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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00096-00

Fecha
9 de marzo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00096-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la nulidad del acto que declaró la elección del representante a la Cámara por la circunscripción departamental del Atlántico el señor Agmeth José Escaf Tijerino, para el periodo 2022-2026, contenido en el E-26 CAM de 26 de marzo de 2022. SEGUNDO: En firme este proveído, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00096-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

9 de marzo de 2023

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
(Representante a la Cámara – Departamento del Atlántico)
Radicado: 11001032800020220009600

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00096-00
Demandante: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR
Demandado: AGMETH JOSÉ ESCAF TIJERINO – REPRESENTANTE A LA
CÁMARA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEPARTAMENTAL
DEL ATLÁNTICO (2022-2026)
Tema: Marco jurídico de la inscripción de listas de candidatos en
coalición. Surgimiento del movimiento político Colombia
Humana. Alcance del inciso quinto del artículo 262 de la
Constitución Política.

FALLO – ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad electoral, promovido por el señor José Manuel Abuchaibe Escolar
contra el acto declaratorio de elección del señor Agmeth José Escaf Tijerino,
como representante a la Cámara por la circunscripción del departamento del
Atlántico.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El señor José Manuel Abuchaibe Escolar, en nombre propio y en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del CPACA,
presentó demanda el 9 de mayo de 2022, que fue subsanada mediante escrito
de 8 de junio siguiente, con la cual pretende:

“PRIMERA: Que se declare que es nulo el acto de declaratoria de elección de
CÁMARA DE REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE
ATLÁNTICO contenido en el documento E-26 CAM de fecha 26 de marzo de
2022.

SEGUNDA: Que, una vez declarada la nulidad de la elección, se ordene que se
excluya la lista del PACTO HISTÓRICO del cómputo general de votos contenidos
en el E-26, de acuerdo a las acusaciones que vamos a exponer en el presente
escrito.

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1

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
(Representante a la Cámara – Departamento del Atlántico)
Radicado: 11001032800020220009600

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior se ordene practicar y
efectivamente se practique por la Sección Quinta del Consejo de Estado, un
nuevo escrutinio de los votos depositados en el Departamento del ATLÁNTICO
en las elecciones del 13 de marzo de 2022 para CÁMARA DE
REPRESENTANTES CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE ATLÁNTICO,
periodo 2022 - 2026, escrutinio que deberá practicarse con base únicamente en
los registros que no se declaren afectados de nulidad en virtud del proceso a que
dé lugar esta demanda.

CUARTA: Que con base en los resultados que se obtengan en los nuevos
escrutinios, se haga por la Sección Quinta del Consejo de Estado, una nueva
declaración de elección de CÁMARA DE REPRESENTANTES
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE ATLÁNTICO, periodo 2022 - 2026, se
ordene expedir y efectivamente se expidan las nuevas credenciales de
Representantes a la Cámara por esa circunscripción territorial para el periodo
citado a quienes correspondan, y que se comunique la anterior novedad al
Consejo Nacional Electoral, al Presidente de la República, al señor Registrador
Nacional del Estado Civil y a sus delegados para el Departamento de
ATLÁNTICO, al señor Ministro del Interior, al señor Gobernador del
Departamento de ATLÁNTICO, y al señor Presidente del Tribunal Administrativo
del mismo Departamento.” (Subrayas y negrillas en el original).

2. Hechos

El demandante expuso, en síntesis, los siguientes:

2.1. El 13 de marzo del corriente año, se llevaron a cabo las elecciones
legislativas, en las que resultó elegido el demandado como representante a la
Cámara por el departamento del Atlántico, como consta en el formulario E-26
CAM del 26 de marzo del 2022.

2.2. El accionado Agmeth José Escaf Tijerino, fue inscrito por la coalición “Pacto
Histórico1”, la cual está integrada por distintas colectividades, en virtud de un
acuerdo programático y político suscrito, entre ellas “Colombia Humana”.

2.3. Precisó, que para las elecciones de 27 de mayo de 2018 en las que se
elegiría al presidente de la República, los señores Gustavo Petro y Ángela
María Robledo Gómez se inscribieron como fórmula presidencial y
vicepresidencial por la coalición “Petro presidente”, conformada por el grupo
significativo de ciudadanos “Colombia Humana” y el Movimiento Alternativo
Indígena y Social - MAIS –.

2.4. Culminados estos comicios, las fórmulas inscritas que obtuvieron las dos
votaciones más altas fueron la del partido Centro Democrático y la de la
coalición “Petro Presidente” las cuales pasaron a segunda vuelta -17 de junio

1
Conformada por: Polo Democrático Alternativo (PDA); Alianza Democrática Amplia (ADA),
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Unión Patriótica (UP), Partido Comunista
Colombiano (PCC) y Movimiento Político Colombia Humana.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
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de 2018-. Resultó elegido el señor Iván Duque Márquez de la primera
colectividad, quien obtuvo 10.398.689 votos; mientras que las organizaciones
coaligadas fueron depositarias de un total de 8.040.449 sufragios.

2.5. El Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución 2640 del 30 de
agosto de 2018 negó el reconocimiento de personería jurídica al grupo
significativo de ciudadanos “Colombia Humana”, por cuanto dicho movimiento
no participó en las elecciones al Congreso de la República y, por ende, no
había obtenido el 3% de votos emitidos válidamente en el territorio nacional
para esa misma corporación. Dicho acto administrativo fue revocado mediante
Resolución 3081 de 6 de diciembre de 2018, toda vez que esa actuación
administrativa solo podía iniciarse a petición de parte –la misma fue oficiosa- y,
además, nunca se notificó a los directamente afectados.

2.6. El 5 de octubre de 2018, el senador Gustavo Petro Urrego, en calidad de
representante legal provisional de Colombia Humana solicitó el reconocimiento
de la personería jurídica ante el CNE, pero fue negada por Resolución 3231 de
31 de diciembre de 2018, conforme a similares argumentos a aquellos
esbozados en la Resolución 2640 de 30 de agosto de 2018. Lo anterior,
propició la interposición de una acción de tutela por parte del senador Petro
Urrego, que fue resuelta en forma adversa, mediante fallos del 29 de enero de
2019 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y 14 de marzo
de 2019, expedido por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

2.7. El expediente del proceso de amparo citado fue seleccionado para revisión
por la Corte Constitucional y en sentencia SU-316 de 16 de septiembre de 2021
revocó los fallos de tutela y dispuso: “ORDENAR a dicha autoridad [en
referencia al CNE] reconocer la personería jurídica al movimiento político
Colombia Humana”, para lo cual debía tener en cuenta el 3% de los votos
obtenidos por esa colectividad para las elecciones de presidente y
vicepresidente de la República.

2.8. En acatamiento a esta orden, el CNE expidió la Resolución 7417 de 15 de
octubre de 2021 “por medio de la cual se da cumplimiento a lo ordenado por la
Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-316 de 2021 y se
le reconoce personería jurídica al Movimiento Político Colombia Humana”.

2.9. En uno de los apartes del formulario de inscripción de candidaturas por
coalición (E-6CT), la Registraduría Nacional del Estado Civil, dando alcance al
inciso 5° del artículo 262 de la Constitución Política, plasmó que el partido
Colombia Humana como integrante de la coalición tuvo cero (0) votos.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
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2.10. El actor manifestó que la votación obtenida por el grupo significativo de
ciudadanos “Colombia Humana” en el departamento del Atlántico, para las
elecciones presidenciales 2018 fue de 440.975 sufragios de un total de 784.604
de ciudadanos que votaron. Con este resultado, la organización política citada
superó ampliamente el límite constitucional permitido para la conformación de la
coalición de minorías, esto es, el total de 15% de votos válidos obtenidos en la
misma circunscripción.

3. Normas violadas y concepto de violación

El demandante invocó como causales específicas de nulidad electoral las
previstas en el numeral 3° y 5° del artículo 275 del CPACA, así como las
causales genéricas de infracción de norma superior (art. 262 Constitución
Política) y expedición irregular contempladas en el artículo 137 del mismo
estatuto procesal.

El propósito final de su argumentación es que se excluyan del cómputo general
de escrutinios los votos obtenidos por los congresistas elegidos por la coalición
denominada ‘Pacto Histórico’, en la medida en que dicha coalición se conformó
con desconocimiento de los parámetros establecidos en el inciso último del
artículo 2622 de la Constitución Política, comoquiera que las listas por
coaliciones para corporaciones públicas solo pueden ser integradas por partidos
y movimientos políticos con personería jurídica minoritarios, que sumados
hayan obtenido una votación de hasta el 15% de los sufragios válidos de las
elecciones anteriores llevadas a cabo en la respectiva circunscripción.

Aseveró que el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 7417 de 2021,
reconoció personería jurídica a “Colombia Humana”, en cumplimiento de la
orden impartida por la SU-316 de la Corte Constitucional, la cual se fundó
jurídicamente en el vacío existente en el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de
2018) y, materialmente, en el amplio respaldo popular que obtuvo esta
organización política en las elecciones presidenciales del año 2018, a razón de
más de 8 millones de votos.

Así las cosas, como el partido “Colombia Humana” si bien no inscribió listas
para Congreso de la República en las elecciones 2018, dado que esta
organización obtuvo su personería jurídica en el 2021, el actor considera que
debió tenerse como parámetro de votación, para verificar y aceptar la
inscripción de los candidatos a Congreso por la coalición, el resultado obtenido
en las elecciones presidenciales de 2018.

2
“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumandos hayan obtenido
una votación hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas”.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
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En este orden indicó que el caudal electoral obtenido por este colectivo en el
departamento del Atlántico –para elecciones presidenciales- fue de 440.975
sufragios de un total de 784.604, superando así de manera amplia el referido
porcentaje constitucional. Resulta claro entonces que no podía ser parte
integrante de una “coalición de minorías”.

En tal sentido, precisó que a la mencionada colectividad, en el Formulario E-
6CT, como integrante de la coalición le fueron registrados “cero (0) votos”
obtenidos en el certamen anterior. Cuando la realidad fue otra, por cuanto
Colombia Humana sí obtuvo votos en el departamento del Atlántico, para las
elecciones presidenciales de 2018.

Concluyó, también, que la inscripción de la lista del Pacto Histórico contiene
datos falsos que no fueron corregidos en una de las etapas de formación del
acto de elección acusado, “a pesar de que dicha actuación no es meramente
mecánica, sino cualitativa”, por lo que se configura la causal 3ª del artículo 275
del CPACA, según la cual, los actos de elección son nulos cuando “los
documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad”.

Explicó que por esos mismos supuestos fácticos resultaba evidente el
incumplimiento en las condiciones y requisitos de elegibilidad, desde la
previsión del artículo 275 numeral 5 del CPACA.

