Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06194-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06194-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06194-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
12 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406194-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Demandada: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia,
ii) igualdad y iii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406194-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir los autos
de 26 de abril de 2024 y de 24 de octubre de 2024, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 110010326000201800181-00, vulneró sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, el 9 de agosto de 2016, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Departamento de Antioquia y la Concesión
Túnel Aburrá Oriente S.A., con el fin de solicitar la anulación de las resoluciones
que rechazaron su propuesta de contrato de concesión minera JHP-14451.
4. Señaló que, “[…] Mediante auto del 6 de octubre de 2023 se decretó la práctica
de un dictamen pericial cuyo objeto consiste en “determinar las condiciones
técnicas del yacimiento minero solicitado en concesión, así como de los perjuicios
de toda índole derivados del rechazo de la propuesta JHP-14451”. En la misma
decisión se fijó el cuestionario correspondiente y se designó como perito a la
Facultad de Minas de la Universidad Nacional – Sede Medellín. […]”.
5. Indicó que, “[…] Luego, en oficio M.FM.1-0017 del 23 de enero de 2024, la
Decanatura de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional comunicó la
designación de los docentes que estarían a cargo de rendir el dictamen y fijó
razonadamente la suma de $81.591.000, como gastos periciales necesarios. […]”.
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Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
6. Sostuvo que, “[…] En proveído del 29 de enero de 2024 -notificado por estado
del 2 de febrero de 2024 (Samai, índice 101)-, se concedió a la parte demandante
el término de un (1) mes, para que cancelara los gastos referidos. […]”.
7. Adujo que, el 26 de febrero de 2024 radicó memorial, solicitando el beneficio
de amparo de pobreza y el reconocimiento de la carga dinámica de la prueba,
frente a lo cual, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Y
mediante auto, el 26 de abril de 2024, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Estarse a lo resuelto mediante auto del 21 de marzo de 2023, en el
que se negó la solicitud de amparo de pobreza presentada por la parte demandante.
SEGUNDO: Negar la solicitud de aplicación de la figura de carga dinámica de la
prueba.
TERCERO: Requerir a la señora Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta, para que
en el término de cinco (5) días cancele a favor de la Universidad Nacional de
Colombia la suma de ochenta y un millones quinientos noventa y un mil pesos
($81.591.000) por concepto de gastos necesarios de la pericia, bajo los parámetros
establecidos en la parte motiva de la presente providencia, so pena de entenderse
desistida la prueba. […]”.
7.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Sea lo primero precisar que, mediante auto del 21 de marzo de 2023 (Samai,
índice 67), este Despacho denegó la solicitud de amparo de pobreza presentada por
la parte demandante, en la medida en que no cumplía con las exigencias
establecidas en el artículo 151 del Código General del Proceso.
Para resolver la solicitud presentada el 26 de febrero de 2024, el Despacho se estará
a lo resuelto en la providencia antes anotada, en la medida en que esta nueva
petición tampoco cumple con los parámetros previstos en el Código General del
Proceso, en tanto no fue debidamente motivada, ni soportada, ni se presentó bajo la
gravedad de juramento y menos aún se acreditó siquiera sumariamente la condición
en la cual alega encontrarse la señora Fabiola Restrepo Piedrahita.
En relación con la carga dinámica de la prueba, el Despacho advierte que, aunque
las partes pueden solicitar su aplicación en cualquiera de las etapas de la producción
de la prueba -art. 167 del CGP-, lo cierto es que su procedencia no es automática,
sino que está determinada por el hecho de estar la parte a la que se le asigna la
carga de probar, “en una situación más favorable para aportar las evidencias o
esclarecer los hechos controvertidos”.
Para el caso particular, la parte demandante tiene la carga de demostrar todos los
hechos que constituyen el tema de la prueba, encaminados a desvirtuar la legalidad
de los actos enjuiciados, así como la procedencia y cuantía del restablecimiento
económico pretendido. Y aunque puede solicitar que esa carga se invierta, esa
solicitud tiene que ser específica en la determinación de los hechos o medios
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Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
probatorios en relación con los cuales tendría que aplicarse la figura en cuestión.
[…]”.
8. Señaló que, contra la anterior decisión, interpuso recurso de reposición, frente
a lo cual, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
auto de 24 de octubre de 2024, resolvió:
“[…] CONFIRMAR el auto del 26 de abril de 2024, mediante el cual se denegó el
amparo de pobreza solicitado por la parte demandante. […]”.
