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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06440-00

Fecha
8 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-06440-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Niégase la acción de tutela respecto de la decisión sin motivación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 18 Expediente: 11001-03-15-000-2026-06440-00 Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho Acción de tutela 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-06440-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

8 de septiembre de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D. C, ocho (8) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-06440-00
Demandante: CARLOS EDUARDO CASTELLANOS CAMACHO
Demandado: SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO Y OTRO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE
NO ANULÓ LOS ACTOS DE LA UGPP QUE IMPUSIERON
SANCIONES POR OMISIÓN E INEXACTITUD.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que se configuró una vulneración a sus derechos
fundamentales, con ocasión de las providencias que no anularon las sanciones impuestas por la
UGPP por los presuntos incumplimientos en los subsistemas de salud y pensión, pues, a su juicio,
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin motivación. La Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional
frente a los defectos sustantivo y fáctico y la negará respecto de la decisión sin motivación.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor Carlos Eduardo Castellanos
Camacho en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y de la Subsección A de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para la protección de sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, defensa, igualdad y acceso a
la administración de justicia, consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución
Política, presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias de 15 de febrero de
2024 y 12 de febrero de 2026, proferidas por dichas autoridades judiciales.

I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) El señor Carlos Eduardo Castellanos Camacho fue objeto de fiscalización por la UGPP
respecto de sus aportes al sistema de seguridad social de enero a diciembre de 2014, por
lo cual, mediante liquidación oficial RDO-2017-02372 del 24 de julio de 2017, la entidad
determinó aportes y sanciones por omisión e inexactitud.

1 Mediante escrito radicado el 13 de agosto de 2026, (índice 1, Samai).

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06440-00
Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
Acción de tutela

2) Mediante Resolución RDC-2018-00658 del 23 de julio de 2018, se modificó parcialmente
la liquidación y se mantuvieron las obligaciones a su cargo.

3) Promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el propósito de obtener la nulidad de la liquidación oficial RDO-2017-02372 y
de la Resolución RDC-2018-00658 y, cuestionó, entre otros aspectos, la determinación del
ingreso base de cotización, la aplicación de la regla del 40%, la consideración de sus costos
y gastos, la inclusión de ingresos derivados de servicios prestados en el exterior y la
procedencia de las sanciones impuestas.

4) La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca2,
mediante sentencia del 15 de febrero de 2024, negó las pretensiones, por cuanto consideró,
entre otros aspectos, que el IBC de los trabajadores independientes debía determinarse a
partir de los ingresos efectivamente percibidos, previa deducción de los costos y gastos
procedentes, y encontró ajustada a derecho la determinación efectuada por la UGPP.

5) La parte demandante apeló e insistió en la falta de una base clara para ciertos
trabajadores independientes, la exclusión de ingresos del exterior, la valoración de la
certificación contable, la improcedencia de la sanción por omisión y la existencia de un error
razonable de derecho3.

6) La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de febrero de 2026 4,
confirmó la decisión de primera instancia y condenó en costas a la parte demandante, en la
medida que los ingresos correspondían a honorarios y que su calificación como derivados
de la prestación personal de servicios no había sido controvertida, por lo que mantuvo la
determinación efectuada por la UGPP.

Fundamentos de la vulneración

La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos constitucionales fundamentales con ocasión de las providencias proferidas el 15

2 Proceso con radicación no. 25000-23-37-000-2018-00772-00/02.

3 Sostiene que la falta de claridad del régimen aplicable para el año 2014 pudo generarle la convicción
razonable de no encontrarse obligado a efectuar los aportes en los términos determinados posteriormente por
la UGPP y que, por ello, debía examinarse si ese error de comprensión del ordenamiento excluía la
culpabilidad requerida para imponer la sanción por omisión.
4 Decisión notificada por correo electrónico el 13 de febrero de 2026.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06440-00
Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
Acción de tutela

de febrero de 2024 y 12 de febrero de 2026, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los
defectos sustantivo, fáctico y decisión sin motivación.

En cuanto al defecto sustantivo, adujo que se aplicó indebidamente y de forma automática
la regla del 40 % prevista en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, sin establecer
previamente que la totalidad de sus ingresos correspondiera a honorarios derivados de una
prestación personal de servicios; además, que no se diferenció entre las distintas fuentes y
naturaleza de sus ingresos.