Finalmente, afirmó que todo lo anterior generó la causal general de expedición
irregular del acto declaratorio de elección. Esto por cuanto, el acto de
aceptación de las listas de la coalición “Pacto Histórico” hizo parte de los actos
preparatorios de la elección enjuiciada, es decir que dicha decisión previa
contribuyó a su formación, comoquiera que por disposición del legislador resulta
necesaria para el nacimiento a la vida jurídica de la elección demandada.

4. Trámite

La demanda fue inadmitida por auto de 3 de junio de 2022, con fundamento
principal en la indebida acumulación de causal objetiva al invocar el artículo
275.3 del CPACA con censura subjetiva, comoquiera que de manera
concurrente citó el artículo 275.5 ib. La parte actora presentó oportunamente
escrito de subsanación del libelo.

Mediante auto de 24 de junio de 2022, se admitió la demanda contra el
representante a la Cámara Agmeth José Escaf Tijerino.

En la mencionada providencia se dio viabilidad solo a las censuras (i) de
violación por transgresión directa al artículo 262 de la Constitución Política, en

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concordancia con el mandato 108 Superior y (ii) de expedición irregular
sustentada en la causales generales del artículo 137 del CPACA, al que remite
el 275 ibidem.

Así mismo, se ordenaron las notificaciones y los traslados contemplados en el
artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.

5. Contestación de la demanda e intervenciones

5.1. Del accionado, representante a la Cámara Agmeth José Escaf Tijerino

El congresista, mediante apoderado judicial, sostuvo que no hay lugar a la
interpretación extensiva de la Sentencia SU-316 de 2021 propuesta por el actor,
con el objeto de que se apliquen a los requisitos señalados en el artículo 262
Constitucional los votos obtenidos por la Colombia Humana en la segunda
vuelta Presidencial del año 2018, comoquiera que la Corte Constitucional no
tuvo como fundamento para su decisión el mandato citado.

El fallo de unificación fijó las reglas jurisprudenciales que debe cumplir una
agrupación en esas mismas condiciones para obtener la personería, a saber:
obtener el segundo lugar en los comicios presidenciales; que al menos uno de
los candidatos de la formula acepte una de las curules al congreso (art. 1 del
acto legislativo 02 de 2015 y 24 ley 1909 de 2018); que se declaren en
oposición y que haya obtenido como mínimo el 3% del total de votos emitidos
para las elecciones a presidente.

Son los párrafos de la sentencia referentes al último requisito los que el actor
descontextualiza para fundamentar su pretensión. Por el contrario, el fallo es
claro al determinar que ese factor está exclusivamente dirigido a garantizar la
representatividad del movimiento, como regla jurisprudencial para otorgarle la
personería jurídica, tomando de forma analógica el porcentaje de votación
presidencial que constitucionalmente considera significativo.

Además, la Corte indica expresamente que su decisión es aplicable solo al caso
bajo estudio y no a situaciones análogas, ni a otros niveles del gobierno, lo que
evita que se pretenda hacer uso de la decisión, como pretende el actor.

El pronunciamiento jurisprudencial tuvo en cuenta la votación obtenida para la
presidencia de la República por Gustavo Petro Urrego en la elección de 2018 y
no la del Congreso, por la potísima razón de que en esa oportunidad no se
presentó candidato a estos cargos de elección.

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En esa línea destacó que el artículo 262 constitucional exige que la
contabilización de los votos sea en la misma circunscripción electoral, la cual se
concibe como una subdivisión o ámbito territorial para realizar una elección. En
Colombia existen las circunscripciones nacional, departamental, municipal y
extranjera.

El actor pretende que se hagan extensivas unas cifras de una votación de
circunscripción nacional, (elección Presidente y Vicepresidente de la República,
año 2018) a la conformación de una coalición para una elección de la Cámara
de Representantes del Atlántico, que es de circunscripción departamental.

El propio formato E-CT de la coalición Pacto Histórico para Cámara de
Representantes del Atlántico, consagra de manera clara y precisa la
participación de cada uno de sus integrantes y los votos obtenidos en la
contienda electoral inmediatamente anterior por cada uno de ellos, siendo esta
sumatoria inmensamente menor al 15% del total de votos válidos de la
respectiva circunscripción departamental estando por lo tanto acorde con lo
ordenado en el artículo 262 Constitucional.

En conclusión, es incontrovertible que lo consignado en el formulario E-6CT de
inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por la coalición Pacto
Histórico está completamente apegado a la realidad, pues el movimiento
Colombia Humana no participó en las elecciones al congreso 2018-2022.

En consecuencia, la conformación de la coalición para elecciones congresales
2022-2026 se llevó a cabo respetando lo ordenado en el inciso quinto del
artículo 262 de la C.P. lo que hace infundada la pretensión del actor dentro de
la presente acción de nulidad electoral.

5.2. De la Registraduría Nacional del Estado Civil –RNEC-

La RNEC, a través de apoderada judicial defendió la legalidad del acto
acusado. Al efecto indicó que es incuestionable la posibilidad que otorga el
ordenamiento jurídico a los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica, que en coalición cumplan con el supuesto de hecho estipulado por la
norma constitucional, de presentar listas a cargos de corporaciones públicas.

Sin embargo, el accionante no adujo la inaplicabilidad o ineficacia de la norma,
sino, de hecho, el incumplimiento de la misma por parte de Colombia Humana,
agrupación política integrante de la coalición Pacto Histórico. El demandante
argumenta que, debido a que esa colectividad política no participó en las
elecciones al Congreso de la República y aporta, por tanto, cero votos al quince

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por ciento de los votos válidos de la respectiva circunscripción, no podía hacer
parte de la coalición.

El demandante no cuestiona la personería jurídica de la agrupación política, al
contrario, hace referencia a la sentencia SU-316 de 2021, mediante la cual se
ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) reconocer la personería jurídica al
movimiento político Colombia Humana y a la Resolución No. 7417 de 2021,
mediante la cual el CNE dio cumplimiento a lo ordenado.

Su censura la plantea en el entendido que Colombia Humana obtuvo su
personería jurídica en razón a las curules otorgadas a los candidatos en
segundo lugar en las elecciones presidenciales, al amparo de la Ley Estatutaria
1909 de 2018 (estatuto de la oposición) y, por ende aduce que “se le debe
computar sus votos, para efectos de las coaliciones del artículo 262, en los
votos obtenidos, ya sea en circunscripción nacional o territorial en esas
elecciones presidenciales”.

Así, “ya que la votación obtenida por COLOMBIA HUMANA en el Departamento
del ATLÁNTICO fue de 440.975 de un total de 784.604 en las presidenciales del
2018. Lo que supera ampliamente el 15%. Por todos los aspectos analizados
COLOMBIA HUMANA NO PODRÍA CONFORMAR UNA COALICIÓN DE
MINORIAS.”

No obstante, lo anterior, el actor no tiene en cuenta el concepto emitido por el
Consejo Nacional Electoral el 9 de diciembre de 2021, de radicado CNE-E-
2021-022788 y CNE-E-2021-00235142 con motivo de dos peticiones
presentadas por José Luciano Sanín Vásquez, Director de Viva Colombia, y
Nicolás Farfán Namén, Registrador Delegado en lo Electoral, en las que se fijó
la posición de la organización electoral desde el siguiente derrotero “Frente al
candidato que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales y
acceda a la curul del artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, teniendo
en cuenta que la votación fue obtenida para las elecciones presidenciales y no
para las circunscripciones de Senado y/o Cámara de Representantes, mal
puede tenerse en cuenta dicha votación, por tanto, no se contabilizará voto
alguno para los efectos consagrados en el inciso 5 del artículo 262 de la
Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015”.

De esta manera, al amparo de la jurisprudencia, tanto del Consejo de Estado
como de la Corte Constitucional, el inciso 5 del artículo 262 es aplicable a todas
las organizaciones políticas, sin importar bajo que causal le haya sido
reconocida la personería jurídica. Por tanto, para el caso sub examine no existe
incumplimiento de la norma alegada por el accionante, sino, por el contrario,

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una aplicación cabal de la regulación y de los precedentes jurisprudenciales que
sobre la misma se han esbozado.

Respecto de la competencia de la RNEC en lo relativo con la inscripción de
candidaturas, aseveró que su actuar tiene como fundamento las normas
constitucionales y legales que reglamentan lo concerniente a las jornadas
electorales, por lo cual dicha entidad lleva a cabo su función dentro del marco
de las competencias otorgadas por la ley. De este modo la Registraduría sólo
tiene capacidad para organizar las elecciones, por lo que, en materia de
escrutinios, simplemente cumple funciones secretariales, razón por la cual, no
es el sujeto procesal llamado a responder por la acción de nulidad al no tener
incidencia alguna en los hechos que censura el demandante.

En congruencia, el ordenamiento jurídico estipula que es el CNE quien tiene a
su cargo adoptar decisiones frene a las solicitudes de revocatoria de la
inscripción, como así lo establece el numeral 12 del artículo 265 constitucional.

5.3. Del Consejo Nacional Electoral –CNE-

Indicó, a través de apoderado judicial, que el Consejo de Estado reconoce que
aunque se presenta una omisión legislativa por parte del Congreso de la
República para reglamentar el artículo 262 de la Constitución Política en lo
concerniente a la inscripción de listas en coalición de partidos y movimientos
políticos para corporaciones públicas, la misma no resulta necesaria puesto que
tiene su origen en un precepto constitucional, dirigido a garantizar un derecho
fundamental que debe cumplirse de forma directa por las entidades
administrativas y judiciales.

Sea lo primero aclarar que el Pacto Histórico es una coalición de diferentes
partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida, que han
decidido unirse para los comicios electorales de Senado y Cámara de
Representantes para el período 2022-2026, por consiguiente, de acuerdo a la
Ley y a los Estatutos internos de cada grupo coaligado, realizaron un acuerdo y
con base en ello, decidieron presentar de manera conjunta listas de candidatos
para dichas elecciones legislativas.

Señaló que una coalición es una figura electoral acreditada normativamente
para establecer transitoriamente acuerdos programáticos y fijar estrategias
políticas para lograr fines comunes entre los partidos y movimientos políticos
coaligados.

Explicó sobre la revocatoria de inscripción de candidatos que es una
competencia administrativa del Consejo Nacional Electoral frente a solicitudes

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por causales de inhabilidad y/o doble militancia. En el marco de las facultades
constitucionales de esta Corporación de velar por el desarrollo de todos los
procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

En efecto, el inciso quinto del artículo 108 y el numeral 12 del artículo 265 de la
Constitución Política de Colombia, le han conferido para decidir las solicitudes
de revocatoria de inscripciones de candidatos a corporaciones públicas o
cargos de elección popular cuando exista plena prueba que aquellos están
incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley. Dentro
de ese contexto, en ningún caso, podrá declarar la elección de dichos
candidatos. Así mismo, el inciso segundo del artículo 31 de la Ley Estatutaria
1475 de 2011 dispone que, habrá lugar a la revocatoria de la inscripción de las
candidaturas por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o
evidenciada con posterioridad a la inscripción, casos en los cuales podrán
modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la
correspondiente votación.

