Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06433-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06433-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-06433-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06433-00
Accionante: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Cobro coactivo
derivado de la falta de pago de impuesto sobre vehículo automotor / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional.
Se pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario y reproches carecen de la suficiente carga argumentativa
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 13 de agosto de 2026, el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, a través de
apoderada, promovió acción de tutela contra la Sala Octava de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 10 de marzo de 2026, emitida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que incoó contra el
departamento de Antioquia, encaminado a que se anularan las decisiones
administrativas3 adoptadas dentro del procedimiento de cobro coactivo que se inició
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Expediente 05001-33-33-020-2022-00426-01.
3 Resoluciones (i) 2021060099726 de 22 de noviembre de 2021, por medio de la cual se resolvieron las
excepciones contra el mandamiento de pago contenido en la Resolución No. 2021060043880 de 21 de mayo de
2021 y ordenó seguir adelante la ejecución; (ii) 2022060008733 de 31 de marzo de 2022, con la que se declaró
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en su contra para obtener el pago del impuesto vehicular de la motocicleta con placas
LAW84A correspondiente a las vigencias fiscales de los años 2013, 2014 y 20154.
3.
Mediante la providencia acusada, se revocó la sentencia de 27 de junio de 2025,
a través de la cual el Juzgado Veinte Administrativo de Medellín accedió 5 a las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, acceder sólo de manera parcial. Se
precisó que los actos debatidos fueron emitidos dentro del procedimiento coactivo,
cuyo análisis excluye lo referente a la formación, validez y eficacia que le dio origen
a ese trámite, pues no fue objeto de control la liquidación oficial, por ende, no se
deben examinar los elementos del impuesto (sujetos pasivo y activo, tarifas, base
gravable o hecho generador).
4.
Aclarado lo anterior, se determinó que lo alegado en el proceso fue que no se
notificaron las liquidaciones oficiales para los años gravables 2013, 2014 y 2015 y
que frente a las dos primeras operó la prescripción de la acción de cobro. Al respecto,
se indicó que se surtieron en debida forma las notificaciones de las liquidaciones de
2013 y 2014, pero no de la expedida para el año de 2015, y que no se configuró el
fenómeno de la prescripción.
5.
La entidad accionante sostuvo que se configuró defecto fáctico por valoración
probatoria contradictoria entre vigencias fiscales idénticas dentro de una misma
providencia. No se tuvo en cuenta que las notificaciones efectuadas por aviso web
para las liquidaciones de las vigencias 2013 y 2014 no cuentan con certificación de
la fecha y hora en la que accedió a ellas ni con la evidencia de que hubiera autorizado
previamente que se le notificara por ese medio electrónico. Omisiones que el
Tribunal reconoció como determinantes para negar la validez de la notificación de la
vigencia 2015. Ello implica que dentro de una misma providencia y frente a pruebas
de igual naturaleza, se aplicó dos estándares de valoración probatoria
diametralmente distintos, sin exponer razón alguna que justificara el trato
diferenciado.
6.
Se incurrió también en desconocimiento del precedente. Se desatendió la
jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado 6 , según la cual los
no probada la prescripción de la acción de cobro del impuesto sobre vehículos automotores; (iii) 2022060030829
de 17 de mayo de 2022, por cuyo conducto se confirmó la Resolución de 22 de noviembre de 2021 y se ordenó
seguir adelante con la ejecución, y (iv) 2022060084083 de 23 de junio de 2022, por medio de la cual se confirmó
la decisión de 31 de marzo de 2022 y ordenó continuar los trámites concernientes al procedimiento de cobro
coactivo.
4 Derivado de las liquidaciones oficiales de aforo 2018060014660 de 16 de febrero de 2018 (vigencia 2013),
2019060018741 de 28 de febrero de 2019 (vigencia 2014) y 2018060136889 de 19 de abril de 2018 (vigencia
2015).
5 Se consideró que la Ley 488 de 1998 no gravó a los vehículos oficiales con el impuesto nacional sobre los
vehículos automotores, por tanto, no existe fundamento legal para ese gravamen.
6 Sentencias de 21 de agosto de 2008, expediente 05001-23-31-000-2000-01275-01, C. P. Héctor J. Romero
Díaz; 12 de marzo de 2012, expediente 05001-23-31-000-1999-03314-01, C. P. Martha Teresa Briceño de
Valencia; 26 de septiembre de 2018, C. P. Milton Chaves García; 19 de marzo de 2019, expediente 05001-23-
31-000-2009-01206-01; 18 de mayo de 2023, expediente 25000-23-37-000-2019-00456-01, C. P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; y 16 de abril de 2026, expediente 05001-23-33-000-2019-02391-01, C. P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.
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vehículos de servicio oficial no son sujetos del impuesto sobre vehículos automotores
de que trata la Ley 488 de 1998, por ausencia del elemento tarifa. Ello sin justificación
alguna y sin pronunciarse sobre si la regla de sujeción cobijaba también a las
motocicletas oficiales, lo cual fue planteado por la parte demandada en el recurso de
apelación.
