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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01424-00

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-01424-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: 9 Expediente: 11001-03-15-000-2023-01424-00 Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de José Manuel Abuchaibe Escolar, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-01424-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-01424-00
Demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral / Defecto
fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución Política /
Sentencia SU-316 de 2021 reconocimiento personería jurídica
de Colombia Humana

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
____________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por José Manuel Abuchaibe Escolar, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud

José Manuel Abuchaibe Escolar promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 9 de marzo de
2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el medio de control de nulidad
electoral 11001-03-28-000-2022-00096-00.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) José Manuel Abuchaibe Escolar, en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral, presentó demanda en contra del acto de elección de Agmeth José Escaf
Tijerino, como representante a la Cámara por la circunscripción del departamento
del Atlántico, periodo 2022-2026, debido a la expedición irregular del formulario
denominado E-26CAM del 26 de marzo de 2022 por el Consejo Nacional Electoral.

ii) El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia proferida el 9 de
marzo de 2023 negó las pretensiones de la demanda al considerar que los votos
obtenidos por el movimiento político Colombia Humana en los comicios
presidenciales del año 2018 no deben tenerse en cuenta para los efectos del artículo

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01424-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

262-51 de la Constitución Política, en tanto se trata de circunscripción diferente; por
ello, el acto de elección acusado se ajusta a los parámetros normativos en materia
de coaliciones para presentar listas de candidatos para corporaciones públicas (en
este caso a la Cámara de Representantes).

iii) En relación con esa decisión, la parte demandante considera que la corporación
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso, al incurrir en defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la
Constitución Política por indebida valoración de la sentencia SU-316 de 2021 y
errónea aplicación del artículo 108 constitucional, por no tener en cuenta la votación
de Colombia Humana en los comisión presidenciales del año 2018, la cual les
reconoció el derecho a la personería jurídica, para establecer la no procedencia de
la coalición para las elecciones de corporaciones públicas 2022-2026.

1.1.1. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. Se nos conceda la Tutela sobre nuestros derechos al debido proceso (art. 29CP),
a la tutela judicial efectiva (art. 229 CP), a participar en la conformación, ejercicio y control
del poder político (art. 40-1 CP), igualdad o cualquier otro derecho que a raíz del análisis
de los hechos planteados que ustedes consideren resulten vulnerados o infringidos por
la entidad accionada, dentro de las actuaciones judiciales que estamos exponiendo, en
atención a las consideraciones fácticas y jurídicas que me he permitido expresar.

2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Radicación: 11001-03-28- 000-2022-
00096-00 por la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada contra la
elección de AGMETH JOSÉ ESCAF TIJERINO, REPRESENTANTE A LA CÁMARA
POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEPARTAMENTAL DEL ATLANTICO (2022-2026)

3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado
que proceda a dictar una nueva providencia, ajustada a la Constitución y la Ley y
respetuosa de los derechos fundamentales de los accionantes. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Consejo Nacional Electoral2 se opuso a las pretensiones de amparo, para
lo cual refirió que la vulneración alegada es respecto del Consejo de Estado,
Sección Quinta, por lo que existe falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.2.2. La Registraduría Nacional de Estado Civil3 señaló que carece de competencia
para pronunciarse respecto de las pretensiones del demandante, toda vez que la
decisión acusada fue proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro de

1 «[…] Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido

una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción,
podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas. […]»
2 Ver índice 9 de SAMAI, archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT

RONICO_RV_SELEBRINDARESP(.zip) NroActua 9»
3 Ver índice 10 de SAMAI, archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT

RONICO_AT014242023JOSE(.pdf) N roActua 10»

2

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01424-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

su autonomía e independencia judicial como juez natural del asunto cuestionado,
por lo cual, solicitó la desvinculación del trámite constitucional por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

1.2.3. El Consejo de Estado, Sección Quinta, y Agmeth José Escaf Tijerino
(demandado en el medio de control cuestionado) guardaron silencio.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,4 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección
Quinta.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado5 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.6 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]»
[Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual

4 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,

M.P. María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01424-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,7 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional8 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,9 el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.10

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Consejo de Estado, Sección Quinta, vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de José Manuel
Abuchaibe Escolar al proferir la sentencia del 9 de marzo del 2023, mediante la cual
negó las pretensiones de nulidad del acto de elección de Agmeth José Escaf
Tijerino, como representante a la Cámara por la circunscripción del departamento

7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de

2005.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01424-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

del Atlántico, periodo 2022-2026, al incurrir, presuntamente, en defectos fáctico,
sustantivo y violación directa de la Constitución Política por indebida valoración de
la sentencia SU-316 de 2021 y errónea aplicación del artículo 108 constitucional?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto fáctico

El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,11 tiene una
dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,12 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente». 13 La segunda,
se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir
ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».14

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.3. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que
desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto15. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que
este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta16, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una

11 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de

2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
12 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
13 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar

Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
14 Sentencia T-538 de 1994.
15 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
16 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01424-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación
sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable
al caso.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que
la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos fundamentales de los sujetos procesales17.

