Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03852-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03852-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03852-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
2 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03852-00
Demandante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación1.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., actuando por intermedio de apoderado
judicial2, instauró acción de tutela3 contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta y
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión4, con el fin de
reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, en concordancia con
los principios de prevalencia del derecho sustancial, igualdad ante la ley tributaria,
justicia y equidad tributaria.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de
la sentencia del 16 de abril de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta que, confirmó la providencia del 31 de octubre de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión en el medio de
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2
Índices 2 y 8 de Samai. Poder debidamente otorgado al abogado Daniel Eduardo Argumedo
López a través de mensaje de datos por la jefa del Área Jurídica, Procesos y Reclamaciones, a la
cual se le delegaron funciones administrativas mediante el Decreto 2025-DECGGL-2488 de 17 de
octubre de 2025 y se acreditó su vinculación a la entidad con certificación del 28 de enero de 2026.
3
Acción de tutela promovida el 20 de mayo de 2026 por medio del buzón web del aplicativo de
Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
4
Magistrados: Verónica Gutiérrez Tobón, Álvaro Cruz Riaño y Javier Camargo Arteaga.
Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03852-00
nulidad y restablecimiento del derecho, que adelantó contra el municipio de
Medellín y se identificó con el radicado 05001-23-33-000-2019- 02391-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO las sentencias de primera y segunda instancia
impartidas dentro del proceso de radicado 05001-23-33-000-2019-02391-01
(29644), particularmente en lo relativo al denegatorio del restablecimiento del
derecho (numeral SEGUNDO de la parte resolutiva), por incurrir en defecto
sustantivo, defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa
de la Constitución.
TECRERO. ORDENAR a la autoridad judicial competente proferir, dentro del
término que el juez constitucional estime razonable, una nueva decisión que, con
respeto al objeto del proceso y a las premisas jurídicas reconocidas por las partes
y por las propias providencias, resuelva el restablecimiento del derecho conforme
a una interpretación sistemática del artículo 147 de la Ley 488 de 1998, que
distinga entre la dimensión decisoria y la dimensión ejecutiva de la devolución, y
que evite la consolidación de un enriquecimiento sin causa.
CUARTO. Adoptar las demás determinaciones que el juez constitucional estime
pertinentes para la efectiva protección de los derechos fundamentales invocados5.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:
A través de la Ley 488 de 1998 se creó el impuesto de vehículos automotores. El
departamento de Antioquia expidió la ordenanza 01E del 14 de enero de 1999, en
la que reprodujo las normas de la citada ley y fijó los porcentajes únicamente sobre
vehículos particulares, por lo cual, no se crearon tarifas para los vehículos de
servicio oficial.
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante EPM) pagó el impuesto de
vehículos automotores correspondiente a los años gravables 2010, 2011 y 2012,
en el transcurso de la vigencia fiscal respectiva.
Dicha empresa solicitó la devolución de lo pagado al departamento de Antioquia,
el cual únicamente accedió al reintegro del 80% de los valores para cada año
5
Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
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referido, mediante las resoluciones S2016060080182 del 7 de octubre,
S2016060082400 del 25 de octubre y S2016060082399 del 25 de octubre de 2016,
respectivamente.
Posteriormente, EPM pidió la devolución del 20% restante al municipio de
Medellín, por medio de peticiones presentadas el 10 de octubre, el 15 de
noviembre y el 21 de diciembre de 2017, la cual fue negada para los años 2010 y
2011, a través de las resoluciones 9485 y 9486 del 21 de marzo de 2018,
respectivamente.
Con relación al periodo 2012, mediante la Resolución 9487 de la misma fecha, el
municipio accedió parcialmente a la solicitud únicamente frente a lo pagado con
posterioridad al 21 de diciembre de 2017, pues consideró que operó la prescripción
para lo demás.
EPM presentó recursos de reconsideración contra cada una de las anteriores
decisiones6, las cuales fueron confirmadas mediante las resoluciones
201950044033 del 30 de abril, 20190045929 del 7 de mayo y 201950045927 del
8 de mayo de 2019, respectivamente.
