Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00181-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2018-00181-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2018-00181-00
Consejero ponente: María Adriana Marín
1 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Demandante: FABIOLA DEL SOCORRO RESTREPO PIEDRAHÍTA
Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Temas: PROPUESTA DE CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA - No concede un
derecho adquirido, sino solo la prelación respecto de otras propuestas / MORA EN LA
CONCLUSIÓN DE UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO – Puede comprometer la
responsabilidad patrimonial, pero no tiene la vocación de viciar el acto administrativo.
Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida contra el Departamento de Antioquia y la Concesión Túnel
Aburrá Oriente S.A., con el fin de que se anulen las Resoluciones No.
S201500357826 del 30 de diciembre de 2015 -mediante la cual se rechazó la
propuesta de contrato de concesión minera JHP-14451- y S2016060004647 del 17
de marzo de 2016 -confirmatoria de la anterior-.
I.- ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 8 de agosto de 20161 (fl. 1 c. ppal.), la señora Fabiola
del Socorro Restrepo Piedrahíta interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del Departamento de Antioquia y de la sociedad Concesión
Túnel Aburrá Oriente S.A., con el fin de que se anulen las resoluciones (i)
S201500357826 del 30 de diciembre de 2015 -mediante la cual se rechazó la
1
La demanda fue radicada inicialmente ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Sin embargo,
mediante auto del 24 de agosto de 2018, esa Corporación remitió el expediente para que fuera
conocido en única instancia por el Consejo de Estado.
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
propuesta de contrato de concesión JHP-14451- y (ii) S2016060004647 del 17 de
marzo de 2016 -confirmatoria de la anterior-.
Como consecuencia de esa declaración, se pretendió el reconocimiento de
perjuicios materiales, así2 (fl. 46 c. ppal.):
> Para doña Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita (VÍCTIMA) estima el valor
de los perjuicios materiales por el rechazo de su propuesta en
aproximadamente CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50'000.000) por los
Gastos en que ha incurrido por gastos , pago de honorarios a abogados,
técnicos, ingeniero de minas, viáticos, visitas, asesorías técnicas para su
proyecto minero, desde la presentación de su propuesta hasta la presentación
de la demanda.
> Perjuicios materiales por gastos de trabajos de Exploración realizados en la
cantera de la placa JHP-14451, como planos, exámenes en laboratorio,
muestreo, estudios de georreferenciación, estudios ambientales, asesorías
ambientales, prospección minera, entable minero etc. desde la presentación de
su propuesta hasta la presentación de la demanda se estiman en CIEN
MILLONES DE PESOS ($100'000.000).
> Perjuicios materiales por material de la cantera Dejado de explotar desde la
presentación de su propuesta hasta la presentación de la demanda se estiman
en DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA TRES MILLONES ($2.333'000.000). Lo
anterior debido a que el metro cúbico de material vale aproximadamente
$20.000 en bruto y las reservas de la Cantera "LA Fabiola" solicitada por
Contrato de Concesión minera JHP 14451, se estiman en dos millones de
metros cúbicos (2'000.000 metros cúbicos), para un término de siete años,
término que duró el trámite del contrato minero en la Secretaría de Minas hasta
la presentación de la demanda, da un valor aproximado de DOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES ($2.333'000.000). por ser en
bruto. Lo anterior de conformidad a las tarifas establecidas por Resolución de
la Agencia Nacional Minera para el pago de Regalías por Materiales de
Construcción (…).
7- Condénese a la parte demandada a pagar a la demandante por material de
la cantera Dejado de explotar desde la presentación de su propuesta hasta por
el término de duración del contrato minero, o sea por el término de 30 años que
se estiman en DIEZ MIL MILLONES DE PESOS ($10'000.000.000). Lo anterior
debido a que el metro cúbico de material vale aproximadamente $20.000 en
bruto y las reservas de la Cantera "LA Fabiola solicitada por Contrato de
Concesión minera JHP 14451, se estiman en dos millones de metros cúbicos
(2'000.000 metros cúbicos), para un término de treinta años, término que duraría
el contrato minero en la Secretaría de minas y por ser en bruto. Lo anterior de
conformidad a las tarifas establecidas por Resolución de la Agencia Nacional
Minera para el pago de Regalías por Materiales de Construcción. Teniendo en
cuenta que esta pretensión es cobijando los perjuicios materiales hacia el futuro
para toda la familia Alzate Restrepo: ACLARANDO no se debe considerar para
nada este valor o pretensión para determinar la Cuantía ni la competencia DE
ESTA DEMANDA por ser tasados con enfoque para un futuro, en equivalente
por compensación al contrato minero.
2
Las transcripciones que se hacen a lo largo del texto son textuales, con inclusión de posibles
errores.
2
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
También se pretendió (i) el reconocimiento de perjuicios inmateriales a favor de la
señora Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta y de sus hijos3, en la suma de 100
SMLMV para cada uno, (ii) que todos los valores reconocidos fueran indexados, (iii)
que se condene ultra y extra petita de acuerdo con lo que resulte probado en el
proceso y (iv) que se condene en costas a las accionadas.
Como fundamento fáctico de las pretensiones, en síntesis, se narró lo siguiente:
El 25 de agosto de 2008, la señora Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
presentó la propuesta de contrato de concesión minera JHP-14451, para la
exploración y explotación de un yacimiento de arenas y gravas naturales y silíceas,
localizado en el municipio de Rionegro, Antioquia.
En octubre de 2010, la señora Restrepo Piedrahíta suscribió la minuta de contrato
de concesión, luego de que la autoridad minera emitiera diversos conceptos
técnicos y jurídicos que daban viabilidad a la propuesta. Sin embargo, esa minuta
no fue firmada por el gobernador de Antioquia y, en su lugar, fue dejada sin efectos.
Debido a que hubo cambio de gobernador departamental, las minutas de contrato
de concesión minera regresaron del despacho del gobernador a la Secretaría de
Minas, para que allí se efectuaran los ajustes correspondientes.
El 25 de julio de 2012 se anotaron en el Catastro Minero Colombiano “las áreas que
corresponden al Proyecto Vial Aburrá Oriente, conocido como el Túnel de Oriente,
declarado de utilidad Pública e interés social por medio de la Resolución N° 28057
del 12 de octubre de 2012 expedida por la Gobernación de Antioquia” (fl. 3 c. ppal.).
A raíz de esta situación, se hizo una nueva evaluación técnica de la propuesta, en
la que se concluyó que el proyecto minero era viable para un área de 27,0191
hectáreas (ha). Sin embargo, para la continuación del trámite se requirió la
actualización de una información técnica y financiera, y se le indicó a la proponente
que debía contar con el concepto favorable de la gerencia del proyecto vial túnel de
oriente, a quien se le había otorgado la autorización temporal NGC-10111 en una
zona aledaña. El objeto de ese título era la explotación de los mismos minerales
para los que se presentó la propuesta JHP-14451.