En este punto indicó que no se tramitó ante el CNE solicitud de revocatoria de
inscripción de la candidatura del señor Agmeth José Escaf Tijerino como
candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico,
para las elecciones del pasado 13 de marzo de 2022.

Finalmente, afirmó que por no haberse tramitado ante el CNE solicitud de
revocatoria de inscripción de la candidatura del demandado, corresponde al
Contencioso Administrativo decidir el fondo de las pretensiones hoy planteadas
en instancias jurisdiccionales, decisión a la que el CNE atendrá en su
integridad.

6. Decisión de la excepción mixta de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la RNEC.

Mediante auto de 23 de noviembre de 2022, se declaró no probada, comoquiera
que la demanda atribuye el incumplimiento del tope máximo porcentual para
que se pueda conformar una coalición.

Dentro de ese contexto, es claro que a la RNEC se le atribuye la función de
verificación en el formulario de inscripción respectivo, que se haya registrado el
guarismo correspondiente a los votos obtenidos por cada coaligado y que esa
información corresponda a los datos contenidos en sus bases de datos; de lo
contrario, el resultado electoral se tornaría en un asunto meramente arbitrario,
sin ningún tipo de control.

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7. Auto que somete el proceso al trámite de sentencia anticipada

Por providencia de 19 de diciembre de 2022, el despacho indicó que la decisión
de fondo se adoptaría en sentencia anticipada. En la misma providencia se
decretaron las pruebas, se fijó el litigio y se ordenó correr traslado para
alegaciones finales de las partes e intervinientes y concepto del Ministerio
Público.

La fijación del litigio en su literalidad fue la siguiente:

“[c]onsidera el despacho que el litigio se contrae a determinar si debe
anularse la elección del representante a la Cámara Agmeth José Escaf
Tijerino, por la circunscripción departamental del Atlántico, para el período
2022-2026, declarada por el Consejo Nacional Electoral mediante el
formulario E-26CAM de 26 de marzo de 2022, por haber incurrido en
expedición irregular del artículo 137 del CPACA y violación de la norma
superior, al trasgredir el artículo 262 de la Constitución Política.

Lo anterior, implica absolver los siguientes cuestionamientos: ¿La
inscripción de la lista de candidatos efectuada por la coalición Pacto
Histórico se llevó a cabo en estricto acatamiento al requisito constitucional
establecido en el inciso quinto del artículo 262 Superior en lo atinente a
que los partidos una vez coaligados no pueden superar el 15% de los
votos válidos de la respectiva circunscripción? En aras de verificar ese
requisito ¿resultaba admisible tener en cuenta los votos obtenidos por el
partido político Colombia Humana en las elecciones presidenciales del año
2018?”.

8. Alegatos de conclusión

Durante el traslado respectivo, las partes presentaron alegaciones finales y el
Ministerio Público rindió concepto de fondo.

8.1. Alegatos de la parte actora

Indicó que los recientes pronunciamientos de la Sección Quinta frente a tema
similar dieron aplicación al mandato constitucional 262 y negaron las
pretensiones de la demanda.

Recordó que la norma constitucional en cita fue modificada por el Acto
Legislativo 02 de 2015 y se dio espera al desarrollo legal para aplicar la figura
de las coaliciones para la postulación a cargos uninominales. Pero, las
decisiones judiciales dan un viraje sorpresivo para aplicar directamente dicha
figura respecto de las inscripciones a corporaciones públicas, a pesar de que

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
(Representante a la Cámara – Departamento del Atlántico)
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también estaba sometido a la regulación mediante ley y esta no ha sido
expedida, habiéndose generado una omisión legislativa.

Surgen para el actor las siguientes interrogantes:

¿Cómo piensa interpretar el CNE el fallo de la Sección Quinta que deja
claro que se presenta una dificultad práctica para establecer los votos que
fueron depositados a favor de un partido, cuando su participación en
elecciones pasadas, a las de este año en curso, se da bajo la figura de la
coalición?

¿Acaso a cada partido que piensan coaligarse en 2023 para
corporaciones públicas le piensan colocar el total de los votos que obtuvo
la coalición en la que participó para efecto de verificar el total del 15% de
los votos que piensan ir en coalición en el 2023?

Acusó que se ha generado todo un caos jurídico que, a su juicio, resulta
evidente con los fallos expedidos dentro de los radicados 11001-03-28-000-
2022-00094-00, en el que se discutía la elección de los representantes a la
Cámara del Pacto Histórico por Cundinamarca, en cuyo aparte pertinente se
indicó:

“…se presenta una dificultad práctica para establecer los votos que fueron
depositados a favor del entonces grupo significativo de ciudadanos
“Colombia Humana”, dado que su participación en los presidenciales de
2018 se dio bajo la figura de la coalición por un partido político”.

Así mismo, en los apartados 105 a 107 de las consideraciones del fallo en cita
se advirtió que no era posible determinar en dicha votación que logró la
coalición Petro Presidente, cuántos sufragios obtuvo Colombia Humana, por
cuanto los mismos no fueron para una colectividad sino para un candidato
presentado en coalición para un cargo uninominal, que se rige por el artículo 29
de la Ley 1475 de 2011.

Analizó la naturaleza del ejercicio del derecho personal de la elección por
derecho propio al Congreso, por haber ocupado el segundo lugar en las
presidenciales y su diferencia con la votación que se deposita para la elección
de corporaciones públicas y concluir que los alcances de la sentencia SU-316
de 2021 no impactan en la interpretación del artículo 262 inciso 5° de la
Constitución Política, por cuanto el fundamento fue el artículo 108
constitucional, dentro de las garantías al derecho a la oposición y la curul
congresal por el derecho personal de haber logrado la segunda votación, luego
del primer mandatario ganador.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
(Representante a la Cámara – Departamento del Atlántico)
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Acotó que dicho antecedente jurisprudencial consideró que la violación a la
norma citada no resultó demostrada porque la tesis expuesta por el
demandante no se compadece de los requisitos previstos en aquella. Además,
porque el partido político Colombia Humana no participó en una elección
anterior, comoquiera que su génesis aconteció en el año 2021, por lo cual la
votación que el actor pretende se contabilice fue obtenida en una elección que
se lleva a cabo en una circunscripción diferente.

Como argumentos de fondo expuso que la Corte Constitucional en la sentencia
SU-316 de 2021 destacó el surgimiento de un caso de reconocimiento de
personería que no depende de las elecciones directas para Cámara y Senado,
ya que las curules obtenidas en virtud del artículo 112 Constitucional y el
artículo 24 de la Ley 1909 de 2018 son elecciones indirectas al congreso, las
que se dan en la elección presidencial.

Ante lo expuesto, decidió que el umbral a superar para obtener el
reconocimiento de la personería jurídica serán de aquel que el constituyente
derivado consideró como significativo, es decir el 3% de los votos emitidos
válidamente en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República,
siempre y cuando, al menos uno de los candidatos de la fórmula deberá aceptar
su curul en el Congreso y declararse de oposición.

La Corte Constitucional otorgó personería al movimiento Colombia Humana en
cumplimiento del artículo 108 constitucional, verificando el 3% del total de votos
válidos para efectos del umbral, por lo que a juicio del memorialista, no es
entendible de dónde se puede interpretar que no se contabilizará voto alguno a
Colombia Humana para los efectos consagrados en el inciso 5 del artículo 262
de la Constitución.

Los fallos que la Sección Quinta profirió sobre temática similar omiten analizar
en detalle sobre el énfasis de la Corte Constitucional cuando expone que el
reconocimiento de la personería no depende de las elecciones directas de
Cámara y Senado, comoquiera que las curules obtenidas en virtud de los
artículos 112 Superior y 24 de la Ley 1909 de 2018 son elecciones indirectas al
Congreso, las que se dan en la elección presidencial.

En esa línea, la parte actora indicó que el artículo 108 Superior consagra que el
derecho al reconocimiento a la personería depende de contar con un mínimo
del 3% de los votos emitidos válidamente.

Así las cosas, si la Colombia Humana obtuvo la personería por superar ese
monto porcentual en las elecciones para presidente y vicepresidente, sin haber
concurrido a las correspondientes al Congreso, es claro que los votos a tener

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Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
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en cuenta son los obtenidos en aquella en la que participó y de la cual se derivó
el reconocimiento de dicho atributo, pues eso le permitió ser parte de la
coalición Pacto Histórico cuando inscribieron candidatos al Congreso.

Recordó que Colombia Humana nace de una personería jurídica producto de un
fallo de la Corte Constitucional que coloca a la agrupación política con una
votación contabilizable y ahora se pretende que para efectos de la coalición al
Congreso, su agrupación aparezca con cero (0) votos.
Agregó:

“¿Qué significado tiene para la Sección Quinta del Consejo de Estado la
expresión de Elecciones indirectas al Congreso que expone la Corte para
otorgar la personería jurídica a Colombia Humana? A raíz de lo anterior la
Corte Constitucional en su fallo consideró como punto esencial para
otorgar la personería jurídica a Colombia Humana, contabilizar los votos
en las presidenciales como si fuera las del congreso, en una interpretación
expansiva y analiza que superó el umbral para efectos de obtener el
reconocimiento de la personería jurídica de acuerdo el artículo 108
constitucional, es decir, el 3% de los votos emitidos válidamente, pero la
Corte quiso en su decisión que fuera en las elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República. El 108 superior considera: podrán obtener
personería jurídica, siempre que, en elecciones de Cámara de
Representantes o Senado, consigan una votación no inferior al 3% de los
votos emitidos válidamente en el territorio nacional”.

Dentro de ese contexto arguyó que la Sección Quinta acepta la aplicación del
artículo 108 como lo indicó la Corte Constitucional para efectos del
reconocimiento de la personería si no participó en las elecciones para congreso
en el 2018.

Señaló que todo se aclara con las condiciones de elecciones indirectas al
Congreso que expuso la Corte Constitucional en su sentencia SU-321 de 2021.
En efecto, a partir de la interpretación de lo dispuesto en el artículo 262 inciso
5° de la Constitución Política, las coaliciones para congreso solo están
autorizadas para los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
que sumados los votos hayan obtenido hasta el 15% de los sufragios válidos en
las elecciones anteriores de la respectiva circunscripción.

Ahora bien, el artículo 108 Superior dispone que el CNE reconoce personería
jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos, siempre que hubieren obtenido una votación no inferior al 3% de
los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de
congreso (Cámara o Senado).

