Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00772-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00772-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00772-02
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
12 de febrero de 2026
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00772-02 (28973)
Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00772-02 (28973)
Demandante: Carlos Eduardo Castellanos Camacho
Demandada: UGPP
Temas: Aportes a pensión y salud. 2014. Trabajadores independientes. Base
de cotización. Sanción por omisión.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
del 15 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, que resolvió (índice 45):
Primero: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
Segundo: No se condena en costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante el Requerimiento para Declarar o Corregir RCD-2016-03449, del 22 de
diciembre de 2016 (f. 145), la demandada propuso al actor afiliarse, declarar y pagar los
aportes a pensión y salud correspondientes a todos los periodos del año 2014. Al dar
respuesta al acto previo, el actor controvirtió su sujeción pasiva frente a dichos aportes;
pero, aportó las declaraciones de los aportes a salud que había presentado respecto de
los periodos requeridos (índice 37).
Con fundamento en lo anterior, mediante la Liquidación Oficial RDO-2017-02372, del 24
de julio de 2017 (ff. 46 a 78), la demandada modificó las cotizaciones a salud
autoliquidadas por el actor y le impuso sanción por inexactitud. De igual forma, determinó
los aportes a pensión a su cargo y lo sancionó por su omisión. En la oportunidad para
interponer el recurso de reconsideración, el actor allegó las autoliquidaciones de los
aportes a pensión correspondientes a los periodos debatidos, presentadas el 27 de
octubre de 2017 (f. 145). Al resolver el recurso de reconsideración mediante la Resolución
RDC-2018-00658, del 23 de julio de 2018 (ff. 82 a 98), la demandada modificó la
liquidación oficial al establecer que la base gravable de los aportes a cargo del
demandante debía determinarse en el 40% de los ingresos mensuales percibidos, dada
su naturaleza de honorarios originados de la prestación personal de servicios de
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capacitación. En consecuencia, disminuyó el monto de los aportes correspondientes a
los periodos de enero a abril, junio y agosto de 2014, así como las sanciones por omisión
e inexactitud impuestas respecto de dichos periodos. Para los demás meses, confirmó la
liquidación oficial, al estimar que la base gravable así determinada se encontraba limitada
a 25 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes). Finalmente, precisó que las
declaraciones del 27 de octubre de 2017 serían valoradas en la etapa de cobro coactivo,
por haber sido presentadas con posterioridad al acto definitivo.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), el actor formuló las siguientes pretensiones (ff. 2 y 3):
Principales:
1. Que se declare la nulidad de la Resolución RDC-2018-00658, del 23 de julio de 2018, mediante
la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial RDO-2017-
02372, del 24 de julio de 2017 que determinó, liquidó y sancionó al actor por el pago de los aportes
a salud y pensión…
2. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial RDO-2017-02372, del 24 de julio de 2017,
mediante la cual la UGPP determinó, liquidó y sancionó al actor por el pago de los aportes a salud y
pensión…
3. Que se ordene a la UGPP a revocar la sanción por omisión por evidenciarse los aportes a pensión
por todos los periodos del año 2014 mediante declaraciones del 27 de octubre de 2017.
4. Que, a título de restablecimiento del derecho, se indemnice por daños y perjuicios causados, al
demandante, conforme las facturas de servicios en los que incurrió el actor y las declaraciones de
los aportes que presentó con ocasión de los actos demandados.
Subsidiarias:
1. Que se tenga como IBC la suma de un SMMLV del año 2014, por cuanto para la época de los
hechos, los elementos del tributo del pago de aportes no estaban tipificados para los independientes
sin contrato de prestación de servicios y los rentistas de capital.
2. Que se tenga como parámetro de la determinación del tributo el 40% de la renta liquidada (utilidad)
en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable, con base en el artículo 135 de la Ley
1753 de 2015.
