Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-02391-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-02391-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2019-02391-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2019-02391-01 (29644)
Demandante EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. EPM E.S.P.
Demandada MUNICIPIO DE MEDELLÍN
Temas Devolución. Impuesto de vehículos automotores. Principio de
congruencia. Competencia para decidir sobre la petición de
devolución. Restablecimiento del derecho procedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, que resolvió lo siguiente1:
PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resoluciones N° 9485 y 9486 del 21 de marzo de 2018 por las
cuales se denegó la devolución del impuesto vehicular y la N° 9487 del 21 de marzo de 2018 por la que
se denegó parcialmente la devolución del impuesto vehicular, expedidas por el municipio de Medellín.
Igualmente, de las Resoluciones N° 201950044033, 201950045929 y 201950045927 del 12 de junio de
2018 proferidas por el municipio de Medellín, por las que decidieron los recursos de reconsideración,
frente a las primeras, respectivamente.
SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la motivación
de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas, en consonancia con la parte motiva. […]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) pagó el impuesto de vehículos
automotores correspondiente a los años gravables 2010, 2011 y 2012, en el
transcurso de la vigencia fiscal respectiva.
Dicha empresa solicitó la devolución de lo pagado al departamento de Antioquia, el
cual únicamente accedió al reintegro del 80% de los valores pagados para cada año
referido, mediante las resoluciones S2016060080182 del 7 de octubre,
S2016060082400 del 25 de octubre y S2016060082399 del 25 de octubre de 2016,
respectivamente.
Luego, EPM solicitó la devolución del 20% restante al municipio de Medellín,
mediante peticiones presentadas el 10 de octubre, el 15 de noviembre y el 21 de
diciembre de 2017, la cual fue negada para los años 2010 y 2011, mediante las
resoluciones 9485 y 9486 del 21 de marzo de 2018, respectivamente. Con relación
al periodo 2012, mediante la resolución 9487 de la misma fecha, el municipio
accedió parcialmente a la solicitud, únicamente frente a lo pagado con posterioridad
al 21 de diciembre de 2017, pues consideró que operó la prescripción para lo demás.
1
Samai de tribunal, índice 28. Págs. 14 y 15.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-02391-01 (29644)
Demandante: EPM E.S.P.
La demandante presentó recursos de reconsideración contra cada una de las
anteriores decisiones, las cuales fueron confirmadas mediante las resoluciones
201950044033 del 30 de abril, 20190045929 del 7 de mayo y 201950045927 del 8 de
mayo de 2019, respectivamente.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
PRIMERA: Que se DECLARE la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Las resoluciones de devolución No. 9485 y 9486 de marzo 21 de 2018 “Por medio de la
cual se niega una solicitud de devolución y/o compensación” en materia del impuesto de
vehículos automotores por la vigencia de 2010 y 2011, expedidas por la subsecretaría de
ingresos del municipio de Medellín.
• La resolución de devolución No. 9487 de marzo 21 de 2018 “Por medio de la cual se
niega una solicitud de devolución y/o compensación” en materia del impuesto de
vehículos automotores por la vigencia del 2012, expedida por la subsecretaría de
ingresos del municipio de Medellín.
• La resolución 201950044033 del 30 de abril de 2019, “Por medio de la cual se resuelve
el recurso de consideración” que negó la solicitud de devolución del impuesto de
vehículos automotores por la vigencia del año 2010, expedido por la secretaría de
hacienda del municipio de Medellín.
• La resolución 201950045929 del 7 de mayo de 2019, por medio de la cual se resuelve el
recurso de consideración, que negó la solicitud de devolución del impuesto de vehículos
automotores por la vigencia del año 2011, expedido por la secretaría de hacienda del
municipio de Medellín.