3
A folio 47 (c. ppal.) se enlistó a los señores Héctor Alfonso Alzate Restrepo, Lía Margarita Alzate
Restrepo, Liliana Andrea Alzate Restrepo, Jaime Alberto Alzate Restrepo y Gloria Cristina Alzate
Restrepo, sin que en la identificación de las partes del proceso se incluyeran como parte demandante
(fl. 1 c. ppal.).
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Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Mediante oficio 201200062535 del 11 de diciembre de 2012, la Dirección de
Titulación Minera de la Gobernación de Antioquia solicitó a la sociedad Concesión
Túnel Aburrá Oriente S.A. el concepto técnico “relacionado con la exploración y
explotación en el área libre susceptible de contratar JHP-14451 debido a que se
encuentra en zona aledaña al proyecto” (fl. 9 vto. c ppal.). Este requerimiento fue
atendido por la gerencia de la sociedad mediante oficio del 20 de diciembre
siguiente, en el sentido de señalar la inconveniencia técnica de otorgar la propuesta
JHP-14451.
Mediante oficio 201300048109 del 30 de abril de 2013, proferido en el expediente
NGC-10111 -autorización temporal-, la Dirección de Titulación Minera requirió a la
Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. para que, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 35 literal e) de la Ley 685 de 2001, aportara los conceptos técnicos
relacionados con la viabilidad y compatibilidad técnica entre las labores
adelantadas en la autorización temporal NGC-10111 y aquellas contempladas en
varias propuestas de contrato minero que se hallaban superpuestas -entre las que
se encontraba la propuesta JHP-14451-.
En atención al anterior requerimiento, la Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
manifestó que desistía de efectuar labores en el área superpuesta con la propuesta
JHP-14451 -oficio 201300214149 del 7 de junio de 2013-, razón por la que se
expidió el concepto técnico 1223202 de fecha 13 de marzo de 2014, que aceptó la
reducción del área de la autorización temporal NGC-10111.
Mediante Concepto Técnico 1222486 del 13 de febrero de 2014 se señaló que la
propuesta JHP-14451 no presentaba superposición con áreas de protección
ambiental, por lo que era viable el otorgamiento del título minero. En consecuencia,
el 16 de julio de 2014 se realizó una nueva evaluación de la solicitud y se requirió
a la interesada que presentara nueva información técnica y financiera.
Sin embargo, mediante oficio 201500067913 del 27 de octubre de 2015, la
Dirección de Proyectos Especiales de la Secretaría de Infraestructura Física del
Departamento de Antioquia conceptuó, previa solicitud efectuada por la Dirección
de Titulación Minera, que no era técnicamente viable la ejecución de labores de
minería en el área de la propuesta JHP-14451, por la incidencia que estas tendrían
sobre el proyecto de infraestructura vial antes mencionado.
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Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Dadas las anteriores vicisitudes en el trámite minero, la señora Restrepo Piedrahíta
formuló una acción de tutela, en cuyo fallo de primera instancia se amparó el
derecho al debido procedimiento administrativo y se ordenó a la autoridad minera
que se emitiera un pronunciamiento de fondo sobre la propuesta JHP-14451. Sin
embargo, esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Medellín.
En ese contexto, se profirió el informe técnico-jurídico 1237969 del 30 de diciembre
de 2015, mediante el cual se recomendó el rechazo de la propuesta JHP-14451,
dada la superposición que presentaba con el área de utilidad pública que ocupaba
el proyecto vial, lo que dejaba un área libre de apenas 2,5 ha.
Este concepto fue adoptado en la resolución S201500357826 del 30 de diciembre
de 2015, mediante la cual se rechazó la propuesta de contrato de concesión de
marras. Contra esa decisión, el 21 de enero de 2016 se interpuso el recurso de
reposición, pero este fue despachado desfavorablemente mediante la resolución
S2016060004647 del 17 de marzo de 2016.
1.1. Causales de nulidad invocadas
La accionante adujo que los actos cuestionados fueron expedidos con infracción de
las normas en que debían fundarse y con falsa motivación.
Para fundamentar la causal de infracción normativa, adujo que los actos atacados
(i) inobservaron lo previsto en los artículos 6 y ss. del Decreto 933 de 2013 y (ii) que
con su expedición se vulneraron los derechos constitucionales al trabajo y al mínimo
vital -arts. 25 y 53 C. Pol.-, (iii) a la igualdad -art. 13 C. Pol.- y (iv) al debido proceso
administrativo -art. 29 C. Pol.-.
En primer lugar, argumentó que “los actos administrativos transgreden los artículos
6 y subsiguientes del Decreto 933 de 2013, por cuanto con la documentación
aportada se deja ver que los requisitos han sido satisfechos [por la proponente
minera], transgrediendo sus derechos constitucionales, jurisprudenciales y legales”
(fl. 33 c. ppal.).
En relación con la vulneración del derecho al trabajo, señaló que “la demandante
y su familia se encontraban explotando los minerales del yacimiento objeto del
litigio” para su sustento y que al habérseles “negado o rechazado su propuesta sin
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Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
haber razón alguna (pues fueron primeros en solicitar el material)”, no solamente se
está afectando su derecho al trabajo, sino que se están desconociendo sus
inherentes garantías al mínimo vital, dignidad humana y solidaridad.
Para sustentar el cargo de violación del derecho a la igualdad, explicó que tiene
“derecho a que se le den las mismas oportunidades de explotar los recursos
naturales, que al resto de coasociados o administrados, eso sí se cumple con los
requisitos que el Estado exige para ello, como en el caso de [la] representada” (fl.
41 c. ppal.).
En relación con el debido proceso administrativo, se adujo que la autoridad
minera incurrió en mora en el cumplimiento de sus deberes, por cuanto la propuesta
de contrato de concesión minera JHP-14451 ya había agotado su trámite hasta el
punto de haberse suscrito la respectiva minuta por la proponente minera. Sin
embargo, fue la propia administración la que dilató los pasos siguientes del
procedimiento administrativo, de tal forma que permitió que sobre la misma área de
esa propuesta se inscribiera una anotación de utilidad pública en virtud de la cual
ulteriormente el proyecto minero se hizo inviable.
Para sustentar la segunda causal de nulidad invocada, la parte actora adujo que
hay falsa motivación por dos razones. En primer lugar, porque en los actos
acusados se consideró que la propuesta JHP-14451 no cumplía con los requisitos
legales, a pesar de que en el 2010 la propia autoridad requirió a la proponente para
que firmara la correspondiente minuta, lo que significaba que los requisitos para el
otorgamiento de la concesión minera sí fueron satisfechos.