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Como la sentencia SU-316 de 2021, en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 108 Superior le reconoció personería a Colombia Humana con la
votación presidencial, surge una conclusión precisa y clara:

Si Colombia Humana obtuvo la personería por sobrepasar el 3% de la votación
válida en la elección inmediatamente anterior que fue la Presidencial, por
cuanto obtuvo una curul senatorial y otra de cámara de representantes, por
ende, sí obtuvo votación en lo que la Corte Constitucional indicó eran las
elecciones indirectas para congreso 2022.

8.2. Alegatos del demandado

El Representante a la Cámara Agmeth José Escaf Tijerino guardó silencio.

8.3. Alegatos de la RNEC

Reiteró los argumentos del memorial de intervención al descorrer el traslado
para contestar demanda. Insistió en su desvinculación del proceso por la falta
de legitimación en la causa por pasiva3.

9. Concepto del Ministerio Público

Solicitó negar las pretensiones de la demanda. Se fundamentó en los criterios
de interpretación para dilucidar el fondo de asunto.

El histórico: en principio el inciso 5° del artículo 262 Superior, con la reforma del
Acto Legislativo 02 de 2015 fue el que determinó que las coaliciones se
aplicaran a las elecciones de corporaciones públicas, en tanto hasta ese
momento solo había previsión de dicha figura pero para cargos uninominales
(art. 13 Ley 130 de 1994, inc. 4 art. 107 constitucional y art. 29 Ley 1475 de
2011).

Además, el proyecto de acto legislativo no contemplaba el porcentaje de votos
máximo o mínimo para la configuración de las coaliciones, como se evidencia
en la gaceta 458 de 3 de septiembre de 2014.

En el acta de comisión 11 del 22 de septiembre de 2014 del Senado, publicada
en gaceta 654 de 24 de octubre de 2014, en el primer debate, el coordinador
ponente Hernán Andrade Serrano señaló que en el tema de las coaliciones se

3
Se recuerda que este aspecto de la litis fue decidido mediante auto de 23 de noviembre de
2023, declarando no probada la excepción mixta citada. Véase numeral 6 de antecedentes de
este fallo.

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debería tener en cuenta que sea entre pequeños partidos, para garantizar su
existencia y supervivencia y el parámetro del umbral.

En el acta de comisión 12 del 23 de septiembre de 2014, del Senado, obrante
en la gaceta 738 de 21 de noviembre siguiente, quedó explícito que en el tema
de las coaliciones, la reforma constitucional de 2009 fue para los cargos
uninominales y la de 2014, lo fue para las corporaciones públicas.

Sobre el porcentaje máximo de votos para la conformación de coaliciones osciló
entre no más del 5% y el 15% de los votos válidos de la respectiva
circunscripción.

La primera posibilidad de presentar coaliciones a partir del porcentaje de los
votos obtenidos en el proceso electoral anterior, se plasmó en el informe de
ponencia para segundo debate al proyecto de acto legislativo, publicado en la
gaceta 585 del 6 de octubre de 2014, en el que se indicó que los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica que hayan obtenido una votación
menor al cinco por ciento (5%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción. Pero no fue aprobada por la Comisión Primera.

La segunda posibilidad enfocada en una modificación constitucional para aplicar
a las coaliciones de partidos o movimientos con personería jurídica que
quisieran postular candidatos a corporaciones públicas. Esta proposición fue
aprobada en segundo debate por la plenaria del senado, como consta en la
gaceta 649 de 24 de octubre de 2014. En esta se incluyó el porcentaje del 15%
de los votos válidos en la respectiva circunscripción, cuya literalidad fue la
siguiente:

“Artículo 21. El artículo 263 de la Constitución Política pasará a ser 262 y
quedará así:

‘Artículo 262. (…)

Los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica que
sumados hayan obtenido una votación de no menos del quince por
ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán
presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas. Si
obtienen los votos a Senado o Cámara de Representantes previstos en el
artículo 108 ambos mantendrán sus personerías, pero la votación se
dividirá en partes iguales a efectos de determinar la financiación estatal de
su funcionamiento, el anticipo de financiación de campañas electorales y
el acceso a espacios en medios de comunicación.

(…)”.

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Ese texto continuó en el acta N° 36 de la sesión ordinaria de 11 de diciembre de
2014 de la plenaria de senado (cuarto debate), publicada en la gaceta 474 de
14 de julio de 2015.

No obstante, fue en el documento conciliado entre senado y cámara (quinto
debate) que se plantearon diversas modificaciones, incluida la conformación de
las coaliciones. Así consta en la gaceta 138 de 26 de marzo de 2015, al
entregarles la facultad al legislativo para que regulara el tema de manera
integral por ley estatutaria y como se discutió en la comisión primera
permanente de senado (actas 38 de 7 de abril de 2015 y 41 de 13 de abril
siguiente).

El contenido finalmente aprobado, como se conoce hoy, permite concluir lo
siguiente:

1) El constituyente derivado pretendió que las votaciones que condicionaran la
conformación de coaliciones fueran las del Congreso de la República, tanto
para las circunscripciones de la Cámara de Representantes, como de la
nacional propia del Senado de la República.

2) No en vano, el artículo 108 Superior determina que el mantenimiento y
adquisición de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos se
da por la obtención de una votación no inferior al 3% de los votos válidos en el
territorio nacional en las elecciones de cámara o senado.

Los criterios exegético y sistemático: el artículo 262 constitucional en su inciso
primero trata acerca de los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos que inscriban candidatos y listas únicas, cuyo
número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la
respectiva circunscripción.

Lo anterior evidencia que se está dentro del contexto de corporaciones
públicas. En los términos de circunscripción nacional para Senado de la
República. En consideración a la territorial, las listas para Cámara de
Representantes, Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y
Distritales y las Juntas Administradoras Locales.

Ahora bien, el segundo inciso del artículo 262 citado, alude a la forma de elegir
candidatos, con el propósito de cumplir con una serie de principios en la
conformación de las listas. Con esto se reafirma que se está en el esquema de
corporaciones públicas.

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En el tercer y cuarto inciso se tratan unos temas electorales propios de los
corporativos de elección popular como lo son los conceptos de asignación de
curules, voto preferente y cifra repartidora.

El quinto inciso presenta dos componentes: (i) que la ley debe regular las
campañas y partidos políticos, las condiciones para presentar coaliciones a
cargos uninominales y plurinominales y (ii) las condiciones específicas
constitucionales para que un partido o movimiento político pueda presentar lista
de candidatos en coalición para corporaciones públicas, teniendo como
parámetro de fijación los resultados electorales de los colectivos políticos en las
elecciones anteriores ante las corporaciones respectivas.

En este segundo grupo están los siguientes presupuestos: 1) que se trate de
partidos y movimientos políticos con personería jurídica al momento de las
elecciones; 2) que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por
ciento (15%) de los votos válidos; 3) que esos votos hayan sido obtenidos en la
respectiva circunscripción en la que van a presentar lista de candidatos en
coalición para corporaciones públicas y 4) que las votaciones para tener en
cuenta el 15% se haya presentado para elegir miembros de corporaciones
públicas, no así, las provenientes de cargos uninominales.

El criterio finalista: la propuesta de coalición se generó bajo el argumento de
que la medida aplicaría únicamente a movimientos y partidos políticos
pequeños, con el propósito de permitirles aunar esfuerzos para lograr superar el
umbral requerido y, así, acceder como mínimo a una curul en su respectiva
circunscripción. Esto para robustecer el principio de sabiduría popular y de
ampliar el abanico y el espíritu democrático mediante la representación del
mayor número de sectores de la sociedad y de fortalecer las minorías a partir
de la coalición, que auguraba las posibilidades verdaderas de ser alternativas
de poder.

Esa es la razón por la cual no se puede interpretar que la votación exigida de
máximo el 15% para la conformación de coaliciones con respecto a las
elecciones anteriores, recaiga sobre lo decidido en la contienda presidencial,
por cuanto los sufragios que surgen de allí no se compadecen con las minorías
políticas en el marco de un régimen presidencialista. En digresión, las minorías
se ven reflejadas en el Congreso de la República.

Indicó que las elecciones presidenciales si bien originan el derecho a obtener
personería jurídica, para permitir la oposición política y generar la
representación para las ideas derrotadas, lo cierto es que no opera para
perderla ni adquirirla. En los términos precisos del artículo 108 constitucional, el

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cual se aplica a las minorías, la votación es la obtenida en la apuesta electoral
para elegir Representantes a la Cámara y miembros al Senado de la República.

En esos términos lo entendió el CNE, en el concepto de 9 de diciembre de
2021, mediante el cual respondió la consulta sobre la aplicación del inciso 5° del
artículo 262, respecto de los nuevos partidos políticos que no participaron en la
elección inmediatamente anterior. En este indicó que frente al 15% de los votos
válidos obtenidos en la respectiva circunscripción a los partidos políticos a los
cuales se les reconozca personería -en cumplimiento del criterio de la Corte
Constitucional- frente a quienes ocupen el segundo lugar en las elecciones
presidenciales y accedan a la curul del artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de
2018.

En esa oportunidad, el CNE indicó que la votación fue obtenida para las
elecciones presidenciales y no para las circunscripciones de senado y/o
cámara, por lo cual mal podía tenerse en cuenta dicha votación y, por lo tanto
no se debía contabilizar voto alguno para los efectos del inciso 5° del artículo
262 de la Constitución Política.

Señaló que los artículos 108 y 262 en su inciso referido parten de la base cierta
de generar derechos, tales como la oposición política y la garantía para las
personas de estar representadas.

Por consiguiente, el artículo 262 inciso 5° constitucional, cuando consagra el
15% de los votos válidos lo determina del resultado obtenido en las elecciones
previas para elegir a miembros del legislativo dentro de la circunscripción; esto
es: Senado de la República y Cámara de Representantes, más no, de las
votaciones a cargos uninominales.

Las elecciones a que hace referencia la norma constitucional en cita
corresponden a las minorías, que se determina con el porcentual referido sin
excederlo y obtenido en las elecciones congresuales. Por su parte, el mandato
del 108 Superior, para efectos de mantenimiento y concesión de la personería
también emplea el mismo parámetro del Congreso, por lo que no resulta válido
ni pertinente tener como base la votación obtenida al momento de elegir
Presidente de la República.

Además, la sumatoria de sufragios válidos obtenidos por los integrantes de la
Coalición Pacto Histórico, para las elecciones de Congreso de 2018 en la
circunscripción del Atlántico, que fueron Polo Democrático Alternativo (con
21.417 votos) y Partido Unión Patriótica (con 9.361) que suman 30.778
sufragios no sobrepasan el 15% (142.872) del total de 952.480 votos válidos.

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En consecuencia, al no encontrar los elementos de juicio para que se decrete la
nulidad del acto de elección del congresista Agmeth José Escaf Tijerino solicitó
denegar las súplicas de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la demanda del caso concreto, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia
con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, por el cual se
expide el reglamento interno de la corporación.