7.
La anterior omisión desconoce la excepción de inexistencia del título ejecutivo, la
cual planteó durante el trámite de cobro coactivo y reiteró en el proceso, lo que
comprende necesariamente la inexistencia de la obligación tributaria que se
pretendía hacer exigible por esa vía. Por tanto, la determinación de si el vehículo
oficial LAW84A estaba o no gravado con el impuesto de que trata la Ley 488 de 1998
no era un tema ajeno al objeto del proceso de cobro coactivo, sino presupuesto lógico
y jurídico de la propia excepción invocada, sin el cual no puede examinarse la validez
del título ejecutivo ni la procedencia de la ejecución.
8.
Además, en virtud del principio iura novit curia, la autoridad judicial debió extraer
la misma consecuencia jurídica que reconoció para la notificación de la liquidación
oficial de 2015 a las de 2013 y 2014, al concurrir idéntica falencia probatoria, y la
naturaleza oficial del vehículo le imponía examinar si ello excluía la existencia misma
de la obligación tributaria exigida, con independencia de que ese examen hubiera
sido formulado por el demandante como excepción general de inexistencia de título
y no como un cargo autónomo e individualizado frente a cada vigencia fiscal. Lo
anterior, por cuanto no estaba atado a la forma como la parte actora estructuró sus
cargos, sino a los hechos que resultaron probados y a la normativa que a ellos
corresponde aplicar.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
9.
Mediante auto de 19 de agosto de 20267, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó al departamento de Antioquia, en
condición de tercero con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
10.
La autoridad judicial demandada guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
11. La Sala encuentra que la tutela no satisface el presupuesto de relevancia
constitucional. La entidad accionante se limita a presentar su inconformidad con la
providencia atacada, en cuanto a la valoración probatoria efectuada y a la presunta
inaplicación del criterio jurisprudencial aplicable al caso concreto. Ello, con el fin de
7 Notificado el 25 de agosto de 2026.
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emplear este mecanismo constitucional para revivir el debate probatorio y jurídico
que fue definido por el juez natural.
12. Aunque el ICA invocó las causales específicas de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial de defecto fáctico y desconocimiento del precedente, los
argumentos están dirigidos a que se acoja la tesis probatoria que pregona acerca
de la falta de notificación de las liquidaciones oficiales del impuesto vehicular para
los años gravables 2013 y 2014, así como el hecho de que presuntamente no se
aplicó el criterio jurisprudencial de que los vehículos oficiales, como la motocicleta
cuyo impuesto se reclama, no son pasibles de aquel gravamen, sin desvirtuar desde
una óptica constitucional el razonamiento realizado por el juez natural de la causa
frente a tales aspectos y sin acreditar la afectación constitucional que se alega, como
se expone a continuación.
13. La parte actora adujo que se había incurrido en defecto fáctico, por cuanto, pese
a que existía similar material probatorio respecto a la notificación realizada de las
liquidaciones oficiales de las vigencias 2013, 2014 y 2015, este se valoró de manera
diferente. Mientras se determinó que para la liquidación de 2015 no se había surtido
esa diligencia en debida forma, se consideró que la adelantada para notificar las
liquidaciones de 2013 y 2014 estaba ajustada al ordenamiento jurídico.
14. Elanterior argumento no involucra el defecto fáctico alegado, pues parte de
supuestos generales y que no son abordados de manera puntual por la parte actora,
con el fin de explicar en qué consistieron esas contradicciones en materia probatoria.
Contrario a ello, se evidencia en la providencia acusada que la autoridad judicial
relacionó los elementos de convicción que daban cuenta de las diligencias
realizadas para efectos de notificar las liquidaciones de 2013 y 2014, lo cual no
observaba frente a la de 2015.
15. En ese sentido, la autoridad accionada indicó que el material probatorio daba
cuenta de que el departamento de Antioquia intentó notificar las liquidaciones
oficiales de 2013 y 2014, de conformidad con el artículo 565 del Estatuto Tributario,
sin embargo, estas fueron devueltas por “cambio de domicilio” y “no residir en ese
lugar”. Ello conllevó que se aplicara el artículo 568 de aquel Estatuto, según el cual
cuando los actos administrativos enviados por correo son devueltos serán
notificados mediante aviso en el portal web de la DIAN, lo cual realizó la parte
demandada.
16. Caso contrario a lo ocurrido con la liquidación del período gravable de 2015. No
se allegó prueba que permitiera evidenciar que intentó efectuar la notificación de
manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos, por tanto,
declaró probada la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo frente a
aquella liquidación, pues, antes de llevar a cabo la notificación por aviso de que trata
el artículo 568 del Estatuto Tributario, no intentó agotar la notificación consagrada
en el artículo 565 ibidem.
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17. De acuerdo con el anterior panorama, se observa que el Tribunal accionado
explicó las razones por las cuales las liquidaciones oficiales de 2013 y 2014 fueron
notificadas en debida forma, mientras que para la del año gravable de 2015 no se
aportaron elementos de convicción que dieran cuenta de esa diligencia.