Frente al defecto fáctico, sostuvo que las autoridades judiciales realizaron una valoración
arbitraria e incompleta del material probatorio, en particular la certificación contable, la
documentación relativa a ingresos obtenidos por servicios prestados en el exterior, los
costos y gastos, la composición mensual de los ingresos y las autoliquidaciones y pagos
efectuados el 27 de octubre de 2017, pruebas que podían incidir en la determinación del
IBC y en las sanciones.

Por último, manifestó que la decisión se profirió sin motivación suficiente, pues, la Sección
Cuarta no respondió materialmente varios argumentos planteados, entre ellos los
relacionados con los costos y gastos, la certificación contable, los ingresos provenientes del
exterior, los pagos efectuados durante la actuación administrativa, el supuesto error
razonable de derecho y la culpabilidad y proporcionalidad de la sanción por omisión.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las siguientes
súplicas:

“PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales del señor CARLOS EDUARDO
CASTELLANOS CAMACHO al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, vulnerados por las
sentencias del quince (15) de febrero de 2024 y del doce (12) de febrero de 2026
proferidos por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A y el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
CUARTA.

SEGUNDA. Dejar sin efectos la sentencia del doce (12) de febrero de 2026, por
medio del cual se resolvió el recurso de apelación y confirmó la sentencia del
quince (15) de febrero de 2024, dentro del expediente 25000-23-37-000-2018-
00772-00 y en su apelación 25000-23-37-000-2018-00772-02.

TERCERA. Ordenar al CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA, que
profiera nueva decisión que valore integralmente la declaración de renta y los

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06440-00
Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
Acción de tutela

soportes de costos y gastos aportados, para la correcta determinación del Ingreso
Base de Cotización, conforme a la presunción de veracidad del artículo 746 del
Estatuto Tributario
SUBSIDIARIA:

PRIMERA. Que se ordene a la UGPP ajustar la liquidación conforme a la
valoración integral de ingresos, costos y gastos debidamente soportados.

SEGUNDA. Que se SUSPENDA PROVISIONALMENTE la exigibilidad de las
obligaciones y sanciones contenidas en los actos administrativos demandados,
hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción de tutela.”. (índice 2, Samai)

Actuación procesal

Mediante auto de 18 de agosto de 2026 (índice 5, Samai), se admitió la acción de tutela y
se ordenó la notificación del presidente y los magistrados integrantes de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado y de la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y al director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción; además, se negó la medida
provisional solicitada.

Intervenciones de las autoridades demandadas

El magistrado ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado5 solicitó declarar
improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional, por cuanto el actor pretende
reabrir el debate resuelto en el proceso ordinario e introducir asuntos que no planteó
oportunamente en la demanda, como la existencia de ingresos provenientes de actividades
distintas de la prestación personal de servicios, los ingresos obtenidos en el exterior y el
error en la interpretación de las normas como causal de exoneración de la sanción por
omisión.

Explicó que el IBC se calculó válidamente sobre el 40 % de los honorarios percibidos por
servicios personales, conforme al artículo 18 de la Ley 1122 de 2007; que el certificado
contable no debía examinarse respecto de cuestiones probatorias ajenas a los cargos
formulados y que las autoliquidaciones de pensión sí fueron valoradas, pero no permitían
excluir la sanción por omisión porque se presentaron después de la notificación del
requerimiento e, incluso, de la liquidación oficial.

5 Índice 19, Samai.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06440-00
Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
Acción de tutela

La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca6
sostuvo que la tutela es improcedente porque pretende reabrir un debate jurídico ya resuelto
por los jueces naturales y utilizar el amparo como una tercera instancia.

En la sentencia examinó los cargos planteados en la demanda y concluyó que para 2014 sí
existía regulación legal suficiente para determinar los aportes de los trabajadores
independientes, que el actor, en su condición de comerciante con capacidad económica,
estaba obligado a afiliarse y cotizar y que resultaba procedente determinar el IBC conforme
a las normas vigentes para esa época.

Las planillas de pensión presentadas después de la liquidación oficial acreditaban una
afiliación y pago tardíos y no eliminaban la conducta sancionable.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP)7 solicitó negar el amparo por cuanto la acción de tutela
pretende reabrir, como una instancia adicional, una controversia ya sometida al juez natural.

La providencia cuestionada no incurrió en los defectos alegados, pues la autoridad judicial
valoró razonablemente el material probatorio y motivó su decisión conforme a los
argumentos oportunamente planteados en el proceso ordinario, sin que estuviera obligada
a pronunciarse sobre cuestionamientos nuevos introducidos posteriormente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento

6 Índice 17, Samai.