2. Problema jurídico

Mediante auto del 19 de diciembre de 2022, entre otras decisiones, se fijó el litio
en los siguientes términos:

“[c]onsidera el despacho que el litigio se contrae a determinar si
debe anularse la elección del representante a la Cámara Agmeth
José Escaf Tijerino, por la circunscripción departamental del
Atlántico, para el período 2022-2026, declarada por el Consejo
Nacional Electoral mediante el formulario E-26CAM de 26 de marzo
de 2022, por haber incurrido en expedición irregular del artículo 137
del CPACA y violación de la norma superior, al trasgredir el artículo
262 de la Constitución Política.

Lo anterior, implica absolver los siguientes cuestionamientos: ¿La
inscripción de la lista de candidatos efectuada por la coalición Pacto
Histórico se llevó a cabo en estricto acatamiento al requisito
constitucional establecido en el inciso quinto del artículo 262
Superior en lo atinente a que los partidos una vez coaligados no
pueden superar el 15% de los votos válidos de la respectiva
circunscripción? En aras de verificar ese requisito ¿resultaba
admisible tener en cuenta los votos obtenidos por el partido político
Colombia Humana en las elecciones presidenciales del año 2018?”.

De conformidad con los anteriores cuestionamientos, la Sala abordará los
siguientes ejes temáticos: i) Marco jurídico de la inscripción de listas de
candidatos en coalición; ii) Surgimiento del movimiento político Colombia
Humana; para finalmente analizar iii) el caso concreto4.

4
Frente a los tópicos anunciados se tendrán en cuenta las consideraciones expuestas por esta
Sección al decidir demandas idénticas del ciudadano José Manuel Abuchaibe Escolar,
instauradas contra congresistas elegidos por la coalición Pacto Histórico en diferentes
circunscripciones de la Cámara de Representantes. Con ponencia de la magistrada Rocío

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3. Marco jurídico de la inscripción de listas de candidatos en coalición

La autonomía que la Constitución reconoce a los partidos políticos admite la
asociación entre ellos por afinidades ideológicas o intereses comunes y para
alcanzar diversos propósitos legítimos5, principalmente en el ámbito electoral.
Según el grado de compromiso que adquieran, estas alianzas pueden tomar la
forma de coaliciones, adhesiones o apoyos públicos a determinada campaña.
Tratándose de las coaliciones, el derecho de postulación que la Carta atribuye a
dichas organizaciones refuerza la posibilidad de conformarlas, con el fin obtener
el triunfo en las urnas.

De acuerdo con la Sala Plena de esta Corporación, de las coaliciones surge
“una forma asociativa de segundo nivel”, que refleja los intereses de las
agrupaciones que la integran y materializa una candidatura transversal a todas
ellas6. En línea con esta lectura, esta Sección las define como “alianzas propias
del proceso democrático”7, que concretan “la decisión libremente adoptada por
las organizaciones políticas de juntar esfuerzos para lograr un fin común en el
campo de lo político, especialmente con fines electorales”8.

Araújo Oñate: sentencias de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00084-00;
24 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00089-00; 24 de noviembre de 2022,
11001-03-28-000-2022-00090-00; 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00094-00.
Con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio: sentencia de 17 de noviembre de
2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00. Con ponencia del magistrado Pedro Pablo
Vanegas Gil: sentencias de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00;
15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00093-00; 17 de noviembre de 2022,
Rad. 11001-03-28-000-2022-00098-00; 2 de febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-
00148-00 y 2 de febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00149-00. En este punto se
advierte que en los alegatos de conclusión la parte actora pretendió descalificar dichos
antecedentes, lo cual no es de recibo por cuanto las alegaciones finales tienen como propósito
pronunciarse sobre las pruebas. Con todo, no se advierte que esos argumentos tengan la
virtualidad de modificar la posición de la Sale Electoral en el presente asunto.
5
Los partidos políticos también conforman coaliciones, por ejemplo, para elegir a los miembros
del Consejo Nacional Electoral, como lo autorizar el artículo 264 de la Constitución Política, y
para participar en los gobiernos nacional y subnacionales, o en determinados proyectos
políticos, según lo ha advertido la Sección, entre otras, en sentencias de 4 de agosto de 2011,
Rad. 11001-03-28-000-2010-00033-00, MP. Susana Buitrago Valencia; 21 de julio de 2016,
Rad. 05001-23-33-000-2015-02451-01, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de
diciembre de 2020, Rad. 68001-23-33-000-2019-00867-02, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de abril de
2018, Rad. 11001-03-13-000-2017-00328-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, citada
en: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00046-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
7
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
8
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de noviembre de 2021, Rad. 76001-23-
33-000-2019-01223-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Concepto reiterado en sentencia de 12
de noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
(Representante a la Cámara – Departamento del Atlántico)
Radicado: 11001032800020220009600

Así concebida, esta figura representa una valiosa alternativa de participación
para quienes compiten por la elección popular, sobre todo para los partidos
minoritarios en la escena política. Como lo ha dicho esta Sala, en el contexto
de las campañas, una coalición permite que las colectividades “se presenten
como una asociación que busca convencer al electorado para ocupar los
respectivos cargos de elección popular”9 y de esta manera, contribuye a
“obtener mayores ventajas electorales”10.

El ordenamiento jurídico colombiano regula las coaliciones para inscribir
candidatos desde diferentes ámbitos y con variados alcances. En tal sentido, el
artículo 107 de la Carta, con las modificaciones introducidas por el Acto
Legislativo 1 de 2009, hace mención a los candidatos por coalición para
establecer la posibilidad de que estos sean escogidos por los partidos y
movimientos políticos a través de consultas populares, internas o
interpartidistas.

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 130 de 1994, en el contexto de la
financiación de campañas, dispone en su inciso final que “Los partidos y
movimientos que concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán
previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña”, so
pena de perder el derecho a la reposición estatal de gastos11.

A su turno, el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 se ocupa de la inscripción de
candidatos a cargos uninominales en coalición, por parte de “Los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos
significativos de ciudadanos”. Así mismo, la norma provee reglas instrumentales
para realizar dicha actuación, referidas a la identificación de la filiación política
del candidato en el formulario de inscripción, el contenido mínimo del acuerdo
de coalición, al que, de paso, otorga carácter vinculante, la forma de remplazar
al elegido en caso de faltas absolutas, entre otros aspectos.

Adicionalmente, el artículo 262 de la Carta, modificado por el Acto Legislativo 2
de 2015, se ocupa de la inscripción de listas de candidatos para corporaciones
públicas en coalición, con arreglo a lo dispuesto en su inciso quinto:

9
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021, Rad. 76001-23-33-
000-2020-00002-02, MP. Rocío Araújo Oñate.
10
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de septiembre de 2000, Rad. 2406, MP.
Reinaldo Chavarro Buriticá.
11
Adicionalmente, esta Sección ha inferido del artículo 9º de la Ley 130 de 1994 un fundamento
normativo para conformar coaliciones, cuando la norma reconoce a “Las asociaciones de todo
orden” el derecho a postular candidatos. Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo
Oñate. Ver, además, sentencia de 21 de julio de 2016, Rad. 05001-23-33-000-2015-02451-01,
MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. También se recoge esta idea en la sentencia de 4 de
septiembre de 2000, Rad. 2406, MP. Reinaldo Chavarro Buriticá.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
(Representante a la Cámara – Departamento del Atlántico)
Radicado: 11001032800020220009600

“La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las
campañas, los mecanismos de democracia interna de los partidos, la
inscripción de candidatos y listas propias o de coalición a cargos
uninominales o a corporaciones públicas, la administración de
recursos y la protección de los derechos de los aspirantes. Los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica que
sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por
ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en
coalición para corporaciones públicas” (se destaca).

Con base en estos parámetros normativos, la Sala ha tenido amplia ocasión de
identificar los requisitos y perfilar las reglas para inscribir candidatos en
coalición, tanto a cargos uninominales, como a curules en corporaciones
públicas. Para estas últimas, se ha advertido que la norma constitucional fue
concebida para promover la participación de organizaciones políticas
minoritarias, que no tienen en ellas una representación significativa12.

Así mismo, se ha destacado que el derecho que consagra el artículo 262 de la
Constitución Política es de aplicación directa, pues “De manera autónoma e
independiente consagra y regula el derecho a presentar lista de candidatos en
coalición en corporaciones públicas bajo condiciones específicas”13.Cabe
anotar que esta precisión se suscitó debido a que las coaliciones para inscribir
candidatos a cargos uninominales sí cuentan con desarrollo legal, según se
observó previamente.

En armonía con lo anterior, a propósito de la demanda contra la elección de un
representante a la Cámara por el departamento de Santander, inscrito y elegido
por una coalición para el periodo 2018-2022, se calificó la disposición superior
como una “norma completa” que no requiere de la promulgación de una ley
para su aplicación14. De modo que “el derecho a coaligarse emana de la
voluntad libre de las agrupaciones políticas reconociendo su existencia sin
necesidad de desarrollo legislativo específico”15.

12
Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad.
11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Además, sentencia de 17 de
noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
13
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
14
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de diciembre de 2018, Rad. 11001-03-
28-000-2018-00019-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Además, sentencia de 2 de mayo de 2019,
Rad. 11001-03-28-000-2018-00129-00 (Acum.), MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Sentencia de 22 de abril de 2021, Rad. 15001-23-33-000-2019-00596-01 (Acum.), MP. Carlos
Enrique Moreno Rubio.
15
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
(Representante a la Cámara – Departamento del Atlántico)
Radicado: 11001032800020220009600

Desde luego, deben cumplirse las condiciones específicas que ha compendiado
la Sala, con base en las provisiones expresas de la norma constitucional para
llevar a cabo estas inscripciones:

1. Prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos.
2. Exige la verificación de la personería jurídica.
3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados,
sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%)
de los votos válidos.
4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción16.

En particular, en relación con el requisito referido a la circunscripción en la que
se debieron obtener los votos para calcular el referido porcentaje, esta Sección
ha advertido que el precepto superior omite precisar a qué resultados
electorales debe acudirse, pese a que en una misma circunscripción se eligen
diferentes tipos de cargos y curules17.

Por ello, considerando que la finalidad de la norma es auspiciar la participación
de partidos políticos minoritarios en las corporaciones públicas, la Sala Electoral
mayoritariamente ha interpretado que se trata de la votación alcanzada por los
partidos coaligados en las elecciones anteriores que equivalgan a aquellas para
las que se inscribe la lista y que, en todo caso, no procede computar los votos
de cargos uninominales, aunque se trate de la misma circunscripción18.

