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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01375-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01375-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela, por incumplimiento de los requisitos de relevancia y subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01375-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

12 de marzo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Demandante: JOSÉ DIDIER SANTA NIETO
Demandado: SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CONTROVERSIA EN TORNO AL PROCEDIMIENTO
APLICABLE A LA DETERMINACIÓN OFICIAL DE LAS
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL Y A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR LA
UGPP. EL MECANISMO ES IMPROCEDENTE PORQUE NO
SATISFACE LOS REQUISITO DE RELEVANCIA Y
SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó las providencias judiciales que, en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, negaron la nulidad de las resoluciones a
través de las cuales la UGPP profirió liquidación oficial por la omisión en la afiliación y liquidación
de unos aportes al Sistema de Seguridad Integral en los Subsistemas de Salud y Pensión, al
tiempo que le impuso una sanción. No obstante, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia y subsidiariedad porque fue utilizada para insistir en algunos
argumentos de la demanda y el recurso de apelación, así como para plantear argumentos que se
dejaron de cuestionar a través del recurso de apelación, habiendo tenido la oportunidad de
hacerlo.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor José Didier Santa Nieto en
contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para la protección de sus derechos
fundamentales de igualdad, debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados por la sentencias del 18 de septiembre de 2025 y 23 de mayo
de 2024 proferidas por dichas autoridades, respectivamente.

1
Mediante escrito radicado el 23 de febrero de 2026 (índice 02 de Samai).

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP) adelantó actuaciones de fiscalización en su
contra para verificar sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
correspondientes al período comprendido entre enero y diciembre del año 2014.

2) El 1 de diciembre de 2016, dicha autoridad expidió el Requerimiento para Declarar y/o
Corregir no. RDC-2016-02178 y lo notificó el 30 de diciembre de 2016, en el cual formuló
observaciones sobre presuntas inexactitudes en las autoliquidaciones de aportes
correspondientes al período fiscalizado.

3) El 26 de julio de 2017, profirió la Liquidación Oficial no. RDO-2017-02483, por la
omisión en la afiliación y/o vinculación y el pago de los aportes a pensión y salud, decisión
que le fue notificada el 1 de mayo de 2018, a través de correo certificado enviado por la
empresa de servicios postales 4-72, con el número de guía RN798487805CO, al tiempo
que le impuso una sanción por la omisión en la declaración.

4) Interpuso recurso de reconsideración con base en la inexistencia de una obligación
clara de cotizar como independiente, pues, incluso la UGPP liquidó mal el índice Base de
Cotización –en adelante IBC- haciéndolo más gravoso y violó el procedimiento
establecido en la ley.

5) Mediante Resolución RDC-645 del 31 de octubre de 2018, la misma autoridad
disminuyó los aportes y el valor de la multa por omisión impuesta y, por Resolución RDC-
116 del 22 de marzo de 2019, negó́ la declaración de silencio administrativo positivo, en
relación con el recurso de reconsideración presentado contra la referida liquidación
oficial.

6) Promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la UGPP en la cual solicitó que se declarara la nulidad de
Liquidación Oficial no. RDO-2017-02483 y las Resoluciones RDC-645 del 31 de octubre
de 2018 y RDC-116 del 22 de marzo de 2019.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

7) Mediante la Resolución no. RDC645 del 31 de octubre de 2018, la UGPP resolvió el
recurso de reconsideración interpuesto, en el sentido de modificar el monto de los aportes
y de la sanción.

8) Mediante sentencia del 23 de mayo de 2024, la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones, tras concluir, entre otros
aspectos, que la actuación de la UGPP se encontraba ajustada a derecho puesto que los
aportes deben guardar correspondencia con los ingresos percibidos por el aportante, los
cuales pueden verificarse a partir de la información consignada en las declaraciones
tributarias presentadas ante la DIAN, documentos que gozan de presunción de veracidad
conforme con el artículo 746 del Estatuto Tributario; y que la UGPP actuó en derecho al
utilizar los ingresos reportados por el contribuyente en sus declaraciones tributarias como
parámetro para establecer el ingreso base de cotización.