En segundo lugar, porque como fue la demora de la entidad la que propició un
cambio en las condiciones en que se encontraba el área de la propuesta, se
inobservó el principio de confianza legítima al señalar que dicha propuesta ya no
cumplía los requisitos, sin que se estableciera a favor de la proponente la aplicación
del mecanismo de compensación económica previsto en el artículo 8 de la Ley 1742
de 2014.
2. El trámite en única instancia
2.1. El presente proceso fue conocido inicialmente por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, quien mediante auto del 16 de noviembre de 2016 admitió la demanda
(fl. 347). Posteriormente, por medio de auto del 24 de agosto de 2018 se remitió el
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Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
expediente al Consejo de Estado, para su conocimiento en única instancia (fl. 506).
Por tal motivo, mediante proveído del 27 de febrero de 2019 esta Corporación avocó
conocimiento del caso (fl. 514).
2.2. El Departamento de Antioquia contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones, por considerar que en el procedimiento administrativo minero se tuvo
conocimiento de los diversos actos y comunicaciones en virtud de los cuales se
estableció la zona de utilidad pública y la imposibilidad técnica y jurídica de
desarrollar el proyecto minero en esa área.
También adujo que la supuesta mora en que incurrió la administración en el trámite
de la propuesta JHP-14451, en realidad se debió (i) a la conducta de la propia parte
al interponer una recusación a la autoridad minera delegada que tuvo que ser
resuelta por la Agencia Nacional de Minería, (ii) a la transición de gobernante y de
legislación -Ley 1382 de 2010- que hubo durante el transcurso del procedimiento
administrativo, (iii) a la existencia de restricciones para el otorgamiento de títulos
mineros en ciertas áreas, prevista en los artículos 35 y 36 de la Ley 685 de 2001.
2.3. La sociedad Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. se opuso a las pretensiones.
Para el efecto, expuso que carecía de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto no fue autora “de los actos administrativos demandados, pues además, dada
su naturaleza de persona jurídica de derecho privado, no puede ocuparse de temas
de titulación minera, lo que corresponde al fondo de la presente demanda” (fl. 463
c. ppal.).
También adujo que la demandante nunca adquirió derecho de exploración o
explotación de minerales, pues al no alcanzar la propuesta JHP-14451 el estatus de
título minero dejó a la proponente con una mera expectativa. Por tal motivo, no hay
lugar al reconocimiento de los perjuicios reclamados, por cuanto la actividad
extractiva que se hacía en esa zona por parte de la demandante -según lo indicado
en el hecho 39 de la demanda- constituía una actividad ilícita al no estar amparada
por un acto administrativo que la avalara.
2.4. En auto del 28 de febrero de 2023 se vinculó a la Agencia Nacional de Minería
• ANM como como tercera interesada en el resultado del proceso (Samai, índice
61). Por virtud de esta vinculación, la entidad contestó la demanda y solicitó que se
negaran las pretensiones. Afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
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Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
en tanto no fue la autoridad que expidió el acto definitivo cuya nulidad se pretende.
Además, explicó que, de acuerdo con unos actos de delegación administrativa, la
competencia en materia de tramitación y celebración de contratos de concesión en
el departamento de Antioquia está en cabeza de la Secretaría de Minas de la
Gobernación.
También consideró que la decisión de rechazar la propuesta de contrato de
concesión minera JHP-14451 fue acertada, en tanto obedeció a la existencia de una
superposición de una zona de utilidad pública con el área solicitada en concesión.
En ese contexto, debía contarse con una autorización de la entidad encargada de
ejecutar el proyecto de interés público, encaminada a establecer las condiciones en
que podría adelantarse el proyecto minero, requisito que no se cumplió y habilitó el
rechazo de la solicitud minera, pues no era necesario que la obra pública ya
estuviera construida.
2.4. En audiencia inicial celebrada el 6 de octubre de 2023 se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas solicitadas por las partes (Samai, índice 90). Al culminar la
etapa probatoria, se corrió traslado a las partes alegar y al Ministerio Público para
que rindiera concepto (Samai, índice 158).
2.5. En esta etapa procesal, la accionante, el Departamento de Antioquia y la
sociedad Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. insistieron en las consideraciones
jurídicas expresadas a lo largo del proceso (Samai, índices 160, 161 y 162). La ANM
guardó silencio.
El Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones, al considerar que los
actos acusados se fundaron correctamente en una restricción legal sobreviniente
que impedía jurídicamente la adjudicación del título minero solicitado. En efecto, al
momento de resolver la propuesta, el área se encontraba incluida dentro de una
zona excluida de la minería por mandato de la Ley 1382 de 2010 y del artículo 35
de la Ley 685 de 2001, lo que constituía una causal objetiva de rechazo.
Asimismo, precisó que la parte demandante no contaba con un derecho subjetivo
consolidado susceptible de restablecimiento, pues la simple radicación de una
propuesta de contrato de concesión minera no otorga, por sí sola, el derecho a
obtener el título, sino que confiere una mera expectativa, la cual se encuentra
condicionada a la verificación de requisitos técnicos, jurídicos y de viabilidad del
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Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
área, lo que habilitaba a la administración a denegar la solicitud en caso de
incompatibilidad con normas superiores o con la destinación del suelo a obras de
utilidad pública. En tal sentido, no se probó que la negativa de la autoridad minera
vulnerara un derecho adquirido o desconociera las garantías constitucionales
invocadas por la actora -como el debido proceso o la confianza legítima-.
Finalmente, señaló que es improcedente ordenar compensaciones o
indemnizaciones derivadas de la negativa, ya que no se acreditó un daño
antijurídico ni se probó la existencia de actividad minera formal previamente
autorizada que hubiera sido interrumpida (Samai, índice 159).
II.- CONSIDERACIONES
1. Competencia
La jurisprudencia de esta Sección4 ha precisado que, cuando se controvierta la
legalidad de un acto por medio del cual se rechaza la solicitud de celebración de un
contrato de concesión minera la competencia será de esta Corporación en única
instancia, pues no aplica el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, sino la regla prevista
en el artículo 295 ibidem5. Dado que en el caso particular se discute la legalidad de
unos actos administrativos mediante los cuales se rechazó una propuesta de
contrato de concesión minera, se entiende que el sub lite comporta un asunto de
carácter minero y, en tal sentido, esta Corporación tiene competencia funcional para
conocerlo en única instancia.
