Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01227-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01227-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01227-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de marzo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá, doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01227-00
Demandante: HERNÁN ELÍAS JIMÉNEZ PETRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN EL MARCO DE UN PROCESO DE
REPARACIÓN DIRECTA EN EL QUE SE DECLARÓ
PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA.
Síntesis del caso: el demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia que
accedió a las pretensiones de la demanda y la sentencia que declaró probada la excepción de
inepta demanda, por cuanto, a su juicio, incurrieron en un defecto fáctico. La Sala declarará
improcedente el amparo por el incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad frente a unos argumentos y la negará respecto de otro.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela1 presentado por el señor
Hernán Elías Jiménez Petro en contra del Tribunal Administrativo de Sucre y el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, para la protección de
sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, mínimo vital y
acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29, 11 y 229 de la
Carta Política, presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias del 24 de
septiembre y el 11 de julio de 2025, proferidas por esas autoridades judiciales,
respectivamente.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1 La acción de tutela fue presentada el 17 de febrero de 2026, índice 1, Samai.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01227-00
Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
1) El 18 de febrero de 2020, la Secretaría de Transporte y Tránsito de Corozal (Sucre)
emitió siete resoluciones de embargo contra las cuentas bancarias del señor Hernán
Elías Jiménez Petro, por concepto de foto multas.
2) El demandante pagó en efectivo la totalidad de las multas, con el objeto de
recuperar sus recursos y continuar con su actividad económica, por lo cual la secretaría
profirió las resoluciones de desembargo en el mes de septiembre del 2020.
3) A pesar de que el demandante pagó las multas en efectivo, las autoridades no le
devolvieron el dinero embargado.
4) El señor Hernán Elías Jiménez Petro presentó demanda de reparación directa en
contra del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal (en adelante
IMTRAC) y el municipio de Corozal, con el fin de que se les declarara solidariamente
responsables por los daños materiales e inmateriales causados por la retención y
apropiación ilegal de unos dineros de su propiedad, debido a la medida de embargo
en un proceso coactivo por infracción de tránsito.
5) El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo2 quien, mediante sentencia de 11 de julio de 2025,
declaró responsable a IMTRAC por la no devolución y retención injustificada de un
dinero y la condenó al pago de una suma por concepto de perjuicio material en la
modalidad de daño emergente.
6) La parte demandante presentó recurso de apelación, en el cual manifestó que se
debían conceder las pretensiones referentes al lucro cesante, al perjuicio moral, las
agencias en derecho y la declaratoria de solidaridad en la condena entre las entidades
demandadas.
7) El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo de Sucre en providencia del
24 de septiembre de 20253, en la cual confirmó el reconocimiento de perjuicios por
concepto de daño emergente, en aplicación del principio de non reformatio in pejus,
2 Proceso con radicación no. 70001-33-33-005-2023-00046-00/01.
3 Decisión que fue notificada el 6 de octubre de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01227-00
Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
pero declaró probada la excepción de inepta demanda4, “por indebida escogencia de
la acción frente a la pretensión de declarar la responsabilidad del Instituto Municipal
de Tránsito y Transporte de Corozal – IMTRAC, por la no devolución de una suma de
dinero embargada al demandante en el marco de un proceso de cobro coactivo por
infracción a las normas de tránsito.”.
2. El fundamento de la vulneración
El demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales del debido proceso, mínimo vital y acceso a la administración
de justicia, con ocasión de los fallos proferidos el 11 de julio y 24 de septiembre de
2025, por cuanto, a su juicio, incurrieron en un defecto fáctico.
Existían múltiples medios probatorios legalmente aportados y no controvertidos, que
demostraban de manera clara la apropiación indebida de su dinero por parte de
IMTRAC, la no devolución pese a órdenes de desembargo y tutela, así como los
perjuicios materiales y morales derivados de esa conducta.
Si bien dentro del proceso estaban acreditadas, entre otras, las resoluciones de
desembargo, la sentencia de tutela donde la entidad admitió haberse apropiado del
dinero y prometió devolverlo, el fallo de desacato, el oficio en que se fijó fecha de
devolución, la certificación bancaria del embargo, el dictamen pericial del veterinario y
los testimonios de ganaderos que daban cuenta de su actividad económica y de los
daños sufridos, el juez desestimó estas pruebas sin explicar de manera concreta sus
falencias ni desvirtuarlas técnicamente, puesto que se limitó a calificarlas como
insuficientes, especialmente en lo relativo al lucro cesante.
