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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01693-01

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01693-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01693-01 (2557)
Accionante: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: defectos fáctico y sustantivo. Subtema
3: requisito de subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por la señora Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
contra la sentencia del 15 de abril de 2026, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

1. Síntesis del caso

La señora Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
trabajo, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 1 de septiembre
de 2025, expedida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 11001-03-26-000-2018-00181-00.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

2. La señora Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita formuló propuesta de
contrato de concesión minera núm. JHP14451, para la exploración y explotación de
un yacimiento de arenas y gravas naturales en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01693-01 (2557)
Accionante: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

3. La Dirección de Proyectos Especiales de la Secretaría de Infraestructura Física
del departamento de Antioquia, mediante Resolución núm. S201500357826 del 30
de diciembre de 2015, rechazó la referida propuesta. Contra la anterior decisión se
interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera negativa por medio
de la resolución núm. S2016060004647 del 17 de marzo de 2016.

4. La accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones
núm. S201500357826 del 30 de diciembre de 2015 y S2016060004647 del 17 de
marzo de 2016 y, en consecuencia, se condenara al departamento de Antioquia al
pago de perjuicios materiales.

5. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 1 de septiembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la demandante adelantó actividades de explotación de recursos
naturales sin la habilitación de un título minero. Explicó que la señora Restrepo
Piedrahita no tenía un derecho adquirido, sino una mera expectativa, por lo que el
cambio normativo introducido por la Ley 1382 de 2010, respecto de los requisitos
para el otorgamiento de la concesión, era aplicable de forma inmediata a su
situación.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

6. La parte actora solicitó en el escrito1 de tutela al juez constitucional el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo. En consecuencia,
pidió lo siguiente:

2. Ordenar a la entidad abstenerse de desconocer o restringir el derecho adquirido
derivado de la resolución 169 de 1979.
3. Dejar sin efectos la actuación administrativa que vulnera los derechos
fundamentales.
4. Adoptar las medidas necesarias para restablecer el ejercicio del derecho de
explotación minera conforme con la resolución 169 de 19792.

7. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
providencia cuestionada desconoció que la Resolución núm. 169 de 1979, expedida
por el municipio de Rionegro, concedió una licencia de explotación minera que se
prorrogaba automáticamente. En vista de lo anterior, indicó que no le asiste razón
a la autoridad judicial accionada al afirmar que el aprovechamiento de los recursos
de la mina se dio de manera irregular.

8. Afirmó que la Resolución núm. 169 de 1979 le otorgó un derecho adquirido y
consolidó su situación jurídica, conforme a la Ley 51 de 1942, que no puede ser
desconocido ni revocado por el Estado con base en una norma posterior como lo es
la Ley 1382 de 2010. Aclaró que la explotación minera no es absoluta, pues se
encuentra limitada por razones de índole legal y constitucional, pero que no incurrió

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01693-00, índice 2, certificado 8659A48CE6721464
826ABE9BCC20E4D7 02A359DD6C3277B1 CF7E391820C6F65A.
2 Se transcribe incluso con errores.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01693-01 (2557)
Accionante: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

en tales restricciones.

2.3. Trámite procesal

9. El despacho ponente de la Subsección B de la Sección Tercera de esta
corporación, mediante auto del 5 de marzo de 20263, admitió la solicitud de amparo,
ordenó la notificación a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y, puso en conocimiento del escrito de tutela a la Agencia Nacional de
Minería, al departamento de Antioquia y a la sociedad Concesión Túnel Aburrá -
Oriente S.A., en su condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

10. La Agencia Nacional de Minería4 pidió que se declare la improcedencia de la
solicitud de amparo, por cuanto no cumple el requisito de subsidiariedad porque la
tutelante cuenta con otros medios de defensa, como el recurso extraordinario de
revisión, para controvertir la decisión acusada. Adujo que, debido a la delegación
en la fiscalización, autorización y modificación de los títulos mineros, la entidad
responsable de dichas funciones es el departamento de Antioquia.

11. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado5 expuso que la
accionante pretende utilizar este mecanismo constitucional como una tercera
instancia con el fin de traer nuevos argumentos que no fueron expuestos y
analizados por el juez natural, al interior del proceso ordinario. Aseveró que en la
solicitud de amparo no presentó argumentos para demostrar un defecto en particular
ni la presunta vulneración de derechos fundamentales en los que haya incurrido la
providencia objeto de estudio. Por tales razones, solicitó que se declare
improcedente la tutela.

12. La sociedad Concesión Túnel Aburrá - Oriente S.A.6 expresó que la acción de
tutela no cumple con los requisitos generales de procedencia, en particular el de
relevancia constitucional. Refirió que la parte actora busca reabrir el debate que se
desató ante el juez natural, lo cual desnaturaliza el carácter subsidiario del presente
mecanismo.

13. El departamento de Antioquia guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 26 de febrero de 20267, declaró improcedente la tutela al considerar
que no cumplía con el requisito de subsidiariedad.

15. Al respecto, precisó que la accionante pretende introducir nuevos argumentos

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01693-00, índice 4.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01693-00, índice 10, certificado DAE0AB6AE29EB23E
8D261DA2C261AB42 878BC4891078D214 7AE227E35BEA0EB1.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01693-00, índice 11.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01693-00, índice 14.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01693-00, índice 17.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01693-01 (2557)
Accionante: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

que no fueron expuestos ni debatidos en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que promovió contra el departamento de Antioquia y la Agencia
Nacional de Minería, en el cual se discutió la falta de perfeccionamiento del contrato
de concesión y la superposición del área de explotación con una zona declarada de
utilidad pública. Por tanto, la réplica relacionada con la existencia de un derecho
subjetivo derivado del permiso de explotación otorgado mediante la Resolución
núm. 169 de 1979 era un aspecto que debía ser cuestionado en el proceso ordinario.

16.En este sentido, afirmó que la acción de tutela no es el instrumento para
subsanar la negligencia de las partes respecto a la proposición de argumentos que
debían ser conocidos por el juez natural en las instancias correspondientes, pues
desconocería el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.

17. Así pues, si la accionante pretendía que la autoridad judicial accionada analizara
el asunto desde la óptica de un supuesto derecho adquirido derivado de la
Resolución núm. 169 de 1979, tenía el deber de exponerlo en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.

18. De igual manera, concluyó que no se advierte la existencia de un perjuicio de
carácter irremediable y urgente que amerite la intervención del juez constitucional
para evitar la consumación de un daño a los intereses de la parte actora. Por último,
encontró que la tutelante no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
atacar por vía de tutela la providencia que le fue adversa, toda vez que no refirió
con claridad reparos que evidenciaran la configuración de un defecto en concreto.

2.6. Impugnación

19. La parte actora presentó impugnación8 en contra de la sentencia de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Mencionó que la
decisión impugnada ignoró que la tutela contra providencia judicial procede cuando
no existen otros medios de defensa o cuando los existentes no son idóneos o
eficaces para evitar la vulneración de sus derechos fundamentales.

20. Argumentó que la actuación administrativa genera un perjuicio irremediable
debido a la paralización de la explotación minera y la pérdida de inversión,
asimismo, que, dada su condición de adulto mayor, se presume que los
mecanismos ordinarios no son idóneos para la protección de los derechos que alegó
como vulnerados.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 15 de abril de
2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01693-00, índice 22.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01693-01 (2557)
Accionante: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

3.2. Legitimación en la causa

22. La legitimación en la causa por activa de la señora Fabiola del Socorro Restrepo
Piedrahita está acreditada, porque fue la demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, debido a que fue la autoridad que
profirió la decisión, objeto de estudio.

3.3. Problema jurídico

24. La Sala debe determinar si revoca, confirma o modifica la sentencia de primera
instancia del 15 de abril de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera de esta corporación, que declaró improcedente la solicitud de amparo
interpuesta por la señora Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita.