A los anteriores efectos invocó como normas vulneradas los artículos 29, 150, 338 y 363
constitucionales; 1.° a 3.° de la Ley 153 de 1887; 714 del ET (Estatuto Tributario); 3.°, 52,
90, 157, 177 y 204 de la Ley 100 de 1993; 2.° a 7.° de la Ley 797 de 2003; 10 y 18 de la
Ley 1122 de 2007; 33 de la Ley 1438 de 2011; 2.° de la Ley 1562 de 2012; 179 de la Ley
1607 de 2012; 319 de la Ley 1819 de 2016; 26 del Decreto 806 de 1996; 16 del Decreto
1406 de 1999; 1.°, 3.° y 5.° del Decreto 510 de 2003; 1.° del Decreto 4982 de 2007; 5.°
del Decreto 3033 de 2013; y 13 del Decreto 723 de 2013, bajo el siguiente concepto de
violación (ff. 8 a 42):
Sostuvo que la demandada vulneró las normas en que debió fundarse al determinar a su
cargo aportes a pensión y salud correspondientes a los periodos del año 2014, por cuanto
para dichos periodos el legislador no había definido los elementos del hecho generador
de tales contribuciones respecto de los «independientes sin contrato de prestación de
servicios y de los rentistas de capital». Afirmó que no podía entenderse reglado el
elemento material del hecho imponible en la letra d. del artículo 26 del Decreto 806 de
1998, en la medida en que ello desconocía la exigencia de claridad y precisión propia de
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las obligaciones tributarias, pues equiparar dicho elemento a la capacidad de pago
implicaba someter a imposición cualquier tipo de ingreso. Agregó que la ausencia de
definición del aspecto material del hecho generador impedía, a su vez, la identificación
de los sujetos de la obligación tributaria. En relación con la sujeción pasiva, puntualizó
que, aunque el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 preveía a los trabajadores
independientes con capacidad de pago, tal concepto carecía del grado de concreción
requerido para sustentar una obligación tributaria y, en todo caso, no comprendía a los
rentistas de capital, quienes no habrían sido previstos por el legislador como sujetos
pasivos de tales cotizaciones.
Adujo que el ordenamiento jurídico tampoco había fijado la base gravable de dichos
aportes, en la medida en que el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 supeditó su
determinación a la reglamentación por parte del Gobierno nacional de un sistema de
presunción de ingresos. Indicó que los artículos 19 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 6.º de la Ley 797 de 2003, y 1.º del Decreto 510 de 2003, relativos a los
independientes sin contrato de prestación de servicios, omitieron delimitar el concepto de
ingresos percibidos. Con todo, consideró que tales disposiciones no resultaban aplicables
al sub examine, por cuanto no se referían a los rentistas de capital, quienes carecían de
la connotación de trabajadores independientes en tanto no prestaban servicios,
circunstancia que, a su juicio, había sido reconocida por la Corte Constitucional en la
sentencia T-903 de 2010. Añadió que el artículo 1.º ibidem impuso el deber de presentar
anualmente ante las administradoras de pensiones un formato con el reporte del IBC
(ingreso base de cotización), obligación que estimó de imposible aplicación práctica, dado
que las cotizaciones debían efectuarse de manera mensual y anticipada, lo que implicaba
proyectar ingresos gravables que podrían no coincidir con los efectivamente percibidos,
con la consecuente necesidad de corregir las autoliquidaciones y asumir intereses
moratorios en perjuicio de los obligados. En ese contexto, alegó que las tarifas previstas
en los artículos 20 y 204 de la Ley 100 de 1993 –este último modificado por el artículo 10
de la Ley 1122 de 2007– eran inaplicables al no estar definida la base gravable.
Afirmó que, mediante la resolución que decidió el recurso de reconsideración, la
demandada pretendió efectuar «un ajuste de las planillas sobre un ingreso base de
cotización equivalente al 100% de los ingresos declarados», desconociendo que el
Gobierno nacional no había reglamentado el sistema de presunción de ingresos.