Por otra parte, afirmó que la falta de contestación de la demanda por parte de IMTRAC
debía generar las presunciones previstas en los artículos 97 y 372 del CGP, es decir,
tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda; sin
embargo, el juez no aplicó estas reglas procesales, pese a que la entidad demandada
no ejerció su derecho de contradicción.
4 Explicó que no era procedente ordenar la devolución de recursos embargados en el marco de una
actuación administrativa mediante el medio de control de reparación directa, sino a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
El tribunal construyó su decisión a partir de supuestos ajenos a la realidad probada en
el expediente, pues, desconoció pruebas fundamentales (como la admisión expresa
de apropiación del dinero por parte de IMTRAC) y desvió el análisis hacia la supuesta
procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo
cual ignoró que el daño provenía de una conducta antijurídica distinta a los actos
administrativos del proceso coactivo.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“1) Profiera decisión, conforme a los hechos narrados, y en ella, se me tutelen
los derechos fundamentales y amparen el debido proceso, mínimo vital y
acceso a la justicia.
2) Como consecuencia de la decisión anterior, se ordene a la accionada
Juzgado Quinto Administrativo de Sincelejo, revocar parcialmente la
decisión del fallo de fecha once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025),
proferida en el proceso de reparación directa, con radicado N°
70001.33.33.005.2023.00046.00 y se dicte sentencia conforme a las pruebas
existente en el proceso bajo la sana critica de las mismas.
3) Como consecuencia de la concesión de los derechos invocados, se
ordene a la accionado Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Quinta
de Decisión, revocar totalmente la decisión del fallo de veinticuatro (24) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025), proferida en el proceso de
reparación directa, con radicado N° 70001-33-33-005 2023-00046-01, y se
dicte sentencia conforme a las pruebas existente en el proceso bajo la sana
critica de las mismas.
4) Se dé correspondiente traslado a las accionadas.”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI, índice 2, negrillas y mayúsculas del
original).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 19 de febrero de 20265 se admitió el proceso de acción de tutela y
se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo de Sucre, al titular del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo, al director del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de
Corozal (IMTRAC) y al alcalde del municipio de Corozal (Sucre), con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5 Índice 4, Samai.
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
5. Actuación de las autoridades demandadas y vinculadas
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo6 remitió el enlace
de acceso al proceso de reparación directa, pero no se pronunció acerca de las
pretensiones de la demanda.
El Tribunal Administrativo de Sucre, el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de
Corozal (IMTRAC) y el alcalde del municipio de Corozal (Sucre), guardaron silencio en
esta oportunidad, pese a haber sido notificados en debida forma.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.
6 Índice 12, Samai
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
al Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo con el fin de que se proteja sus derecho fundamentales del debido
proceso, mínimo vital y acceso a la administración de justicia, con ocasión de los fallos
proferidos el 11 de julio y 24 de septiembre de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrieron
en un defecto fáctico.
La Sala considera preciso advertir que, si bien la acción de tutela se dirigió
indistintamente contra los fallos de primera y segunda instancia, proferidos en el
trámite del proceso ordinario, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a este
último por cuanto fue el que definió la situación jurídica particular.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional frente a los argumentos relacionados con la presunta indebida
valoración de las pruebas que tenían por acreditados los perjuicios morales y
materiales derivados de la apropiación indebida de su dinero por parte de IMTRAC, y
por el requisito de subsidiariedad, respecto de la presunta falta de contestación de la
demanda; asimismo, la negará en cuanto a la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda, por las razones que procederán a exponerse:
2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no
todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la
competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre
constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo
de requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados
a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres
finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces
ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; ii) restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva
de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos
que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo
se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente7, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos
legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal8”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
7 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales9”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por
qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención
de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un
problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos
que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara
sobre el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la
vulneración concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la
acreditación del requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente
la existencia de una restricción desproporcionada” de tales derechos:
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.10
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la
Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción
de tutela no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección
jurídica de la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir
litigios legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario
con miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete
únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de
precisas facultades para ello.