2. Ejercicio oportuno de la acción
La notificación de la Resolución No. S2016060004647 -que concluyó el
procedimiento administrativo- se realizó el 18 de marzo de 2016. De este modo, el
término de caducidad previsto en el artículo 164 numeral 2, literal d) del CPACA
corría inicialmente hasta el 19 de julio siguiente. Sin embargo, como la solicitud de
conciliación fue presentada el 19 de mayo de 2016 y la respectiva constancia se
expidió el posterior 5 de julio, la oportunidad para demandar se extendió hasta el 6
4
Ver, por ejemplo, las providencias proferidas el 13 de febrero de 2014, exp. 48.521 (C.P. Enrique
Gil Botero); el 8 de noviembre de 2021, exp. 53.038 (C.P. José Roberto Sáchica Méndez) y el 10 de
octubre de 2022, exp. 57.154 (C.P. Maria Adriana Marín).
5
La Sala precisa que la determinación de la competencia se hace con aplicación de esta disposición,
puesto que la demanda se radicó el 8 de agosto de 2016, esto es, antes de la entrada en vigor de
las normas sobre competencia establecidas en la Ley 2080 de 2021.
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Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
de septiembre de 2016, por lo que la demanda presentada el 8 de agosto de esa
anualidad fue oportuna.
3. Legitimación en la causa
El Departamento de Antioquia está legitimado en la causa por pasiva, en atención
a que fungió como autoridad minera en el trámite de la propuesta de contrato de
concesión minera JHP-144516.
En relación con la legitimación en la causa de la Agencia Nacional de Minería, debe
precisarse que el artículo 211 de la Constitución Política permite a las autoridades
administrativas delegar a sus subalternos o a otras autoridades las funciones que
les son propias, en los términos que indique la ley. Dichas condiciones están
previstas en el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, norma que también dispone que
el delegatario es responsable de las decisiones y actuaciones que ejecute en
desarrollo de las atribuciones delegadas y la autoridad delegante queda eximida de
responsabilidad. Sin embargo, la Sección ha sido pacífica en establecer una
excepción7, consistente en que:
Siempre que el demandante dirija sus ataques en la demanda y satisfaga las
exigencias probatorias correspondientes, en aras de acreditar que el
delegante tuvo participación o incidencia, por ejemplo, en la configuración de
la desviación de poder, la falsa motivación, el vicio de procedimiento, etcétera,
en el cual encuentre el juez incurso al acto administrativo sobre cuya legalidad
decide, nada obsta para que, atendidas las circunstancias del caso concreto,
también pueda deducirse responsabilidad al delegante, más allá de la que le
quepa al funcionario o entidad pública delegataria.
Así las cosas, se concluye que la Agencia Nacional de Minería se encuentra
legitimada en la causa por pasiva, pues en la demanda se planteó un cargo de mora
administrativa respecto del cual dicha entidad podría tener -ex ante- alguna
injerencia, dada su participación en el procedimiento minero, al emitir
pronunciamiento acerca de la recusación formulada en sede administrativa contra
los funcionarios de la autoridad delegada.
6
Por virtud de la delegación administrativa efectuada mediante la Resolución No. 0271 del 18 de
abril de 2013, prorrogada mediante Resoluciones No. 0229 del 11 de abril de 2014 y 210 del 15 de
abril de 2015 de la Agencia Nacional de Minería.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de
octubre de 2007, exp. 11001-03-26-000-1997-13503-00 (13503). Esta tesis fue reiterada en los
pronunciamientos proferidos por esta Subsección los días 12 de agosto de 2019 y 8 de noviembre
de 2021, en el expediente con radicado 11001-03-26-000-2015-00014-00 (53038).
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Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Por otra parte, la Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A. carece de legitimación en la
causa, pues, aunque intervino en el trámite minero para emitir conceptos técnicos
relacionados con la propuesta de contrato de concesión minera JHP-14451 -
aspecto sobre el que se vuelve en detalle más adelante-, lo cierto es que en su
condición de persona jurídica de derecho privado no ejerció ningún tipo de autoridad
en relación con la expedición de los actos administrativos enjuiciados.
La señora Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta se encuentra legitimada en la
causa por activa, en su condición de solicitante de la propuesta de contrato de
concesión minera JHP-14451 y destinataria de los actos administrativos
demandados. Debe precisarse que, aunque en la demanda se formulan
pretensiones a favor de los hijos de la señora Restrepo Piedrahíta, lo cierto es que
estas personas no agotaron el requisito de la conciliación extrajudicial, no otorgaron
poder para demandar, ni fueron identificados como parte demandante en el libelo
inicial. En tal sentido, debe comprenderse que no han sido parte del presente
proceso.
4. Caso concreto
De conformidad con los cargos específicos de nulidad esgrimidos por la parte
actora, corresponde a la Sala determinar si el Departamento de Antioquia, al expedir
las Resoluciones S201500357826 del 30 de diciembre de 2015 y S2016060004647
del 17 de marzo de 2016 -mediante las cuales se rechazó la propuesta de contrato
de concesión minera JHP-14451-, incurrió en los defectos de infracción de las
normas en que debían fundarse y falsa motivación.
Para resolver, la Sala considera pertinente realizar un recuento de los hechos y
actuaciones jurídicamente relevantes ocurridas en el procedimiento administrativo
que culminó con la expedición de los actos enjuiciados. Posteriormente, y a partir
de dicho recuento crítico, se analizarán los cargos de nulidad planteados por la
demandante.
El 25 de agosto de 2008 se radicó la propuesta de contrato de concesión minera
JHP-14451, cuyo objeto era la exploración técnica y explotación económica de un
yacimiento de arenas y gravas naturales, localizado en un área de 44,3862 ha (fl.
11
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
18). La solicitante allegó los documentos técnicos de soporte el 1° de septiembre de
2008 (fl. 7).
El 4 de noviembre de 2009, la autoridad minera efectuó el informe técnico de captura
de área inicial (fl. 11) y el 18 de marzo siguiente expidió el concepto técnico
mediante el cual determinó que la propuesta presentaba una superposición parcial
con la licencia de exploración L5159005, por lo que el área susceptible de ser
contratada debía recortarse a 34,3739 ha (fl. 12).
Ese concepto fue acogido mediante acto administrativo que se notificó por estados
el 7 de mayo de 2010, y en el que la autoridad minera requirió a la proponente para
que manifestara si la nueva área objeto de la solicitud era de su interés (fl. 14). Este
requerimiento fue atendido el 18 de mayo siguiente, cuando se aceptó la continuidad
del trámite, se aportó la constancia del pago del canon superficiario anticipado y se
allegó información técnica corregida y actualizada (fl. 37).