9) Formuló recurso de apelación, en el cual i) cuestionó que el tribunal interpretó de
manera indebida la normativa aplicable al IBC de los trabajadores independientes por
afirmar que para el año 2014 existía una base gravable definida, a pesar de que para
estos las normas remitían a un sistema de presunción de ingresos cuya reglamentación
correspondía al Gobierno Nacional, pero que no fue reglamentado para la época de los
hechos, de ahí que no existía una base gravable cierta para el año 2014; ii) afirmó que la
interpretación acogida desconoció el principio según el cual nadie está obligado a lo
imposible, pues la reglamentación aplicada exigía a los trabajadores independientes
realizar una declaración anual anticipada del IBC, lo que implicaría prever ingresos
futuros, pese al carácter variable de las actividades económicas; y iii) solicitó la
exoneración de la sanción por estimar que en el caso se configuraba un error de derecho
excusable derivado de la falta de claridad normativa sobre la determinación del IBC y
sobre la inclusión de comerciantes y rentistas de capital dentro de los sujetos obligados
a cotizar al sistema de seguridad social.

10) Con providencia del 18 de septiembre de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado confirmó la decisión.2

2
Para ello, en primer lugar, delimitó el alcance del recurso y precisó que su competencia se circunscribía
exclusivamente a determinar si para los periodos del año 2014 el ordenamiento jurídico contemplaba una
base gravable aplicable para liquidar las cotizaciones a pensión y salud a cargo de los comerciantes en su
condición de trabajadores independientes.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

Fundamento de la vulneración

En primer lugar, el actor sostuvo que las providencias judiciales incurrieron en un defecto
sustantivo por las siguientes razones:

Por concluir que para el año 2014 existía un régimen jurídico completo y suficiente para
determinar el IBC de los trabajadores independientes, cuando ello no fue así, pues dicha
conclusión desconoce que las normas invocadas por las autoridades judiciales, entre
ellas, los artículos 153 y 194 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003,
el artículo 204 de la misma ley, el Decreto 510 de 2003 y el artículo 33 de la Ley 1393 de
2010, solo establecían reglas generales sobre la obligación de cotizar y sobre los ingresos
efectivamente percibidos, pero no definían con precisión la base gravable aplicable a los
trabajadores independientes comerciantes que desarrollaban actividades económicas
por cuenta propia sin contrato de prestación de servicios.

Además, que no se pronunciaría sobre otros asuntos decididos por el tribunal relacionados con la
notificación de los actos administrativos, la inexistencia del silencio administrativo positivo, la motivación
de los actos acusados o la correcta liquidación de los aportes, en la medida en que dichos aspectos no
fueron objeto de reparos específicos en la apelación.

Al respecto, reiteró el criterio jurisprudencial de esa sección según el cual los comerciantes se encuentran
comprendidos dentro de la categoría de trabajadores independientes por cuenta propia y, por tanto, están
obligados a efectuar aportes al sistema de seguridad social cuando tienen capacidad de pago.

En ese sentido, el ingreso base de cotización estaba previsto en los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de
1993, modificados por la Ley 797 de 2003, así como en el Decreto 510 de 2003, normas conforme con las
cuales la base de los aportes corresponde a los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, con los
límites mínimos y máximos previstos por el sistema.

Finalmente, indicó que dicha base también resultaba aplicable para las cotizaciones al subsistema de salud,
en la medida en que el artículo 33 de la Ley 1393 de 2010 dispone que las cotizaciones a salud deben
efectuarse sobre la misma base de las cotizaciones al sistema de pensiones, de ahí que para los periodos
del año 2014 sí existía regulación legal suficiente para determinar el ingreso base de cotización de los
trabajadores independientes.

3
“Artículo 15. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:
(…)
a) <Aparte subrayado CONDICIONAMENTE exequible> El ingreso base de cotización no podrá ser inferior
al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el
afiliado. De tal manera que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de
solidaridad previstos en esta ley;
(…)”.
4
“Artículo 19. Base de Cotización de los trabajadores independientes. Los afiliados al sistema que no estén
vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que
declaren ante la entidad a la cual se afilien, y serán responsables por la totalidad de la cotización.
(…)”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

En ese sentido, el principio de legalidad tributaria y parafiscal previsto en el artículo 338
de la Constitución Política exige que los elementos esenciales de la contribución estén
definidos con suficiente claridad en la ley, circunstancia que no ocurrió para la época de
los hechos.