De otra parte, en el ámbito de la administración electoral las autoridades
competentes han establecido algunas pautas para facilitar en la práctica la
inscripción por parte de estas coaliciones. Así, el Consejo Nacional Electoral
expidió la Resolución 2151 de 2019, “Por medio de la cual se dictan algunas
medidas operativas para la implementación de las listas de candidatos en
coalición para corporaciones públicas”. A través de este acto, proveyó sobre el
contenido mínimo del acuerdo de coalición que debe registrarse al momento de
la inscripción de la lista, al tiempo que afirmó el carácter vinculante de dicho

16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021, Rad. 76001-23-33-
000-2020-00002-02, MP. Rocío Araújo Oñate. Además, sentencia de 19 de enero de 2023,
Rad. 11001-03-28-000-2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate y sentencia de 17 de
noviembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
17
Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022,
Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
18
Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 17 de noviembre de 2022,
Rad. 11001-03-28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil; 17 de noviembre de
2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00084-00, MP. Rocío Araújo Oñate; 17 de noviembre de
2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Se advierte
que la magistrada Araújo Oñate ha señalado en salvamentos parciales de voto que el artículo
262 de la Constitución Política utiliza el concepto de circunscripción para evocar la
representatividad de los partidos en un territorio determinado, razón por la cual no puede
limitarse la interpretación de la norma a la votación obtenida en la misma corporación pública en
elecciones anteriores, sino que admite acudir a los resultados de otras corporaciones que
pertenezcan a la circunscripción.

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acuerdo y el cumplimiento de la cuota de género del artículo 28 de la Ley 1475
de 2011.

La misma entidad, en el preámbulo de las elecciones de Congreso de la
República del 13 de marzo de 2022, emitió el concepto de 9 de diciembre de
2021, Rad. CNE-E-2021-022788 y CNE-E-2021-0023514, en cuanto al tope del
15% de votación en la respectiva circunscripción para los partidos coaligados.
En tal sentido, el CNE señaló que a los partidos que obtuvieron personería
jurídica después de las elecciones del Congreso de 2018 y que, por lo tanto, no
participaron en estas, no se les computaría ningún voto al momento de la
inscripción de la lista en coalición.

A las medidas anteriores se suma el diseño del formulario E-6CT que
implementó la Registraduría Nacional del Estado Civil para dar trámite a la
“Solicitud para la inscripción de lista de candidatos y constancia de aceptación
de candidaturas presentada por coaliciones de partidos y movimientos políticos
con personería jurídica”19.

Este formulario contiene, entre otras secciones, una destinada a relacionar a los
partidos y movimientos políticos que conforman la coalición, con los respectivos
datos sobre la votación individual y total que obtuvieron en las elecciones de 11
de marzo de 2018, es decir, las del periodo anterior de Senado o Cámara de
Representantes. El formato también transcribe el inciso quinto del artículo 262
de la Constitución Política e incluye una casilla para calcular “Hasta el 15% de
los Votos Válidos” y verificar si la coalición cumple o no este requisito.

Se concluye de lo expuesto que la inscripción de listas a corporaciones públicas
por coaliciones es un derecho constitucional de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica. Su ejercicio está condicionado por factores
objetivos referidos a un tope de votación, un acuerdo previo entre los
coaligados, la participación mínima de mujeres en la lista y la suscripción del
formulario oficial para adelantar esta actuación de la etapa preelectoral. Este
esquema aspira a contribuir al fortalecimiento de la participación de las
colectividades minoritarias, en especial desde las corporaciones públicas de
elección popular a nivel nacional y territorial.

4. Surgimiento del movimiento político Colombia Humana

Atendiendo a la realidad política reciente del país, es legítimo asegurar que el
partido “Colombia Humana” tiene su antecedente en el grupo significativo de
ciudadanos “Progresistas”, que logró, entre otros, el triunfo en las elecciones del
30 de octubre de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el actual presidente

19
Se tomó como referente el documento aportado en este proceso.

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de la República, señor Gustavo Petro Urrego. Durante esta administración del
periodo 2012-2015, el plan distrital de desarrollo fue titulado “Bogotá
Humana”20.

A partir de este concepto, se perfila un proyecto político de alcance nacional y
con apuestas electorales por fuera de la capital de la República.

Para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República de 27 de
mayo y 17 de junio de 2018, se constituyó el grupo significativo de ciudadanos
Colombia Humana21 para inscribir al señor Petro Urrego como candidato
presidencial. Esta inscripción se concretó a través de la coalición “Petro
Presidente”, conformada con el Movimiento Alternativo, Indígena y Social, MAIS
y el entonces grupo significativo de ciudadanos Fuerza Ciudadana22.

Al haber obtenido la segunda votación en dichos comicios y la aceptación de las
curules de la oposición en el Senado y la Cámara de Representantes para el
periodo 2018-2022 por parte de los señores Petro Urrego y Ángela María
Robledo, el partido Unión Patriótica y el grupo significativo de ciudadanos
Colombia Humana resolvieron hacer una alianza política que permitiera a este
último aprovechar la personería jurídica del primero.

Fue así como, mediante Resolución 3287 de 201923, el Consejo Nacional
Electoral, a solicitud de las mencionadas organizaciones, registró el nombre del
partido político Colombia Humana – Unión Patriótica, sobre el siguiente
razonamiento:

“[L]a agrupación política Colombia Humana y el Partido Unión Patriótica,
como aliados naturales en el espectro político nacional, llegaron al acuerdo
de garantizar la participación política de Colombia Humana, a través de la
Personería Jurídica del Partido Unión Patriótica, con lo cual se puede
concluir que con el cambio de nombre y logo símbolo en el caso concreto,
se materializa un espacio para garantizar que los ciudadanos que se
identifican como parte de la Colombia Humana, puedan participar
políticamente y ejercer sus derechos”.

20
Recuperado de: https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/planes-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-local/planes-de-desarrollo-local/bogot%C3%A1-
humana#:~:text=El%20Plan%20de%20Desarrollo%20Bogot%C3%A1,diferencial%20en%20tod
as%20sus%20pol%C3%ADticas.
21
Ver: Consejo Nacional Electoral, Resolución 2170 de 29 de agosto de 2017, “Por la cual se
registra el Logosímbolo del Grupo Significativo de Ciudadanos “COLOMBIA HUMANA”, para la
inscripción de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, para las
elecciones que se llevarán a cabo el día 27 de mayo de 2018”. Recuperado de:
https://relatoria.cne.gov.co/relatoria/
22
Así puede constatarse en las tarjetas electorales de esos comicios, publicadas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en: https://www.registraduria.gov.co/Elecciones-de-
Presidente-y-Vicepresidente-de-la-Republica.html
23
Ponente: Luis Guillermo Pérez Casas. Recuperado de: https://relatoria.cne.gov.co/relatoria/

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
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Posteriormente, la Corte Constitucional, en sede de tutela, ordenó a través de la
sentencia SU-316 de 2021 al Consejo Nacional Electoral reconocer personería
jurídica al movimiento político Colombia Humana. En esta decisión, la Corte
ponderó la necesidad de contar con dicho atributo para el ejercicio pleno del
derecho a la oposición al Gobierno Nacional, connatural a la labor de los
congresistas de dicha colectividad que ocuparon las respectivas curules en el
Congreso de la República, en virtud de lo reglado en el artículo 112 de la
Constitución Política y la Ley 1909 de 2018.

Así mismo, la sentencia en comento armonizó estos preceptos con el principio
democrático y el porcentaje de votación previsto en el artículo 108 ibidem para
adquirir por regla general la personería jurídica como partido o movimiento
político. Sobre el punto, valoró el “respaldo ciudadano significativo que superó
los 8 millones de votos”, que corroboraban para Colombia Humana el umbral
del 3% de votos que contempla la citada norma constitucional, solo que
respecto de los válidos depositados para elegir presidente de la República, en
lugar de los resultados de Senado o Cámara de Representantes que utiliza
como referente el precepto superior en cita.

Estos razonamientos derivaron en las siguientes reglas para el reconocimiento
de la personería jurídica en estas especiales condiciones:

“[E]n el caso específico del reconocimiento de la personería jurídica bajo lo
dispuesto en el artículo 112 superior y el artículo 24 de la Ley Estatutaria
1909 de 2018, a grupos significativos de ciudadanos o movimientos
políticos sin personería jurídica, se debe verificar que (i) el umbral a superar
para efectos de obtener el reconocimiento de la personería jurídica será
aquel que el Constituyente Derivado consideró como significativo, es decir,
el 3 % de los votos emitidos válidamente en las elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República; (ii) al menos uno de los candidatos de la
formula deberá aceptar su curul en el Congreso; y declararse en
oposición”24.

Finalmente, en cumplimiento de la orden judicial, el Consejo Nacional Electoral
expidió la Resolución 7471 de 15 de octubre de 2021, por la cual reconoció
personería jurídica al movimiento político Colombia Humana. Merced a este
atributo, esta organización integró la coalición Pacto Histórico para las
elecciones legislativas y presidenciales que se llevaron a cabo en marzo, mayo
y junio de 2022, en las que obtuvo curules en Senado y Cámara y logró el
triunfo del primer mandatario de la Nación.

24
Corte Constitucional, sentencia SU-316 de 2021, MP. Alejandro Linares Cantillo.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
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5. Caso concreto

El ciudadano José Manuel Abuchaibe Escolar pretende la nulidad de la elección
del representante a la Cámara por la circunscripción departamental del Atlántico
Agmeth José Escaf Tijerino, para el periodo 2022-2026, declarada por la
comisión escrutadora departamental mediante el formulario E-26 CAM del 26 de
marzo de 2022.

Las censuras del demandante en contra del acto acusado se concretan en la
etapa de inscripción de la lista de candidatos de la que hizo parte el
demandado, en razón a la participación del movimiento político Colombia
Humana en la coalición Pacto Histórico, con el cual superaba el tope del 15%
de los votos válidos de la respectiva circunscripción que señala el artículo 262
de la Constitución Política para efectos de ejercer este derecho.

En este sentido, aduce que a dicha colectividad le fueron registrados de manera
errada cero (0) votos en las elecciones de Congreso de la República del 11 de
marzo de 2018, para efectos de calcular el aludido porcentaje. En lugar de este
dato, la parte actora considera que se le debieron computar los 142.872
sufragios que obtuvo en las elecciones presidenciales de 2018 en el
departamento del Atlántico25, pues fueron estos comicios nacionales los que le
permitieron obtener personería jurídica e integrar la coalición.

Planteada en estos términos la controversia, la Sala destaca que en la fijación
del litigio se anunció su estudio desde la perspectiva de la infracción de norma
superior –para el caso, el artículo 262 constitucional– y expedición irregular, que
corresponden a causales genéricas de nulidad de los actos administrativos,
aplicables a los que declaran elecciones populares por la remisión expresa que
hace el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

Frente a este punto, el demandante dedica buena parte de los alegatos de
conclusión a reprochar a la Sala que algunas demandas similares que él ha
instaurado se enfocaran como juicios de causales objetivas, mientras que otras,
como la que se decide en esta oportunidad, se perfilaron como causales
subjetivas. Ante lo que califica como “inseguridad en el trámite”, solicita “que se
tome una decisión que subsane lo anterior y se falle en una sola sentencia lo
correspondiente a los REPRESENTANTES A LA CÁMARA POR EL
DEPARTAMENTO ATLÁNTICO”.