7 Índice 19, Samai.

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Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
Acción de tutela

preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado y a la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales antes
mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 15
de febrero de 2024 y 12 de febrero de 2026, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los
defectos sustantivo, fáctico y decisión sin motivación.

La Sala considera preciso advertir que, si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente
contra las providencias de primera y segunda instancia, proferidas en el trámite del proceso
ordinario, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a esta última por cuanto fue la
que definió la situación jurídica particular.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente la
acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a los
defectos sustantivo y fáctico y la negará respecto de la decisión sin motivación, por las
razones que procederán a exponerse:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos los
asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de los

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Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
Acción de tutela

jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la seguridad
jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte
Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de requisitos
generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a preservar el
carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales está la imperiosa
necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina, verdadera y
marcada relevancia constitucional.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el
cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se convierta en una
instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente8, la Corte ha reiterado que
la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un medio
para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez natural o
reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional sólo puede
intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se
proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte derechos
fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional enfatizó
que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la interpretación de
normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de manera que las
controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales de un derecho,

8 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

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Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
Acción de tutela

como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal9”, carecen,
en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de manera específica una
afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este presupuesto
aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto constitucional, sino uno
meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca una instancia adicional
para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la intención de revivir los
términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar, en
abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso que “no
basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales10”, enfatizando en que
corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de
rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las mencionadas
sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional fueron
específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho fundamental,
en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de naturaleza
constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir a la
providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos desbordan
el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un derecho
fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más allá de la

9 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
Acción de tutela

mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando
la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.”.11

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de tutela
se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela no
puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios legalmente
concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la intención
de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar la
interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de una
verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica es
que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa hipótesis se
está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente mandatos

11 Idem.

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Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
Acción de tutela

superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron
investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios, de
modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina y
marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden a
evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de contenido
las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no puede ni debe
confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas por los jueces
naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o arrogarse
competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave, concreta
y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión judicial arbitraria
o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión dirigida a replantear
discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el proceso ordinario,
mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción para
cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido por la
propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis comporta un
escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios12” (negrillas adicionales).

12 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel Cabo.

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Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
Acción de tutela

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales, en
tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica, que
la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y comporta una
afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al juez
de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende emplearlo
para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias o jurídicas
ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente cuando se
supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados en el caso
concreto.

2.2 El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) La parte demandante afirmó que se aplicó indebidamente y de forma automática la regla
del 40% prevista en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, sin establecer previamente que
la totalidad de sus ingresos correspondiera a honorarios derivados de una prestación
personal de servicios; además, que no se diferenció entre las distintas fuentes y naturaleza
de sus ingresos.

2) Asimismo, sostuvo que las autoridades judiciales realizaron una valoración arbitraria e
incompleta del material probatorio, en particular la certificación contable, la documentación
relativa a ingresos obtenidos por servicios prestados en el exterior, los costos y gastos, la
composición mensual de los ingresos y las autoliquidaciones y pagos efectuados el 27 de
octubre de 2017, pruebas que podían incidir en la determinación del IBC y en las sanciones.

3) No obstante, como ya se ha decidido en casos similares donde se discuten controversias
similares13, para la Sala es claro que el asunto carece de relevancia constitucional, ya que
los fundamentos que soportan la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera
exclusiva a discutir argumentos que fueron debatidos, analizados y resueltos en el trámite
del recurso de apelación presentado contra la providencia del 15 de febrero de 2024,
oportunidad en la cual la parte demandante indicó, en términos similares a los que ahora

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 12 de marzo de 2026, exp. 11001-03-15-

000-2026-01375-00 (AC).

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-06440-00
Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
Acción de tutela

plantea, que para el año 2014 no existía una base gravable clara para determinados
trabajadores independientes, que no resultaba procedente aplicar automáticamente la regla
del 40%, que debían excluirse los ingresos provenientes de servicios prestados en el
exterior, que no se valoró la certificación contable aportada y que debía revocarse la sanción
por omisión, porque presentó las autoliquidaciones y efectuó el pago de los aportes a
pensión durante la actuación administrativa.

4) Tales planteamientos fueron abordados y resueltos en la sentencia del 12 de febrero de
2026, mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la decisión que
negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto para los
periodos objeto de discusión existía regulación aplicable para determinar el IBC de los
trabajadores independientes y que, en el caso concreto, resultaba procedente establecerlo
sobre el 40 % de los honorarios mensuales percibidos, de acuerdo con la naturaleza de los
ingresos determinada por la UGPP.