8.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Para efectos de resolver, el Despacho estima pertinente traer a colación los
artículos 151 a 154 del CGP, normas que en lo atinente al amparo de pobreza prevén
que se trata de una figura cuyo propósito es el de garantizar el acceso a la
administración de justicia respecto de aquellos sujetos que, dada su incapacidad
para asumir los costos del proceso, se encuentran eximidos de costear las cargas
económicas atribuibles a su condición de partes, bien sea para ejercer su derecho
de acción o de defensa, según fuere el caso.
Debe destacarse que, en cuanto a su oportunidad, el artículo 152 del CGP señala
que el citado mecanismo de amparo podrá ser solicitado antes de la presentación
de la demanda o en cualquier oportunidad dentro del curso del proceso, y que en
tratándose de las personas demandadas o llamadas a comparecer al proceso, su
oportunidad está dada con la contestación de la demanda o igualmente durante
cualquier etapa procesal.
Sin embargo, el hecho que el amparo de pobreza pueda solicitarse en cualquier
etapa, no quiere decir que la parte a quien se le negó una solicitud en un determinado
momento pueda repetir varias veces la petición aduciendo las mismas
circunstancias. Es decir, una cosa es que se presente una segunda solicitud
invocando hechos que sobrevinieron a la primera negativa, y otra diferente es que,
ante esa primera decisión, se repita la solicitud con el ánimo de “superar” o
“subsanar” las deficiencias de la primera, pues esta posibilidad no está avalada por
el ordenamiento jurídico, máxime cuando ambas solicitudes son realizadas por una
profesional del derecho nombrada como apoderada de confianza de la demandante.
Esto es precisamente lo que ocurre en el presente asunto, pues mediante auto del
21 de marzo de 2023, se denegó la petición de amparo de pobreza porque no se
demostró la condición económica alegada por la señora Fabiola del Socorro
Restrepo Piedrahíta, en relación con el cuidado de una hija en condición de
discapacidad, pero en este momento se aducen esas mismas razones para solicitar
nuevamente el amparo, sin señalar la existencia de hechos sobrevinientes o hechos
diferenciados que justifiquen la reiteración de esa solicitud. […]”.
[…]
“[…] Debe recordarse que mediante memorial radicado el 26 de febrero de 2024, la
apoderada designada por la demandante formuló la siguiente solicitud (Samai, índice
107): […]”.
[…]
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Núm. único de radicación: 110010315000202406194-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
“[…] Para que sea procedente el mecanismo de amparo de pobreza se requiere i)
que la solicitud sea motivada y bajo la gravedad de juramento, ii) que el amparo sea
solicitado por la persona que reúne las condiciones para su perfeccionamiento, y iii)
que se acredite sumariamente la condición socioeconómica que da lugar a la citada
solicitud. En igual sentido, la Corte Constitucional ha precisado: […]”.
[…]
“[…] Para el caso concreto, el Despacho estima que la solicitud presentada el 26 de
febrero de 2024 no cumple con los requisitos formales exigidos por el Código
General del Proceso, toda vez que, si bien fue presentada personalmente por quien
pretende su reconocimiento, la misma no se hizo bajo la gravedad de juramento, ni
fueron debidamente motivados y sustentados probatoriamente los fundamentos de
la solicitud, a pesar de haberse efectuado un requerimiento probatorio.
Específicamente, debe decirse que no se aportaron pruebas que acrediten que la
señora Restrepo Piedrahíta es quien económicamente está a cargo del cuidado de
su hija discapasitada (sic), pues únicamente se aportó una historia clínica que no
podría ser tenida en cuenta por el juez, al contener datos personales y sensibles de
una paciente que no hace parte de este proceso y respecto de la cual no se aportó
la sentencia de interdicción o escritura de apoyo que acredite la condición alegada
con la petición de amparo. Pero en todo caso, al verificar algunos apartes de dicho
documento, quien figura como persona a cargo del cuidado de la señora Alzate (sic)
Restrepo, es el señor Esteban Colorado y no la acá demandante.
Además, la sola demostración de la condición de salud de una hija de la accionante
no permite inferir automáticamente cuál es la persona que sufraga efectivamente sus
gastos de manutención y cuál es el impacto en la economía de la parte actora, para
que pueda ser tenida en el presente proceso como amparada por pobre.