2.4.4. Violación directa de la Constitución Política

En cuanto a la referida causal de procedencia específica es importante recordar que
fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual se consolidó
como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las sentencias T-
949 de 2003 y C-590 de 200518 de la Corte Constitucional.

Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de 2018,
señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de
aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis19:

La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en estudio,
lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a) se dejó
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c)
en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución.

La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4º constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.4.5. Sobre el caso concreto

17 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
18 Pese a lo anterior, en la Sentencia T-086 de 2007 la ausencia de motivación, el desconocimiento del
precedente y la violación directa de la Constitución Política se tratan como parte integrante del defecto
sustantivo; y, en la Sentencia T-178 de 2012 sucede lo mismo en relación con los dos primeros defectos. En
otras providencias, por su parte, se abordó este aspecto desde la violación de una norma, situación de la cual
se derivó que podían configurarse tres vicios: defecto sustantivo, defecto orgánico y defecto procedimental [Al
respecto ver, entre otras, la Sentencia T-701 de 2004].
19 Sobre el particular, consultar la sentencia T-888 de 2010.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01424-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

José Manuel Abuchaibe Escolar acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso y, en
consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 9 de marzo de 2023 por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, en cuanto reconoció la validez de las
elecciones para representantes a la Cámara del departamento del Atlántico y negó
la pretensión de nulidad del acto de elección de Agmeth José Escaf Tijerino como
tal.

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defectos fáctico,
sustantivo y violación directa de la Constitución Política por indebida valoración de
la sentencia SU-316 de 202120 y errónea aplicación del artículo 108 constitucional,
pues se desconoció que los comicios a tenerse en cuenta para efectos de verificar
los requisitos para la inscripción de listas de candidatos por la coalición Pacto
Histórico al Congreso de la República eran las indirectas, es decir, las
presidenciales del 2018-2022; cargos que serán desatados de manera conjunta
dada su relación.

Para mayor claridad, la Sala recuerda el análisis efectuado por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, respecto de la decisión judicial y el precepto constitucional
alegados como desconocidos, así:

«[…] Verificada la personería jurídica, los partidos que se coaliguen para inscribir listas
de candidatos a corporaciones públicas deben acreditar un requisito cuantitativo y
objetivo, referido a que “sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por
ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción”.

Acerca de este presupuesto, no ha pasado inadvertido por la Sala que la norma
constitucional omite señalar expresamente a qué elecciones debe acudirse para
determinar la votación que ha de sumarse con el fin de calcular el porcentaje máximo
que exige la norma constitucional. Este ingrediente es de la mayor importancia, habida
cuenta que en una misma circunscripción se eligen diferentes tipos de cargos, tanto
uninominales, como para corporaciones públicas.

Ante tal imprevisión, y atendiendo a la finalidad del precepto, la posición mayoritaria de
la Sala sostiene que se trata de los votos obtenidos en elecciones de idéntica naturaleza
que se hayan realizado para el periodo inmediatamente anterior en la misma
circunscripción electoral, excluyendo en todo caso la posibilidad de que se acuda a
votaciones para elegir cargos uninominales. Sobre el punto, se ha dicho:

[…]

De modo que al interior de la Sección hay consenso en cuanto a que los votos obtenidos
por Colombia Humana, cuando era grupo significativo de ciudadanos, en las elecciones
para presidente y vicepresidente de la República de 2018, corresponden a una
circunscripción nacional, que no equivale a la respectiva circunscripción departamental
del Atlántico para la Cámara de Representantes, donde se eligieron los congresistas en
ese mismo año, razón por la cual no podían tenerse en cuenta para conformar la
coalición e inscribir lista de candidatos a dicha corporación.

Contrario a esta postura y profundamente ligado con su interpretación sobre el requisito
de la personería jurídica, que se estudió previamente, el demandante resalta que
20
Reconocimiento de personería jurídica al movimiento político Colombia Humana, Mp. Alejandro
Linares Cantillo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01424-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

Colombia Humana llegó al Pacto Histórico con unos votos que, si bien no fueron en
estricto sentido depositados para elegir al Congreso de la República en el año 2018,
representaron la segunda votación para presidente y vicepresidente de la República y
se tradujeron en una “elección indirecta” al Senado y la Cámara, según lo señaló la Corte
Constitucional [sentencia SU 316 de 2021].