Asimismo, sostuvo que las disposiciones que sirvieron de fundamento a los actos
demandados –esto es, los artículos 66 del Decreto 806 de 1998, 19 de la Ley 797 de
2003 y 3.º del Decreto 510 de 2003– habían sido derogadas tácitamente por los artículos
18 de la Ley 1122 de 2007 y 33 de la Ley 1438 de 2011. Por ende, insistió en que
resultaba improcedente que la demandada adelantara labores de fiscalización y sanción
por la falta de declaración y pago de los aportes, pues para los periodos objeto de análisis
no existía certeza sobre la forma de calcularlos. Indicó que prueba de ello era que las
operadoras de las planillas no tenían habilitado un formato para su autoliquidación y que
solo a partir del 01 de octubre de 2018, con la entrada en vigor del artículo 3.2.7.6 del
Decreto 1273 de 2018, se habilitó el pago de dichas contribuciones mes vencido.
Con todo, cuestionó que la demandada hubiera determinado los aportes a pensión y
salud a partir de la mensualización de los ingresos autoliquidados en el impuesto sobre
la renta, por cuanto se trataba de una declaración anual, mientras que para efectos de
las cotizaciones debían considerarse los ingresos efectivamente percibidos en cada mes.
De igual forma, reprochó que su contraparte desconociera los costos y gastos declarados
en dicha autoliquidación tributaria, cuyo eventual rechazo le correspondería a la DIAN
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y que esa declaración se encontraba en
firme conforme a lo dispuesto en el artículo 714 del ET. Agregó que si se estimase que
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era procedente realizar las cotizaciones en los periodos debatidos, debían determinarse
tomando como base un SMMLV o, en su defecto, conforme al cálculo previsto en el
artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.
Finalmente, se opuso a la sanción por omisión impuesta respecto de los aportes a
pensión, porque subsanó la infracción con la presentación de las declaraciones tras la
expedición de la liquidación oficial, circunstancia que, a su juicio, conllevaba a revocar
esa multa y, eventualmente, la imposición de una sanción por inexactitud.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones del demandante (ff. 119 a 131). Al efecto,
sostuvo que las cotizaciones a pensión y salud a cargo del actor correspondientes a los
periodos del año 2014 debían determinarse con base en el 40% de los ingresos
mensuales percibidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1122
de 2007. Lo anterior, por cuanto la declaración del impuesto sobre la renta, las facturas
y el certificado expedido por un contador que obraban en el expediente administrativo
acreditaban que los ingresos percibidos por el demandante fueron honorarios por la
prestación personal de servicios de capacitación.
Indicó que, aun bajo el entendido de que el demandante tuviera la condición de trabajador
independiente sin contrato de prestación de servicios, se encontraba sujeto a los aportes
a pensión y salud, en la medida en que contaba con capacidad de pago, lo que estaba
demostrado con las pruebas recaudadas en el procedimiento administrativo. Explicó que,
conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-578 de 26 de agosto
de 2009 (MP: Juan Carlos Henao Pérez), al interpretar los artículos 157 y 204 de la Ley
100 de 1993, la categoría de trabajadores independientes prevista en la normativa
aplicable a dichos aportes comprendía tanto a quienes prestaban servicios por cuenta
propia como a los rentistas de capital. Agregó que el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011
estableció una presunción de capacidad de pago respecto de los declarantes del
impuesto sobre la renta y dispuso que la base gravable de los aportes debía concordar
con los ingresos declarados para efectos de dicho tributo.
Asimismo, señaló que, para los periodos objeto de controversia, el IBC se encontraba
definido en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto reglamentario 510 de
2003, aplicable también a las cotizaciones a salud por remisión expresa del artículo 3.º
de ese mismo decreto. Precisó que dichas disposiciones establecían que las cotizaciones
debían efectuarse con base en los ingresos efectivamente percibidos, entendidos como
los ingresos mensuales menos las erogaciones que cumplieran los requisitos previstos
en el artículo 107 del ET y se encontraran debidamente soportadas, dentro de los límites
mínimos y máximos de uno y 25 SMMLV. Por ende, consideró improcedente detraer del
IBC las aminoraciones declaradas por el actor en la autoliquidación del impuesto sobre
la renta, por cuanto no se aportaron las pruebas exigidas por los artículos 617 y 771-2
del ET, lo que, a su vez, impedía verificar el cumplimiento de los requisitos de causalidad,
necesidad y proporcionalidad. Al respecto, precisó que contaba con competencia para
verificar las expensas susceptibles de detraerse del IBC de los aportes, con
independencia de las facultades atribuidas a la DIAN.
