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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06177-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06177-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente el amparo solicitado, pero de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06177-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

9 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06177-01
Demandante: HÉCTOR TERCERO MERLANO GARRIDO
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE
DECLARÓ DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE A UN
ABOGADO. SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES.

Síntesis del caso: el demandante consideró que las autoridades demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales con ocasión de las providencias que lo declararon disciplinariamente
responsable y ordenaron la suspensión del ejercicio de la profesión por el término de seis meses.
Sin embargo, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró improcedente el amparo
solicitado por el incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 30 de octubre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:

“[PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por el señor Héctor Tercero Merlano Garrido por no cumplir con los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 31, primera instancia, negrillas y
mayúsculas del original)

I. ANTECEDENTES

La demanda

El 11 de septiembre de 20251, el señor Héctor Tercero Merlano Garrido promovió proceso
de acción de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Sucre, con el fin de que se protegieran sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, intimidad, defensa, libertad de
expresión y “al secreto profesional” y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

1 Índice 1, Samai, primera instancia.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06177-01
Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido
Acción de tutela
“1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, intimidad,
secreto profesional, defensa y libertad de expresión.

2. Que se dejen sin efectos la decisión del 24 de septiembre de 2025 y la
providencia del 18 de julio de 2025, que impusieron sanción disciplinaria en mi
contra.

3. Que se ordene la exclusión de la prueba ilícita consistente en el audio captado
accidentalmente en la audiencia de control de garantías.

4. Que, en virtud de la ausencia de animus iniuriandi y de la confesión calificada,
se disponga la terminación del proceso disciplinario por atipicidad de la conducta
atribuida.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI,
índice 2).

Hechos

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) El 10 de octubre de 2023, la señora Helena María López García, fiscal 22 de
Administración Pública del municipio de Sincé, presentó queja disciplinaria en su contra, por
cuanto, presuntamente, en el desarrollo de las audiencias de restablecimiento del derecho
en el proceso penal con radicación no. 70001-60-01-037-2022-01728, que cursaban en el
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de ese ente territorial, fue irrespetuoso y se refirió
a ella como “bruta, terca y vieja loca” por oponerse a unas solicitudes que realizó como
apoderado de la Caja de Compensación CONFASUCRE.

2) El proceso disciplinario le fue asignado a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Sucre2 que, mediante sentencia de 8 de julio de 2025, lo declaró disciplinariamente
responsable de la falta disciplinaria regulada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, a
título de dolo, y lo sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por seis (6) meses
y multa de 2 SMLMV.

3) Interpuso recurso de apelación, en el cual afirmó que la grabación que se produjo
accidentalmente, sin consentimiento ni autorización judicial y que su posterior acceso
constituía una vulneración a sus garantías fundamentales, por lo cual debía reconocerse el
carácter ilícito de esa prueba; asimismo, que las manifestaciones que efectuó hacían parte
del secreto profesional pues, las comunicaciones entre abogado y asistente, en el marco de
su ejercicio, están protegidas con carácter reservado.

4) El recurso fue desatado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sentencia del
24 de septiembre de 20253, en la que confirmó la decisión de primera instancia, en la medida

2 Proceso con radicación no. 70001-25-020-000-2023-00767-00/01.

3 Decisión que fue notificada el 26 de septiembre de 2025.

3
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Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido
Acción de tutela
que la prueba de la grabación no era ilícita, debido a que se dio en un escenario que no era
totalmente privado sino en el marco de una audiencia judicial; además, porque la conducta
del disciplinable no tenía relación alguna con el secreto profesional, en atención a que no
se trataba de una información conocida en virtud de la relación profesional cliente-abogado,
sino de una apreciación irrespetuosa y subjetiva del togado investigado respecto de una
funcionaria judicial.

El fundamento de la vulneración

El demandante señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, con ocasión de las providencias del 8
de julio y 24 de septiembre de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución.

En cuanto al defecto fáctico, afirmó que las providencias cuestionadas desconocieron
pruebas relevantes y tergiversaron los hechos, pues, consideraron que las expresiones se
produjeron en un contexto profesional abierto, cuando estaba demostrado que se trató de
un comentario fuera de audiencia captado por error del secretario, aunado a que se
fundamentaron en una prueba ilícita, en abierta infracción del artículo 29 de la Constitución
Política.

La decisión se basó en un fragmento de audio obtenido fuera de la audiencia, cuando el
secretario del despacho judicial mantuvo abierto el micrófono por error y captó
involuntariamente una conversación privada sostenida entre el demandante y su asistente
personal, dentro de su propia oficina de abogado que, a su vez, coincide físicamente con su
residencia, según consta en el certificado expedido por la empresa prestadora del servicio
de energía eléctrica AFINIA–Electricaribe.