• La resolución 201950045927 del 8 de mayo de 2019, por medio de la cual se resuelve el
recurso de consideración, que negó la solicitud de devolución del impuesto de vehículos
automotores por la vigencia del año 2012, expedido por la secretaría de hacienda del
municipio de Medellín.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de mi representada y
se ORDENE al MUNICIPIO DE MEDELLÍN proceder a la devolución de las sumas de dinero
indebidamente pagadas, debidamente indexadas más los intereses a los que haya lugar,
correspondientes a las declaraciones tributarias del impuesto sobre vehículos automotores
presentadas por Empresas Públicas de Medellín para los años gravables 2010, 2011 y 2012,
cuya cuantía asciende a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL CIENTO
SESENTA PESOS (296.006.160), dicho valor se discrimina de la siguiente manera: […].
TERCERA: Que se DECLARE que el MUNICIPIO DE MEDELLÍN está obligado a reconocer y pagar a
las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN las sumas anteriormente relacionadas que EPM canceló
por concepto de impuesto de vehículo automotores por los períodos 2010, 2011 y 2012; ante
la ausencia de fundamento legal que sustente el cobro del impuesto a esta empresa.
CUARTO: Que se ORDENE a la entidad demandada dar cumplimiento a la sentencia en los
términos establecidos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
QUINTO: Que se CONDENE a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en derecho
a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la ley 1437 de 2011 y
demás normas concordantes.
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Samai, índice 2. PDF 6, pág. 6 a 8.
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Demandante: EPM E.S.P.
Invocó como normas violadas los artículos 95 (numeral 9), 150 (numeral 12), 287,
288, 300 (numeral 4) y 338 de la Constitución Política; 140, 141, 142, 145, 147 y
150 de la Ley 488 de 1998; 683 y 850 del Estatuto Tributario; 10 y 11 del Decreto
2277 de 2012; 2536 del Código Civil; 66 de la Ley 388 de 1997; y 59 de la Ley 788
de 2002.
El concepto de violación se resume a continuación:
Indicó que la actuación vulnera la Constitución Política, en específico el artículo 338,
porque el impuesto sobre vehículos automotores es un tributo nacional, razón por
la cual la competencia para fijar sus elementos radica únicamente en el Congreso
de la República. Agregó que los artículos 141 y 145 de la Ley 488 de 1998
establecen los vehículos gravados y las tarifas aplicables, respectivamente, pero no
determinaron un porcentaje para los vehículos oficiales.
Advirtió que, en el presente caso, no existe fundamento jurídico para negar la
devolución, teniendo en cuenta que el departamento de Antioquia, como sujeto
activo del tributo, hizo el reintegro del porcentaje que le correspondía por el pago
mencionado (80%), y ordenó al municipio hacer lo mismo en cuanto a la suma
percibida como beneficiario.
Sostuvo que la expedición de los actos demandados se efectuó con violación de las
normas en que debían fundarse. Sobre la Ley 488 de 1998, señaló que el artículo
140 determinó como hecho generador la propiedad o posesión de los vehículos
gravados, los cuales se encuentran expuestos en el artículo 141, sin mencionar a
los vehículos oficiales. Manifestó que la jurisprudencia3 ha establecido que dichos
vehículos no se encuentran sujetos al tributo, y que las entidades territoriales no
cuentan con la competencia para su creación, por el principio de reserva de ley.
Adujo que las disposiciones legales son claras, en el sentido de atribuir la
competencia de la administración y recaudo a los departamentos y al distrito capital,
por lo que en el presente asunto no es correcto que el municipio de Medellín
pretenda asumir dicha función para negar la devolución solicitada por la compañía.
Aseguró que la petición de reintegro se realizó de conformidad con el artículo 850
del Estatuto Tributario; sin embargo, la administración negó la restitución vulnerando
lo dispuesto en la ley, además de desconocer que el Consejo de Estado4 dispuso
que el término aplicable corresponde al de la prescripción de la acción ejecutiva, del
artículo 2536 del Código Civil. Además, que en el Decreto 1018 de 2013 de la
Alcaldía de Medellín, vigente al momento de los hechos, establecía el término de 5
años para solicitar la devolución del pago en exceso, razón por la que la petición se
encontraba dentro del plazo legal.