Finalmente, sostuvo que la presentación de las declaraciones y el pago de las
cotizaciones a pensión efectuados por el demandante no excluían la sanción por omisión
impuesta, dado que se realizaron con posterioridad a la expedición del acto definitivo.
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Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda, pero se abstuvo de condenar en costas
(índice 45). Juzgó que, para los periodos objeto de controversia, la letra d) del artículo 26
del Decreto 806 de 1998 reglamentó los artículos 154 y 157 de la Ley 100 de 1993 e
incluyó como sujetos obligados a realizar aportes a salud a los trabajadores
independientes, a los rentistas de capital y a los propietarios de empresa. En línea con
ello, la Corte Constitucional, en la sentencia C-578 de 2009, concluyó que todas las
personas con capacidad de pago se encontraban obligadas a realizar aportes a pensión
y salud en calidad de independientes. En ese contexto, consideró que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, la declaración del impuesto
sobre la renta presentada por el actor correspondiente al año gravable 2014 acreditaba
su capacidad de pago y, por ende, su obligación de efectuar las cotizaciones en los
periodos fiscalizados.
En relación con la base gravable de los aportes, estimó que esta se encontraba definida
en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3.º de la Ley 797 de
2003, como los ingresos reportados por el obligado ante las administradoras respectivas,
los cuales debían guardar correspondencia con los efectivamente percibidos. Precisó que
dichos ingresos correspondían a los ingresos mensuales menos los costos y gastos que
cumplieran los requisitos previstos en el artículo 107 del ET y se encontraran
debidamente soportados, sin que el IBC pudiera ser inferior a un SMMLV ni superior a 25
SMMLV, conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993,
reglamentados por los artículos 1.º y 3.º del Decreto 510 de 2003 y el artículo 6.º de la
Ley 797 de 2003. De otra parte, aclaró que la demandada tenía la potestad para verificar
la veracidad de los datos reportados en la declaración del impuesto sobre la renta, con el
fin de determinar correctamente las contribuciones a cargo del demandante. Si bien
coincidió con el actor en que los costos y gastos autoliquidados en dicha declaración
debían ser considerados para la depuración del IBC, concluyó que no era procedente
ajustarlo en el caso, en la medida en que omitió allegar esa liquidación privada como
medio de prueba dentro del proceso. Asimismo, descartó la aplicación del IBC previsto
en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, al considerar que conllevaría desconocer la
prohibición constitucional de aplicación retroactiva de las normas tributarias, dado que
dicha disposición entró en vigor con posterioridad a los periodos controvertidos.
Con todo, señaló que la demandada determinó los aportes a cargo del demandante con
base en el 40% de los ingresos mensuales por este percibidos, al encontrar acreditada
la naturaleza de honorarios de tales ingresos a partir de la declaración del impuesto sobre
la renta y de las facturas correspondientes a los servicios prestados.
Finalmente, avaló la sanción por omisión impuesta, porque estimó que los pagos
efectuados por el demandante con posterioridad a la notificación del acto administrativo
definitivo carecían de aptitud para enervar la conducta infractora sancionada.
Recurso de apelación
El demandante apeló la decisión del tribunal (índice 48) al considerar que desconoció
que, para los periodos objeto de la litis, el legislador no había definido la base gravable
para determinar los aportes a pensión y salud a cargo de los trabajadores independientes
sin contrato de prestación de servicios y de los rentistas de capital. Reiteró que los
artículos 15 y 204 de la Ley 100 de 1993 –el primero modificado por el artículo 3.º de la
Ley 797 de 2003–, 18 de la Ley 1122 de 2007 y 33 de la Ley 1438 de 2011 supeditaron
el IBC de tales contribuciones a la reglamentación de un sistema de presunción de
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ingresos, el cual solo se adoptó con la entrada en vigor del Decreto 1601 de 2022. Por
ende, sostuvo que resultaba improcedente determinar las cotizaciones a su cargo para
los periodos debatidos, ante la ausencia de uno de los elementos del hecho generador
del tributo. Añadió que la exigencia de efectuar los aportes mes anticipado impedía
establecer los ingresos efectivamente percibidos en cada periodo, situación que, en su
criterio, solo fue superada con el artículo 3.2.7.6 del Decreto 1273 de 2018, que dispuso
el pago de las cotizaciones mes vencido.
