Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01693-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01693-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01693-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
15 de abril de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01693-00
Demandante: FABIOLA DEL SOCORRO RESTREPO PIEDRAHITA
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD.
Síntesis del caso: la actora cuestionó la sentencia que en única instancia le negó sus
pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que
rechazaron una propuesta de contrato de concesión minera. La Sala encontró que no se superó
el requisito de subsidiariedad en tanto la actora pretende introducir en sede constitucional un
argumento que no fue planteado ni debatido en el proceso ordinario, pese a haber tenido la
oportunidad de hacerlo.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Fabiola del Socorro
Restrepo Piedrahita en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y
trabajo consagrados en los artículos 29 y 25 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2025 en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 11001-03-26-000-
2018-00181-00.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 3 de marzo de 2026. (Índice 0001 del aplicativo
SAMAI)
2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01693-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Acción de tutela
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Presentó propuesta de contrato de concesión minera identificada con el código JHP-
14451 para la exploración y explotación de materiales de construcción en el municipio
de Rionegro (Antioquia), respecto de la cual, según afirmó, se surtieron actuaciones
administrativas que inicialmente arrojaron conceptos favorables y dieron lugar a la
suscripción de la minuta del contrato en el año 2010, la cual no fue perfeccionada por
no ser firmada por la autoridad competente.
2) Posteriormente, hubo modificaciones en las condiciones del proyecto, entre ellas, la
incorporación en el catastro minero de áreas correspondientes al proyecto vial Aburrá
Oriente (Túnel de Oriente), declarado de utilidad pública, lo cual generó una
superposición parcial con el área solicitada y dio lugar a nuevos análisis técnicos sobre
la viabilidad de la explotación minera.
3) En el marco de dicho trámite administrativo, la autoridad minera solicitó conceptos
adicionales y, finalmente, con fundamento en un concepto técnico-jurídico, rechazó la
propuesta de contrato de concesión, mediante la Resolución no. S201500357826 del
30 de diciembre de 2015, por la inviabilidad derivada de la referida superposición, en
la medida en que la ejecución de actividades mineras resultaba incompatible con el
desarrollo de la obra de infraestructura; esa decisión fue confirmada por la Resolución
S2016060004647 del 17 de marzo de 2016 que resolvió el recurso de reposición
interpuesto.
4) Contra tales actos administrativos promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento de los perjuicios
derivados de la negativa de la concesión minera, proceso resuelto en única instancia
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 1 de septiembre de 2025, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda2.
2
La autoridad judicial demandada desarrolló el régimen jurídico del contrato de concesión minera, con
fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley 685 de 2001 y concluyó que la solicitud de concesión
minera no genera un derecho adquirido, sino una mera expectativa jurídica, consistente en un derecho
de prelación condicionado al cumplimiento de los requisitos legales y al perfeccionamiento del contrato
mediante su inscripción en el Registro Minero Nacional
A partir de ese marco, estableció que en el caso no se perfeccionó el contrato de concesión, dado que
la minuta suscrita por la demandante no fue firmada por la autoridad competente ni inscrita en el registro
minero, razón por la cual no se consolidó una situación jurídica particular y concreta en su favor.
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Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Acción de tutela
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte actora alegó que la providencia judicial cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales y alegó que desde el año 1979 existía un permiso de explotación
otorgado mediante la Resolución 169 expedida por la alcaldía de Rionegro, en favor de
su cónyuge, el cual se habría prorrogado en el tiempo y continuado en su cabeza tras
su fallecimiento, en su condición de propietaria del predio donde se ubican las minas.
Para el momento de solicitar la concesión minera objeto del litigio se encontraba
desarrollando la actividad extractiva de manera legal, por lo cual no podía considerarse
que actuara sin título minero ni que careciera de un derecho consolidado; en esa
medida, dicho permiso constituía un derecho adquirido que no podía ser desconocido
por normas o decisiones posteriores, en virtud de los principios de seguridad jurídica,
confianza legítima e irretroactividad de la ley.
La parte demandante no identificó ni desarrolló de manera expresa alguno de los
defectos específicos que habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales ni explicó de qué manera la decisión cuestionada incurrió
en alguno de ellos.