Además, sostuvo que se incurrió en un defecto sustantivo, en atención a que se interpretó
de forma errada e irrazonable la norma disciplinaria por “atribuir injuria sin demostrar el
animus injuriandi”, puesto que las expresiones registradas en la conversación privada no se
pronunciaron con ánimo de injuriar, sino como parte de una reacción espontánea y
confidencial dentro del ambiente de trabajo.

De igual manera, indicó que se desconoció el precedente constitucional4 sobre la intimidad
profesional y prueba ilícita, debido a que esta protege de forma reforzada las

4 Sentencias SU-371 de 2021, T-768 de 2008.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06177-01
Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido
Acción de tutela
comunicaciones privadas entre abogado y asistente, incluso cuando son captadas de
manera accidental.

Por último, adujo que se vulneró de forma directa la Constitución, en la medida que se
violaron los derechos fundamentales invocados, tales como la inviolabilidad del domicilio y
el secreto profesional del abogado (artículos 28 y 74 CP), así como la libertad de expresión
en su dimensión privada (artículo 20 CP).

Actuación procesal

Por medio de auto de 9 de octubre de 20255, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Sucre, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la señora Helena María
López García, fiscal 22 de Administración Pública del municipio de Sincé, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción; asimismo,
negó la medida provisional solicitada por el demandante.

El 30 de octubre de 20256, se declaró infundado el impedimento manifestado por el
magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.

Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta de esta Corporación en sentencia de 30 de octubre de 20257 declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional y de subsidiariedad.

Afirmó que la parte demandante pretende reabrir discusiones resueltas y decididas por la
autoridad disciplinaria, en consideración a que su inconformidad ataca las decisiones
mediante las cuales se le sancionó dentro del proceso disciplinario, circunstancias que por
sí solas no configuran un yerro en la providencia enjuiciada.

En el escrito de tutela el señor Merlano Garrido trajo pruebas y argumentos nuevos, como
lo es, el recibo de energía de la empresa AFINIA, los cuales no fueron presentados ni
sustentados dentro del proceso disciplinario cuando interpuso el recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia, con lo cual pretende desplazar la competencia
de la autoridad natural.

5 Índice 10 Samai, primera instancia.

6 Índice 30, Samai, primera instancia.

7 Índice 31, Samai, primera instancia.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06177-01
Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido
Acción de tutela

Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia, concedida
en auto del 14 de noviembre de 20258.

Insistió en que la conversación privada utilizada como fundamento de la sanción fue
obtenida sin consentimiento, fuera de toda autorización legal y sin respeto por la expectativa
legítima de privacidad.

El fundamento subjetivo de la responsabilidad disciplinaria exige la constatación del animus
injuriandi, elemento inexistente en el presente caso, en atención a que las expresiones
analizadas no fueron dirigidas al público, no se emitieron en debate contradictorio, no fueron
pronunciadas para lesionar el honor de tercero y constituyen manifestaciones espontáneas
en un entorno privado.

Con los medios audiovisuales y documentales aportados con la impugnación no se pretende
reabrir el debate probatorio, introducir nuevos elementos de conocimiento o solicitar una
valoración probatoria autónoma diversa a la que fue objeto del proceso disciplinario, sino
que solo se busca que la Sala pueda verificar si la autoridad accionada incurrió en valoración
arbitraria, interpretación fragmentada, tergiversación de sentido o incorporación ilícita de
medios de prueba.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular.

8 Índice 47 Samai, primera instancia.

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Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido
Acción de tutela
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Sucre con el fin de
que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, intimidad,
defensa, libertad de expresión y “al secreto profesional”, presuntamente vulnerados por
motivo de los fallos proferidos el 8 de julio y 24 de septiembre de 2025, por cuanto, a su
juicio, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución.

La Sección Quinta de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela por falta
de relevancia constitucional y subsidiariedad.

En su escrito de impugnación el demandante insistió en que la decisión se fundamentó en
una prueba ilícita.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento
de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, por las razones que se
procederán a exponer:

1) El demandante afirmó que las providencias cuestionadas desconocieron pruebas
relevantes y tergiversaron los hechos, pues, consideraron que las expresiones se
produjeron en un contexto profesional abierto, cuando estaba demostrado que se trató de
un comentario fuera de audiencia captado por error del secretario y no se pronunciaron con
ánimo de injuriar, aunado a que se fundamentaron en una prueba ilícita

2) No obstante, una vez revisada la solicitud de tutela objeto de examen, la Sala advierte
que es claro que los fundamentos empleados se dirigen, de manera exclusiva, a discutir
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del
recurso de apelación que se presentó en contra de la sentencia de primera instancia y que

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Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido
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estaban dirigidos a cuestionar la imposición de la sanción disciplinaria por estar
fundamentada en una prueba ilícita, pues, la grabación de la conversación se dio en un
contexto privado y no en el marco de una actividad relacionada con el ejercicio profesional.