5) La autoridad judicial consideró que la determinación efectuada por la UGPP se ajustaba
a la normativa aplicable y que los argumentos y elementos probatorios invocados por el
apelante no permitían establecer una base de cotización distinta a la determinada en los
actos administrativos demandados.

6) Asimismo, estimó que los planteamientos y las pruebas invocados por el apelante no
desvirtuaban que los ingresos tenidos en cuenta por la UGPP correspondieran a honorarios
derivados de la prestación personal de servicios, para lo cual valoró, entre otros aspectos,
la naturaleza de los ingresos, la determinación del IBC sobre el 40% de los honorarios
mensuales percibidos y las autoliquidaciones de los aportes a pensión presentadas el 27 de
octubre de 2017, respecto de las cuales concluyó que no tenían la virtualidad de eliminar la
sanción por omisión, así:

“2.2- Conforme al criterio de decisión de la Sección que se reitera, para los
periodos de 2014, la base gravable de los aportes a pensión y salud a cargo
de los trabajadores independientes sí estaba fijada en la ley. En concreto,
para los aportes a pensión, el IBC corresponde al definido en los artículos 15
y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3.° y 6.° de la Ley
797 de 2003, conforme a los cuales hacen base de esas contribuciones «los
ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos» que, en todo
caso, «no podrá ser inferior al salario mínimo» ni superar «25 salarios
mínimos legales mensuales vigentes» (artículo 18 ibidem recogido en el artículo
3.° del Decreto 510 de 2003). En línea con lo anterior, dispuso el artículo 1.° del
Decreto ibidem que «se entienden por ingresos efectivamente percibidos por el
afiliado, aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal. Para este efecto,

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podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para
desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el
artículo 107 del Estatuto Tributario».

(…).

2.3- Con miras a resolver la litis planteada en el sub lite, conviene también
señalar que para los trabajadores independientes cuyos ingresos se originan
por la prestación de servicios personales, el artículo 18 de la Ley 1122 de
2007 (vigente para la época de los hechos) previó una base gravable especial
que corresponde al 40% del monto de los honorarios acordados.

2.4- Conforme a lo expuesto, para la Sala no le asiste razón al demandante al
sostener que, para los periodos objeto de la litis, el IBC de las contribuciones
a pensión y salud no se encontraba definido en la ley por la falta de adopción
del mecanismo de presunción de ingresos al que aluden los artículos 18 de
la Ley 1122 de 2007 y 33 de la Ley 1438 de 2011. Ello es así porque tales
disposiciones se refieren exclusivamente a los aportes a salud y deben
interpretarse de manera sistemática con las demás normas que regulan la
materia, de las cuales se desprende que, en todo caso, el IBC debe
conformarse por los ingresos reales del aportante y corresponde a la misma
base gravable prevista para las cotizaciones a pensión, esto es, los ingresos
depurados con las expensas en las que se haya incurrido para su obtención.

En línea con lo anterior, la Sala también advierte que, mediante la Resolución
RDC-2018 00658 del 23 de julio de 2018 (ff. 82 a 98), la demandada, con
fundamento en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, determinó los aportes a
cargo del actor tomando como base el 40% de los ingresos mensuales por
concepto de honorarios, los cuales se encontraban demostrados con las
facturas de venta allegadas al procedimiento de gestión de los aportes. Ello,
al considerar acreditada la «prestación personal del servicio» (f. 90), en la medida
en que dichos honorarios se pagaron por jornadas de capacitación dictadas por el
aportante. Esa calificación de la actividad económica desarrollada durante los
periodos sub examine no fue controvertida por el demandante, de modo que
corresponde a la Sala confirmar la decisión del tribunal en cuanto avaló la
determinación de la base gravable y el cálculo de los aportes efectuados por
la demandada. En consecuencia, el cargo de apelación no prospera.

(…).