Puso de presente que había iniciado una discusión judicial previa contra el
departamento de Antioquia, la cual finalizó por un desistimiento presentado por la
demandante, ante el reconocimiento de dicha entidad de que había un pago de lo
no debido. Así, argumentó que el municipio demandado no puede beneficiarse del
tiempo transcurrido hasta ese momento, y que solo a partir de ese momento era
posible solicitar el reintegro a la demandada. Destacó que «las solicitudes de devolución
se adelantaron ante el Departamento por cuanto, de haberse gestionado y tramitado ante el
municipio, éste por no ser competente para resolverlas tendría que rechazarlas de plano ya que no
es administrador del tributo, en los términos del artículo 225 del Acuerdo Municipal 66 de 2017»5.
3
Citó la sentencia del 21 de agosto de 2008, sin identificar expediente, M.P. Héctor Romero Díaz; y del 12 de marzo de
2012, exp, 18444, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
4
Citó la sentencia del 8 de febrero de 2018, exp. 21803, M.P. Milton Chaves García.
5
Samai, índice 2. PDF 6, pág. 18.
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Demandante: EPM E.S.P.
Adujo que los actos del municipio de Medellín desconocieron las decisiones previas
sobre la materia, puesto que para los años 2007, 2008 y 2009 sí ordenó la
devolución del 20% del impuesto de vehículos automotores, así como para los años
2013 y 2014, lo que vulnera los principios de confianza legítima y de buena fe6.
Por último, expuso la violación al principio de legalidad por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, según la sentencia C-539 de 2011, que dispuso que
toda autoridad pública administrativa debe acatar las decisiones judiciales y los
precedentes dictados por las altas cortes; por lo que en el caso en concreto no se
podía desconocer que existía una decisión previa por parte del Consejo de Estado7,
sobre la legalidad de actos administrativos con los que se pretendió efectuar el pago
del impuesto vehicular a cargo de EPM, en la que se determinó que los vehículos
oficiales no podían ser gravados por dicho tributo ante la ausencia de uno de los
elementos esenciales del impuesto.
Finalmente, alegó que la negativa de la devolución configura un enriquecimiento sin
justa causa, toda vez que la demandada incrementó su patrimonio reteniendo
sumas pagadas por EPM sin que exista una causa legal o título válido que justifique
dicho ingreso, vulnerando también el principio de justicia tributaria.
Oposición de la demanda
El municipio Medellín solicitó negar las pretensiones8, para lo cual indicó que, si bien
es cierto que los contribuyentes pueden solicitar la devolución de un pago de lo no
debido, esta petición debe realizarse dentro de la oportunidad legal determinada,
para que sea viable fáctica y jurídicamente.
Manifestó que, tal y como lo expone el artículo 164 del Decreto municipal 1018 de
2013, vigente al momento de los hechos, toda decisión de la administración
tributaria municipal deberá fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en
el expediente, y en las pruebas legalmente obtenidas y practicadas por la entidad.
Precisó que, de acuerdo con las facultades de fiscalización y control del artículo 225
del Acuerdo 066 de 2017, al verificar las fechas del pago realizado por concepto del
impuesto sobre vehículos automotores a cargo de EPM para los años 2010, 2011 y
2012, se encontró probada la configuración del fenómeno de prescripción, toda vez
que, para los meses de 2017 en que se solicitó la devolución, ya habían transcurrido
más de 5 años.
Para la vigencia 2012, aclaró que la petición de devolución prosperó parcialmente,
respecto de los pagos efectuados después del 21 de diciembre de ese año, ya que
la solicitud fue radicada el 21 de diciembre de 2017.
Advirtió que dicho plazo se contabiliza únicamente desde el momento del pago en
exceso o de lo no debido9, sin que la discusión con el departamento de Antioquia
en sede administrativa y judicial incidiera en alguna suspensión del término,
conforme el artículo 275 del Decreto municipal 1018 de 2013.