A través del concepto técnico No. 1145378 del 12 de octubre de 2010 se consideró
que la propuesta era técnicamente aceptable y se recomendó la suscripción del
contrato de concesión minera, pero se precisó que para efectos del otorgamiento
del título correspondiente “se entenderán excluidas de pleno derecho, las zonas,
terrenos dentro del perímetro urbano y trayectos en los cuales, de conformidad con
los artículos 34 y 35 de la Ley 685 de 2001 está prohibida la actividad minera o se
entenderá condicionada a la obtención de permisos o autorizaciones especiales” (fl.
24).
La autoridad minera elaboró la minuta de contrato y esta fue suscrita por la señora
Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta (fl. 32), por lo que el documento pasó al
despacho del del gobernador de Antioquia para su firma. Sin embargo, mediante
acto de trámite del 2 de mayo de 2012, se requirió a la proponente para que ajustara
su propuesta a lo prescrito por la Ley 1382 de 2010, dado que esta nueva normativa
había modificado varios apartes de la Ley 685 de 2001 -Código de Minas- y eso no
había sido tenido en cuenta en el trámite administrativo previo (fl. 46)9.
8
La foliatura a la que se alude en este aparte de la sentencia se refiere a la correspondiente al
expediente administrativo, el cual fua aportado al expediente en medio magnético.
9
El requerimiento se efectuó en estos términos: “Se requiere a la señora Fabiola del Socorro
Restrepo Piedrahita (…) con el fin de que antes de continuar con el trámite de la contratación se dé
cumplimiento a los siguientes requisitos ajustando su propuesta a la Ley 1382 de 2010, en el
siguiente sentido: • Los solicitantes de propuesta de contrato de concesión deberán señalar si dentro
del área solicitada existe algún tipo de explotación minera, indicando su ubicación y metodología
12
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Mediante oficio No. 2012-413-019543-1 del 18 de septiembre de 2012 la Agencia
Nacional de Minería le comunicó a la Gobernación de Antioquia – Secretaría de
Minas (autoridad minera delegada) que “el día 25 de julio de 2012 se realizó la
incorporación al Catastro Minero Colombiano de las áreas correspondientes al
Proyecto de Utilidad Pública: Proyecto Vial Aburrá - Oriente (Túnel de Oriente y
desarrollo vial Complementario correspondientes a la Fase Il del contrato de
Concesión No. 97-CO-20-1811) declarado de utilidad pública e interés social
mediante Resolución No. 028057 de 12 de octubre de 2011 por parte de la
Gobernación de Antioquia” (fl. 47).
A raíz de lo anterior, la Secretaría de Minas evaluó nuevamente la propuesta y
mediante concepto técnico No. 1189402 del 5 de diciembre de 2012 estableció que
había una superposición con el trazado y zona de influencia del proyecto vial. Por
tal motivo, se determinó que, para dar viabilidad técnica a la propuesta minera, se
debía contar con un concepto favorable del concesionario vial y de la autoridad
encargada de la gestión del proyecto de infraestructura, de conformidad con lo
previsto en el artículo 35 del Código de Minas (fl. 89). Como producto de esta
evaluación se expidió un acto mediante el cual se efectuaron requerimientos
técnicos encaminados a determinar la viabilidad del otorgamiento del título minero
(fl. 53).
El 20 de diciembre de 2012, la sociedad Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.
remitió un informe técnico en el que explicó detalladamente las razones por las que
se consideraba inconveniente “conceder el título de explotación minera en
cercanías del proyecto de conexión vial Aburrá Oriente” (fl. 54).
Debido a estas variaciones en el trámite de la propuesta de contrato de concesión
minera, la señora Restrepo Piedrahíta formuló una petición10 en la que solicitó que
se otorgara el título minero con base en la minuta firmada previamente. Además,
utilizada para conocer la existencia o no de dicha minería. (Artículo 16, parágrafo 1 de la Ley 685 de
2001, adicionado por la Ley 1382 de 2010 artículo 1°).
• La actualización de un anexo técnico que describirá los trabajos de exploración, los cuales deberán
ser iguales o superiores a los mínimos definidos por el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo
con el área y las características del proyecto minero; Artículo 271 de la Ley 685 de 2001, adicionado
por la Ley 1382 de 2010 artículo 18, literal h).
En consecuencia, se concede el término de treinta (30) días de plazo contados a partir de la
ejecutoria del presente auto, so pena de rechazar la propuesta de contrato de concesión minera
(…)”.
10
El 9 de enero de 2013.
13
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
manifestó que había conflicto de intereses en la Gobernación de Antioquia, puesto
que se encontraba fungiendo como autoridad minera delegada y como entidad que
declaró la utilidad pública que se superpuso con la propuesta JHP-14451 (fl. 61).
Mediante la Resolución No. 091851 del 14 de agosto de 2013, la Gobernación de
Antioquia aceptó la recusación formulada por la hoy accionante y ordenó remitir el
expediente administrativo a la ANM para que continuara con su trámite (fl. 83)11. Sin
embargo, a través de la Resolución No. 0778 del 28 de noviembre de 2013, la ANM
no aceptó la remisión y devolvió el expediente a la autoridad delegada, al considerar
que no puede declararse un impedimento o recusación respecto de una entidad -
Gobernación de Antioquia-, sino que debía verificarse la concurrencia de alguna
causal respecto de los funcionarios que tenía a su cargo el conocimiento del asunto
(fl. 88).
El 12 de febrero de 2014, la Secretaría de Minas asumió nuevamente el
conocimiento del procedimiento administrativo, y mediante conceptos del 13 de
febrero (fl. 98) y 16 de julio de 2014, precisó que, aunque no había superposición
con áreas de protección ambiental, el proyecto minero sí se traslapaba con la zona
de utilidad pública antes mencionada.
Previo requerimiento efectuado los días 10 de abril y 28 de septiembre de 2015, la
Gerencia de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Infraestructura Física -
Gobernación de Antioquia- explicó mediante oficio del 27 de octubre de 2010, que
no era técnicamente viable el desarrollo de labores de explotación minera
proyectadas en la propuesta JHP-14451, dada la superposición con la zona de
utilidad pública. Estas consideraciones técnicas guardan plena concordancia con
los fundamentos del concepto aportado previamente por la sociedad Concesión
Túnel Aburrá Oriente S.A. desde el 20 de diciembre de 2012.
A partir de las anteriores consideraciones, mediante la Resolución No.