En el caso concreto, la Sala constata –y no es objeto de controversia entre las
partes– que el demandante presentó las declaraciones de los aportes a
pensión correspondientes a los periodos del año 2014 el 27 de octubre de
2017 (f. 145), esto es, con posterioridad a la notificación de la liquidación
oficial de dichos aportes, que ocurrió el 04 de agosto de 2017 (índice 37). En
esas condiciones, el alegato relativo a excluir la sanción por omisión resulta
incompatible con el supuesto normativo que habilita la exoneración. Así,
dado que el actor presentó las declaraciones de los aportes a pensión de los
periodos debatidos después de haber sido notificado del requerimiento para
declarar o corregir e incluso luego de la notificación del acto definitivo, no se
configuró el supuesto previsto en el ordinal 1.º del artículo 179 de la Ley 1607
de 2012, que exige que la conducta se regularice antes de la notificación del acto
previo.

(…).

4- Por lo razonado en precedencia, como contenido interpretativo de la presente
sentencia, la Sala reitera que, para los periodos de 2014, la ley sí señaló la
forma de calcular el IBC de las cotizaciones a pensión y salud por parte de

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los trabajadores independientes, la cual corresponde a los ingresos
percibidos menos los costos y gastos asociados a la actividad lucrativa,
teniendo como base mínima un SMMLV y máxima 25 SMMLV. Sin perjuicio de
ello, cuando se trate de la prestación personal de un servicio, la base gravable
de dichas cotizaciones corresponde al 40% de los ingresos percibidos por el
sujeto pasivo. Asimismo, la Sala precisa que la presentación de las declaraciones
de las contribuciones solo excluye la imposición de la sanción por omisión cuando
se realice antes de la notificación del requerimiento para declarar o corregir, de
manera que, si la regularización de la conducta infractora ocurre en una etapa
posterior del procedimiento de gestión, procede únicamente la dosificación de la
sanción en los términos previstos en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012,
modificado por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016.”. (archivo disponible en
medio magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 15, negrillas de la Sala).

7) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional, la parte demandante reproduce sustancialmente los mismos argumentos
expuestos en el trámite ordinario, dirigidos a sostener que las autoridades judiciales
aplicaron indebidamente la regla del 40% y realizaron una errónea valoración del material
probatorio, pues, no diferenciaron la naturaleza y fuente de sus ingresos ni valoraron
adecuadamente la certificación contable, los costos y gastos, los ingresos obtenidos por
servicios prestados en el exterior y las autoliquidaciones y pagos efectuados durante la
actuación administrativa.

8) Así pues, si bien la parte demandante pretende presentar dicha situación como un defecto
fáctico y sustantivo, lo cierto es que los fundamentos de la acción de tutela constituyen una
reiteración de los argumentos resueltos en el proceso ordinario, con el propósito de
cuestionar la valoración de las pruebas relacionadas con la naturaleza y composición de
sus ingresos y la interpretación de las normas que regulaban el ingreso base de cotización
de los trabajadores independientes para el año 2014, para que el juez constitucional adopte
una conclusión distinta a la alcanzada por los jueces naturales.

9) Para la Sala resulta claro que el Consejo de Estado, cuando resolvió el recurso de
apelación, concluyó que la determinación de los aportes efectuada por la UGPP se ajustaba
a la normativa aplicable, tras examinar los argumentos relacionados con la base de
cotización y los elementos obrantes en el expediente, por lo que confirmó la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda.

10) En ese sentido, consideró que los argumentos y elementos probatorios invocados por
la parte demandante no permitían establecer una base de cotización distinta a la
determinada por la UGPP ni desvirtuaban la procedencia de la sanción por omisión, pues

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las autoliquidaciones de los aportes a pensión fueron presentadas con posterioridad a la
oportunidad legalmente prevista para excluir la consecuencia sancionatoria.

11) En consecuencia, la inconformidad de la parte actora no evidencia una actuación
arbitraria o caprichosa de las autoridades judiciales, sino un desacuerdo con la valoración
probatoria y la interpretación jurídica acogidas en las providencias cuestionadas, lo cual, por
sí solo, no configura los defectos alegados en la acción de tutela.

12) Por consiguiente, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia no
reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

2.2 Análisis de la decisión sin motivación

1) La parte demandante sostuvo que la providencia cuestionada no respondió
materialmente varios de los planteamientos formulados durante el proceso, relacionados,
entre otros aspectos, con los costos y gastos, la certificación contable, los pagos efectuados
durante la actuación administrativa y la sanción por omisión.

2) Asimismo, reprochó que no se hubieran examinado los argumentos relativos a los
ingresos provenientes del exterior y al supuesto error razonable de derecho, pese a que la
autoridad judicial los consideró planteamientos nuevos introducidos en el recurso de
apelación, y cuestionó la ausencia de un análisis suficiente sobre la culpabilidad y
proporcionalidad de la sanción.