En el acápite de hechos, indicó que el hecho de que el departamento de Antioquia
ordenara la devolución del 80% de los pagos, no supone de forma automática ni de
6
Citó la sentencia del 19 de julio de 2006, exp. 3901, Sección Quinta del Consejo de Estado, sin identificar ponente.
7
Citó la sentencia del 21 de agosto de 2008, exp. 15360, M.P. Héctor J. Romero Díaz.
8
Samai de tribunal, índice 28.
9
Citó las sentencias del 8 de febrero de 2018, exp. 21803, del 10 de agosto de 2017, exp. 21530, sin identificar ponentes;
y del 10 de marzo de 2016, exp. 20043, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: EPM E.S.P.
pleno derecho que el municipio efectuaría la devolución del 20% restante, pues en
ningún momento se profirió esa orden. Igualmente, afirmó que no fue vinculado
como demandado por parte de EPM en su litigio contra el departamento.
Propuso las excepciones de ausencia de violación de normas constitucionales y
legales y de inexistencia de causales de nulidad, y solicitó la declaración de oficio
de excepciones no alegadas que se demuestren en el proceso10.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad de los actos demandados, negó las demás
pretensiones y no condenó en costas a la parte demandada11.
Señaló que los artículos 138 y 141 de la Ley 488 de 1998 crearon el impuesto sobre
vehículos automotores y determinaron los vehículos gravados y que, si bien la
norma no excluyó de forma expresa los vehículos oficiales, no fijó una tarifa a aplicar
para estos, por lo que el tributo no puede configurarse por falta de un elemento
esencial que no podía ser establecido por parte de las entidades territoriales12.
Precisó que el Decreto 2277 de 2012 determinó que el término para solicitar la
devolución del pago de lo no debido es de 5 años (prescripción de la acción ejecutiva
del artículo 2536 del Código Civil) y aclaró que de conformidad con la
jurisprudencia13 dicho plazo se contabiliza a partir del pago efectivo de la obligación.
Enunció las fechas de presentación de las solicitudes de devolución
correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012, las cuales se realizaron durante el
año 2017 y concluyó que para los años 2010 y 2011 habían transcurrido los 5 años
para su prescripción. En cuanto al año 2012, resaltó que los pagos fueron realizados
durante su transcurso, de modo que existe una prescripción parcial, hasta el 21 de
diciembre de 2017 (día de la presentación de la solicitud de devolución).
Respecto a los actos expedidos por el departamento de Antioquia, señaló que estos
ordenaron solo la devolución del 80%, dejando claro que el 20% restante debía ser
solicitado a la entidad municipal, pero no impuso una orden para que el municipio
de Medellín devolviera la suma discutida.
Destacó que el artículo 147 de la Ley 488 de 1998 establece que el departamento
es el único competente para devolver el tributo, razón por la cual los actos
demandados se expidieron con infracción de normas en que debía fundarse, ya que
el municipio de Medellín no debía decidir sobre tal solicitud. Indicó que, aunque la
autoridad local fundamentó su competencia en el artículo 225 del Acuerdo 066 de
2017, esa norma se refiere a las facultades de control en la gestión de los recursos.
En todo caso, concluyó que, aún de interpretarse que esa norma le otorga
competencia para proferir los actos acusados, no es procedente que contraríe la ley.
Por último, sostuvo que si la demandante se encontraba en desacuerdo con la
devolución parcial ordenada por el Departamento de Antioquia, que se contrajo al
80% de lo pagado por el concepto de impuesto, esto es, si su pretensión se
10
El tribunal en auto del 1 de marzo de 2022 determinó que al no tratarse de excepciones previas, serán resueltas en
sentencia. Samai de tribunal, índice 19.
11
Samai de tribunal, índice 28.
12
Citó las sentencias del 26 de septiembre de 2018, sin identificar expediente, M.P. Milton Chaves García; y del 21 de
agosto de 2019, exp. 22015, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
Citó las sentencias del 30 de septiembre de 2013, exp. 20173, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y del 18 de febrero
de 2018, exp. 21803, M.P. Milton Chaves García.