En consecuencia, la empresa actora interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Medellín,
con el fin de que se estudiara la legalidad de los actos administrativos
mencionados7 y se realizara la devolución de las sumas de dinero indebidamente
pagadas por concepto de las declaraciones tributarias del impuesto sobre
vehículos automotores presentada para los años gravables 2010, 2011 y 2012.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión en sentencia
del 31 de octubre de 2024 declaró la nulidad de los actos demandados y negó las
demás pretensiones. Como fundamento, consideró que el impuesto sobre
vehículos automotores no se configuraba respecto de los vehículos oficiales,
debido a la ausencia de una tarifa fijada por la ley, lo cual impedía estructurar
válidamente el tributo. Asimismo, determinó que las solicitudes de devolución
presentadas por la demandante se encontraban prescritas para los años 2010 y
2011, y parcialmente prescritas para el año 2012, al haber transcurrido el término
de cinco años contado desde el pago.
Igualmente, señaló que el departamento de Antioquia solo ordenó la devolución
del 80% del impuesto, sin imponer al municipio la obligación de reintegrar el 20%
6
Resoluciones 9485, 9486 y 9487del 21 de marzo de 2018, respectivamente.
7
Resoluciones 9485, 9486 y 9487 del 21 de marzo de 2018, así como de las resoluciones que
resolvieron los recursos de reconsideración, es decir, las 201950044033,201950045929 y
201950045927, respectivamente.
3
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restante, y reiteró que la competencia para decidir sobre la devolución
correspondía exclusivamente al nivel departamental. En ese sentido, concluyó
que, si la demandante pretendía la devolución total, debía haber demandado los
actos del departamento, circunstancia que no ocurrió, lo que impedía acceder al
restablecimiento del derecho por razones de congruencia, debido proceso y
presunción de legalidad.
En fallo del 16 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sección Cuarta confirmó la
decisión del a quo, tras considerar que de acuerdo con el artículo 147 de la Ley
488 de 1998, la competencia para decidir sobre la devolución del impuesto sobre
vehículos automotores correspondía exclusivamente al departamento, como
sujeto activo del tributo. En consecuencia, los municipios, aunque recibían una
porción del recaudo, no estaban facultados para decidir ni para efectuar
devoluciones.
Asimismo, precisó que los actos del departamento de Antioquia que reconocieron
la devolución del 80%, no constituían una orden al municipio para pagar el 20%
restante, sino solo una indicación del valor correspondiente, y que, en todo caso,
dichas resoluciones no habían sido demandadas. Con base en ello, concluyó que
no era procedente ordenar el restablecimiento del derecho contra el municipio de
Medellín.
Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 20 de abril de 2026.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora alegó la existencia de un defecto sustantivo, señalando que las
autoridades judiciales accionadas realizaron una interpretación fragmentada e
incorrecta del artículo 147 de la Ley 488 de 1998. En su criterio, los jueces
incurrieron en un error hermenéutico al asumir que la competencia exclusiva del
departamento para decidir sobre la devolución del impuesto implicaba, de manera
correlativa, que ninguna otra entidad podía participar en su ejecución material. A
partir de ello, explicó que la normativa aplicable debía interpretarse de manera
sistemática con el artículo 150 ibidem, lo cual implicaba reconocer que existían dos
dimensiones diferenciables en la figura de la devolución: una de carácter decisorio,
atribuida al ente departamental, y otra de naturaleza ejecutiva o presupuestal,
correspondiente a la entidad territorial en cuyo patrimonio reposan los recursos.
Bajo este entendimiento, la accionante sostuvo que el departamento de Antioquia
ya había ejercido la competencia decisoria al reconocer la procedencia de la
devolución, de modo que lo pendiente era únicamente la ejecución material
respecto del 20% transferido al municipio de Medellín.