25
Esta cifra se puede verificar en el formulario E-26 PRE de las elecciones de 17 de junio de
2018, aportado al expediente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que contiene los
resultados parciales para presidente y vicepresidente de la República en el departamento del
Atlántico.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
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Al respecto, se impone advertir que los alegatos no son la oportunidad para
formular este tipo de peticiones, que tienen que ver con decisiones adoptadas
en fases procesales anteriores. Se recuerda que, atendiendo al artículo 207 de
la Ley 1437 de 2011, las situaciones que puedan constituir irregularidades en el
trámite deben exponerse en la correspondiente etapa del proceso.

Adicionalmente, se observa que este aspecto ha sido ventilado por la parte
actora en otros procesos y al momento de la decisión se ha advertido, como
cuestión previa, que disponer por el ponente que se adelanten actuaciones
separadas frente a un mismo acto administrativo no configura una nulidad.
Antes bien, esta determinación resulta de la interpretación del artículo 282
ibidem, considerando los términos en que fueron presentadas las censuras en
la demanda26.

También sea esta la ocasión para precisar que las causales de nulidad
corresponden a los vicios que comprometen la legalidad de los actos
administrativos. Sin embargo, no son un requisito formal autónomo de la
demanda, sino que hacen parte del concepto de violación y, como tales,
contribuyen a la ubicación conceptual de las pretensiones27.

Consecuente con este carácter, las diferentes causales de nulidad que admite
el proceso electoral (objetivas, subjetivas y genéricas), pueden encauzar el
debate en cuanto a la circunstancia concreta que afecta la elección –v.g.
falsedades en documentos electorales, inhabilidad del elegido, infracción de la
norma en que debió fundarse, expedición irregular–, pero lo que define las
temáticas de fondo es el marco jurídico que ofrece la propia demanda.

Tratándose de los procesos promovidos por el señor Abuchaibe Escolar, ha
habido acuerdo en la Sección en cuanto a estudiar la causal de nulidad por
infracción de norma superior, específicamente el artículo 262 de la Constitución
Política. Así lo consignan las providencias que menciona el propio demandante
en los alegatos de conclusión28.

Dilucidado este aspecto de orden formal, se abordará el estudio de fondo, a
través de la revisión de cada uno de los requisitos que establece la aludida
norma constitucional para la inscripción de listas de candidatos a corporaciones

26
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 2 de febrero de 2023, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00149-00 y 11001-03-28-000-2022-00149-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
27
Sobre el requisito de la demanda relativo a los fundamentos de derecho de las pretensiones,
ver: Santofimio, J. (2004). Tratado de derecho administrativo, tomo III, Bogotá: Universidad
Externado de Colombia, pág. 471.
28
Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 6 de junio de 2022, Rad.
11001032800020220008400, MP. Rocío Araújo Oñate. Auto de 23 de mayo de 2022, Rad.
110010320220008800, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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29

Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
(Representante a la Cámara – Departamento del Atlántico)
Radicado: 11001032800020220009600

públicas en coalición, en el caso de aquella que integró el representante
Agmeth José Escaf Tijerino.

a) Partidos o movimientos políticos con personería jurídica

Una de las pocas diferencias que existe entre las coaliciones para inscribir
candidatos a cargos uninominales y listas a corporaciones públicas es que en
las primeras pueden participar grupos significativos de ciudadanos, mientras
que las segundas están reservadas a los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica.

Esta restricción puede explicarse en la necesidad de promover un esfuerzo
electoral individual a los grupos significativos para obtener este atributo a través
de las votaciones al Congreso de la República, que son las que lo otorgan, en
condiciones normales, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución
Política.

La coalición Pacto Histórico se conformó, en lo que atañe al caso concreto, para
inscribir lista de candidatos a la Cámara de Representantes de la
circunscripción departamental del Atlántico. Se extrae del formulario E-6CT29
que estuvo integrada por las siguientes agrupaciones políticas:

009 Partido Polo Democrático Alternativo
010 Partido Colombia Humana – Unión Patriótica “UP”
012 Movimiento Alternativo, Indígena y Social “MAIS”
016 Movimiento Alianza Democrática Amplia
301 Movimiento Político Colombia Humana
303 Partido Comunista Colombiano

El demandante no pone en duda que el movimiento político Colombia Humana
cumpla el requisito de personería jurídica para hacer parte de la coalición Pacto
Histórico. Por el contrario, subraya que esta le fue reconocida por el Consejo
Nacional Electoral, a órdenes de la sentencia SU-316 de 2021 de la Corte
Constitucional. Sin embargo, interpreta que la forma en que adquirió ese
atributo pone en evidencia que no es un partido pequeño que pueda hacer parte
de una “coalición de minorías”, sino una fuerza política que obtuvo más de 8
millones de votos en las elecciones presidenciales que antecedieron a las del
Congreso del año 2022.

Además, en los alegatos de conclusión apela al dicho de la Corte en aquel fallo,
en cuanto a que “las curules obtenidas en virtud del artículo 112 superior y el
artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 son elecciones

29
Adjuntado por la RNEC.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
(Representante a la Cámara – Departamento del Atlántico)
Radicado: 11001032800020220009600

indirectas, ontológicamente de mandato representativo” (subrayado adicional).
De ahí el enlace temático que hace la parte actora entre los artículos 262 y 108
de la Carta.

La Sala no comparte este planteamiento del demandante para aplicar el artículo
262 de la Constitución Política, en razón a que, cuando este precepto superior
exige la personería jurídica para participar en estas coaliciones, no introduce
ningún elemento adicional ni necesariamente remite a las reglas de adquisición
de esa cualidad, las cuales, ciertamente, exceden lo dispuesto en el artículo
108 superior.

En efecto, esta Sección ha hecho un recuento de las diferentes formas en las
que es posible adquirir personería jurídica como organización política:

“De esta forma, se mantienen vigentes hasta el momento dos mecanismos
definitorios de la personería jurídica, uno ordinario, representado en un
mínimo de respaldo popular en las urnas (umbral) y otro excepcional,
determinado por el triunfo de algún candidato (curul) en las
circunscripciones especiales, sobre el cual se ocupará esta providencia en
el acápite siguiente. Además, conforme a los recientes desarrollos
constitucionales y legales, se ha abierto el camino para el reconocimiento
de la personería jurídica a través de otros mecanismos institucionales,
como el Acuerdo de Paz de 2016, la posibilidad de escisión y otras
situaciones especiales que de conformidad con la jurisprudencia han
ameritado una interpretación de las reglas generales de cara a los
derechos fundamentales y principios constitucionales”30.

La situación del movimiento político Colombia Humana encuadra en la última de
las hipótesis descritas, en la medida en que su personería jurídica resultó de
una orden judicial que, en palabras de la Corte, fue dictada “en aplicación de
una interpretación expansiva del principio democrático”31.

Ahora bien, en cuanto al argumento relacionado con las “elecciones indirectas”
al Congreso de la República, si bien la Corte Constitucional hace este símil en
la aludida sentencia de unificación, lo cierto es que los votos que otorgan el
derecho a ocupar las curules de la oposición en Senado y Cámara se reciben
en las elecciones para presidente de la República, en circunscripción nacional.
Sobre este punto, explicó esta Sala:

“(…) Si bien es claro que la referida corporación judicial [se alude a la Corte
Constitucional] hizo referencia a la necesidad de contar con un factor
objetivo que permitiera establecer el apoyo ciudadano, para lo cual, acudió
al valor del 3% de los votos válidos de una elección conforme lo señala el

30
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-
24-000-2011-00221-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
31
Corte Constitucional, sentencia SU-316 de 2021. Alejandro Linares Cantillo.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Agmeth José Escaf Tijerino
(Representante a la Cámara – Departamento del Atlántico)
Radicado: 11001032800020220009600

artículo 108 de la Constitución, lo cierto es que dicha circunstancia no
implica, en sí misma, que la elección presidencial y el ejercicio del derecho
personal adquieran la connotación de elecciones parlamentarias o a otro
tipo de corporaciones públicas”32.

Adicionalmente, se ha reparado en que la Corte Constitucional no estableció
ninguna regla en dicha providencia para la aplicación del artículo 262
constitucional:

“(…) [N]o existe en dicho pronunciamiento ninguna regla o consideración
relacionada con la manera en que ha de aplicarse lo dispuesto en el inciso
quinto del artículo 262 de la Constitución, ni puede entenderse que la
necesidad de implementar un criterio diferencial en relación con el umbral
exigido para el reconocimiento de personería jurídica en casos como el
estudiado en esa oportunidad tenga un impacto sobre el aspecto que aquí
se estudia, pues se trata de reglas constitucionales diferentes”33.

De esta forma, se concluye sobre el primer requisito que, para efectos de
inscribir listas en coalición a corporaciones públicas, no es admisible la relación
que plantea el demandante entre los artículos 262 y 108 de la Constitución
Política para adelantar la inscripción de candidatos en coalición, habida cuenta
que lo relevante para efectos de la conformación de la coalición Pacto Histórico
y la inscripción de su lista a la Cámara de Representantes en la circunscripción
departamental del Atlántico, es que Colombia Humana contaba con personería
jurídica en ese momento. Cumplido este requisito, no atañe al juez de la
legalidad de la elección examinar la manera en que fue adquirido.

b) Tope del quince por ciento (15%) de los votos válidos obtenidos por
los partidos que integran la coalición en la respectiva
circunscripción

Verificada la personería jurídica, los partidos que se coaliguen para inscribir
listas de candidatos a corporaciones públicas deben acreditar un requisito
cuantitativo y objetivo, referido a que “sumados hayan obtenido una votación de
hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva
circunscripción”.

Acerca de este presupuesto, no ha pasado inadvertido por la Sala que la norma
constitucional omite señalar expresamente a qué elecciones debe acudirse para
determinar la votación que ha de sumarse con el fin de calcular el porcentaje

32
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-
28-000-2022-00091-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Además, sentencia de 17 de noviembre
de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.

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máximo que exige la norma constitucional. Este ingrediente es de la mayor
importancia, habida cuenta que en una misma circunscripción se eligen
diferentes tipos de cargos, tanto uninominales, como para corporaciones
públicas.