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Demandante: EPM E.S.P.
encaminaba a obtener la totalidad de la devolución del impuesto sobre los vehículos
debió demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los actos
proferidos por el Departamento de Antioquia, en los cuales se ordenó la devolución
del citado tributo solo en cuantía equivalente al 80%.
No obstante, como no lo hizo, es improcedente acceder al restablecimiento del
derecho solicitado de devolver los pagos faltantes, en virtud del principio de
congruencia, la prohibición de proferir fallos extra petita, el derecho al debido
proceso y la presunción de legalidad.
No condenó en costas, aduciendo que las intervenciones de la demanda no
carecían de fundamento legal, conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
Recurso de apelación
La demandante sustentó su recurso de apelación14 indicando que se encontraba de
acuerdo con el numeral primero de la decisión, que declaró la nulidad de los actos
acusados, por lo que su inconformidad versaba solamente sobre la decisión de
negar el restablecimiento del derecho por parte del a quo.
Sostuvo que la decisión sobre este punto se fundamentó en dos argumentos. El
primero, consiste en que operó la prescripción para solicitar la devolución, pues
transcurrieron más de 5 años entre el pago y la petición. El segundo, en que el
municipio no era competente para decidir sobre el reintegro, de modo que la
demandante debió controvertir la legalidad de los actos administrativos proferidos
por el departamento de Antioquia, que sí era la autoridad competente para definir
ese asunto.
Respecto a la prescripción, manifestó que las solicitudes de devolución se
encuentran sustentadas en el artículo 850 del Estatuto Tributario, el Decreto 2277
de 2012 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En consecuencia, a su juicio, no
se puede desconocer que EPM agotó previamente el trámite ante el departamento
de Antioquia, y que durante la discusión judicial no podía computar el término, pues
el pago estaba amparado por el principio de legalidad. De este modo, destacó que
solo a partir del desistimiento del proceso judicial es que era procedente pedir la
devolución al municipio, y que una conclusión en contrario le permitiría beneficiarse
de ese plazo.
Agregó que, el departamento de Antioquia, en sus actos de devolución, dispuso que
las solicitudes «cumplen las condiciones para conceder lo solicitado» y que era «procedente de
conformidad con los artículos 138 a 151 de la Ley 488 de 1998 y artículos 560 a 574 de la Ordenanza
62 de 2014»15. Teniendo en cuenta lo anterior, consideró que el Tribunal realizó una
indebida apreciación u omisión en relación con las normas presupuestales, toda vez
que el departamento no tiene facultades para disponer de los recursos del municipio
de forma directa, por no existir una jerarquía o subordinación entre ambos, por lo
que únicamente bastaba pedir la devolución al municipio, sin que procediera un
nuevo análisis de la procedencia.
Con base en lo anterior, destacó que el municipio de Medellín era el competente
para ordenar la devolución, porque «Incorporados los recursos al presupuesto de bienes y
rentas del Municipio, el único competente para resolver sobre su destinación es el representante
14
Samai de tribunal, índice 31.
15
Ibidem, pág. 8.
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legal de esa entidad […]»16. Y destacó que dicho municipio «es un beneficiario del recaudo,
es una renta de su propiedad y aunque no actúa como sujeto activo del mismo, […] sí es competente
para ordenar la afectación del presupuesto y devolver lo pagado por parte de EPM, esto es, acreditar
la ilegitimidad del cobro y aceptada la procedencia de la devolución del mismo por quien es el
competente, en este caso el Departamento, tal y como se dispuso en la Resoluciones a través de
las cuales se accedió a la devolución […]»17.
Reiteró que la compañía no era sujeto pasivo del impuesto de vehículos18, y afirmó
que negar el restablecimiento del derecho permite que la demandada incurra en un
enriquecimiento sin justa causa.
Oposición a la apelación
La demandada guardó silencio.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sección decidir el recurso de apelación interpuesto por EPM contra
la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de los actos acusados,
pero negó el restablecimiento del derecho solicitado.