4
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En segundo lugar, la parte actora invocó la configuración de una violación directa
de la Constitución, argumentando que las providencias cuestionadas
desconocieron el principio de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el
artículo 228 superior, así como el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el
artículo 229 de la Constitución Política. Según indicó, las decisiones judiciales, si
bien reconocieron la ausencia de competencia del municipio y la ilegalidad de los
actos administrativos, terminaron por negar la efectividad del derecho material al
reintegro de las sumas pagadas sin causa legal.
A partir de lo anterior, afirmó que se configuraba una situación de indefensión, en
tanto ninguna de las entidades involucradas garantizaba la devolución del 20%
restante, generando lo que denominó un «callejón sin salida institucional»,
incompatible con el deber del Estado de asegurar la protección efectiva de los
derechos. En este sentido, sostuvo que el resultado del proceso consolidaba una
situación contraria a los principios de justicia y equidad tributaria, en la medida en
que permitía la retención de recursos sin fundamento legal.
Finalmente, la accionante alegó la existencia de un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, al considerar que los jueces de instancia impusieron una
carga procesal desproporcionada al exigirle la demanda de los actos
administrativos proferidos por el departamento de Antioquia, pese a que estos, en
su dimensión sustantiva, habían reconocido la procedencia del derecho invocado.
Señaló que dicha exigencia desconocía la finalidad del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y sacrificaba el fondo de la discusión en aras de una
interpretación formalista de las reglas de congruencia procesal.
1.5. Admisión de la tutela
Por medio de auto del 22 de mayo de 2026, la Magistrada Ponente inadmitió la
acción de tutela, al no encontrar acreditada la calidad de apoderado judicial del
señor Daniel Eduardo Argumedo López.
Una vez aportado el poder en debida forma, en providencia del 5 de junio de 2026,
admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte accionante8 y, como
parte accionada, a los magistrados integrantes del Consejo de Estado, Sección
8
Índice 13 de Samai. La notificación fue enviada a los buzones web:
NotificacionesJudicialesEPM@epm.com.co y Daniel.Argumedo@epm.com.co.
5
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Cuarta9 y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión10.
Además, dispuso la vinculación como tercero con interés jurídico en el resultado
del proceso al municipio de Medellín11 y se le reconoció personería al abogado
Daniel Eduardo Argumedo López en calidad de apoderado judicial de la parte
actora.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión
Mediante informe del 9 de junio de 2026, la magistrada sostuvo que las
providencias cuestionadas fueron proferidas con estricto apego al ordenamiento
jurídico y a los principios que rigen la función jurisdiccional. En consecuencia,
indicó que tanto el fallo de primera instancia como el de segunda se sustentaron
en una interpretación razonable de las normas aplicables al caso, particularmente
en lo relativo a la competencia para decidir sobre la devolución del impuesto de
vehículos automotores.
En ese sentido, afirmó que no se vulneraron derechos fundamentales y que la
acción de tutela pretendía, en realidad, sustituir el criterio del juez natural por el de
la parte accionante, en una controversia que era de naturaleza eminentemente
legal y no constitucional, por lo cual solicitó declarar su improcedencia.
1.6.2. Alcaldía de Medellín
Por memorial del 10 de junio del presente año, la apoderada del ente territorial
pidió declarar la improcedencia del amparo, al considerar que con la acción tutelar
se pretendía reabrir una discusión jurídica ya resuelta en el proceso ordinario.
Argumentó que la controversia giraba en torno a aspectos de legalidad tributaria,
como la prescripción de la acción de devolución y la competencia para decidirla,
lo cual desbordaba el ámbito del juez constitucional.
9
Índice 14 de Samai. La notificación fue realizada a: lrodriguezm@consejodeestado.gov.co,
lruizh@consejodeestado.gov.co, llopezr@consejodeestado.gov.co,
freyc@consejodeestado.gov.co, notiflrodriguez@consejodeestado.gov.co,
yacevedoa@consejodeestado.gov.co, sladinoc@consejodeestado.gov.co,
notifwramos@consejodeestado.gov.co, notifmgutierrez@consejodeestado.gov.co,
mherrerat@consejodeestado.gov.co, vbalcarcelg@consejodeestado.gov.co,
nosorior@consejodeestado.gov.co, notifcrodriguez@consejodeestado.gov.co y
apuertasr@consejodeestado.gov.co.