Por otra parte, se aportaron constancias de pago de la mesada pensional que recibe
la señora Restrepo Piedrahíta, así como constancia de un pago señalado como
contrato de arrendamiento y de servicios públicos domiciliarios, pero estos
documentos tampoco son prueba suficiente de la condición económica de la
demandante, puesto que no se demuestra cuál es el origen de los dineros que
cubren la diferencia entre lo devengado y lo gastado ella, en la medida en que se
afirma la recepción de apoyos económicos de terceros, pero no se acredita, ni
siquiera sumariamente esta circunstancia. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA. Se ampare los derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, principio de igualdad y a la protección especial a las
personas de la tercera edad.
SEGUNDA. QUE SE DEJE SIN EFECTOS, el auto que resuelve el recurso de
reposición con fecha del 24 de octubre de 2024, proferida por el Consejo De Estado,
Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejera
Ponente: […]
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Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
TERCERO. ORDENAR al Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, proceda a dictar una decisión de
reemplazo en la que estudie la solicitud de amparo de pobreza presentada por la
parte actora, con base en una correcta valoración de su situación económica a partir
de los elementos probatorios allegados al expediente dentro del proceso nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-26-000-2018-00181-00
(62603). […]”.
9.1 . Como fundamento de su solicitud consideró que:
“[…] En el caso en concreto, se vulnera el derecho al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita debido a
varias omisiones y errores en la evaluación de su solicitud de amparo de pobreza, lo
cual le impide avanzar en el proceso judicial de manera adecuada y equitativa.
Primero, aunque la demandante presentó la solicitud de amparo de pobreza por no
poder sufragar los costos del dictamen pericial, el despacho se limitó a evaluar el
memorial sin considerar las pruebas aportadas, como los recibos de su pensión
parcial y otros documentos que acreditaban su situación económica. Esta omisión en
la valoración de pruebas resulta en una decisión que desestima los elementos que
podrían haber probado la incapacidad de la demandante para asumir los costos
procesales, afectando así su derecho a un proceso justo y completo.
Segundo, al negar la solicitud de amparo de pobreza bajo el argumento de que no
estaba debidamente motivada ni sustentada, el despacho ignoró la solicitud. Esto, en
contravía de los principios procesales que exigen que las barreras económicas no
impidan el acceso a la justicia, vulneró el derecho de la demandante a obtener un
tratamiento justo y sin discriminación económica en el acceso a los recursos
procesales necesarios para defender su caso. Finalmente, al confirmar la negativa
del amparo de pobreza mediante el recurso de reposición, el Consejo de Estado
mantuvo una interpretación estricta de los requisitos formales, sin apreciar que el
requisito formal de la gravedad de juramento se cumplió a cabalidad. Tampoco se
valoraron las pruebas relacionadas con la situación económica de la demandante ni
los documentos adicionales que ella presentó. Además, el Consejo de Estado no tuvo
en cuenta que el alto valor económico de la prueba pericial requerida constituye un
hecho sobreviniente, inesperado para la demandante, que agrava su situación
económica. Esta falta de análisis exhaustivo limita la protección efectiva del derecho
fundamental al debido proceso y obstaculiza el acceso a la administración de justicia.
[…]”.
[…]
“[…] En el caso de Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita, se puede encuadrar la
acción de tutela contra providencias judiciales bajo el concepto de "vía de hecho," ya
que existen fundamentos para alegar que la actuación judicial vulnera sus derechos
fundamentales, específicamente el derecho al acceso a la justicia y a la igualdad en
el proceso […] En el caso descrito, la negativa a conceder el amparo de pobreza sin
valorar adecuadamente las pruebas que acreditan la situación económica de la
demandante y su condición de adulto mayor puede interpretarse como un defecto
material o sustantivo y como un desconocimiento de sus derechos constitucionales.
De acuerdo con las causales de procedibilidad establecidas en sentencias como la
C-590 de 2005, se puede argumentar que este caso encuadra en varios de estos
defectos: (a) el defecto material o sustantivo, al no aplicar una valoración justa de las
pruebas que sustentaban el amparo de pobreza, y (b) el desconocimiento del
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Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
precedente, dado que las normas constitucionales imponen un trato preferente hacia
las personas de la tercera edad y en situación de vulnerabilidad económica. Esto
último se relaciona con el Artículo 86 de la Constitución, que establece que la tutela
es un mecanismo de protección rápida y eficaz para derechos fundamentales.