Expuso que, en el evento de estimarse procedente la obligación de efectuar los aportes
discutidos, debía excluirse de la base gravable los ingresos que percibió de la prestación
personal de servicios en el exterior, los cuales se encontraban debidamente acreditados
con el certificado del contador que fue aportado al trámite administrativo y que, según
señaló, no fue valorado ni por la demandada ni por el a quo.
Asimismo, reiteró que era improcedente la sanción por omisión impuesta respecto de los
aportes a pensión, al considerar que subsanó la conducta infractora durante el
procedimiento administrativo con la presentación de las declaraciones y el pago de dichas
cotizaciones, de modo que la eventual imposición de una multa solo podría corresponder
a la conducta de inexactitud. Finalmente, sostuvo que, en todo caso, debía eximirse de
la imposición de las sanciones por cuanto, si hubiera incurrido en alguna infracción, ello
habría obedecido a un error en la comprensión de las normas aplicables a los aportes a
cargo de los trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios y de los
rentistas de capital, conforme a lo considerado por esta Sección en la sentencia del 11
de noviembre de 2021 (exp. 24719, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
Pronunciamientos sobre el recurso
La demandada y el ministerio público guardaron silencio (índice 12).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1- Contando con cuórum para decidir1, la Sala juzga la legalidad de los actos acusados,
atendiendo a los cargos formulados por el actor, en calidad de apelante único, contra la
sentencia de primera instancia que negó sus pretensiones sin condenarlo en costas. Por
lo apelado, corresponde determinar si, para los periodos del año 2014, el demandante no
estaba obligado a efectuar aportes a pensión y salud, en la medida en que la ley no
preveía la base gravable de esas cotizaciones. En seguida, se analizará si procedía la
imposición de la sanción por omisión respecto de los aportes a pensión, considerando
las liquidaciones privadas presentadas por el demandante con ocasión del recurso de
reconsideración.
Pero la Sala se abstendrá de examinar los cargos de apelación relativos a la
desgravación de los honorarios que, según el demandante, fueron percibidos por la
prestación de servicios personales en el exterior, y a la alegada existencia de un error en
la comprensión de las normas aplicables a los aportes a cargo de los trabajadores
independientes sin contrato de prestación de servicios y de los rentistas de capital como
causal de exoneración punitiva, por cuanto tales planteamientos no fueron incorporados
1
Al respecto, la Sala hace constar que por escrito el consejero de Estado Luis Antonio Rodríguez Montaño manifestó impedimento
para conocer del presente asunto (índice 13). Mediante auto del 02 de octubre de 2025, la Sala aceptó el impedimento, razón por la
cual al consejero se le separó del conocimiento del mismo (índice 18).
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en el concepto de violación formulado en la demanda. En consecuencia, su estudio en
esta instancia implicaría introducir un debate nuevo en sede de apelación, lo que
conduciría a un pronunciamiento incongruente y a la vulneración de los derechos al
debido proceso, a la defensa y a la contradicción de la parte demandada2.
Análisis
2- El apelante único sostiene que no se encontraba obligado a efectuar aportes a pensión
y salud durante los periodos del año 2014, porque el legislador no había definido la base
gravable para su determinación. Afirma que las disposiciones que sirvieron de sustento
a los actos demandados y a la decisión del a quo –esto es, los artículos 15 y 204 de la
Ley 100 de 1993 (el primero modificado por el artículo 3.º de la Ley 797 de 2003), 18 de
la Ley 1122 de 2007 y 33 de la Ley 1438 de 2011– supeditaban el IBC de dichos aportes
a la reglamentación de un sistema de presunción de ingresos, adoptado con posterioridad
a los periodos en discusión, con la entrada en vigor del Decreto 1601 de 2022. En todo
caso, aduce que la exigencia de realizar los aportes mes anticipado impedía establecer
los ingresos efectivamente percibidos en cada periodo gravable.