25. En particular, deberá establecer si ¿la solicitud de amparo supera el requisito
de subsidiariedad? En caso afirmativo, hay lugar a resolver si ¿la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y al trabajo de la accionante?

26. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de la procedibilidad de la
acción de tutela; y (ii) el caso en concreto.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

27. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.

28.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01693-01 (2557)
Accionante: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

29. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

30. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución12.

31. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables13.

32. Cuando se trata de una tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional
ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios constituyen vías
legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales14. De manera
específica, el alto tribunal expresó lo siguiente:

La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de
tutela pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

3.5. Caso concreto

33. En el asunto bajo estudio, la señora Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al trabajo, que consideró vulnerados por la
decisión del 1 de septiembre de 2025 emitida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, toda vez que, según manifestó, la autoridad judicial
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.

34. En concreto, los cargos de tutela se reducen a que la providencia censurada

11 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
12 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
14Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01693-01 (2557)
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desatendió que la Resolución núm. 169 de 1979, dictada por la alcaldía de
Rionegro, Antioquia, otorgó una licencia de explotación minera que no podía ser
revocada con fundamento en la aplicación de normas posteriores, como la Ley 1382
de 2010.

35. Cabe aclarar que las pretensiones del proceso ordinario giraron en torno a la
declaratoria de nulidad, por falsa motivación y desviación de poder, de las
resoluciones núm. S201500357826 del 30 de diciembre de 2015 y
S2016060004647 del 17 de marzo de 2016, mediante las cuales se rechazó la
propuesta de contrato de concesión minera formulada por la accionante y, en
consecuencia, se reconociera el pago de los perjuicios materiales causados por
dichos actos administrativos.

36. En tal sentido, del examen del escrito de demanda presentado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia censurada, se
observa que la señora Restrepo Piedrahita no hizo mención del presunto derecho
adquirido que derivó de la Resolución núm. 169 de 1979. Del mismo modo, no se
evidencia que haya formulado argumentos en relación con ese aspecto en los
alegatos de conclusión.

37. Conviene reiterar que el principio de subsidiariedad de la acción de tutela exige
que los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales sean
resueltos por las vías jurisdiccionales correspondientes, y solo ante la ausencia de
dichas vías o cuando estas no sean idóneas para evitar un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir al amparo constitucional.

38. Así las cosas, no es de recibo que la parte accionante haga uso de este
mecanismo constitucional con el fin de presentar reparos que no fueron formulados
ante el juez natural y discutidos en la oportunidad legal dispuesta para tal fin. Lo
anterior, en atención al carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, según
el cual, este instrumento no puede ser utilizado para revivir términos procesales o
reemplazar los mecanismos de defensa que prevé el ordenamiento jurídico15.

39. Por otro lado, la señora Restrepo Piedrahita en la impugnación sostuvo que la
acción objeto de estudio resulta procedente con el fin de evitar un perjuicio
irremediable derivado de las pérdidas económicas por la paralización de las
actividades mineras. No obstante, dicho argumento carece de sustento probatorio,
pues se limita a formular afirmaciones generales sin acreditar la existencia de una
afectación concreta, actual e inminente de los derechos fundamentales invocados.

40. En consecuencia, la Sala considera que la acción objeto de estudio es
improcedente, comoquiera que el agotamiento efectivo de los medios de defensa
judicial no solo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios
asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de
tutela como instrumento de defensa.

41. Por lo expuesto, se confirmará la sentencia del 15 de abril de 2026 proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la

15 Corte Constitucional, sentencia T-001 de 2017.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01693-01 (2557)
Accionante: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

improcedencia por la falta de cumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad.

4. Conclusiones

42. La Sala encuentra que el escrito de tutela no superó el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que la señora Fabiola del Socorro Restrepo
Piedrahita pretende, mediante este mecanismo constitucional, introducir
argumentos que no fueron objeto de estudio en la decisión que, según afirmó,
vulneró sus derechos fundamentales.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 15 de abril de 2026, proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Édison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente|

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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