18. Para la Sala la anterior conclusión no denota asomo de arbitrariedad o capricho
alguno ni atenta contra los postulados de la sana crítica, por el contrario, comporta
el ejercicio de la autonomía judicial con la que cuentan las autoridades judiciales
para resolver los litigios puestos en su conocimiento. Además, la parte actora aduce
una contradicción en la valoración probatoria sin explicar de manera suficiente esa
falencia y sin desvirtuar desde una óptica constitucional el razonamiento que sobre
el particular suministró el juez natural de la causa.
19. El hecho de que el juez natural del litigio no haya valorado lo relativo a las
notificaciones de las liquidaciones oficiales de los años 2013, 2014 y 2015 de
manera similar para arribar a una misma conclusión, como lo pregona la parte
actora, no comporta la afectación constitucional alegada. La autoridad accionada
aludió al material probatorio que soportaba su decisión, sin que el tutelante indicara
puntualmente en qué consistía la contradicción que alegaba en ese ejercicio
valorativo.
20. En conclusión, la argumentación planteada por el accionante bajo el defecto
fáctico, no tiene como propósito acreditar su configuración, sino que se le imponga
al juez natural de la causa que adopte como propia la valoración probatoria que
pregona, sin que destine motivación alguna tendiente a desvirtuar desde la óptica
constitucional que el razonamiento que en ese aspecto desarrolló la autoridad
judicial comporta una afrenta a sus derechos fundamentales.
21. Por otra parte, la parte actora alegó que no se aplicó a su caso el criterio
jurisprudencial vigente y vinculante de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
según el cual los vehículos de servicio oficial no son sujetos del impuesto sobre
vehículos automotores de que trata la Ley 488 de 1998, sin que se haya planteado
justificación alguna para apartarse de ese precedente.
22. No obstante, el Tribunal accionado, al momento de limitar el estudio que abordaría
en sede de apelación, aclaró que si bien en primera instancia se había dilucidado lo
referente a ese cuestionamiento, lo cierto es que se atacaban en sede judicial
decisiones administrativas proferidas en el marco de un procedimiento coactivo, lo
que le impedía pronunciarse sobre la formación, validez y eficacia de la decisión
administrativa que se exigía a través de ese trámite, en este caso, las liquidaciones
oficiales de los años gravables 2013, 2014 y 2015.
23. Con base en lo anterior, concluyó que “para estudiar la legalidad de la resolución
que resolvió las excepciones y la que ordenó seguir adelante con la ejecución no se
abordará el análisis de los argumentos tendientes a discutir la liquidación oficial,
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entre estos, los relacionados con la exclusión del impuesto para los vehículos
oficiales, pues su legalidad no se discute”.
24. En ese sentido, la Sala evidencia que, al margen de resultar aplicable o no el
criterio jurisprudencial que se aduce omitido en casos de cobro de impuesto
vehicular a vehículos oficiales, la autoridad judicial explicó el motivo por el cual aquel
reparo excedía de la controversia objeto de estudio, dado que se enjuiciaron actos
administrativos expedidos en un procedimiento de cobro coactivo.
25. Por tanto, resulta carente de asidero la presunta configuración del
desconocimiento del precedente invocado, en razón a que el juez natural de la causa
explicó la razón por la cual no analizaría lo concerniente a si la imposición del
impuesto vehicular tenía o no soporte jurídico, pues las decisiones que se atacaban
involucraban era su cobro, lo que impedía abordar la validez de la obligación que
aquellas contenían.
26. Ahora bien, aunque el tutelante indicó que lo atinente a la validez del título judicial,
contenido en las liquidaciones oficiales objeto de cobro coactivo, fue planteado en
sede administrativa y judicial, bajo la excepción de inexistencia de títulos, esta se
fundamentó, además de que en el mandamiento de pago no se relacionaron los
actos bases de ejecución, en la falta de notificación de aquellas liquidaciones, lo que
fue dilucidado por la autoridad judicial accionada. Por ende, no resulta dable que
pretenda incluir en ese medio exceptivo lo relacionado con la ilegalidad del impuesto
vehicular.
27. En esa medida, aunque se evidencia que la parte actora alegó la inexistencia de
título ejecutivo, no lo hizo bajo el argumento de que no debió habérsele impuesto el
tributo vehicular a su motocicleta oficial por no tener respaldo normativo, en
consecuencia, la decisión de la autoridad judicial de abstenerse de estudiar ese
aspecto guarda armonía con lo invocado por el demandante para acudir a la
jurisdicción contencioso-administrativa, en particular, del contenido de las
decisiones administrativas objeto de enjuiciamiento.
28. Así las cosas, las inconformidades del tutelante no demuestran afectación
constitucional alguna ni contienen la suficiente carga argumentativa que acredite
algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos
fundamentales y que imponga la intervención del juez constitucional en el asunto.
29.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
30.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06433-00
Accionante: Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Octava de Decisión
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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