10 Idem.
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos
fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte,
so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol
del juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las
providencias proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier
intento dirigido a reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego,
debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la
órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’
en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios 11” (negrillas
adicionales).
11 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01227-00
Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga
al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se
pretende emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.
2.1.1 El análisis de la relevancia constitucional frente a los argumentos
relacionados con la presunta indebida valoración de las pruebas
1) La parte demandante afirmó que el tribunal ignoró las pruebas que acreditaban la
apropiación indebida de su dinero por parte de IMTRAC, la no devolución pese a
órdenes de desembargo y tutela, así como los perjuicios materiales y morales
derivados de esa conducta, especialmente en lo relativo al lucro cesante.
2) No obstante, una vez revisada la solicitud de tutela objeto de examen, la Sala
advierte que es claro que los fundamentos empleados se dirigen, de manera exclusiva,
a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el
trámite del recurso de apelación que se presentó en contra de la sentencia de primera
instancia y que estaban dirigidos a que se reconociera el lucro cesante, el perjuicio
moral, las agencias en derecho y la declaratoria de solidaridad en la condena entre las
entidades demandadas.
3) En efecto, en el recurso de apelación presentado en contra del fallo del 11 de julio
de 2025 que declaró administrativamente responsable al IMTRAC, por concepto de
perjuicio material en la modalidad de daño emergente, la parte actora indicó, en los
mismos términos que ahora plantea, que había lugar a modificar la decisión, debido a
que se debían conceder las pretensiones relacionadas con el lucro cesante y el
perjuicio moral, pues la apropiación del dinero afectó directamente su capacidad para
continuar con la compra y venta de ganado bovino, lo cual generó una disminución en
sus ingresos.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01227-00
Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
4) Por su parte, en la sentencia del 24 de septiembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Sucre confirmó la negativa del lucro cesante, puesto que, a partir de
las pruebas allegadas al proceso, no encontró acreditado que el dinero embargado no
hubiera sido aplicado directamente al pago de las multas, que el demandante hubiere
realizado pagos adicionales o paralelos a los valores embargados y tampoco se
demostró con certeza la existencia de un daño antijurídico derivado de una retención
indebida.
5) Asimismo, en cuanto al perjuicio moral, señaló que no se demostró la existencia de
una retención ilegal o indebida distinta a la aplicación de los recursos al pago de las
multas; en todo caso, en aplicación del principio de non reformatio in pejus, dado que
la parte demandante era la única apelante, se mantuvo en el reconocimiento de
perjuicios por concepto de daño emergente. Al respecto, indicó:
“[E]n ese orden de ideas, y tal como se expuso previamente, no obra prueba
en el expediente que permita establecer que el señor Hernán Elías
Jiménez Petro realizó pagos voluntarios de las multas que dieron
origen a los procesos de cobro coactivo adelantados por el IMTRAC en
su contra. En consecuencia, resulta razonable concluir que el levantamiento
de las medidas cautelares obedeció a la aplicación directa de los dineros
embargados al pago de las obligaciones, conforme el artículo 803 del
Estatuto Tributario, lo que permitió al IMTRAC considerar canceladas las
deudas en su totalidad sin necesidad de un pago posterior por parte del
demandante, respecto del cual, además, no existe prueba alguna.
Así las cosas, es evidente que no se configuró un daño antijurídico al
demandante por la no devolución de los valores embargados el 8 de
septiembre de 2020, toda vez que no se acreditó que, de manera
paralela al embargo, el señor Hernán Elías Jiménez Petro hubiese
cancelado por separado el total de la obligación que dio lugar a los
mencionados procesos de cobro coactivo.
En consecuencia, se CONFIRMARÁ la sentencia apelada, por la
insuficiencia probatoria del daño, y en virtud de la restricción procesal
que impide agravar la situación del apelante único en ausencia de
reproche por parte de la entidad condenada, de conformidad con el principio
de non reformatio in pejus, consagrado en el artículo 328 del Código General
del Proceso.”. (archivo disponible en SAMAI, índice 2- negrillas de la Sala).
6) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional el demandante expuso similares planteamientos a los analizados en la
providencia que resolvió el recurso de apelación y dirigidos, de manera exclusiva, a
revivir la discusión relacionada con la omisión en la valoración de las pruebas que
acreditaban el reconocimiento de los perjuicios morales y lucro cesante, porque la
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01227-00
Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
retención de los dineros afectó directamente su actividad económica y su estabilidad
emocional.
7) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el
recurso de apelación, los cuales se resolvieron en el fallo del 24 de septiembre de 2025
y se dirigieron a que se accediera al reconocimiento del lucro cesante y de los
perjuicios morales.
8) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial demandada,
si bien declaró probada la excepción de inepta demanda respecto de la pretensión
orientada a obtener la devolución del dinero embargado por indebida escogencia del
medio de control, no revocó la condena impuesta en primera instancia por concepto
de daño emergente, en aplicación del principio de non reformatio in pejus, pero
tampoco accedió al reconocimiento del lucro cesante y perjuicio moral, por
insuficiencia probatoria.
9) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate probatorio que era propio del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
2.2. Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el
juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como
se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el
demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se
restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía
preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las
herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos
o para proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez
ordinario habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter
subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que
justifican su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.
En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo
para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un
amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad frente a la falta
de contestación de la demanda
1) El demandante sostuvo que la falta de contestación de la demanda por parte de
IMTRAC debía generar las presunciones previstas en los artículos 97 y 372 del CGP,
es decir, tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
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demanda; sin embargo, el juez no aplicó estas reglas procesales, pese a que la entidad
demandada no ejerció su derecho de contradicción.
2) No obstante, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente, para la Sala
resulta claro que el interés de la parte demandante consiste en debatir un argumento
nuevo que no fue planteado ni discutido en el trámite del proceso ordinario pues, en el
recurso de apelación contra el fallo que declaró la responsabilidad de la demandada y
condenó al pago de perjuicios materiales por concepto de daño emergente, el
demandante limitó sus reparos al reconocimiento de perjuicios por concepto de lucro
cesante y perjuicios morales, sin hacer referencia a la presunta falta de contestación
de la demanda, por lo que la autoridad judicial demandada no podía ni debía efectuar
ningún análisis sobre tal aspecto, pues la presunta omisión no fue puesta de presente
en esa etapa procesal y tampoco durante el trámite de la primera instancia.
3) Por consiguiente, resulta claro que lo pretendido por la parte demandante es que,
con la supuesta configuración de un defecto fáctico, se analicen argumentos que
debieron ser planteados dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo cual no es de recibo dado que sobre ellos no tuvo la oportunidad de pronunciarse el
juez ordinario y tampoco la contraparte pudo ejercer su defensa.
4) En ese orden de ideas, como se trata de un argumento nuevo que pudo ser plateado
dentro del proceso ordinario y no se hizo, la acción de tutela es improcedente por
cuanto no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues el mecanismo constitucional
“no es un medio que remedie los desaciertos procesales de las partes”5.
5) Como lo ha dicho esta Corporación en anteriores decisiones12, este mecanismo
constitucional no puede ser utilizado para revivir oportunidades procesales fenecidas
ni para plantear o mejorar argumentos que por incuria, negligencia o desidia se dejaron
de proponer en las instancias del proceso ordinario, máxime si se tiene en cuenta que
ni siquiera se justificaron los motivos por los cuales se incurrió en dicha omisión.
6) De igual manera, la Sala encuentra que con los medios de prueba allegados al
proceso no hay lugar a inferir la existencia de un perjuicio con las condiciones de
inminencia, gravedad y urgencia que demanden medidas impostergables para evitar
12 Sentencia del 9 de diciembre de 2025, expediente con radicación no. 11001-03-15-000-2025-06177-
01.
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
la consumación de un daño y que ameriten la intervención transitoria y excepcional del
juez de tutela, razón de más para concluir que la acción de tutela resulta improcedente
en el presente caso.
7) Por consiguiente, la Sala declarará improcedente la acción de tutela en cuanto a
este reparo, por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
2.3 Análisis del defecto fáctico
a. Caracterización del defecto fáctico
El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas
que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito específico de
acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte Constitucional13 ha
reconocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa y una positiva.
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de oficio
en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo.
Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración
por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello,
ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.
b. Análisis del defecto fáctico frente a la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda
El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa
judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo
13 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-041 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
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contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene
en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la providencia atacada14; (iii) el presente caso no se trata de una
irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv)
la parte demandante identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia
de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia
constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos
constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia de segunda instancia
que declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
Superado el análisis anterior, pasa la Sala a establecer si la sentencia objeto de tutela
incurrió en el defecto fáctico invocado.
1) En el presente asunto, para sustentar la presunta configuración del defecto fáctico,
el demandante sostuvo que la autoridad judicial construyó su decisión a partir de
supuestos ajenos a la realidad probada en el expediente, pues, desconoció pruebas
fundamentales (como la admisión expresa de apropiación del dinero por parte de
IMTRAC) y desvió el análisis hacia la supuesta procedencia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con lo cual ignoró que el daño provenía de una
conducta antijurídica distinta a los actos administrativos del proceso coactivo.
2) Así las cosas, la Sala procederá a realizar un estudio de la providencia atacada con
el fin de verificar si la autoridad judicial demandada valoró de manera indebida el
material probatorio a que hace referencia la parte demandante con el cual
presuntamente era posible determinar que IMTRAC se apropió indebidamente del
dinero, que existía una retención ilegal posterior al pago de las multas y que el daño
no provenía del acto administrativo coactivo, sino de una conducta antijurídica
autónoma consistente en no devolver el dinero, por lo cual el medio idóneo sí era la
reparación directa.
3) Pues bien, en la sentencia del 24 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo
de Sucre analizó el material probatorio allegado al proceso, en especial, los estados
14 La sentencia de segunda instancia fue notificada por correo electrónico del 6 de octubre de 2025 y la
demanda fue presentada el 17 de febrero de 2026.
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
Acción de tutela
de cuenta, las resoluciones de desembargo y el oficio mediante el cual IMTRAC
informó sobre su eventual devolución de dinero15, lo cual le llevó a concluir que esas
pruebas no eran suficientes para acreditar la configuración de un daño antijurídico
derivado de una retención o apropiación indebida posterior al embargo, así:
“Sin embargo, el que este probado lo anterior, no resulta suficiente para
tener por acreditado el daño alegado en la demanda, toda vez que,
aunque mediante oficio sin número del 1º de marzo de 2021, el IMTRAC
informó al señor Hernán Elías Jiménez Petro que se realizaría una
devolución de dinero a partir del 25 de marzo del mismo año en la
Cuenta Corriente No. 68163454815 de Bancolombia, no obra en el
expediente prueba alguna que permita establecer con certeza que dicha
devolución corresponde a los dineros embargados el 8 de septiembre
de 2020 en la cuenta mencionada.
Tampoco se acredita que la obligación que dio origen a dicha medida
cautelar haya sido efectivamente cancelada con posterioridad a la fecha
del embargo, como se asegura en la demanda, lo que impide vincular de
manera directa la devolución anunciada con el presunto daño causado.
En efecto, si bien en los hechos de la demanda se sostiene que «al
término de la notificación personal de dicho proceso» [sic], el
demandante «prestó dinero y pagó en efectivo la totalidad de las
sanciones, esto con el objeto de que se liberan los recursos para poder
retirarlos, por cuanto sustentaban su negocio» [sic], lo cierto es que no
se aportó al proceso ninguna constancia que permita verificar dicha
afirmación.
En particular, no obra prueba alguna que permita acreditar la
consignación, transferencia o recibo de pago de las multas que dieron
origen a los procesos de cobro coactivo adelantados por el Instituto
Municipal de Transporte y Tránsito de Corozal [IMTRAC] contra el señor
Hernán Elías Jiménez Petro, a fin de tener por demostrado que en efecto
«pagó en efectivo la totalidad de las sanciones» con posterioridad al
embargo, con el fin de liberar los recursos de su cuenta corriente.
(…).
Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto que los débitos efectuados
el 8 de septiembre de 2020 en la Cuenta Corriente No. 68163454815 de
Bancolombia coinciden en valor con los montos de los mandamientos
de pago emitidos por el Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de
Corozal (IMTRAC), derivados de distintos comparendos.
(…).