S20100357826 del 30 de diciembre de 2015, se rechazó la propuesta de contrato
de concesión minera JHP-14451, por cuanto el área solicitada se superponía con el
“Proyecto de Utilidad Pública: Proyecto Vial Aburrá - Oriente (Túnel de Oriente y
11
Previo a expedir este acto, el 27 de mayo de 2013, la autoridad minera delegada envió una
consulta al Ministerio de Minas y Energía, para que le impartiera una orientación acerca de la
decisión que debía adoptarse (fl. 73). Sin embargo, luego de que dicho Ministerio remitiera por
competencia el asunto a la Agencia Nacional de Minería -17 de junio de 2013 (fl. 76)-, esta entidad
precisó que los supuestos que daban lugar a la recusación o al conflicto de intereses debían
verificarse en relación con los funcionarios y no frente a la Gobernación -11 de julio de 2013 (fl. 78).
14
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
desarrollo vial Complementario correspondientes a la Fase Il del contrato de
Concesión No. 97-CO-20-1811) declarado de utilidad pública e interés social
mediante Resolución No. 028057 de 12 de octubre de 2011 por parte de la
Gobernación de Antioquia”. Además, el desarrollo de actividades mineras no fue
avalado por las entidades encargadas de la gestión del proyecto de infraestructura
-art. 35 Código de Minas-. Esta decisión fue confirmada en la Resolución No.
S2016060004647 del 17 de marzo de 2016.
• Análisis del cargo de infracción normativa
Conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 685 de 2001 -Código de Minas-,
el contrato de concesión minera determina el surgimiento del derecho a explorar y
explotar los recursos mineros. Para que se perfeccione, este negocio jurídico debe
inscribirse en el Registro Minero Nacional, siempre que previamente se haya
acreditado, por parte del solicitante, el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en la legislación minera.
Por su parte, el artículo 16 del Código de Minas establece que la solicitud de
otorgamiento de un título minero “no confiere, por sí sola, frente al Estado, derecho
a la celebración del contrato de concesión”, sino que únicamente “confiere al
interesado, un derecho de prelación o preferencia para obtener dicha concesión si
reúne para el efecto, los requisitos legales”. Por tal motivo, en el contexto del
procedimiento para la celebración y perfeccionamiento del contrato de concesión
minera bajo el régimen ordinario, esta Subsección12 ha precisado que corresponde
a una actuación administrativa iniciada por solicitud de parte13 en ejercicio de un
interés particular y ha sido categórica en advertir sobre la misma, que:
i) No determina el derecho al otorgamiento del título minero y por ende, tampoco
el derecho a la celebración y perfeccionamiento del contrato de concesión, de
tal forma que durante todo el trámite gubernativo reglado y hasta el
perfeccionamiento del título, el proponente solo adquiere una mera expectativa
respecto al cumplimiento de los presupuestos legales exigidos para la
consolidación del derecho, los cuales, aunque puedan llegar a perfeccionarse
en el futuro, son tan solo probabilidades o esperanzas que no constituyen
derechos subjetivos consolidados;
ii) Se otorga a dicha propuesta el valor y la fuerza legal para producir efectos
jurídicos bajo un derecho de prelación o preferencia frente terceros y otras
propuestas posteriores, así como frente a la Entidad, quien, en concurrencia de
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de noviembre de 2021.
Radicado 11001-03-26-000-2015-00014-00 (53038). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
13
Según ya se avizoró, en el caso del artículo 31 de la Ley 685 de 2001, el procedimiento para la
celebración y perfeccionamiento de concesión con una comunidad minera corresponde a una
actuación administrativa que puede iniciarse por solicitud de parte o de oficio por la autoridad minera.
15
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
proponentes, no tiene un poder discrecional para escoger, sino una facultad
reglada definida por el cumplimiento de los requisitos legales por la primera
propuesta recibida. En tal sentido, el cumplimiento de los requisitos básicos de
la propuesta crea una situación subjetiva que debe ser respetada por los demás
interesados y la Entidad bajo el principio prior in tempore potior iure (primero en
el tiempo, mejor en el derecho); y,
iii) Genera un derecho al proponente consistente en el estudio y definición de la
propuesta por parte de la Entidad a la luz de lo dispuesto por la ley,
exclusivamente bajo los documentos, permisos y demás que ésta defina, y solo
podrá ser rechazada con fundamento en los casos expresamente definidos por
la misma.
Más específicamente, debe precisarse que la sola presentación de una propuesta
de contrato de concesión minera no habilita al particular para iniciar actividades de
exploración o explotación de los recursos minerales, cuya propiedad corresponde
al Estado14. Este entendimiento se desprende de una interpretación sistemática de
los artículos 14 y 16 de la Ley 685 de 2001, de la cual se concluye que, mientras no
se haya perfeccionado el respectivo contrato de concesión o, en su caso, un
permiso especial para la exploración y explotación de minas de propiedad estatal15,
el único derecho que asiste al peticionario es el de prelación frente a solicitudes
posteriores.
Estas precisiones adquieren plena relevancia en el caso particular, puesto que el
cargo de infracción normativa se fundamenta en consideraciones fácticas y jurídicas
que contravienen esta regla general según la cual, no puede haber explotación de
minerales sin el amparo de un título minero. Específicamente, el cargo en cuestión
se fundamentó en la supuesta transgresión de los artículos 6 y siguientes del
Decreto 933 de 2013, así como la vulneración de los derechos constitucionales al
trabajo, al mínimo vital y a la igualdad.
Como aspecto transversal a la formulación de estos fundamentos de nulidad, en
varios apartes de la demanda -hechos, concepto de violación, estimación razonada
de la cuantía- se señaló que desde antes de la presentación de la propuesta de
contrato de concesión minera JHP-14451 la demandante ya se encontraba
14
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 332 y 360 de la Constitución Política de 1991, el
Estado es titular del dominio sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables, razón por la
cual su explotación genera, a su favor, una contraprestación económica denominada regalía. En
desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 685 de 2001 incorporó disposiciones relativas a la
exploración y explotación de los recursos mineros, con el propósito de incentivar y regular dichas
actividades, así como de garantizar su aprovechamiento racional.
15
Si bien el artículo 14 del Código de Minas dispuso que solo el contrato de concesión otorga
derechos a explorar y explotar recursos mineros, no puede perderse de vista que, además de esa
figura, el legislador también previó otras -como la extracción ocasional y el barequeo- en las que
estos se conceden, sin necesidad de la suscripción de un negocio jurídico.
16
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
adelantando labores de explotación de minerales; por lo que, al negársele el
otorgamiento del título correspondiente, consideró que le fueron vulnerados los
derechos fundamentales anotados Tales afirmaciones fueron corroboradas por la
propia demandante, quien, en la declaración rendida en la audiencia de pruebas del
18 de julio de 2025, respondió afirmativamente a la pregunta sobre si, al momento
de solicitar el título minero, en el área correspondiente ya se estaba haciendo un
aprovechamiento de la mina16 (Samai, índice 158).