Para estos efectos, la Sección verificará el cumplimiento del principio de
congruencia, de tal modo que únicamente se realizará el estudio de fondo frente a
los argumentos que superen lo anterior.
Análisis del caso concreto
1. Sobre el principio de congruencia
EPM propuso dos motivos de inconformidad frente a la sentencia impugnada: i) no
operó la prescripción de 5 años, pues presentó la petición de reintegro ante el
departamento de Antioquia y el municipio de Medellín no puede beneficiarse del
término durante el cual se discutió la legalidad del pago efectuado, y ii) la
demandada es la competente para ordenar la devolución de los recursos que fueron
incorporados en su presupuesto, pues el departamento de Antioquia reconoció que
sí era procedente el reintegro del 80% a su cargo, y, al no ser superior jerárquico
del municipio, no podía ordenar la devolución del 20% faltante; de allí que debía
efectuar la solicitud al municipio.
Para decidir, se tiene que el artículo 320 del Código General del Proceso limita la
competencia del juez de segunda instancia, al permitirle estudiar «únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante». En concordancia, el artículo
328 ibidem prevé que el superior debe pronunciarse «solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley», por lo que la competencia del juez de segunda instancia está
16
Ibidem, página 9.
17
Ibidem.
18
Citó las sentencias del 19 de mayo de 2011, exp.17266, M.P. Carmen Teresa Ortiz, y del 13 de junio de 2013, exp. 17973,
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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limitada a los aspectos formulados en la apelación, los cuales deben ser
consonantes con lo decidido y con las consideraciones expuestas por el a quo.
Por esto, la Sección ha señalado que «el apelante debe exponer los argumentos soporte
para modificar total o parcialmente la decisión de primera instancia y que, a la vez, sirven de marco
para cumplir con la función, que no es oficiosa, de decidir la impugnación» 19.
De igual modo, indicó que «el desconocimiento de los presupuestos procesales previstos en la
ley, como lo es, exponer la carga argumentativa que recae sobre la parte que presenta el recurso de
apelación, que exige que exprese los cuestionamientos o reparos que tiene respecto de los
fundamentos de la sentencia de primera instancia, y por esa razón, su incumplimiento no solo vulnera
las garantías de la contraparte, sino que principalmente impide que el superior se pronuncie y
resuelva si debe confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo»20.
Dicho esto, para el caso concreto, con el fin de verificar el cumplimiento del principio
de congruencia de la apelación, se examina con detalle el contenido de la sentencia
apelada, así:
En un primer momento, el a quo determinó que habían transcurrido más de 5 años
entre el pago del impuesto sobre vehículos automotores y la presentación de la
petición de devolución ante el municipio de Medellín. Además, estableció que el
departamento de Antioquia no había ordenado a dicha autoridad la devolución del
20% de lo pagado por concepto de impuesto sobre vehículos automotores. Por lo
anterior, concluyó que, contrario a lo dicho por la demandante, «no se trataba solo de
acudir ante la administración municipal para que cumpliera lo dispuesto por el Departamento»21.
A continuación, señaló que, el hecho de que operara la prescripción y que el
departamento no ordenara al municipio la devolución, «no desdibujan ni desvirtúan que
la entidad municipal en comento no era la competente para definir dicha devolución» 22. Así, explicó
que, conforme al artículo 147 de la Ley 488 de 1998 y al concepto del 3 de mayo de
2017 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 23, la autoridad
competente para resolver la solicitud de devolución de lo pagado no debido del
impuesto sobre vehículos automotores es el departamento o el distrito capital, según
sea el caso, por actuar como sujetos activos de dicho tributo.
Igualmente, precisó que, contrario a lo dicho por la demandada, el artículo 225 del
Acuerdo 066 de 2017 del Concejo Municipal de Medellín no otorgó competencia de
la autoridad local para decidir sobre las peticiones de reintegro relacionadas con el
impuesto sobre vehículos automotores, y, aún si así lo fuera, una norma del orden
local no puede contradecir lo dispuesto por el legislador.