No obstante, dicha coincidencia no resulta suficiente para establecer
que los débitos correspondan efectivamente a embargos ordenados
por el IMTRAC, ni que se trate de la totalidad de las medidas cautelares
impuestas.
15 El Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Corozal (IMTRAC), mediante Oficio s/n del 1 de
marzo de 2021, informó al señor Hernán Elías Jiménez Petro que, en respuesta a su solicitud de
devolución de dinero, se procedió con la inscripción de su cuenta de Bancolombia, y que la devolución
se realizará a partir del 25 de marzo del mismo año.
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
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(…).
Así las cosas, es evidente que no se configuró un daño antijurídico al
demandante por la no devolución de los valores embargados el 8 de
septiembre de 2020, toda vez que no se acreditó que, de manera
paralela al embargo, el señor Hernán Elías Jiménez Petro hubiese
cancelado por separado el total de la obligación que dio lugar a los
mencionados procesos de cobro coactivo.”. (negrillas de la Sala, índice 2
Samai)
4) Pues bien, una vez examinado lo anterior, esta Sala encuentra que la autoridad
judicial demandada hizo un análisis razonable del material probatorio aportado y que
su decisión no partió de la negación de los estados de cuenta, las resoluciones de
desembargo y el oficio del 1 de marzo de 2021, sino de su insuficiencia para acreditar
el daño antijurídico en los términos planteados en la demanda.
5) El tribunal no desconoció la existencia de los embargos ni la coincidencia de los
valores debitados con los montos de los comparendos; por el contrario, dejó
constancia expresa de dicha coincidencia y explicó razonadamente que tal
circunstancia no resultaba suficiente para demostrar que el demandante hubiera
pagado nuevamente las obligaciones ni que existiera una retención indebida posterior
que configurara un daño autónomo, es decir, el juez no omitió valorar la prueba, sino
que, en ejercicio de su autonomía judicial, concluyó que ella no tenía el alcance
demostrativo que la parte pretendía atribuirle.
6) Asimismo, frente a la supuesta “admisión expresa de apropiación de dinero”, el
tribunal examinó el oficio del 1 de marzo de 2021 y advirtió que no existía prueba que
permitiera vincular esa comunicación con una retención ilegal distinta al procedimiento
coactivo, por lo cual concluyó que los valores embargados podían haber sido aplicados
directamente al pago de las obligaciones, lo cual desvirtuaba la tesis de una
apropiación antijurídica autónoma.
7) Adicionalmente, la decisión de declarar probada la indebida escogencia del medio
de control no obedeció a un desvío del análisis probatorio, sino a la determinación
jurídica sobre la fuente del daño alegado.
8) El tribunal explicó que cuando la pretensión principal consiste en obtener la
devolución de dineros embargados en una actuación administrativa, el medio idóneo
es la nulidad y restablecimiento del derecho, pues ello implica cuestionar la legalidad
de la actuación administrativa.
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Demandante: Hernán Elías Jiménez Petro
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9) En efecto, como el tribunal i) identificó y analizó las pruebas relevantes, ii) explicó
de manera razonada por qué no se acreditaba el daño en los términos alegados, y iii)
fundamentó jurídicamente la indebida escogencia del medio de control, no se configura
un defecto fáctico, sino una decisión adoptada dentro del ámbito de autonomía e
independencia judicial, con soporte probatorio y argumentativo suficiente
10) Por consiguiente, para esta Sala no hay lugar a declarar la presencia de un
defecto fáctico en la providencia atacada, por las razones hasta aquí expuestas.
11) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente a los argumentos
relacionados con la presunta indebida valoración de las pruebas que tenían por
acreditados los perjuicios morales y materiales derivados de la apropiación indebida
de su dinero por parte de IMTRAC, y por el requisito de subsidiariedad, respecto de la
falta de contestación de la demanda; asimismo, la negará en cuanto a la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional frente a los argumentos relacionados con la presunta
indebida valoración de las pruebas que tenían por acreditados los perjuicios morales
y materiales, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2°) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, respecto de la falta de contestación de la demanda, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
3º) Niégase el amparo invocado por la parte demandante, frente a la excepción de
ineptitud de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
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4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(firmado electrònicamente) (firmado electrònicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(firmado electrònicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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