De los anteriores planteamientos se extrae que el apelante no controvierte el cálculo del
IBC efectuado por la demandada y avalado por el a quo, conforme al cual los aportes a
pensión y salud a su cargo debían determinarse con base en el 40% de los honorarios
percibidos por la prestación de servicios de capacitación. Ello, en tanto que en el recurso
de apelación se limita a sostener que las disposiciones vigentes para los periodos del año
2014 no preveían la base gravable de dichas cotizaciones respecto de los sujetos que
desarrollaban una actividad lucrativa sin contrato de prestación de servicios o percibían
rentas de capital. Por ende, el presente pronunciamiento se circunscribe a resolver ese
asunto de derecho.
2.1- Para decidir, la Sala reiterará en lo pertinente el criterio expuesto, entre otras, en las
sentencias del 14 de septiembre, del 05 y del 11 de octubre de 2023 (exps. 26001, 26673
y 26709, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello) y del 23 de noviembre de 2023 y del 27
de febrero de 2025 (exps. 26822, 26318 y 29032, CP: Wilson Ramos Girón), que
decidieron las mismas cuestiones de derecho planteadas en el presente proceso.
2.2- Conforme al criterio de decisión de la Sección que se reitera, para los periodos de
2014, la base gravable de los aportes a pensión y salud a cargo de los trabajadores
independientes sí estaba fijada en la ley. En concreto, para los aportes a pensión, el IBC
corresponde al definido en los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por
los artículos 3.° y 6.° de la Ley 797 de 2003, conforme a los cuales hacen base de esas
contribuciones «los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos» que, en todo caso, «no
podrá ser inferior al salario mínimo» ni superar «25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes» (artículo 18 ibidem recogido en el artículo 3.° del Decreto 510 de 2003). En
línea con lo anterior, dispuso el artículo 1.° del Decreto ibidem que «se entienden por
ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su
beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y
que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones
previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario».
En cuanto al IBC para las cotizaciones al subsistema de salud, la Sección precisó que
corresponde al mismo previsto para pensiones, puesto que «se compone de los ingresos
2
Sentencias del 26 de julio de 2012 (exp. 18380, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), del 25 de noviembre de 2014 (exp. 19031,
CP: Jorge Octavio Ramírez) y del 19 de febrero y 29 de abril de 2020 (exps. 22748 y 23677, CP: Julio Roberto Piza).
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percibidos por el trabajador independiente, teniendo límites de cotización inferior y
superior (entre uno y 25 SMLMV)» (sentencia citada supra, del 14 de septiembre de
2023). Esto es así porque el parágrafo 2.° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993,
concordante con el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, estableció que el Gobierno debía
reglamentar un sistema de presunción de ingresos «con base en información sobre el
nivel de educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de
operación y el patrimonio de los individuos». En cumplimiento de ese mandato, mediante
el artículo 4.° del Decreto 1070 de 1995, ordenó a la Superintendencia de Salud fijar «el
sistema de presunción de ingresos para los trabajadores independientes, el cual deberá
ser utilizado por las Entidades Promotoras de Salud para determinar la base de
cotización», orden que se materializó mediante la Resolución 9 de 1996. En seguida,
dispuso el artículo 66 del Decreto 806 de 1996, que la base de los aportes de los
trabajadores independientes sería la «determinada sobre los ingresos que calcule la EPS
de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia
Nacional de Salud»; y, posteriormente, el artículo 25 del Decreto 140 de 1999 precisó
que «cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los que
resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho
trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales».
De las anteriores disposiciones, en las sentencias que en esta oportunidad se reiteran, la
Sala concluyó que, al margen de los ingresos determinados bajo el sistema de presunción
referido por el apelante, los aportes a salud también debían atender a los ingresos
realmente percibidos por el cotizante, lo que supone la detracción de las expensas en las
que incurre para su percepción. Lo anterior, concuerda con el mandato previsto en el
artículo 33 de la Ley 1393 de 2010, según el cual «las cotizaciones al Sistema General
de Seguridad Social en Salud deben hacerse sobre la misma base de las cotizaciones …
realizadas al Sistema General de Pensiones», también dispuesto en el artículo 3.° del
Decreto 510 de 2003, que, además, previó que la base gravable mínima y máxima «le es
aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud».