3. Pretensiones.
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“1. Amparar los derechos fundamentales invocados.
2. Ordenar a la entidad abstenerse de desconocer o restringir el derecho
adquirido derivado de la resolución 169 de 1979.
3. Dejar sin efectos la actuación administrativa que vulnera los derechos
fundamentales.
4. Adoptar las medidas necesarias para restablecer el ejercicio del derecho
de explotación minera conforma con la resolución 169 de 1979.”. (mayúsculas
del original - archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del
aplicativo SAMAI)
Mientras no se perfeccione el contrato, la administración conserva la facultad de evaluar la viabilidad del
proyecto de conformidad con las condiciones jurídicas y fácticas vigentes, incluyendo cambios
normativos y circunstancias sobrevinientes, como la incorporación de áreas de utilidad pública al
Catastro Minero.
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Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Acción de tutela
4. Actuación procesal.
Mediante auto del 5 de marzo de 2026 (índice 00004 del aplicativo Samai) se admitió
la acción de tutela, se notificó al presidente y magistrados integrantes de la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y se vinculó al presidente de la Agencia
Nacional de Minería, el director de la Secretaría de Minas de Antioquia, el gobernador
de Antioquia y el representante legal o quien haga sus veces de la Sociedad Concesión
Túnel Aburrá Oriente SA, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Actuación de la autoridad judicial demandada y las autoridades vinculadas
El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional con fundamento en que la actora no cumplió con
una carga argumentativa mínima y pretendió reabrir un debate jurídico ya resuelto en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
El argumento relativo a la existencia de un derecho adquirido derivado de la Resolución
169 de 1979 no fue planteado en el proceso ordinario y, en todo caso, no se acreditó
la existencia de un título minero vigente que amparara la actividad alegada (índice 0008
del aplicativo SAMAI).
El apoderado judicial de la Agencia Nacional de Minería solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad
con fundamento en que la parte actora no agotó el recurso extraordinario de revisión
contra la providencia cuestionada; adicionalmente, solicitó ser desvinculada del
presente trámite por no tener incidencia sobre los hechos alegados en la demanda.
El apoderado judicial de la sociedad Concesión Túnel Aburrá Oriente SA pidió declarar
la improcedencia del amparo solicitado porque la parte interesada pretendió utilizar
este mecanismo como una instancia adicional para controvertir una decisión adoptada
por el juez natural sin acreditar la existencia de un derecho adquirido minero ni de un
título vigente; además, afirmó que dicha sociedad carece de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que no participó en la expedición de los actos
administrativos objeto de controversia en el proceso ordinario.
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Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Acción de tutela
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) las solicitudes de
desvinculación y 3) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. Las solicitudes de desvinculación
Frente a la alegada falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por la
Agencia Nacional de Minería y por la sociedad Concesión Túnel Aburrá Oriente SA, la
Sala considera que, en la medida en que dichas autoridades fueron vinculadas como
terceros con interés dentro del presente trámite y, además, hicieron parte del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la providencia judicial
cuestionada, su participación resulta procedente para que puedan ejercer su derecho
de defensa.
Por esa razón, en la parte resolutiva de esta providencia se negarán las solicitudes de
desvinculación formuladas, en tanto la comparecencia de dichas autoridades en
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Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
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calidad de terceros con interés resulta necesaria para el adecuado trámite de la
presente acción constitucional.
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales antes referidos, presuntamente vulnerados
con ocasión de la sentencia del 1 de septiembre de 2025, mediante la cual se negaron
las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la actora contra las resoluciones que rechazaron su propuesta de
contrato de concesión minera no. JHP-14451.
En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, conforme se
expone a continuación:
3.1 La subsidiariedad en la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el
juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como
se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el
demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se
restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía
preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las
herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos
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o para proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron antes el juez
ordinario habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter
subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que
justifican su procedibilidad, así:
i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, ii) cuando, pese a existir
un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un
mecanismo idóneo y efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho
fundamental o que se pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización de
un perjuicio irremediable.
