del principio de favorabilidad. Y prohíben abrir
procesos de determinación oficial y ordenan cerrar y archivar los abiertos, para
quienes presentaron y pagaron el impuesto de esa vigencia, pero con
inexactitudes.
3. Ordenan cerrar y archivar los procesos de determinación oficial por vigencias
anteriores a 2018, abiertos luego de entrar en vigencia la Ley 488 de 1998 y no
enviados a la Dirección de Ejecuciones Fiscales para cobro.
Se observa que las disposiciones transcritas -pasibles de examinarse en este juicio de
legalidad-, parametrizan el proceder administrativo de la Dirección de Rentas y Gestión
Tributaria de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, ante la entrada en vigencia
de la Ordenanza 074 de 2018, que excluyó los vehículos de uso oficial de los efectos
impositivos del impuesto de vehículos automotores establecido en la Ley 488 de 1998
y regulado, para esa entidad territorial, por la Ordenanza 216 de 2014 (arts. 202 y sgts).
Esas concretas razones identificadas en las consideraciones de la circular demandada
y antecedidas de la cita de algunos artículos de la Ley 488 de 1998 y la Ordenanza
216 de 2014, dotan a dicho acto de la motivación suficiente para trazar directrices
uniformes frente a la determinación y cobro de un impuesto que, a partir de octubre de
2018, quedó expresamente vedado para los vehículos oficiales en el departamento de
Cundinamarca y que, desde una década atrás, la jurisprudencia descartaba.
En efecto, en sentencia del 21 de agosto de 2008, exp. 15360, la Sección indicó que:
«Aunque las normas sobre sujeto pasivo y base gravable del impuesto de vehículos no
excluyeron del mismo a los vehículos oficiales, la disposición sobre tarifas solo se refiere
a los vehículos particulares y a las motos de más de 125 c.c., lo que significa que el
legislador no previó ninguna tarifa para los vehículos de uso oficial ni autorizó a las
entidades territoriales a hacerlo.
Lo anterior significa que los vehículos oficiales no pueden ser gravados con el impuesto
de vehículos porque faltó uno de los elementos esenciales para que respecto de los
mismos se configurara el tributo (la tarifa), elemento que, se insiste, no puede ser suplido
por las entidades territoriales, dado que su autonomía tributaria se encuentra sujeta ala
Constitución y a la Ley (artículos 150 [12], 287, 300[4], 313[4] y 338 de la Constitución
Política). (Resaltado fuera de texto).
Y, si la Ley 488 de 1998 no gravó con el impuesto a los vehículos oficiales, sencillamente
no existe el tributo en relación con los mismos, ni pueden los departamentos fijar este
elemento esencial en reemplazo del legislador, puesto que las asambleas son
organismos administrativos (artículo 299 de la Constitución Política) y no pueden legislar;
además, el legislador no las facultó para fijar la tarifa del impuesto para los vehículos
oficiales».
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A su turno, la sentencia C-720 de 199911, precisó que el impuesto de vehículos es un
impuesto nacional regulado en la Ley 488 de 1998; que constituye una renta nacional
cedida a las entidades territoriales en proporción a lo recaudado en la respectiva
jurisdicción, designándose a los municipios, distritos, departamentos y al Distrito
Capital como beneficiarios del tributo y facultando a las entidades territoriales para
hacer el recaudo, fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y devolución del
impuesto en la respectiva jurisdicción; que la intención legislativa fue la de unificar en
un impuesto todos los que gravaban la propiedad de los vehículos automotores
(impuesto de timbre nacional sobre vehículos automotores; de circulación y tránsito y el unificado de
vehículos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá) , para lograr la mayor eficiencia en el
recaudo y cobro de esos tributos; y que el sujeto pasivo del impuesto son los
propietarios y poseedores de los vehículos gravados, sin calificar su naturaleza jurídica
y proponiéndose la fijación directa de la tarifa en la ley, para eliminar la posibilidad de
competencia interjurisdicional entre las entidades territoriales.
A partir de la definición normativa de vehículos particulares, públicos y oficiales, la
sentencia del 12 de marzo de 2012, exp. 18444, destacó diferencias sustanciales entre
los mismos, que jurídicamente impedían incluir a los vehículos oficiales en el concepto
de los particulares, dada su distinta destinación, y que conducían a que las tarifas
previstas para éstos últimos en el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, no abarcara los
vehículos destinados al servicio de entidades públicas, concluyendo la inexistencia de
tarifa legal para los automotores de servicio oficial y la consiguiente exclusión de
gravamen para los mismos, dado que al ser un impuesto nacional, el gravamen debía
estar íntegramente regulado por el Legislador.
La sentencia del 26 de septiembre de 2018, exp. 21927, retomó el expuesto en la del
21 de agosto de 2008, exp. 15360, citada párrafos atrás, para concluir que la Ley 488
de 1998 no gravó a los vehículos oficiales con el impuesto nacional sobre los vehículos
automotores y, tanto era así, que el artículo 141 no determinó una tarifa para tales
vehículos siendo ésta un elemento indispensable para la configuración del tributo de
competencia normativa exclusiva del legislador, y a falta del cual el tributo no existe ni
los departamentos pueden establecerlo en reemplazo del Congreso.