3) Sin embargo, en relación con los ingresos provenientes de servicios prestados en el
exterior, la Sala advierte que este aspecto sí hizo parte de la controversia planteada en el
proceso ordinario, pues, en efecto, el demandante cuestionó la composición y naturaleza de
los ingresos tenidos en cuenta por la UGPP y, posteriormente, insistió en su recurso de
apelación en la exclusión de aquellos derivados de servicios prestados en el exterior.

4) A su vez, la Sección Cuarta examinó la determinación del ingreso base de cotización y
concluyó que los ingresos correspondían a honorarios derivados de la prestación personal
de servicios de capacitación, calificación que no encontró desvirtuada por el demandante y
con fundamento en la cual mantuvo la aplicación del 40 % de los ingresos mensuales

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percibidos.

7) Por tanto, aunque el demandante estime que la autoridad judicial debió efectuar un
análisis diferenciado respecto del lugar en el que fueron prestados determinados servicios,
no se advierte una ausencia de motivación sobre ese aspecto, en la medida que la
providencia cuestionada contiene una razón identificable para mantener la determinación
efectuada por la UGPP, relacionada con la naturaleza atribuida a los ingresos percibidos
por el actor, por lo cual, su inconformidad recae sobre el alcance de la respuesta ofrecida
por el juez natural y la conclusión alcanzada, pero no demuestra que la decisión carezca de
motivación.

8) De otra parte, el demandante reprochó que no se hubiera estudiado el denominado error
razonable de derecho como circunstancia excluyente de culpabilidad respecto de la sanción
por omisión, por cuanto para el año 2014 existía incertidumbre acerca del régimen aplicable
a los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios y de la forma de
determinar su ingreso base de cotización, circunstancia que, en su criterio, pudo generar la
convicción razonable de no encontrarse obligado a efectuar los aportes en los términos
posteriormente determinados por la UGPP.

9) Sin embargo, la falta de un pronunciamiento de fondo sobre ese argumento no permite
configurar el defecto alegado, pues la Sección Cuarta explicó las razones por las cuales no
correspondía examinarlo en segunda instancia y consideró que el error de derecho
constituía un planteamiento nuevo introducido con el recurso de apelación, que no había
integrado la causa petendi de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y
respecto del cual la UGPP no había tenido oportunidad de ejercer contradicción y defensa.

10) En ese sentido, la autoridad judicial no guardó silencio frente al planteamiento, sino que
expuso una razón de orden procesal para abstenerse de resolverlo materialmente.

11) Así, exigir a la Sección Cuarta que resolviera de fondo un argumento que consideró
ajeno al marco de la controversia fijado desde la demanda habría supuesto ampliar en
segunda instancia el objeto del litigio, con incidencia en el derecho de contradicción de la
contraparte.

12) Por consiguiente, con independencia de que el demandante discrepe de esa
determinación, la providencia contiene una justificación concreta acerca de las razones por

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las cuales no abordó materialmente el error razonable de derecho, lo que descarta la
ausencia de motivación que se le atribuye.

13) De igual forma, no se advierte falta de motivación respecto de las autoliquidaciones y
pagos efectuados durante la actuación administrativa, en la medida que la Sección Cuarta
examinó esa circunstancia y tuvo en cuenta que las autoliquidaciones correspondientes a
los aportes a pensión fueron presentadas el 27 de octubre de 2017, esto es, con
posterioridad a la actuación administrativa relevante para efectos de la sanción por omisión,
y explicó las consecuencias jurídicas que derivaban de esa presentación frente a la sanción
discutida.

14) En esas condiciones, la providencia cuestionada permite identificar las razones jurídicas
y fácticas que condujeron a confirmar la decisión de primera instancia, por lo cual, la
circunstancia de que el demandante considere insuficiente el análisis efectuado respecto de
los ingresos provenientes del exterior, discrepe de los efectos atribuidos a las
autoliquidaciones y pagos o estime que debía estudiarse de fondo el error razonable de
derecho no permite concluir que la sentencia carezca de motivación, pues la autoridad
judicial se pronunció sobre los aspectos sometidos válidamente a su consideración y justificó
aquellos que no podían ser examinados materialmente en segunda instancia.

15) En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a los defectos sustantivo y
fáctico y la negará respecto de la decisión sin motivación, por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

2º) Niégase la acción de tutela respecto de la decisión sin motivación, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

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3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una
vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Presidente de la Subsección (firmado electrónicamente)
(firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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