Así, la negativa judicial a otorgar el amparo solicitado constituye una barrera que
impide a la demandante acceder a un proceso justo y en igualdad de condiciones, lo
cual afecta la integridad del sistema de protección de derechos en Colombia y justifica
el uso de la tutela para declarar la invalidez de la providencia judicial en cuestión.
[…]”.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 21 de noviembre de 2024: i)
admitió la demanda; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado; y iii) vinculó, como terceros con interés
legítimo al Departamento de Antioquia, a la Agencia Nacional de Minería y a la
Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A, concediéndoles el término de tres (3) días
para rendir informe sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
11. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar lo siguiente:
“[…] Para el caso particular, se advierte que la accionante no cumplió con la carga
de fundar razonadamente el cargo de defecto fáctico, puesto que su sustentación se
expresó en términos generales y sin especificar cuáles medios de prueba no se
valoraron o se valoraron mal y qué incidencia tuvieron tales yerros en la decisión
adoptada […] Sin embargo, en la acción de tutela no se explicó con detalle cómo es
que una apreciación probatoria alternativa a la que se ofreció en el auto del 24 de
octubre de 2024 derivaría en el reconocimiento del amparo de pobreza para la
demandante, por lo que no se satisface el requisito de relevancia constitucional al no
haberse cumplido con la carga mínima de argumentación.
A igual conclusión debe arribarse en relación con el cargo de desconocimiento del
precedente, puesto que tampoco se explicó cuál es la regla jurisprudencial que se
desconoció al no conceder un amparo de pobreza respecto del cual no se aportaron
los medios de prueba que lo sustenta […]”.
[…]
“[…] Finalmente, debe advertirse que la solicitud de amparo de pobreza ha sido
reiterada en el transcurso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y
ante su improcedencia se pretende emplear la acción de tutela como una instancia
adicional para satisfacer su pretensión.
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No puede perderse de vista que en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho la señora presentó una primera solicitud de amparo de pobreza que fue
resuelta mediante auto del 21 de marzo de 2023 (Samai, índice 67), al no cumplirse
con los requisitos de orden formal y material para su procedencia.
Luego, el 27 de febrero de 2024 (Samai, índice 107), se formuló una nueva solicitud
de amparo de pobreza, aduciendo que esta vez sí se cumplían con los requisitos.
Pero como esta petición fue despachada desfavorablemente (Samai, índice 109), se
interpuso recurso de reposición (Samai, índice 113). Previo a resolver este recurso,
se profirió el auto del 30 de mayo de 2024 (Samai, índice 118), en el que se requirió
a la parte demandante que aportara medios de convicción que demostraran su
condición económica. Sin embargo, a pesar de que el Despacho sustanciador
promovió la aportación de más pruebas, estas resultaron insuficientes para acreditar
el supuesto de hecho que diera lugar a acceder a lo solicitado por la demandante.
Como puede verse, la cuestión del amparo de pobreza fue amplia y reiteradamente
debatida por la accionante en el juicio de nulidad y restablecimiento del derecho. Y
aunque ella no comparta los argumentos expuestos en la decisión atacada, esto no
la habilita para acudir ante el juez de tutela buscando que se estudie un asunto que
ya fue decidido por el juez natural de la causa con suficiente motivación y permitiendo
que se ejerciera sin restricciones la actividad probatoria. Ciertamente, no se puede
permitir que haga carrera la práctica de que el litigante al que nos le conceden
solicitudes procesales ejerza la acción de tutela con el argumento de la vulneración
de sus derechos fundamentales y la intención velada de reabrir un debate jurídico
que ha sido razonablemente resuelto, provocando finalmente una instancia adicional
que el legislador no ha previsto. […]”.
12. La Agencia Nacional de Minería solicitó declarar improcedente la acción de
tutela. Para tal efecto, manifestó lo siguiente:
“[…] Honorable Magistrado, la presente acción de tutela resulta a todas luces
improcedente toda vez que el accionante pretende desconocer el carácter
excepcional, residual y subsidiario de este mecanismo de protección constitucional,
buscando desconocer los principios de seguridad jurídica e independencia judicial
que le atañen al juez contencioso administrativo en el ámbito especializado de sus
competencias. Al respecto la Corte Constitucional ha establecido que: […]”.