Asimismo, señaló que el legislador facultó al Gobierno Nacional para reglamentar un
sistema de presunción de ingresos para orientar la determinación del IBC de los
trabajadores independientes, conforme con el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100
de 1993 y al artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, reglamentación que no existía para el
año 2014 y que solo fue expedida posteriormente mediante el Decreto 1601 de 2022.

En esa misma línea, cuestionó el método utilizado por la UGPP para determinar el ingreso
base de cotización, consistente en tomar los ingresos brutos reportados en la declaración
de renta, mensualizarlos y fijar con base en ese cálculo el tope máximo de cotización,
pues ello carecía de respaldo normativo.

De otra parte, alegó una decisión sin motivación, en la medida en que las accionadas
no dieron respuesta adecuada a los argumentos relacionados con la forma concreta en
que la UGPP determinó el IBC ni a los cuestionamientos sobre la razonabilidad de ese
método en el contexto normativo vigente.

Según explicó, tanto en la demanda como en el recurso de apelación planteó que la
mensualización de los ingresos declarados en renta implicaba exigir al comerciante
independiente proyectar ingresos futuros inciertos o esperar al cierre fiscal anual para
liquidar sus aportes, lo que evidenciaba la falta de claridad del régimen aplicable.

No obstante, la Sección Cuarta del Consejo de Estado se abstuvo de examinar esos
planteamientos por considerar que constituían cuestiones nuevas introducidas en la
apelación y tampoco analizó de manera suficiente el argumento relativo a la existencia
de un error razonable del contribuyente derivado de la complejidad e indeterminación del
régimen normativo aplicable, circunstancia que debía incidir en la valoración de la sanción
por omisión impuesta por la UGPP.

Finalmente, alegó la configuración de un defecto fáctico, por cuanto las autoridades
judiciales omitieron valorar elementos probatorios que, a su juicio, demostraban la

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

existencia de una omisión prolongada del Gobierno Nacional en reglamentar el sistema
de presunción de ingresos previsto por el legislador para los trabajadores independientes.

En particular, señaló que en el proceso ordinario se acreditó que su apoderado promovió
diversas acciones de cumplimiento dirigidas a exigir la implementación de dicho sistema,
actuaciones que culminaron con decisiones judiciales que ordenaron al Ejecutivo expedir
la reglamentación correspondiente, lo cual evidenciaba que durante varios años el
ordenamiento jurídico careció de un sistema reglamentado que permitiera estimar de
manera objetiva los ingresos de los trabajadores independientes.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERO. Sírvase señor Juez Constitucional, amparar los derechos al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica y
los principios constitucionales que rigen el sistema tributario incluyendo la
equidad, la proporcionalidad y la legalidad tributaria.

SEGUNDO. En consecuencia, que se DEJE SIN EFECTOS las sentencias
dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta
Subsección A el 23 de mayo de 2024, y por el Consejo de Estado Sección
Cuarta, el 18 de septiembre de 2025, así como de todos los actos y trámites
administrativos y judiciales que derivaron de la notificación defectuosa, por
haberse incurrido en defectos sustantivos, fácticos y procedimentales que
vulneran los derechos arriba señalados.

TERCERO: Que se ordene al Consejo de Estado, Sección Cuarta, profiera una
nueva sentencia dentro del mismo proceso, en un plazo razonable, en la que:
• Aborde de fondo la configuración del IBC de los independientes/comerciantes
para el año 2014, a la luz de la omisión reglamentaria del sistema de presunción
de ingresos.

• Estudie expresamente la forma de cálculo del IBC (mensualización, uso de
renta anual) frente al principio de certeza tributaria.

• Valore la razonabilidad del error del accionante y la incidencia de la omisión
estatal en la procedencia y graduación de la sanción.

• Respete los estándares constitucionales de debido proceso, legalidad y cargas
públicas razonables. SUBSIDIARIAS: Subsidiariamente, que la Corte
Constitucional, de encontrar acreditados los defectos alegados, declare que en
el caso concreto:

• No es constitucionalmente exigible la sanción por omisión impuesta al señor
José Didier Santa Nieto, dada la omisión reglamentaria y la ausencia de certeza
suficiente del IBC en 2014.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

• Ordene a la UGPP dejar sin efecto la sanción por omisión y ajustar la
liquidación de aportes al estándar constitucional que se fije en la sentencia de
tutela.”. (fl. 19 de la demanda de tutela).