Con base en lo expuesto, el Tribunal afirmó que, «Dado que no era de resorte del municipio
de Medellín decidir en cuanto a la devolución del impuesto sobre vehículos automotores, no es dable
acceder al restablecimiento del derecho peticionado en la demanda que, entre otros, consiste en la
devolución de las cantidades dinerarias indebidamente pagadas sobre los vehículos automotores
oficiales de EPM por los años gravables de los años 2010, 2011 y 2012» 24.
Así mismo, señaló que, para obtener el reintegro total de lo pagado por concepto
del tributo referido, la demandante debió controvertir la legalidad de los actos
administrativos proferidos por el departamento de Antioquia, que limitaron la
19
Sentencia del 13 de septiembre de 2012, exp. 17343. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
20
Sentencia del 3 de octubre de 2024, exp. 28926. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, reiterada por la sentencia del 16
de octubre de 2025, exp. 29569, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Samai del tribunal, índice 11.
22
Ibidem.
23
Exp. 2325, radicado: 11001-03-06-000-2016-00261-00, M.P. Álvaro Namén Vargas.
24
Ibidem, página 13.
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devolución a solo el 80%; pero, como no lo hizo, no es posible estudiar su legalidad,
en virtud del principio de congruencia, el derecho al debido proceso y la prohibición
de expedir sentencias extra petita.
Según se observa, la decisión del a quo de declarar la nulidad de los actos acusados
y de negar el restablecimiento del derecho solicitado por EPM no se fundamentó en
que operó la prescripción de 5 años (aunque hizo referencia a ella en un primer
momento), sino que ambas decisiones se sustentaron únicamente en que el
municipio de Medellín no era competente para decidir sobre la petición de
devolución del impuesto sobre vehículos automotores porque no es el sujeto activo
de dicho tributo.
Por lo anterior, los argumentos planteados en la apelación con relación al término
de 5 años para solicitar el reintegro no constituyen verdaderos reparos o motivos de
inconformidad frente a la sentencia apelada, pues no son congruentes con lo
decidido en primera instancia, lo cual desconoce lo previsto en los artículos 320 y
328 del Código General del Proceso.
En cuanto a los argumentos de falta de competencia, la sala evidencia que sí se
cumple con el principio de congruencia, en tanto controvierten la conclusión del a
quo tomada en el sentido de que era improcedente el restablecimiento del derecho
solicitado, pues el municipio de Medellín no era competente para decidir sobre la
devolución del impuesto sobre vehículos automotores. En consecuencia, la sala
únicamente continuará con el estudio de fondo de este argumento.
2. Sobre el restablecimiento del derecho procedente
La apelante señaló que la entidad territorial demandada es la competente para
ordenar la devolución de lo pagado no debido, porque i) son recursos que fueron
incorporados en su presupuesto, por lo que el departamento de Antioquia no podía
disponer sobre ellos al no ser su superior jerárquico; y ii) el departamento ya
reconoció que sí era procedente la devolución.
Para decidir sobre este punto, se debe tener presente que el artículo 147 de la Ley
488 de 1998 establece lo siguiente:
Artículo 147. Administración y control. El recaudo, fiscalización, liquidación oficial, discusión,
cobro y devolución del impuesto sobre vehículos automotores, es competencia del
departamento o distrito en cuya jurisdicción se deba pagar el impuesto.
Según se observa, por expresa disposición legal, en este caso, solo el departamento
de Antioquia es el competente para decidir la petición de devolución de lo pagado
no debido por concepto de impuesto sobre vehículos automotores.
Como lo señaló la apelante, de acuerdo con el artículo 150 ibidem, el 20% del
recaudo se transfiere a los municipios a que corresponda la dirección informada por
el contribuyente. Sin embargo, esto no significa que el municipio sea el competente
para decidir de fondo sobre la devolución del tributo que efectúe el particular, dado
que la competencia para estos efectos la competencia fue asignada única y
exclusivamente a los departamentos.