3) En efecto, en el recurso de apelación presentado en contra del fallo del 18 de julio de
2025 que lo sancionó disciplinariamente, la parte actora indicó, en los mismos términos que
ahora plantea, que había lugar a revocar la decisión, debido a que el fallador desconoció
que la prueba que se tuvo en cuenta para imponer la sanción era ilícita, en la medida que
surgió de una violación del derecho fundamental de intimidad.

4) Lo anterior, puesto que las manifestaciones que realizó sobre la señora Helena María
López García, fiscal 22 de Administración Pública del municipio de Sincé, se dieron en un
contexto privado, en su oficina, con su secretaria, después de haber finalizado la audiencia
de restablecimiento, por lo cual no debió de ser admitida en el proceso, tal como lo ha
señalado la Corte Constitucional9.

5) Por su parte, en la sentencia del 24 de septiembre de 2025, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial confirmó la decisión, por cuanto se acreditó que la prueba de la grabación
no era ilícita, debido a que se dio en un escenario que no era totalmente privado sino en el
marco de una audiencia judicial Al respecto, indicó:

“[P]or lo tanto, no es de recibo el argumento consistente en que había una
violación del derecho a la intimidad, como quiera que el escenario en el cual
se encontraba el togado no era totalmente privado como lo alega, sino en el
marco de una actividad relacionada con el ejercicio profesional.

(…).

Como puede apreciarse, no es posible considerar que la grabación de una
audiencia sea una prueba ilícita, en tanto que la misma es de carácter oficial,
y en este caso, en el marco de un restablecimiento del derecho al interior de
un proceso penal.

En consecuencia, no es posible sostener que, por estar suspendida la
diligencia y por haberse hecho un comentario desde la oficina del profesional
del derecho investigado en una conversación con su secretaria, exista una
vulneración del derecho a la intimidad, en tanto que la conducta se enmarca
en la intimidad social, y la conversación que tuvo el togado con su secretaria
se dio en el marco de una audiencia judicial.

Ahora, en cuanto a la explicación que ofrece el recurrente en relación con los
pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el derecho a la intimidad,
resumida en líneas anteriores, no se advierte que tales providencias versen
sobre un caso igual al acá analizado, pues de las afirmaciones genéricas
hechas por el togado, consistentes en que las oficinas de los abogados, su
domicilio, o las conversaciones con sus asistentes son privadas, no se
desprende que una grabación con las características acá expuestas
(audiencia judicial con presencia de sujetos procesales) no pueda ser utilizada

9 Sentencias SU-371 de 2021 y T-768 de 2008.

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Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido
Acción de tutela
como prueba.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI, índice 2, primera instancia- negrillas de la Sala).

6) En cuanto a la presunta inexistencia de animus injuriandi, la autoridad judicial demandada
afirmó que el togado efectivamente incurrió en una conducta irrespetuosa y ofensiva hacia
la Fiscal Helena María López García, cuando usó las expresiones descalificatorias, las
cuales se pronunciaron con el ánimo de injuriar y no como parte de una reacción espontánea
y confidencial dentro del ambiente de trabajo.

7) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los analizados en la
providencia que resolvió el recurso de apelación y dirigidos, de manera exclusiva, a que se
revocara la sanción impuesta, por fundamentarse en una prueba ilícita, en la medida que
las manifestaciones que fueron grabadas se dieron en un escenario privado y no en el marco
del ejercicio profesional, por lo cual gozaban de reserva absoluta, así:

“4. La prueba obtenida por error del secretario: origen ilícito y nulidad
derivada

El juez de control de garantías, al advertir la solicitud de compulsa de copias
promovida por la quejosa, dejó constancia expresa de que la audiencia había
culminado, y que el audio se escuchó “por error del secretario”.

Ese reconocimiento judicial configura, en los términos del artículo 29 de la
Constitución y de la jurisprudencia SU-337 de 2017, una prueba ilícita
obtenida con violación del derecho fundamental a la intimidad.

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-337 de 2017, precisó que:

“La grabación de una conversación privada sin consentimiento del interlocutor
vulnera la intimidad y el debido proceso, y las pruebas así obtenidas carecen de
validez dentro de cualquier actuación administrativa o judicial.”

Y la Sentencia SU-371 de 2021 reafirmó que el secreto profesional es una
garantía de la función de defensa (…)

(…).

Se me atribuyó una supuesta injuria a partir de expresiones privadas, en
conversación con mi asistente personal, doctora LUISA FERNANDA RUIZ
FLÓREZ, dentro de mi oficina profesional ubicada en mi residencia.