Actuación procesal

Mediante auto del 26 de febrero de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y, como tercero con interés, se vinculó al director general o a quien
haga sus veces de la UGPP, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción (índice 04 de Samai).

Intervenciones de las autoridades demandadas

El secretario de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió
el expediente digital contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación no. 25000-23-37-000-2020-00369-00/01/02 (índice 13 de Samai).

La UGPP (índice 14 de Samai) solicitó ser desvinculada del presente, toda vez que no es
la autoridad que presuntamente ha vulnerado los derechos fundamentales del actor o en
su defecto, que se declare improcedente la acción de tutela dado que no advirtió la
configuración de los defectos planteados.

El magistrado ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado (índice 16 de
Samai) expuso diversos motivos por los cuales consideró que se debe declarar
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional:

El actor pretende reabrir el debate acerca de si la falta de reglamentación de un esquema
de presunción de ingresos impedía establecer, para la época de los hechos, aportes a
pensión y salud a cargo de los comerciantes, sin embargo, es aspecto ya fue analizado
tanto en la decisión de primera instancia como en la de segunda, oportunidades en la
cuales se concluyó que el sistema de presunción de ingresos al que alude el actor fue
adoptado mediante la Resolución no. 9 de 1996 expedida por la Superintendencia
Nacional de Salud, en cumplimiento del artículo 4 del Decreto no. 1070 de 1995, y que,

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

incluso, con la adopción de ese esquema de presunción de ingresos, el IBC debía
ajustarse a los ingresos percibidos por el aportante.

Por otra parte, sostuvo que el accionante pretende en esta sede se aborde el estudio de
fondo de los cargos que planteó por primera vez en el recurso de apelación respecto a la
indebida mensualización de los ingresos declarados en el impuesto sobre la renta como
fórmula de cálculo del IBC y la configuración de una causal exculpatoria que lo excluiría
de la imposición de la sanción por omisión, sin embargo, como lo señaló en la sentencia
cuestionada, no podía pronunciase de fondo sobre esas cuestiones, por tratarse de
planteamientos novedosos que no fueron formulados como cargos en la demanda.

Aunque el demandante pretendió asociarlos en el recurso de apelación con afirmaciones
generales del escrito de la demanda, lo cierto es que al no haber sido planteados de
forma concreta, como lo exige el ordinal 4 del artículo 162 del CPACA, su análisis de
fondo comportaría una violación del principio de congruencia de la sentencia.

En conclusión, el debate acerca de la alegada falta de certeza para determinar la base
gravable de los aportes, por la supuesta omisión en la adopción de un esquema de
presunción de ingresos y la mensualización de los ingresos totales anuales, suponen
controvertir el criterio de decisión acogido en la sentencia de segundo grado.

Tampoco se satisface el presupuesto de relevancia constitucional por supuestamente
tratarse de manera desigual a los trabajadores independientes vinculados mediante
contrato de prestación de servicios y aquellos que carecen de esa modalidad contractual,
pues se trata de un planteamiento de naturaleza estrictamente legal, ajeno al ámbito
material excepcional de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En caso de que se aborde de fondo el asunto, manifestó que el estudio de las
disposiciones aplicables conforme con el precedente reiterado y uniforme de la Sección
Cuarta condujo a avalar la determinación de la base gravable de los aportes a pensión y
salud a cargo del actor, debido a que, para el 2014, la ley sí había previsto el IBC, el cual
correspondía a los ingresos efectivamente percibidos, derivados de los ingresos brutos,
menos los costos y gastos debidamente comprobados, y en atención a los topes mínimo
y máximo de uno y 25 SMLMV.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

Además, por otro lado, aclaró, como se expuso previamente, que el fallo cuestionado sí
advirtió que el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, concordante con el
artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, estableció que el gobierno debía reglamentar un
sistema de presunción de ingresos para determinar los aportes a cargo de los
trabajadores independientes; en línea con lo cual puso de presente que ese mandato se
desarrolló por el artículo 4 del Decreto 1070 de 1995, en el sentido de ordenar a la
Superintendencia de Salud fijar “el sistema de presunción de ingresos para los
trabajadores independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades Promotoras
de Salud para determinar la base de cotización”, orden que se materializó en la
Resolución no. 9 de 1996, por lo cual el artículo 66 del Decreto 806 de 1996 dispuso que
la base de los aportes de los trabajadores independientes sería la “determinada sobre los
ingresos que calcule la EPS de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos
definido por la Superintendencia Nacional de Salud”.