La anterior interpretación no vulnera el principio de autonomía territorial, según el
cual las entidades territoriales son competentes para gestionar sus propios
intereses, ni supone que el departamento sea el superior jerárquico del municipio,
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como lo afirmó la apelante, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 287 de la
Constitución dispone que la autonomía territorial debe ejercerse conforme la ley.
De este modo, el legislador hizo un reparto de competencias frente a la decisión
sobre la devolución de lo pagado en exceso o de lo pagado no debido por concepto
del impuesto sobre vehículos automotores, en el que el pronunciamiento de fondo
frente a la solicitud presentada por el contribuyente, únicamente le corresponde al
departamento, por lo que los municipios no están autorizados para efectuar los
reintegros en estos eventos.
Ahora bien, se observa que la demandante allegó las resoluciones S2016060080182
del 7 de octubre, S2016060082400 del 25 de octubre y S2016060082399 del 25 de
octubre de 2016, expedidas por el departamento de Antioquia, que accedieron a la
devolución del 80% de lo pagado por concepto del impuesto sobre vehículos
automotores, por los periodos 2010 a 201225. Para esta última vigencia, por ejemplo,
la resolución correspondiente señaló lo siguiente26:
Por lo tanto, el valor procedente a ordenar en la resolución No. 20160600082399 del 25 de
Octubre de 2016 era de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS
CUARENTA PESOS ($345.060.240), a favor de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
porcentaje que equivale al 80%, correspondiente al Departamento de Antioquia, mientras que
el 20% restante que corresponde solicitar al Municipio de Medellín es de ochenta y seis
millones doscientos sesenta y cinco mil sesenta pesos ($86.265.060) [subraya la Sección].
En virtud de lo anterior, la parte resolutiva del acto administrativo referido dispuso lo
siguiente:
ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR que el valor a devolver por parte del Municipio de Medellín a
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., por concepto del 20% que le corresponde por
distribución de recaudo del Impuesto Sobre Vehículos Automotores, es la suma de OCHENTA
Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS ($86.265.060).
Según se observa, los actos proferidos por el departamento de Antioquia no
ordenaron al municipio de Medellín la devolución de ninguna suma de dinero, sino
que se limitaron a «aclarar» el valor del 20% que le correspondía a esa entidad
territorial, y señalaron que se debía presentar una petición ante dicha autoridad
local. Nótese que, además de que lo anterior no atiende lo previsto en el artículo
147 de la Ley 488 de 1998, la demandante tampoco ejerció ningún medio de control
frente a la decisión departamental.
Con base en lo expuesto, dado que no es competencia del municipio de Medellín
decidir sobre la devolución ni efectuar el reintegro solicitado, como lo señaló el
Tribunal, es improcedente el restablecimiento del derecho pretendido por la
demandante, que consistía en ordenarle a esa entidad territorial demandada el
reintegro del impuesto sobre vehículos automotores.
Se destaca que la apelante únicamente propuso ese restablecimiento del derecho,
el cual no prospera.
Así las cosas, dadas las particularidades de este caso, se impone confirmar la
decisión de primera instancia, que declaró la nulidad de los actos acusados por falta
de competencia, sin disponer de algún restablecimiento del derecho.
25
Samai, índice 2, PDF del cuaderno de primera instancia, páginas 58 a 165.
26
Ibidem, página 180.
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Costas
No se realizará pronunciamiento sobre las costas en primera instancia, por cuanto
la decisión del tribunal no fue apelada.
En cuanto a esta instancia, considerando que se confirmó íntegramente la decisión
de primera instancia, en aplicación del acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre
de 2025, es procedente condenar a la apelante por este concepto, para lo cual se
tasan las costas en un (1) SMMLV, y se ordenará al tribunal tramitar el respectivo
incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del
Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 31 de octubre de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión.
2. CONDENAR EN COSTAS en esta instancia a la apelante. En consecuencia,
ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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