Dichas expresiones fueron captadas accidentalmente por un error del secretario
de una audiencia de control de garantías, quien mantuvo encendido el sistema de
grabación una vez terminada la diligencia.

El juez de control de garantías, al resolver la solicitud de compulsa de copias
presentada por la quejosa, negó dicha petición, dejando constancia de que las
frases cuestionadas se profirieron fuera de la audiencia y que su captación
obedeció exclusivamente a un error del secretario. (Prueba directa– no
valorada)

La providencia de primera instancia desconoció ex profeso esta circunstancia y
negó la exclusión probatoria, considerando que las expresiones se
produjeron en un “contexto profesional” sin expectativa de privacidad.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06177-01
Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido
Acción de tutela
(…).

En el presente caso no existió animus injuriandi, toda vez que la expresión
espontánea proferida fue una reacción emocional privada, emitida en el
ámbito de confianza con mi asistente profesional, sin propósito de ofensa
pública ni de deshonra hacia la fiscal interviniente.

En la Sentencia T-391 de 2007, la Corte Constitucional señaló que el derecho
a la libertad de expresión protege incluso manifestaciones “ásperas, irónicas o
desacertadas”, siempre que no se demuestre intención deliberada de lesionar el
buen nombre de otro.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI, índice 2, primera instancia- negrillas de la Sala).

8) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación, los cuales se resolvieron en el fallo del 24 de septiembre de 2025 y se dirigieron
a que se revocara la sanción disciplinaria por sustentarse en una prueba ilícita.

9) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada en la
providencia objeto de tutela concluyó que había lugar a confirmar la decisión que declaró
disciplinariamente responsable al demandante, en consideración a se acreditó que la prueba
de la grabación no era ilícita, debido a que se dio en un escenario que no era totalmente
privado sino en el marco de una audiencia judicial; además, porque la conducta del
disciplinable no tenía relación alguna con el secreto profesional.

10) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un
debate probatorio que era propio del proceso disciplinario y al juez constitucional le está
vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

11) Por último, frente a las pruebas relacionadas con el recibo de la empresa prestadora del
servicio de energía eléctrica AFINIA–Electricaribe, que fue allegado para acreditar que la
residencia y lugar de trabajo del demandante era el mismo, para la Sala resulta claro que el
interés de la parte actora consiste en debatir un argumento nuevo que no fue planteado ni
discutido en el trámite del proceso disciplinario.

12) En efecto, la Sala encuentra que como la parte actora no propuso ese argumento ni
allegó esa prueba en el proceso disciplinario, cuando se presentó el recurso de apelación
en contra de la sentencia de primera instancia, la acción de tutela no es el escenario para
traer a colación argumentaciones fácticas y jurídicas que son del resorte del juez natural y
que, habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, debieron habérsele puesto en
consideración para que este tuviera la oportunidad de pronunciarse sobre las mismas.

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Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido
Acción de tutela
13) Por consiguiente, resulta claro que lo pretendido por la parte demandante es que, con
la supuesta configuración de un defecto, se analicen argumentos que debieron ser
planteados en el proceso disciplinario, lo cual no es de recibo dado que sobre ellos no tuvo
la oportunidad de pronunciarse el juez natural y tampoco la contraparte pudo ejercer su
defensa.

14) En ese orden de ideas, como se trata de un argumento nuevo que pudo ser plateado
dentro del proceso ordinario y no se hizo, la acción de tutela es improcedente por cuanto no
cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el mecanismo constitucional “no es un
medio que remedie los desaciertos procesales de las partes”10.

15) Como lo ha dicho esta Corporación en anteriores decisiones11, este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado para revivir oportunidades procesales fenecidas ni para
plantear o mejorar argumentos que por incuria, negligencia o desidia se dejaron de proponer
en las instancias del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que ni siquiera se
justificaron los motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión.

16) De igual manera, la Sala encuentra que con los medios de prueba allegados al proceso
no hay lugar a inferir la existencia de un perjuicio con las condiciones de inminencia,
gravedad y urgencia que demanden medidas impostergables para evitar la consumación de
un daño y que ameriten la intervención transitoria y excepcional del juez de tutela, razón de
más para concluir que la acción de tutela resulta improcedente en el presente caso.

17) Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la acción de tutela en cuanto a este
último reparo, por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad

18) En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de mayo de

2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 15 de septiembre de 2022, exp. 11001-

03-15-000-2022-04683-00, MP Fredy Ibarra Martínez.

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Demandante: Héctor Tercero Merlano Garrido
Acción de tutela
FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente el amparo
solicitado, pero de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica,
electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia y
remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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