Sin perjuicio de lo anterior, precisó que artículo 25 del Decreto 1406 de 1999 estableció
que “cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los que
resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho
trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales” y, de manera concordante,
el artículo 33 de la Ley 1393 de 2010 dispuso que “las cotizaciones al Sistema General
de Seguridad Social en Salud deben hacerse sobre la misma base de las cotizaciones ...
al Sistema General de Pensiones”.

En ese contexto, el alegato del actor sobre la configuración de un defecto fáctico y
sustantivo carece de fundamento, pues el Decreto no. 1601 de 2022 no instituyó por
primera vez el esquema de presunción de ingresos para determinar los aportes y, en
cualquier caso, las disposiciones legales aplicables ya preveían que dichos aportes
debían determinarse con base en los ingresos efectivamente percibidos por el obligado.

Tampoco se configuró la motivación deficiente de la decisión, ya que en la providencia
cuestionada indicó expresamente que la Sección Cuarta carecía de competencia para
pronunciarse sobre los cargos identificados por el actor en el escrito de tutela, en la
medida en que tales planteamientos no fueron formulados como cargos dentro del
concepto de violación propuesto en la demanda.

Por su parte, la magistrada ponente de la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (índice 17 de Samai) también solicitó que se declare

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

improcedente la acción de tutela por falta de relevancia, debido a que el accionante
pretende controvertir los criterios expuestos por los jueces naturales de la causa, en
desconocimiento de que no constituye una tercera instancia, mediante la cual pueda
discutirse la interpretación razonada efectuada por el operador judicial en virtud del
principio de autonomía judicial.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto y 3) el
caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

Delimitación del asunto

En primer lugar, la Sala precisa que, aunque la acción de tutela se dirigió indistintamente
contra las providencias proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el
análisis se circunscribirá a los cargos formulados contra la sentencia de segunda
instancia, por cuanto esta fue la que definió de manera definitiva el marco decisorio del
proceso.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

Lo anterior, además, en atención a que, de accederse al amparo solicitado,
correspondería a dicha autoridad judicial dictar la providencia de reemplazo y dar
cumplimiento a la orden constitucional.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, con el fin de que se protejan los derechos constitucionales antes
enunciados, presuntamente vulnerados por dicha autoridad, debido a que confirmó la
decisión de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por la actora.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad, por las siguientes razones:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente5, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal6”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

5
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales7”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales8”.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8
Ibidem.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”9.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

9
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.

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Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

2.2 La falta de relevancia constitucional en el caso concreto

1) De entrada, la Sala advierte que varios de los reproches formulados en la acción de
tutela no plantean una controversia constitucional, sino que constituyen una reiteración
de la discusión jurídica que ya fue propuesta y resuelta dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento.

2) En efecto, el actor reprodujo sus argumentos dirigidos a demostrar que para el año
2014 no existía un régimen jurídico claro que permitiera determinar el IBC de los
trabajadores independientes comerciantes, por cuanto las normas invocadas por la
administración, entre ellas, los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por
la Ley 797 de 2003, el artículo 204 de la misma ley y el Decreto 510 de 2003, solo
establecían reglas generales sobre la obligación de cotizar, pero no definían con
suficiente precisión la base gravable.

3) En la misma línea, reiteró que el legislador había previsto la creación de un sistema de
presunción de ingresos para orientar la determinación del IBC de los trabajadores
independientes, conforme con el parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 y el
artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, que no fue reglamentado.