10
Índice 14 de Samai. La notificación fue enviada al correo: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co.
11
Índice 14 de Samai. Notificación enviada a: tutelas.medellin@medellin.gov.co
notimedellin.oralidad@medellin.gov.co.
6
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Asimismo, enfatizó que la interpretación realizada por las autoridades judiciales
era razonable y se enmarcaba dentro del principio de autonomía judicial, por lo
que la inconformidad de la accionante constituía un desacuerdo con el sentido del
fallo y no una vulneración de derechos fundamentales.
1.6.3. Consejo de Estado, Sección Cuarta
A través de informe del 11 de junio del año en curso, la Magistrada Ponente de la
decisión enjuiciada se opuso a las pretensiones de la tutela al considerar que el
asunto carecía de relevancia constitucional.
Señaló que los fundamentos de la accionante correspondían a los mismos
planteamientos que ya habían sido analizados en el proceso contencioso
administrativo, especialmente en relación con la interpretación del artículo 147 de
la Ley 488 de 1998 y la procedencia del restablecimiento del derecho.
En su criterio, adujo que la acción constitucional estaba siendo utilizada como una
instancia adicional para cuestionar decisiones adoptadas dentro del ámbito de
competencia del juez natural, lo cual resultaba improcedente.
Además, destacó que la decisión cuestionada se fundamentó en la falta de
demanda de los actos del departamento de Antioquia, circunstancia que impedía
acceder al restablecimiento solicitado.
II.CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por EPM contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad
con lo establecido en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación12.
2.2. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
12
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
7
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En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Cuarta13 vulneró las garantías invocadas
por la parte actora con ocasión de la providencia del 16 de abril de 2026, al
incurrir en los defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual
manifiesto y violación directa de la Constitución?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso
concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201214
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su
procedencia.16
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
13
Pese a que la parte actora dirigió la acción tutelar contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta
y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión, solamente será estudiada la
sentencia del 16 de abril de 2026, que le puso fin al medio de control.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
16
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
8
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incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202217 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
17
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
9
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una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal18
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico19; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional20.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal21”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales22”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto23, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal24.
(Resaltado de la Sala)
18
Sentencia SU-573 de 2019.
19
Sentencia SU-103 de 2022.
20
Sentencia SU-103 de 2022.
21
Sentencia SU-103 de 2022.
22
Sentencia SU-128 de 2021.
23
Sentencia SU-573 de 2019.
24
Ibid.
10
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2.5. Caso concreto
EPM acude a la acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, con ocasión de la providencia del 16 de abril de 2026, por
medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta confirmó la decisión de
nulidad de los actos administrativos demandados, pero sin reconocer el
restablecimiento del derecho.
La parte actora alegó la configuración de 3 yerros. En primer lugar, un defecto
sustantivo, al considerar que la autoridad judicial accionada realizó una
interpretación errónea del artículo 147 de la Ley 488 de 1998, pues según su
postura, se desconoció que el departamento de Antioquia ya había reconocido la
procedencia de la devolución del impuesto, por lo que el municipio únicamente
debía ejecutar el pago del 20% restante. En ese sentido, sostuvo que la negativa
al restablecimiento del derecho obedecía a una lectura aislada y restrictiva de la
norma.
En segundo lugar, invocó la existencia de una violación directa de la Constitución,
al afirmar que la providencia cuestionada desconoció la prevalencia del derecho
sustancial y la tutela judicial efectiva, en la medida en que, pese a reconocer la
ilegalidad del cobro, no se garantizó la devolución de los valores pagados sin
causa legal. Bajo esta premisa, indicó que el fallo generaba una situación en la
que ninguna autoridad asumía la obligación de restituir los recursos, lo que
resultaba contrario a los principios de justicia y equidad tributaria.