En este contexto, está demostrado que la demandante se encontraba adelantando
una explotación de recursos naturales no renovables sin que mediara un título
minero habilitante, lo que tornaba esa actuación en una situación contraria al
ordenamiento jurídico y, en particular, a las normas que regulan el aprovechamiento
de los bienes del Estado por los particulares. En consecuencia, dicha actuación
irregular no puede erigirse en fundamento válido para solicitar la nulidad de los actos
administrativos cuestionados, ni sirve como sustento legítimo para invocar la
vulneración de derechos constitucionales, pues la protección de tales intereses
jurídicos no puede sustentarse en el ejercicio de una actividad prohibida o carente
de autorización legal.
Aceptar la prosperidad de las pretensiones de nulidad en las circunstancias
expuestas equivaldría a conferir validez a un aprovechamiento no autorizado de los
recursos del Estado, lo cual resulta jurídicamente inadmisible. El ordenamiento
jurídico no ampara expectativas generadas en contravención de la ley, y la
salvaguarda de los derechos invocados exige que su ejercicio y reconocimiento se
enmarquen en conductas ajustadas a derecho. Como se precisó en párrafos
precedentes, la propuesta de contrato de concesión minera se tramitaba bajo el
régimen general de titulación previsto en la Ley 685 de 2001, razón por la cual no
correspondía a una solicitud de legalización o reconocimiento de minería ancestral
o de subsistencia que estuviera desarrollando la accionante.
En consecuencia, la actividad desplegada por la parte demandante -explotación
minera sin título- constituye una irregularidad que no puede erigirse en causa
legítima para invalidar los actos administrativos cuestionados, toda vez que, se
reitera, de tal situación no es posible derivar la vulneración de derechos
fundamentales como el trabajo, el mínimo vital o la igualdad.
16
En la diligencia se dijo: Preguntada: (…) cuando usted presentó esa propuesta del contrato de
concesión minera ¿ya usted (…) estaba explotando esa área? Contesta: Sí (…) (min. 25:20).
17
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Ahora bien, la Sala no desconoce que, dentro del cargo por infracción normativa,
también se alegó la vulneración de los artículos 6 y siguientes del Decreto 933 de
2013. No obstante, este planteamiento no puede prosperar, toda vez que dicho
cuerpo normativo -“por el cual se dictan disposiciones en materia de formalización
de minería tradicional y se modifican unas definiciones del Glosario Minero”- resulta
aplicable únicamente a las solicitudes de legalización de minería de hecho
presentadas con posterioridad a su promulgación. En el presente caso, como se
expuso en apartados precedentes, la solicitud JHP-14451 correspondió a una
propuesta de contrato de concesión minera y no a una solicitud de legalización
minera en virtud de la cual se estuviese buscando la formalización de una actividad
económica ancestral o de subsistencia.
En consecuencia, se concluye que el cargo por infracción normativa no está llamado
a prosperar y, por ende, no hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones
S201500357826 del 30 de diciembre de 2015 y S2016060004647 del 17 de marzo
de 2016 con fundamento en esta causal.
• Análisis del cargo de falsa motivación
(i) La parte demandante adujo que los actos administrativos acusados están
viciados de nulidad, por cuanto en el año 2010 suscribió la minuta del contrato de
concesión minera, lo que, a su juicio, acreditaba el cumplimiento de los requisitos
legales de cara a la obtención del título minero, de modo que el rechazo de la
propuesta es contrario a derecho.
El artículo 45 de la Ley 685 de 2001 define el contrato de concesión minera como
aquel celebrado entre el Estado y un particular para la exploración y explotación de
minerales de propiedad estatal, precisando que su objeto es habilitar jurídicamente
al concesionario para desarrollar tales labores. Este contrato es de naturaleza
solemne y su existencia se encuentra supeditada a un requisito constitutivo: la
inscripción en el Registro Minero Nacional.
El propio Código de Minas lo establece de manera expresa en varias disposiciones:
(i) el artículo 50 dispone que “para su perfeccionamiento y su prueba sólo necesitará
inscribirse en el Registro Minero Nacional”; (ii) el artículo 70 señala que el plazo de
la concesión “se contará desde la fecha de inscripción del contrato en el Registro
Minero Nacional”; y (iii) el artículo 14 establece que “únicamente se podrá constituir,
18
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal,
mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el
Registro Minero Nacional”.
De ello se sigue que la mera suscripción de la minuta por parte de la proponente,
sin la concurrencia de la autoridad competente y sin la inscripción en el RMN,
constituye una actuación del procedimiento administrativo minero, pero no genera
derecho adquirido, ni configura la existencia del título. La minuta firmada únicamente
por la solicitante carece de efectos jurídicos plenos, por cuanto no perfecciona el
contrato ni hace nacer a la vida jurídica el derecho a explorar y explotar el área
solicitada.
Como quedó precisado previamente, luego de que la minuta fue suscrita
únicamente por la hoy demandante, la autoridad minera efectuó un requerimiento
para que se aportaran documentos e informes encaminados a cumplir los requisitos
establecidos en la Ley 1382 de 2010, luego de lo cual se tuvo conocimiento de la
anotación de la zona de utilidad pública en el Catastro Minero Colombiano, con los
efectos sobre la inviabilidad técnica de la propuesta ya conocidos. Esta es la
actuación que sirve como punto de partida en la formulación del cargo de nulidad
que ahora se resuelve.
En lo que respecta a la incidencia de la Ley 1382 de 2010 sobre la propuesta de
contrato de concesión minera JHP-14451, la Sala considera necesario precisar que,
dado que al momento de la entrada en vigor de la ley, el contrato no se había
perfeccionado, la autoridad minera estaba habilitada para aplicar
retrospectivamente las nuevas disposiciones y requerir a la proponente minera para
que efectuara los ajustes y aportara los documentos técnicos correspondientes.
En efecto, conforme a los artículos 14 y 16 de la Ley 685 de 2001, mientras no se
hubiere otorgado ni perfeccionado el contrato de concesión minera, la solicitante
únicamente detentaba un derecho de prelación o preferencia frente a otros
interesados, pero no un derecho adquirido a la exploración o explotación minera.
Esta distinción resulta fundamental, pues la expectativa generada por la radicación
de una solicitud no configura una situación jurídica consolidada, sino una mera
posibilidad sujeta al cumplimiento íntegro de las exigencias normativas vigentes
hasta el momento del perfeccionamiento del título.