3.2. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
1) En el presente asunto se advierte que la parte demandante sostuvo, en términos
generales, que la providencia judicial cuestionada desconoció la existencia de un
derecho adquirido para la explotación minera derivado de la Resolución no. 169 de
1979 expedida por la Alcaldía de Rionegro, el cual se habría mantenido vigente y no
podía ser desconocido por decisiones administrativas ni judiciales posteriores.
2) No obstante, a partir de la revisión de las pruebas aportadas al expediente, para la
Sala resulta claro que su interés consiste en debatir un argumento nuevo que,
habiendo tenido la oportunidad de proponerlo, no fue planteado ni discutido en el
trámite del proceso ordinario, pues, con las pruebas aportadas al expediente, en
particular, se desprende que el debate en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se estructuró a partir de los cargos de infracción normativa y falsa motivación
formulados contra las resoluciones que rechazaron la propuesta de contrato de
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concesión minera JHP-14451, sin que el supuesto derecho adquirido derivado de la
Resolución 169 de 1979 hubiese constituido el eje del litigio ordinario.
3) En efecto, en el proceso ordinario la controversia fue resuelta a partir de la
naturaleza jurídica de la propuesta minera, la falta de perfeccionamiento del contrato
de concesión y la superposición del área solicitada con una zona declarada de utilidad
pública, mientras que en la acción de tutela la parte actora introdujo como argumento
central la existencia de un derecho subjetivo consolidado derivado del permiso
otorgado en 1979, lo cual desconoció que la acción de tutela no es el escenario para
traer a colación argumentaciones jurídicas que eran del resorte del juez natural y que,
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, debieron ser puestas en su conocimiento
para que este tuviera la oportunidad de pronunciarse sobre ellas.
4) Respecto de tal presupuesto general de procedibilidad, en la sentencia C-590 de
2005 la Corte Constitucional señaló que es necesario que el accionante identifique, de
forma razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible, así:
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional
(…).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea
un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así,
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez (…).
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a
su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela (…)” (negrillas adicionales).
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Acción de tutela
5) En consecuencia, es necesario que los yerros de la autoridad judicial que la parte
actora invoca como generadores de la vulneración se hayan explicado y sustentado
con claridad “y que [la parte actora] hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible”, exigencia que la propia Corte
justificó en los siguientes términos3:
“Esta exigencia es comprensible en la medida que, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos
que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del
proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la
protección constitucional de sus derechos.”. (negrillas de la Sala).
6) Ello resulta apenas lógico, si se considera que esta acción constitucional no puede
constituirse como un mecanismo complementario, adicional o sustituto de los procesos
judiciales ordinarios, pues ello provocaría el efecto contrario al perseguido mediante
esta acción, ya que se desconocería la garantía del debido proceso prevista en el
artículo 29 de la Constitución Política, según la cual las controversias deberán ser
decididas por el juez natural de la causa y con observancia de las formas propias de
cada juicio.
7) Sobre este último aspecto, la Corte Constitucional en sentencia T-649 de 2011,
señaló:
“Una segunda razón radica en el respeto por la importancia del proceso
judicial. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso,
son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales. Estando
obligados los jueces a obedecer la ley y la Constitución (Art. 4 y 230 C.N),
corresponde a todos velar porque los derechos fundamentales sean
respetados al interior y como resultado de los procesos judiciales. Es en este
sentido que la sentencia C-543 de 1992 puntualiza que: “tratándose de
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por
excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes”
(negrillas del original). Por tanto, es inadmisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha
solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en
principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de las herramientas
tendientes a corregir durante su trámite las irregularidades que puedan
afectarle.”. (negrillas de la Sala).
8) En consonancia con el criterio jurisprudencial expuesto, en este caso resulta claro
que lo pretendido por la parte demandante es que, con una invocación genérica de
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
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Acción de tutela
vulneración de sus derechos fundamentales, se analicen argumentos que debieron ser
planteados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual no es
de recibo dado que sobre ellos no tuvo la oportunidad de pronunciarse el juez ordinario
y tampoco la contraparte del proceso pudo ejercer su defensa frente a ese específico
planteamiento.