4) Asimismo, insistió en que esa supuesta falta de claridad normativa debía conducir a la
exoneración de la sanción impuesta por la UGPP por configurarse un error de derecho
excusable derivado de la complejidad del régimen aplicable.
5) No obstante, la Sala observa que tales reparos no evidencian una problemática de
relevancia constitucional, sino que se limitan a reiterar el desacuerdo del accionante con
la interpretación normativa realizada por el juez natural respecto del régimen jurídico
aplicable a la determinación del IBC de los trabajadores independientes.

6) Por otra parte, los cuestionamientos sobre el sistema de presunciones y la existencia
de un error razonable del contribuyente derivado de la complejidad e indeterminación del
régimen normativo aplicable que debía incidir en la valoración de la sanción por omisión
impuesta, la Sección cuarta del Consejo de Estado descartó expresamente su análisis
de fondo, porque “no fueron cargos incluidos en el concepto de violación propuesto en la
demanda”, sino, hasta el recurso de apelación, lo cual impedía su análisis para resolver
la controversia.

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Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

7) En consecuencia, la tutela no puede convertirse en un mecanismo para reabrir la
discusión jurídica ya resuelta en el proceso ordinario ni en una instancia adicional
destinada a replantear las mismas tesis interpretativas que fueron debatidas y decididas,
aunque no de fondo por la autoridad judicial demandada, razón por la cual dichos
reproches carecen de relevancia constitucional para efectos de habilitar el estudio del
fondo en sede de amparo.

2.3 Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos se
desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir
un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

2.4 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto

1) La Sala advierte que, además de los reparos previamente analizados, el actor formuló
en la acción de tutela otros cuestionamientos que tampoco pueden ser estudiados en
esta sede, en la medida en que no fueron oportunamente planteados dentro del proceso
contencioso administrativo, habiendo tenido la oportunidad procesal para hacerlo.

2) En particular, el accionante sostuvo que la UGPP determinó de manera incorrecta el
IBC al tomar los ingresos brutos reportados en su declaración de renta del año gravable
2014, mensualizarlos dividiéndolos entre los doce meses del año y fijar con base en ese
cálculo el IBC en el tope máximo de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales
vigentes para cada uno de los meses del período fiscalizado.

3) A su juicio, ese método carecía de respaldo normativo expreso y, además, impedía
depurar adecuadamente los costos y gastos asociados a la actividad económica, lo que
distorsionaba la determinación real del ingreso sobre el cual debían efectuarse los
aportes.

4) Sin embargo, tales cuestionamientos no fueron planteados en el recurso de apelación,
habiendo tenido la oportunidad de proponerlos si se encontraba en desacuerdo con ello,
pues el actor sí presentó recurso de alzada, pero no los propuso, por lo cual la autoridad
judicial accionada no tuvo la oportunidad de resolverlos.

5) En este punto, no sobra aclarar que si bien en la providencia cuestionada la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, a modo de cuestión previa, indicó que tales
cuestionamientos no habían sido planteados en la demanda, motivo por el cual se

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Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

abstendría de resolverlos, lo cierto es que en realidad lo que ocurrió fue lo contrario, pues,
en efecto una vez revisado el expediente del proceso ordinario, se advierte que algunos
de estos argumentos sí fueron mencionados en el libelo inicial, pero no fueron materia de
apelación, por lo que más allá de esa imprecisión hizo bien el ad quem en no resolverlos,
puesto que la competencia del superior se limita a aquellos reparos que son propuestas
de manera expresa y puntual por los recurrentes, salvo aquellos que por ley ameritan un
pronunciamiento de oficio, que no el caso objeto de debate.

6) En consecuencia, aclarado lo anterior, la Sala encuentra que los reproches aludidos
no se plantearon en la apelación, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo porque la
providencia de primera instancia le fue desfavorable y avaló esa forma de liquidación, por
lo cual el ahora actor tenía la carga de formularlos de manera concreta contra la sentencia
de primera instancia para que el superior pudiera resolverlos.

7) En ese orden de ideas, como se trata de un argumento nuevo que pudo ser plateado
dentro del proceso ordinario y no se hizo, la acción de tutela es improcedente por cuanto
no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el mecanismo constitucional “no es
un medio que remedie los desaciertos procesales de las partes”10.

8) Como lo ha dicho esta Corporación en anteriores decisiones11, este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado para revivir oportunidades procesales fenecidas ni
para plantear o mejorar argumentos que por incuria, negligencia o desidia se dejaron de
proponer en las instancias del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que ni
siquiera se justificaron los motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión.