Si bien esas disposiciones aluden a los trabajadores independientes, de conformidad con
la definición que de esa categoría se adoptó por la Corte Constitucional en la sentencia
C-578 del 26 de agosto del 2009 (exp. D-7666, MP: Juan Carlos Henao Pérez), y que se
acogió por esta Sección en los fallos del 01 de agosto de 2019 (exp. 23379, CP: Milton
Chaves García) y 29 de abril de 2021 (exp. 25056 CP: Myriam Gutiérrez Argüello),
comprende a todas las personas naturales que perciben ingresos por la prestación de
servicios o que obtienen rentas de capital, en la medida en que cuentan con capacidad
de pago para estar sujetas a tales aportes.
2.3- Con miras a resolver la litis planteada en el sub lite, conviene también señalar que
para los trabajadores independientes cuyos ingresos se originan por la prestación de
servicios personales, el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 (vigente para la época de los
hechos) previó una base gravable especial que corresponde al 40% del monto de los
honorarios acordados.
2.4- Conforme a lo expuesto, para la Sala no le asiste razón al demandante al sostener
que, para los periodos objeto de la litis, el IBC de las contribuciones a pensión y salud no
se encontraba definido en la ley por la falta de adopción del mecanismo de presunción
de ingresos al que aluden los artículos 18 de la Ley 1122 de 2007 y 33 de la Ley 1438 de
2011. Ello es así porque tales disposiciones se refieren exclusivamente a los aportes a
salud y deben interpretarse de manera sistemática con las demás normas que regulan la
materia, de las cuales se desprende que, en todo caso, el IBC debe conformarse por los
ingresos reales del aportante y corresponde a la misma base gravable prevista para las
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cotizaciones a pensión, esto es, los ingresos depurados con las expensas en las que se
haya incurrido para su obtención.
En línea con lo anterior, la Sala también advierte que, mediante la Resolución RDC-2018-
00658 del 23 de julio de 2018 (ff. 82 a 98), la demandada, con fundamento en el artículo
18 de la Ley 1122 de 2007, determinó los aportes a cargo del actor tomando como base
el 40% de los ingresos mensuales por concepto de honorarios, los cuales se encontraban
demostrados con las facturas de venta allegadas al procedimiento de gestión de los
aportes. Ello, al considerar acreditada la «prestación personal del servicio» (f. 90), en la
medida en que dichos honorarios se pagaron por jornadas de capacitación dictadas por
el aportante. Esa calificación de la actividad económica desarrollada durante los periodos
sub examine no fue controvertida por el demandante, de modo que corresponde a la Sala
confirmar la decisión del tribunal en cuanto avaló la determinación de la base gravable y
el cálculo de los aportes efectuados por la demandada. En consecuencia, el cargo de
apelación no prospera.
3- Por otra parte, el apelante único se opone a la sanción por omisión impuesta respecto
de los aportes a pensión, al considerar que subsanó la conducta infractora en el curso
del procedimiento administrativo con la presentación de las declaraciones y el pago de
dichas cotizaciones. En su criterio, ello excluía la procedencia de la sanción por omisión
y, en todo caso, solo habilita la eventual imposición de una sanción por inexactitud. En
ese contexto, corresponde a la Sala determinar la procedencia de la multa impuesta a
título de sanción por omisión de los aportes a pensión.
Sobre el particular, la Sala precisa que el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, modificado
por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, tipifica como conducta sancionable la omisión
en la afiliación, vinculación y pago de los aportes al Sistema de Protección Social. A su
turno, el artículo 1.º del Decreto 3033 de 2013 establece que dicha omisión se configura
cuando el obligado no ha declarado ni pagado las correspondientes contribuciones.