Por su parte, la sentencia del 19 de marzo de 2019, exp. 22126, ratificó que, dentro de
los vehículos particulares no se incluían los oficiales, y que cuando el artículo 145 de
la Ley 488 de 1998, fijó las tarifas del impuesto sobre vehículos automotores, sólo se
refirió a los primeros, no a los de «servicio de entidades públicas», de manera que los
vehículos oficiales no estaban gravados con el impuesto sobre vehículos automotores
de que trata la Ley 488 de 1998, debido a la ausencia de uno de los elementos
esenciales del tributo: la tarifa.
Desde esa perspectiva, los apartes acusados fijaron unas pautas de procedimiento
tendientes a garantizar, frente a los vehículos de uso oficial, la uniformidad en el
tratamiento del impuesto creado por la Ley 488 de 1998, pero desde un enfoque de
aplicación de ley en el tiempo y efectos de la línea jurisprudencial sobre la misma
materia, por parte del máximo órgano jurisdiccional de control de legalidad.
El hecho de que los vehículos oficiales no hicieran parte de las excepciones
establecidas por el legislador para el impuesto de vehículos automotores, creado por
11
Corte Constitucional, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz
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la Ley 488 de 1998, frente a la propiedad o posesión de vehículos, no permitía
considerarlos en sí mismos como gravados, ni en ese entendido aplicarles dicho
tributo, pues el análisis normativo hecho por la autoridad jurisdiccional competente
para realizar los juicios de legalidad, determinó que la Ley 488 de 1998 no gravó con
el impuesto nacional de vehículos automotores a los de uso oficial, porque el tributo
no existía en relación con los mismos; sin que los organismos administrativos
departamentales pudieran imponerlo y fijar su tarifa para suplir ese vacío legislativo.
Desde tal perspectiva jurídica y ante la vinculatoriedad de los precedentes judiciales
para la resolución de asuntos apoyados en supuestos fácticos y jurídicos similares,
dentro del marco de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que
deben interpretarse sistemáticamente para garantizar los principios de igualdad,
seguridad jurídica y cosa juzgada12, la Sala considera que el numeral primero de la
circular demandada estaba llamado a anularse, porque restringió el derecho a la
devolución respecto de los dineros pagados por un impuesto sin fundamento legal y,
por tanto, inexigible a los pagadores, configurándose, en consecuencia, un pago de lo
no debido pasible del trámite de devolución dentro del término y bajo las condiciones
establecidas en la normativa aplicable.
En consecuencia, el aparte «los dineros por pagos realizados no serían objeto de devolución por
parte de la autoridad tributaria departamental en caso que medie solicitud en tal sentido», contenido
en el numeral 1 del aparte instrutivo de la circular 0022 de 2018, queda desprovisto de
la presunción de legaliad que lo ampara y, en consecuencia, procede su anulación.
Distinta es la conclusión respecto de los numerales 2 y 3 del mismo aparte de la
circular, pues frente a la falta de fundamento legal del impuesto de vehículos
automotores respecto de vehículos de uso oficial, la prohibición de abrir procesos de
determinación oficial a quienes no cancelaron el impuesto causado a 1.° de enero de
2018, y a quiénes presentaron y pagaron el impuesto de esa vigencia, y la orden de
cerrar y archivar los procesos iniciados en cualquiera de esos dos casos, así como de
cerrar y archivar los procesos de determinación oficial por vigencias anteriores al
mismo año, abiertos luego de entrar a regir la Ley 488 de 1998, son instrucciones
coherentes con la inexigibilidad de un impuesto carente de fundamento legal y
desprovisto de causa legal para fiscalización y recaudo, encontrándose, por tanto,
válidas y no anulables.
Sin embargo, el aparte final del numeral 3 «y no enviados a la Dirección de Ejecuciones Fiscales
para su cobro» deviene inválido, porque limita el cierre y archivo de los procesos de
determinación oficial por vigencias anteriores a 2018 y abiertos luego de entrar a regir
la Ley 488 de 1998, con una condición inaplicable para un impuesto legalmente
inexistente y con la cual legitima el cobro del impuesto para los vehículos de uso oficial
en el caso de los procesos de determinación que se hubieren enviado a la Dirección
de Ejecuciones Fiscales para ese fin, no obstante que, frente a la falta de causa legal
de dicho tributo, la posibilidad de cobrarlo es contraria a derecho y, por lo mismo,
inadmisible.
12
La Corte Constitucional ha señalado que La obligatoriedad de la jurisprudencia de las altas cortes es una exigencia orientada
a que las decisiones judiciales estén guiadas por un parámetro de igualdad, lo que, a su vez, confiere seguridad jurídica a la
aplicación del Derecho y permite que los usuarios de la administración de justicia puedan tener confianza legítima sobre las
normas que regulan sus relaciones jurídicas, SU611 de 2017, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
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Demandante: HENRY LEONEL FORIGUA
En este orden de ideas, la sentencia apelada será modificada para disponer
únicamente la nulidad de los apartes de los numerales 1 y 3, por las razones indicadas.
En lo demás, se confirmará.
No se condenará en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
1.- MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 9 de junio de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, el cual
queda así:
«ANULAR el aparte «los dineros por pagos realizados no serían objeto de devolución
por parte de la autoridad tributaria departamental en caso que medie solicitud en tal
sentido» del numeral 1 del acápite instructivo de la Circular 022 del 19 de
diciembre de 2018, expedida por el Director de Rentas y Gestión Tributaria
de la Secretaria de Hacienda de Cundinamarca, y el aparte «y no enviados a
la Dirección de Ejecuciones Fiscales para su cobro» del numeral 3 del mismo
acápite.
2.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
3.- Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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