9) Respecto de tal presupuesto general de procedibilidad, en la sentencia C-590 de 2005
la Corte Constitucional señaló que es necesario que el accionante identifique, de forma
razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que esta haya
sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible, así:

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de mayo
de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp. 11001-
03-15-000-2022-04683-00, MP Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01375-00
Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional
(…).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea
un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez (…).

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción
de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta
de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela (…)” (negrillas adicionales).

10) En consecuencia, es necesario que los yerros de la autoridad judicial que la parte
actora invoca como generadores de la vulneración se hayan explicado y sustentado con
claridad “y que [la parte actora] hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible”, exigencia que la propia Corte justificó en los
siguientes términos12:

“Esta exigencia es comprensible en la medida que, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional
de sus derechos.”. (negrillas de la Sala)

11) Ello resulta apenas lógico, si se considera que esta acción constitucional no puede
constituirse como un mecanismo complementario, adicional o sustituto de los procesos
judiciales ordinarios, pues ello provocaría el efecto contrario al perseguido mediante esta
acción, ya que se desconocería la garantía del debido proceso prevista en el artículo 29

12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.

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Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

de la Constitución Política, según la cual las controversias deberán ser decididas por el
juez natural de la causa y con observancia de las formas propias de cada juicio.

12) Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional en sentencia T-649 de 2011,
señaló:

“Una segunda razón radica en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el
primer espacio de protección de los derechos fundamentales. Estando
obligados los jueces a obedecer la ley y la Constitución (Art. 4 y 230 C.N),
corresponde a todos velar porque los derechos fundamentales sean respetados
al interior y como resultado de los procesos judiciales. Es en este sentido que
la sentencia C-543 de 1992 puntualiza que: “tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es
el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original).
Por tanto, es inadmisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza
de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico
le ha dotado de las herramientas tendientes a corregir durante su trámite
las irregularidades que puedan afectarle” (negrillas de la Sala).

13) En consonancia con el criterio jurisprudencial expuesto, en este caso resulta claro
que lo pretendido por la parte demandante es que, bajo la supuesta configuración de un
defecto, se analicen argumentos que debieron ser planteados dentro del proceso
ordinario, lo que no es de recibo dado que sobre ellos no tuvo la oportunidad de
pronunciarse el juez ordinario y tampoco la contraparte pudo ejercer su defensa, motivo
por el cual la acción de tutela resulta improcedente en cuanto a dicho aspecto porque se
desconoció el carácter residual y subsidiario de este mecanismo constitucional.

14) Así, el referido requisito de procedencia requiere que se identifique de manera
puntual y específica, tanto los hechos como los derechos supuestamente violados "y que
ello haya sido alegado previamente ante el juez natural de la causa, en el evento de ser
posible13", lo cual no se cumple en este caso, pues, como se explicó en precedencia, el
actor contó con la oportunidad para apelar y, de hecho, recurrió en el proceso ordinario,
pero no expuso con claridad ni de manera expresa tal argumento con el fin de habilitar

13
Corte Constitucional, sentencia SU-081 de 2020: “[p]or consiguiente, la acción de tutela contra
providencias judiciales exige que se identifique de manera precisa, comprensible y suficiente, tanto
los hechos que generaron la vulneración, como los derechos supuestamente comprometidos, y que
ello haya sido alegado previamente ante el juez natural de la causa, en el evento de ser posible. Para
el cumplimiento de esta obligación, se excluye la formulación de los mismos argumentos y alegatos
realizados en el proceso ordinario, pues lo que se demanda es la exposición de las razones por las
cuales el raciocinio del juez natural no supera un juicio de validez desde los parámetros del Texto
Constitucional. Solo así se protegen principios tan relevantes para el Estado Social de Derecho, como lo
son, la autonomía e independencia judicial”. (negrillas adicionales).

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Actor (a): José Didier Santa Nieto
Acción de tutela

un pronunciamiento del juez natural, a pesar de que ello era posible, por lo cual la acción
de tutela resulta abiertamente improcedente.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela, por incumplimiento de los requisitos de
relevancia y subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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