Ante tal imprevisión, y atendiendo a la finalidad del precepto, la posición
mayoritaria de la Sala sostiene que se trata de los votos obtenidos en
elecciones de idéntica naturaleza que se hayan realizado para el periodo
inmediatamente anterior en la misma circunscripción electoral, excluyendo en
todo caso la posibilidad de que se acuda a votaciones para elegir cargos
uninominales. Sobre el punto, se ha dicho:

“(…) Con fundamento en los antecedentes expuestos, para la sala es
claro que la restricción prevista en el inciso quinto del artículo 262
superior, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, se dirige a
evitar que las fuerzas políticas que cuentan con amplia participación
en una determinada corporación pública puedan unirse para la
siguiente elección de la misma naturaleza, con el fin de aumentar su
representación en ella, en desmedro de las organizaciones que
cuentan con un menor número de integrantes o que carecen de
representantes en tales cuerpos colegiados. Lo anterior, con el
objetivo de fortalecer las probabilidades que tienen las colectividades
con baja o ninguna representación de conservar o alcanzar dichos
escenarios democráticos.

Por tanto, carecería de sentido pretender que, para el efecto, se
tomen en consideración los resultados obtenidos por un determinado
partido o movimiento en una elección diferente a aquella para la cual
se busca presentar una lista en coalición, incluso si se ha presentado
en la misma circunscripción”34.

También se ha abordado el concepto desde esta arista:

“[S]i la lista de candidatos por coalición a una corporación pública
busca participar en las elecciones para elegir representantes en un
departamento o a nivel nacional, el cumplimiento del límite porcentual
antes referido se mira respecto del apoyo ciudadano obtenido por los
partidos y movimientos coaligados en el espacio geográfico que se
corresponda con aquel en el cual se lleva a cabo la elección.

Lo anterior, atiende a la lógica del concepto mismo de
circunscripción, que como se expuso en forma precedente, refiere al

34
Id.

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33

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(Representante a la Cámara – Departamento del Atlántico)
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marco territorial en el cual los ciudadanos pueden depositar sus
votos que soportarán la declaratoria de elección que posteriormente
realiza la autoridad electoral. Bajo esta consideración, es claro que la
figura referida deviene en un elemento objetivo y verificable que
permite establecer la fuerza electoral de los partidos coaligados que
pretenden acceder a un espacio de representación en una
corporación pública.

Dicho lo anterior, se tiene que el certamen democrático para elegir al
presidente de la República se lleva a cabo a nivel nacional, mientras
que los representantes a la Cámara se eligen en cada uno de los
departamentos que conforman el territorio colombiano”35 (negrillas
del original).

De modo que al interior de la Sección hay consenso en cuanto a que los votos
obtenidos por Colombia Humana, cuando era grupo significativo de ciudadanos,
en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República de 2018,
corresponden a una circunscripción nacional, que no equivale a la respectiva
circunscripción departamental del Atlántico para la Cámara de Representantes,
donde se eligieron los congresistas en ese mismo año, razón por la cual no
podían tenerse en cuenta para conformar la coalición e inscribir lista de
candidatos a dicha corporación.

Contrario a esta postura y profundamente ligado con su interpretación sobre el
requisito de la personería jurídica, que se estudió previamente, el demandante
resalta que Colombia Humana llegó al Pacto Histórico con unos votos que, si
bien no fueron en estricto sentido depositados para elegir al Congreso de la
República en el año 2018, representaron la segunda votación para presidente y
vicepresidente de la República y se tradujeron en una “elección indirecta” al
Senado y la Cámara, según lo señaló la Corte Constitucional.

Además, repara en que estos comicios aportaban unos resultados constatables
para dicho movimiento político, que debieron computarse a la mencionada
coalición y que podían determinarse sin dificultades para la circunscripción
departamental del Atlántico, a efectos de inscribir la lista que interesa a este
asunto, en lugar de registrársele cero (0) votos, como ocurrió.

La Sala no puede admitir esta lectura, mucho menos con los antecedentes que
han madurado la tesis que mejor contribuye al efecto útil del inciso quinto del
artículo 262 de la Constitución Política y sobre la base de que esta norma
consagra un derecho fundamental de las organizaciones políticas, íntimamente

35
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.

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relacionado con el principio democrático que defiende la Carta, que impone la
interpretación que maximice su realización. Esta Sección expuso las siguientes
reflexiones al respecto:

“(…) [E]s claro que los resultados obtenidos por el movimiento
político Colombia Humana en los comicios del 2018 para la elección
del presidente y vicepresidente de Colombia no pueden ni deben
tenerse en cuenta para efectos de determinar el 15% que prevé el
artículo 262 de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto
carecería de sentido pretender que se tomen en consideración los
votos obtenidos por un determinado partido o movimiento en una
elección diferente a aquella para la cual se busca presentar una lista
en coalición, en tanto que la norma prevé dicha posibilidad,
precisamente para alcanzar la representación política y democrática
en aquellas corporaciones públicas en las que los partidos políticos
minoritarios no tienen una participación significativa”36.

Aunado a lo anterior, se ha observado la imposibilidad de establecer la votación
que habría sido depositada a favor de Colombia Humana en esos comicios
nacionales, es decir, cuántos votos le pertenecen dentro de la coalición “Petro
Presidente”, que conformó con el partido MAIS y el grupo significativo Fuerza
Ciudadana para inscribir al actual mandatario nacional y quien en esa
oportunidad obtuvo la segunda votación y la curul de la oposición en el Senado.

Sobre el punto, se ha señalado que, “En atención a la forma de participación, se
tiene entonces que los votos depositados a favor de dicha opción política se
contabilizan al candidato presentado por la coalición, sin que sea posible
identificar si los mismos pertenecen a una u otra de las organizaciones que
hacen parte del acuerdo”37.

Así las cosas, eran los resultados de la elección a la Cámara de
Representantes del Atlántico, que se llevó a cabo el 11 de marzo de 2018, los
que debían registrarse al momento de la inscripción de la lista de candidatos
que integró el demandado, como se exigió desde el mismo formulario E-6 CT:

36
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-
28-000-2022-00088-00, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
37
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-03-28-
000-2022-00094-00, MP. Rocío Araújo Oñate.

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(Representante a la Cámara – Departamento del Atlántico)
Radicado: 11001032800020220009600

Para el caso del movimiento político Colombia Humana, se destaca que este
dato figuró en ceros (0), habida cuenta que no participó en las elecciones del
Congreso de la República del año 2018.

Sobre esta actuación, debe igualmente destacarse que para la época
preelectoral en la que se enmarca este litigio, el Consejo Nacional Electoral
emitió el concepto al que se hizo antes referencia en esta providencia, en el que
esa autoridad electoral analizó los efectos prácticos del inciso quinto del artículo
262 de la Constitución Política y sentó un parámetro de conducta a la hora de
llevar a cabo el acto de inscripción de listas en coalición a corporaciones
públicas. En tal sentido, a los partidos que no hubiesen participado en las
elecciones del Congreso de la República del 11 de marzo de 2018, no se les
sumaría ningún voto al momento de la inscripción para la misma corporación en
el año 2022 y así se hizo para el caso del acto previo a la elección cuya
legalidad se impugna.

A esta altura, cabe anotar que, según lo advierte el Ministerio Público, si bien se
conoce en el proceso el dato exacto de los votos válidos de las elecciones a la
Cámara de Representantes del Atlántico del 11 de marzo de 2018, que fue de
952.480, lo cierto es que el 15% equivalía a 142.872 sufragios, pero las
votaciones que obtuvieron en 2018 los integrantes de la coalición Pacto
Histórico para los comicios congresales de 2022, fueron: el Polo Democrático
Alternativo con 21.417 sufragios y la Unión Patriótica con 9.361, sumatoria que
arroja un total de 30.778 votos, resultado que no supera el porcentaje indicado.

Sin embargo, la censura no se centra en esta cifra, sino en los 142.872
sufragios que aportaba Colombia Humana, de habérsele computado la votación
que obtuvo su candidato en las elecciones presidenciales del 2018.

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Con este derrotero, se reitera la conclusión a la que ha llegado esta Sala en
asuntos parecidos al presente, en cuanto a que la votación consignada en el
formulario E-6 CT, por el cual se realizó la inscripción de la lista de candidatos
de la coalición Pacto Histórico a la Cámara de Representantes del Atlántico
para el periodo 2022-2026, integrada por el demandado, es la de los comicios
equivalentes para el periodo 2018-2022. En esa medida, cumple con el requisito
del artículo 262 de la Constitución Política.

Las consideraciones anteriores también conducen a desestimar, al igual que lo
ha hecho la Sala en casos similares, el cargo de expedición irregular del acto de
elección acusado, que la parte actora ubica en la fase de inscripción de la lista
de candidatos, debido a la cifra de la votación reconocida al partido Colombia
Humana dentro de la coalición Pacto Histórico.

No sobra recordar que esta causal se verifica, cuandoquiera que se
desconocen etapas o exigencias de orden procedimental para que el acto
pueda surgir válidamente a la vida jurídica, que apuntan a garantizar los
derechos de audiencia y defensa, la igualdad entre los interesados, la
publicidad y el debido proceso38. Así mismo, se ha precisado que no se trata de
cualquier inconsistencia en el trámite, sino de aquellas de tal entidad que
afecten el sentido de la decisión39.

Siendo así, en materia electoral, es posible estructurar este vicio en los eventos
en que “se omiten formalidades que afectan de manera determinante la
transparencia de un proceso electoral y su correspondiente resultado”40.

Contrario a estas hipótesis, en el caso concreto se ha verificado que el
formulario de inscripción E-6 CT contiene la votación real que obtuvieron los
partidos que conformaron la coalición Pacto Histórico en las elecciones del 11
de marzo de 2018 para la Cámara de Representantes en el departamento del
Atlántico, que coincide con la “respectiva circunscripción” de los comicios del 13
de marzo de 2022, según se expuso previamente. Por lo tanto, no se advierte
que en esta actuación de la etapa preelectoral se pretermitiera algún requisito
constitucional o legal para adelantarla.

En suma, el acto de elección del señor Agmeth José Escaf Tijerino, como
representante a la Cámara por la circunscripción del Atlántico, no infringió el
artículo 262 de la Constitución Política ni fue expedido de forma irregular, por
38
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2021,
Rad. 76001-23-33-000-2020-00002-00, M.P. Rocío Araújo Oñate y sentencia de 9 de
septiembre de 2021, Rad. 23001-23-33-000-2020-00004-02, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
39
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 20 de mayo de 2021, Rad. 73001-23-33-
000-2020-00327-02, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
40
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-
000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar
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cuenta de la aplicación del porcentaje de votación que se tuvo en cuenta para el
partido Colombia Humana dentro de la coalición Pacto Histórico que inscribió la
lista de candidatos en la etapa preelectoral. Por consiguiente, se negará la
pretensión de nulidad formulada en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la nulidad del acto que declaró la elección del
representante a la Cámara por la circunscripción departamental del Atlántico el
señor Agmeth José Escaf Tijerino, para el periodo 2022-2026, contenido en el
E-26 CAM de 26 de marzo de 2022.

SEGUNDO: En firme este proveído, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salvamento parcial de voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/”

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