Además, repara en que estos comicios aportaban unos resultados constatables para
dicho movimiento político, que debieron computarse a la mencionada coalición y que
podían determinarse sin dificultades para la circunscripción departamental del Atlántico,
a efectos de inscribir la lista que interesa a este asunto, en lugar de registrársele cero (0)
votos, como ocurrió.

La Sala no puede admitir esta lectura, mucho menos con los antecedentes que han
madurado la tesis que mejor contribuye al efecto útil del inciso quinto del artículo 262 de
la Constitución Política y sobre la base de que esta norma
consagra un derecho fundamental de las organizaciones políticas, íntimamente
relacionado con el principio democrático que defiende la Carta, que impone la
interpretación que maximice su realización. […]

Aunado a lo anterior, se ha observado la imposibilidad de establecer la votación que
habría sido depositada a favor de Colombia Humana en esos comicios nacionales, es
decir, cuántos votos le pertenecen dentro de la coalición “Petro Presidente”, que
conformó con el partido MAIS y el grupo significativo Fuerza Ciudadana para inscribir al
actual mandatario nacional y quien en esa oportunidad obtuvo la segunda votación y la
curul de la oposición en el Senado.

Sobre el punto, se ha señalado que, “En atención a la forma de participación, se tiene
entonces que los votos depositados a favor de dicha opción política se contabilizan al
candidato presentado por la coalición, sin que sea posible identificar si los mismos
pertenecen a una u otra de las organizaciones que hacen parte del acuerdo”37.

Así las cosas, eran los resultados de la elección a la Cámara de Representantes del
Atlántico, que se llevó a cabo el 11 de marzo de 2018, los que debían registrarse al
momento de la inscripción de la lista de candidatos que integró el demandado, como se
exigió desde el mismo formulario E-6 CT: […]»

Como se observa, el Consejo de Estado, Sección Quinta, refirió que la Corte
Constitucional a través de la sentencia SU 316 de 2021 le reconoció personería
jurídica a Colombia Humana, forma de reconocimiento que, contrario al decir del
demandante electoral, no conllevaba a desconocer que dicha colectividad, en su
momento, era una minoría, por lo que se ajustaba a las disposiciones del artículo
262 Superior para formar parte de una coalición; sin embargo, puso de presente
que si bien dicha normativa fijó el máximo porcentaje de votos válidos de la
respectiva circunscripción, omitió señalar cuáles eran las elecciones que debían
examinarse para ese efecto, por lo que advirtió que «la posición mayoritaria de la Sala
sostiene que se trata de los votos obtenidos en elecciones de idéntica naturaleza que se
hayan realizado para el periodo inmediatamente anterior en la misma circunscripción
electoral», lo cual tradujo en que «a los partidos que no hubiesen participado en las
elecciones del Congreso de la República del 11 de marzo de 2018, no se les sumaría ningún
voto al momento de la inscripción para la misma corporación en el año 2022 […]».

La autoridad judicial demandada analizó el contenido de la sentencia SU-316 de
2021 de la Corte Constitucional y las disposiciones del artículo 108 constitucional
en aras de establecer si el acto acusado se ajustó a los parámetros del inciso 5.°

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-01424-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

del artículo 262, que determina que «[l]os partidos y movimientos políticos con
personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento
(15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de
candidatos en coalición para corporaciones públicas», lo cual le permitió concluir que:

«[…] el acto de elección del señor Agmeth José Escaf Tijerino, como representante a la
Cámara por la circunscripción del Atlántico, no infringió el [citado precepto constitucional]
ni fue expedido de forma irregular, por cuenta de la aplicación del porcentaje de votación
que se tuvo en cuenta para el partido Colombia Humana dentro de la coalición Pacto
Histórico que inscribió la lista de candidatos en la etapa preelectoral. […]»

A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada expuso suficientes
argumentos jurídicos que le permitieron concluir que el acto de elección de Agmeth
José Escaf Tijerino, como representante a la Cámara por la circunscripción del
Atlántico, se ajustó a los parámetros del artículo 262 de la Constitución Política,
quien hizo parte de lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar la decisión adoptada dentro
del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en ninguno de
los defectos o irregularidades alegadas debido a que fue proferida de conformidad
con postura jurisprudencial vigente del Consejo de Estado, Sección Quinta,
relacionada con «los votos obtenidos por Colombia Humana, cuando era grupo
significativo de ciudadanos, en las elecciones para presidente y vicepresidente de la
República de 2018, corresponden a una circunscripción nacional, que no equivale a la
respectiva circunscripción departamental».

En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial accionada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales invocados por José Manuel Abuchaibe Escolar, en la
solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

9

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01424-00
Demandante: José Manuel Abuchaibe Escolar

Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de José Manuel
Abuchaibe Escolar, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado,
Sección Quinta, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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