9) En ese orden de ideas, como se trata de un argumento nuevo que pudo ser
planteado dentro del proceso ordinario porque la actora promovió dicho medio de
control y tuvo la oportunidad de estructurar allí el fundamento de su pretensión
anulatoria que ahora invoca en la acción de tutela, pero no lo hizo, este mecanismo de
amparo es improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que
“no es un medio que remedie los desaciertos procesales de las partes4.”.
10) Si bien es cierto que tal presupuesto ha sido concebido como una causal autónoma
de procedencia5, también lo es que guarda una íntima relación con la idea de
subsidiariedad, no en el sentido genérico simple de haberse agotado todos los
recursos judiciales disponibles, sino en uno más concreto y específico, referido a
impedir que se reabra un asunto litigioso con los mismos argumentos que por desidia,
negligencia, incuria o descuido de las partes, pese a haber tenido la oportunidad de
proponerlos en sede ordinaria, no fueron sometidos a consideración del juez natural.
11) En consecuencia, no es de recibo que quienes, habiendo tenido la oportunidad de
alegar tales reparos en el proceso ordinario, no lo hicieron y pretendan subsanar sus
falencias y revivir oportunidades procesales fenecidas mediante la acción de tutela,
con el fin de utilizarla como un recurso adicional o supletorio de las instancias previstas
en cada jurisdicción, proceder que desde luego se encuentra proscrito pues desconoce
el carácter residual y subsidiario de este mecanismo constitucional.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de mayo
de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
O incluso como sinónimo de falta de relevancia constitucional, como lo hace la Sección Cuarta de esta
Corporación. En efecto, a partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-
03-15-000-2020-05131-00, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para determinar
si un asunto tiene relevancia constitucional.
“En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de manera suficiente y
razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, (iii) que los
argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv)
que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v)
que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada”. (negrillas adicionales).
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Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Acción de tutela
11) Se reitera, como lo ha dicho esta misma Subsección en anteriores decisiones6, que
esta herramienta constitucional no puede ser utilizada para revivir oportunidades
procesales fenecidas ni para plantear o mejorar argumentos que se dejaron de
proponer en las instancias del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que ni
siquiera se justificaron los motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión.
12) Así, si la parte actora pretendía que la autoridad judicial demandada examinara la
controversia a partir de la existencia de un supuesto derecho adquirido derivado de la
Resolución no. 169 de 1979 y de la presunta vigencia continuada del permiso de
explotación allí reconocido, debió plantearlo de manera clara y expresa en el proceso
ordinario, sin que sea posible que ahora pretenda, por esta vía, que se estudie dicho
cargo pese a no haberlo propuesto oportunamente ante su juez natural.
13) De igual manera, la Sala encuentra que con los medios de prueba allegados al
proceso no hay lugar a inferir la existencia de un perjuicio con las condiciones de
inminencia, gravedad y urgencia que demanden medidas impostergables para evitar
la consumación de un daño y que ameriten la intervención transitoria y excepcional del
juez de tutela, razón adicional para concluir que la acción de tutela resulta
improcedente en el presente caso.
14) En lo demás, en todo caso la acción de tutela carece de relevancia constitucional,
pues, le asiste razón a la accionada en que la parte actora tampoco cumplió con la
carga argumentativa necesaria para cuestionar en sede de tutela la providencia judicial
que le fue adversa, porque simplemente se limitó a indicar con argumentos generales
la existencia de la referida resolución sin explicar concretamente y de manera clara la
existencia de un defecto específico o al menos edificar con claridad un reproche que
permitiera al juez de tutela encuadrar sus argumentos en uno de ellos.
15) Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 15 de septiembre de 2022, exp.
11001-03-15-000-2022-04683-00 y 11 de julio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2022-06243-01, entre
otras, MP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01693-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Acción de tutela
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Fabiola del Socorro
Restrepo Piedrahita, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2°) Deniéganse las solicitudes de desvinculación formuladas por la Agencia Nacional
de Minería y por la sociedad Concesión Túnel Aburrá Oriente SA.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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