Finalmente, alegó un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al
considerar que se le impuso una carga procesal desproporcionada al exigirle
demandar los actos del departamento de Antioquia, aun cuando estos reconocían
la procedencia del derecho. A su juicio, esta exigencia formal desconocía el objeto
del proceso y sacrificaba el derecho sustancial en favor de una aplicación estricta
de las reglas de congruencia procesal.
Se observa que los argumentos formulados por la accionante giran en torno a la
interpretación del artículo 147 de la Ley 488 de 1998, así como a la distribución de
competencias entre el departamento y el municipio en materia de devolución del
impuesto sobre vehículos automotores. Sobre el punto, resulta determinante
acudir a la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la cual se
estableció de manera expresa que la competencia para decidir la devolución del
tributo correspondía exclusivamente al departamento, en su calidad de sujeto
activo del impuesto, y que los municipios no se encontraban habilitados para
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efectuar reintegros ni para pronunciarse de fondo sobre tales solicitudes, aun
cuando participaran en el recaudo.
La referida providencia precisó, además, que los actos del departamento de
Antioquia, en los cuales se reconoció el 80% de la devolución y se indicó que el
20% debía solicitarse ante el municipio, no constituían una orden dirigida a esta
última entidad para efectuar el pago, sino una simple referencia al porcentaje que
le correspondía dentro del sistema de distribución del recaudo.
En ese sentido, la Sección Cuarta concluyó que, al no ser el municipio competente
para decidir ni para ejecutar la devolución, no era procedente ordenar el
restablecimiento del derecho en su contra, y que, si la parte demandante pretendía
obtener el reintegro total, debía controvertir los actos del departamento, lo cual no
ocurrió.
A partir de este marco, la Sala encuentra que los cuestionamientos planteados en
la presente acción de tutela no evidencian una vulneración directa de derechos
fundamentales, sino una discrepancia con la interpretación jurídica adoptada por
el juez natural, que además se encuentra sustentada en una lectura razonable y
sistemática del ordenamiento jurídico.
En efecto, el defecto sustantivo se remite a una controversia hermenéutica sobre
el alcance del artículo 147 de la Ley 488 de 1998, ya resuelta por el órgano de
cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, el cual concluyó que la
competencia para la devolución es exclusiva del departamento.
De igual forma, la alegada violación directa de la Constitución se sustenta en los
efectos económicos de la decisión y no en una afectación autónoma de garantías
fundamentales. El hecho de que la providencia judicial no haya conducido al
reconocimiento del restablecimiento del derecho pretendido no implica, por sí
mismo, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto la parte
actora contó con acceso a la administración de justicia y obtuvo decisiones
motivadas en ambas instancias.
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, la Sala advierte
que la exigencia de demandar los actos del departamento se deriva de principios
estructurales del proceso contencioso administrativo, como la congruencia y la
prohibición de dictar fallos extra petita, lo cual constituye una aplicación legítima
del ordenamiento jurídico y no un formalismo irrazonable.
En este contexto, admitir la intervención del juez constitucional implicaría
desconocer la autonomía del juez natural y convertir la acción de tutela en una
instancia adicional destinada a revisar interpretaciones legales ya definidas por la
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jurisdicción competente. La discusión planteada por la parte accionante, en
consecuencia, carece de relevancia constitucional, en tanto se circunscribe a
aspectos de legalidad tributaria y distribución de competencias, sin evidenciar un
quebrantamiento directo de derechos fundamentales.
Por consiguiente, no se evidencia a primera vista la vulneración de los derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada, la cual apoyó su
decisión en el marco legal que consideró aplicable al caso, así como soportó sus
conclusiones en la valoración del acervo probatorio allegado al expediente.
Por lo tanto, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
el debate planteado por la parte actora busca mutar la acción constitucional en una
instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por el juez contencioso,
conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador.
De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por
Empresas Públicas de Medellín E.S.P., por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Ausente con permiso
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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