[…]
“[…] En este sentido, se encuentra que en el presente caso la parte actora pretende
por vía de tutela que la sección primera del Honorable Consejo de Estado actúe como
tercera instancia frente al auto emitido por la sección tercera de esta corporación,
argumentando una supuesta inobservancia del material probatorio existente.
Así, bajo ninguna circunstancia es procedente que el accionante pretenda
desconocer la autonomía del juez de la causa, intentando por vía constitucional que
se revise la legalidad de la decisión judicial, y no por intermedio de los mecanismos
procesales idóneos consagrados en nuestra legislación.
Ahora bien, del escrito de tutela presentado no se desprende la existencia de algún
prejuicio (sic) irremediable y mucho menos de la magnitud que la jurisprudencia
constitucional ha determinado hace procedente la acción de amparo. Así, la Corte
Constitucional ha establecido que para la configuración de este tipo de perjuicio se
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requiere la concurrencia de los elementos de gravedad, inminencia, urgencia e
impostergabilidad […]”.
13. La Concesión Túnel Aburrá Orientes S.A. solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, al considerar lo siguiente:
“[…] Me opongo respetuosamente a la prosperidad de las pretensiones de la
accionante, Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahíta, por cuanto no existe
vulneración de derecho fundamental alguno por parte de la autoridad judicial
accionada y, por el contrario, como se explicará en este escrito, la acción de tutela
es usada de manera temeraria.
Las negativas a la concesión del amparo de pobreza a la accionante, sin cumplir los
requisitos para ello, se ajusta al marco procesal, dentro del debate en el ejercicio de
un medio de control por el procedimiento ordinario siendo administrativo, esto es,
mediante un debate de índole procesal que no tiene cabida en sede de tutela.
2. AUSENCIA DE REQUISITOS PARA EL AMPARO DE POBREZA
En el curso del proceso administrativo y de la decisión objeto de la presente acción,
que se tramita en el Consejo de Estado con radicado 1001032600020180018100, la
accionante no acredito (sic) el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo
151 del Código General del Proceso para que se concediera el beneficio del amparo
de pobreza […] En consecuencia, la negativa del Consejo de Estado se encuentra
debidamente fundamentada y ajustada a derecho, sin que ello implique la vulneración
de los derechos fundamentales de la accionante. Es que debe tenerse en cuenta que
no toda negativa a una solicitud procesal, encarna una violación al derecho al debido
proceso […]”.
[…]
“[…] La acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional, diseñado para
garantizar derechos fundamentales que no puedan ser protegidos por otros medios
judiciales eficaces. En este caso, la accionante contó con los siguientes mecanismos:
• Solicitud de amparo de pobreza
• Negativa del amparo de pobreza
• Recurso de reposición contra la decisión
• Pruebas de oficio dentro del trámite del recurso
La accionante tenía la carga de acreditar las condiciones requeridas para el amparo
de pobreza y, por tanto, no se justifica la intervención del juez constitucional en este
caso. […]”.
14. El Departamento de Antioquia guardó silencio en esta oportunidad procesal.
15. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado allegó copia
digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
110010326000201800181-00.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20212 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20193, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
18. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.
19. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) procediendo
posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
20. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena4, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
21. Esta Sección adoptó5 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20056, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
22. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.
23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.
24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202406194-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
27. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
20149, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
consideró lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
9 Ut supra página 6.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
14
Núm. único de radicación: 110010315000202406194-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [16]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
15
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28. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró17:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”18
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”19
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
29. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
17 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
19 Ibidem.
16
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argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
30. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202220 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
17
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eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
31. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
32. Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
21 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18
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del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
33. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
19
Núm. único de radicación: 110010315000202406194-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
35. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
36. Atendiendo a que la Corte Constitucional23 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
37. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir el auto
de 24 de octubre de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
23 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
20
Núm. único de radicación: 110010315000202406194-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
radicación 110010326000201800181-00, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
38. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
39. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
40. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
40.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
110010326000201800181-00.
Solución del caso concreto
41. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional.
42. Como fundamento de su solicitud, la actora en su escrito de tutela señaló
que24:
24 Transcripción literal del texto.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202406194-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
“[…] En el caso en concreto, se vulnera el derecho al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita debido a
varias omisiones y errores en la evaluación de su solicitud de amparo de pobreza, lo
cual le impide avanzar en el proceso judicial de manera adecuada y equitativa.