En cuanto al monto de la sanción, el ordinal 1.º del artículo 179 ibidem –modificado por
el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016, disposición aplicada por la demandada al sub
examine por resultar más favorable al infractor– prevé que al aportante a quien se le haya
notificado requerimiento para declarar o corregir por conductas de omisión o mora se le
propondrá una sanción equivalente al 5% del valor dejado de liquidar, porcentaje que se
incrementa al 10% si el aportante no presenta y paga las autoliquidaciones dentro del
término de respuesta a dicho requerimiento. En contraste, cuando la declaración se
presenta antes de la notificación del requerimiento para declarar o corregir no hay lugar
a sanción.
En el caso concreto, la Sala constata –y no es objeto de controversia entre las partes–
que el demandante presentó las declaraciones de los aportes a pensión correspondientes
a los periodos del año 2014 el 27 de octubre de 2017 (f. 145), esto es, con posterioridad
a la notificación de la liquidación oficial de dichos aportes, que ocurrió el 04 de agosto de
2017 (índice 37). En esas condiciones, el alegato relativo a excluir la sanción por omisión
resulta incompatible con el supuesto normativo que habilita la exoneración. Así, dado que
el actor presentó las declaraciones de los aportes a pensión de los periodos debatidos
después de haber sido notificado del requerimiento para declarar o corregir e incluso
luego de la notificación del acto definitivo, no se configuró el supuesto previsto en el
ordinal 1.º del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, que exige que la conducta se
regularice antes de la notificación del acto previo.
Tampoco comparte la Sala el argumento según el cual la presentación y el pago de las
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autoliquidaciones de los aportes a pensión conllevaría un cambio en el tipo infractor
aplicable, por cuanto la regularización de la conducta tiene incidencia únicamente en la
dosificación de la sanción, en los términos previstos en la ley, mas no en la modificación
del título de imputación previamente definido en el acto preparatorio. En consecuencia,
la presentación de las declaraciones durante el trámite administrativo no implica la
variación de la conducta imputada, como lo ha precisado esta Sección en sentencia del
15 de febrero de 2024 (exp. 27969, CP: Wilson Ramos Girón). Por lo expuesto, el cargo
de apelación no prospera.
Conclusión:
4- Por lo razonado en precedencia, como contenido interpretativo de la presente
sentencia, la Sala reitera que, para los periodos de 2014, la ley sí señaló la forma de
calcular el IBC de las cotizaciones a pensión y salud por parte de los trabajadores
independientes, la cual corresponde a los ingresos percibidos menos los costos y gastos
asociados a la actividad lucrativa, teniendo como base mínima un SMMLV y máxima 25
SMMLV. Sin perjuicio de ello, cuando se trate de la prestación personal de un servicio, la
base gravable de dichas cotizaciones corresponde al 40% de los ingresos percibidos por
el sujeto pasivo. Asimismo, la Sala precisa que la presentación de las declaraciones de
las contribuciones solo excluye la imposición de la sanción por omisión cuando se realice
antes de la notificación del requerimiento para declarar o corregir, de manera que, si la
regularización de la conducta infractora ocurre en una etapa posterior del procedimiento
de gestión, procede únicamente la dosificación de la sanción en los términos previstos
en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artículo 314 de la Ley 1819
de 2016.
Con arreglo a esas pautas, la Sala confirmará la decisión del tribunal, en cuanto negó las
pretensiones del demandante.
Costas
5- De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP (Código General del
Proceso, Ley 1564 de 2012), se condenará en costas a la parte vencida en el proceso.
Dado que no prosperó el recurso de apelación interpuesto por el demandante, se
condenará en costas de esta instancia a esa parte. Al efecto, la Sala fija las agencias en
derecho, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.° del Acuerdo PSAA16-10554 del 05
de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, adicionado por el Acuerdo
PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, y con base en los criterios de decisión
establecidos en la sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson
Ramos Girón), en un (1) SMMLV, y ordenará al tribunal adelantar el correspondiente
incidente de liquidación, en los términos del artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Condenar en costas al actor en esta instancia y fijar las agencias en derecho en el
equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al
respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
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Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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