19
Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
La Ley 1382 de 2010 introdujo modificaciones sustanciales al régimen de titulación
minera, orientadas a fortalecer la protección del medio ambiente y a garantizar un
uso racional de los recursos naturales no renovables. Tales disposiciones
resultaban aplicables de manera inmediata a todas las solicitudes que, como en el
caso de la propuesta JHP-14451, se encontraban en trámite sin haber consolidado
todavía un derecho. Por lo tanto, la aplicación retrospectiva de la Ley 1382 a la
propuesta en cuestión, no constituye una transgresión del principio de
irretroactividad de la ley, sino el reconocimiento de que mientras no se haya
configurado una situación jurídica consolidada, el administrado solo ostenta una
expectativa legítima, sujeta a las variaciones normativas que el legislador considere
necesarias.
En consecuencia, el argumento de la demandante carece de sustento jurídico, pues
la suscripción de la minuta efectuada en 2010 no comportaba en sí misma el
nacimiento de un derecho adquirido, pues hasta tanto el contrato no fuera
perfeccionado mediante su inscripción en el Registro Minero Nacional, no podía
predicarse la existencia del título minero, ni el correlativo derecho de exploración y
posterior explotación. De este modo, se precisa que el cumplimiento de los
requisitos para el otorgamiento del título minero es algo que está sometidos a
verificación por parte de la autoridad minera hasta el momento mismo en que se va
a perfeccionar el contrato minero.
En este contexto, la Sala advierte que no se configuró vulneración alguna de la
normativa aplicable, ni se desconoció el principio de confianza legítima. Por el
contrario, la administración actuó dentro de sus competencias al continuar
evaluando la propuesta hasta el momento de su decisión final, sin que la suscripción
de la minuta, por sí sola, otorgara certeza jurídica sobre la concesión del derecho
minero.
(ii) Como segundo fundamento del cargo de falsa motivación, la accionante adujo
que la dilación administrativa permitió la alteración de las condiciones del área
solicitada, desconociendo el principio de confianza legítima al negar la propuesta
sin aplicar el mecanismo de compensación previsto en el artículo 8 de la Ley 1742
de 2014. Por su estrecha relación con estos fundamentos de nulidad, en este
acápite también se examina la alegada violación del derecho al debido proceso 17,
17
En la demanda se adujo que hacía parte del cargo de infracción normativa.
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Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
consistente en que, habiéndose agotado el trámite hasta la firma de la minuta, la
administración retardó el procedimiento y posibilitó que el área fuera gravada con
una zona de utilidad pública que tornó inviable el proyecto.
En primer lugar, debe decirse que no existe prueba que permita concluir que la
administración incurrió en una dilación en el trámite de la propuesta de contrato de
concesión minera JHP-14451. Por el contrario, del examen integral de las
actuaciones se desprende que las decisiones fueron adoptadas dentro de un
término razonable, atendiendo las particularidades del procedimiento y la
complejidad técnica que involucra la verificación de los requisitos legales para el
otorgamiento de títulos mineros.
Es importante resaltar que el Código de Minas no consagra un término específico
para que la autoridad minera profiera la decisión definitiva sobre las solicitudes de
contrato de concesión. El artículo 263 de dicho estatuto únicamente prevé que el
procedimiento se impulsará de manera oficiosa, sin necesidad de gestión alguna
por parte de los interesados, salvo la interposición de recursos y la presentación de
oposiciones por terceros. En esa medida, el legislador no incorporó en el régimen
minero una obligación de resolver en un plazo perentorio, ni contempló que el
transcurso del tiempo sin decisión produzca efectos de nulidad respecto de los actos
administrativos que finalmente se expidan.
Esta Subsección18 ha precisado que la tardanza en resolver un asunto
administrativo puede dar lugar a otros efectos jurídicos -por ejemplo, la
configuración de un daño antijurídico reclamable mediante la acción de reparación
directa o la afectación del derecho fundamental al debido proceso susceptible de
protección mediante acción de tutela-, pero no se traduce en la nulidad del acto
administrativo finalmente expedido.
En ese contexto, como la sola alegación de mora administrativa carece de aptitud
para configurar un vicio de legalidad de los actos acusados y en el caso particular
no existió siquiera una dilación en torno a la cual pudiera verificarse la existencia de
afectaciones a derechos subjetivos que vicien de nulidad los actos cuestionados, se
negarán las pretensiones de la demanda, máxime si se tiene en cuenta que la actora
no derribó la presunción de legalidad respecto de las motivaciones del rechazo de
18
Sentencia del 2 de junio de 2023. Exp. 67.516 (C.P. Marta Nubia Velásquez Rico).
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Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
la propuesta de contrato de concesión minera, pues la razón de la decisión fue la
superposición de áreas que se presentaba con la zona afectada por la declaratoria
de utilidad pública, y no existió razonamiento o fundamentación alguna que tendiera
a controvertir las razones técnicas que respaldaron la decisión cuestionada.
5. Costas
El artículo 188 del CPACA establece que la liquidación y ejecución de la condena
en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código
General del Proceso. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 365 numeral 1 del CGP, la Sala condenará en costas a la parte
demandante, y a favor de la parte demandada en atención a que en la presente
decisión se niegan las pretensiones.
Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el
trámite procesal, así como por las agencias en derecho, las cuales se fijan con
observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en
el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, se fijan agencias en derecho en la suma
de ciento cincuenta y nueve millones setecientos treinta y siete mil quinientos pesos
$159.737.500, a cargo de la señora Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta, y a
favor del Departamento de Antioquia y de la Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A.,
cifra que corresponde al 5% del valor de las pretensiones1920 y que será dividida en
partes iguales a favor de cada una de las demandadas.
La liquidación de las costas se efectuará de manera concentrada por conducto de
la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 366 del Código General del Proceso.
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“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.
En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario,
entre el 5% y el 15% de lo pedido (…)”.
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De conformidad con la regla para la tasación de las agencias en derecho fijada en el Acuerdo No.
PSAA16-10554 de 2016, para la determinación de este rubro se debe tener en cuenta lo pedido en
la demanda, que para el caso concreto asciende a la suma de $3.194.750.000, en atención a que
en la pretensión 7, la parte actora explícitamente consideró que la suma allí señalada no
correspondía a una pretensión en concreto que pudiera ser tenida en cuenta para efectos de estimar
la cuantía del proceso, sino que el reconocimiento del lucro cesante correspondería a lo probado en
el proceso.
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Radicación: 11001-03-26-000-2018-00181-00 (62603)
Actor: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta
Demandado: Departamento de Antioquia y otro
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Concesión
Túnel Aburrá Oriente S.A.
SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Condenar en costas a la señora Fabiola del Socorro Restrepo
Piedrahíta, a favor del Departamento de Antioquia y de la Concesión Túnel Aburrá
Oriente S.A. Las costas serán liquidadas por esta Corporación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en
derecho se fija la suma de ciento cincuenta y nueve millones setecientos treinta y
siete mil quinientos pesos $159.737.500.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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