Primero, aunque la demandante presentó la solicitud de amparo de pobreza por no
poder sufragar los costos del dictamen pericial, el despacho se limitó a evaluar el
memorial sin considerar las pruebas aportadas, como los recibos de su pensión
parcial y otros documentos que acreditaban su situación económica. Esta omisión en
la valoración de pruebas resulta en una decisión que desestima los elementos que
podrían haber probado la incapacidad de la demandante para asumir los costos
procesales, afectando así su derecho a un proceso justo y completo.
Segundo, al negar la solicitud de amparo de pobreza bajo el argumento de que no
estaba debidamente motivada ni sustentada, el despacho ignoró la solicitud. Esto, en
contravía de los principios procesales que exigen que las barreras económicas no
impidan el acceso a la justicia, vulneró el derecho de la demandante a obtener un
tratamiento justo y sin discriminación económica en el acceso a los recursos
procesales necesarios para defender su caso. Finalmente, al confirmar la negativa
del amparo de pobreza mediante el recurso de reposición, el Consejo de Estado
mantuvo una interpretación estricta de los requisitos formales, sin apreciar que el
requisito formal de la gravedad de juramento se cumplió a cabalidad. Tampoco se
valoraron las pruebas relacionadas con la situación económica de la demandante ni
los documentos adicionales que ella presentó. Además, el Consejo de Estado no tuvo
en cuenta que el alto valor económico de la prueba pericial requerida constituye un
hecho sobreviniente, inesperado para la demandante, que agrava su situación
económica. Esta falta de análisis exhaustivo limita la protección efectiva del derecho
fundamental al debido proceso y obstaculiza el acceso a la administración de justicia.
[…]”.
[…]
“[…] En el caso de Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita, se puede encuadrar la
acción de tutela contra providencias judiciales bajo el concepto de "vía de hecho," ya
que existen fundamentos para alegar que la actuación judicial vulnera sus derechos
fundamentales, específicamente el derecho al acceso a la justicia y a la igualdad en
el proceso […] En el caso descrito, la negativa a conceder el amparo de pobreza sin
valorar adecuadamente las pruebas que acreditan la situación económica de la
demandante y su condición de adulto mayor puede interpretarse como un defecto
material o sustantivo y como un desconocimiento de sus derechos constitucionales.
De acuerdo con las causales de procedibilidad establecidas en sentencias como la
C-590 de 2005, se puede argumentar que este caso encuadra en varios de estos
defectos: (a) el defecto material o sustantivo, al no aplicar una valoración justa de las
pruebas que sustentaban el amparo de pobreza, y (b) el desconocimiento del
precedente, dado que las normas constitucionales imponen un trato preferente hacia
las personas de la tercera edad y en situación de vulnerabilidad económica. Esto
último se relaciona con el Artículo 86 de la Constitución, que establece que la tutela
es un mecanismo de protección rápida y eficaz para derechos fundamentales.
Así, la negativa judicial a otorgar el amparo solicitado constituye una barrera que
impide a la demandante acceder a un proceso justo y en igualdad de condiciones, lo
cual afecta la integridad del sistema de protección de derechos en Colombia y justifica
el uso de la tutela para declarar la invalidez de la providencia judicial en cuestión.
[…]”.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202406194-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
43. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera
instancia que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene
por objeto verificar si las entidades accionadas incurrieron en la vulneración de
derechos fundamentales.
44. Además de lo anterior, para la Sala, la actora planteó una afectación de sus
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso del medio de control
de nulidad y restablecimiento de derecho y fue decidido por el juez natural de la
causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.
45. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente25:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”26, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”27. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
26 Sentencia SU-050 de 2018.
27 Sentencia SU-354 de 2017.
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Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
46. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
47. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por la actora no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que la actora no justificó el motivo por el cual dicha decisión
constituye una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
48. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la actora aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, y a la igualdad lo cierto es que no existe una mayor
explicación acerca de las razones por las cuales se afectó, en forma
desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos fundamentales de la actora
con ocasión de los autos de 26 de abril de 2024 y de 24 de octubre de 2024,
proferidos por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
49. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos legales y probatorios cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406194-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
50. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad
de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la
tesis jurídica de la actora y, con ello, se acceda a la solicitud de amparo de pobreza
presentada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que
de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.
51. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la
actora enuncia la trasgresión de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, esa presunta afectación
tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
52. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406194-00
Actora: Fabiola del Socorro Restrepo Piedrahita
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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