Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 44001-23-40-000-2024-00017-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 44001-23-40-000-2024-00017-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 44001-23-40-000-2024-00017-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de diciembre de 2024
Demandante: Gustavo Adolfo Daza Morales
Demandado: Luis Fernando Lobo Barrera
Rad: 44001-23-40-000-2024-00017-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 44001-23-40-000-2024-00017-01
Demandante: GUSTAVO ADOLFO DAZA MORALES
Demandada: LUIS FERNANDO LOBO BARRERA- DIPUTADO DE LA
ASAMBLEA DE LA GUAJIRA - PERÍODO 2024—2027
Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia de 22 de agosto de 2024, por medio de la cual, el Tribunal
Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de la demanda de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El ciudadano Gustavo Adolfo Daza Morales instauró demanda en ejercicio del
medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente
a obtener la nulidad del acto que declaró la elección del señor Luis Fernando
Lobo Barrera como diputado de la Asamblea Departamental de La Guajira,
para el periodo 2024-2027, contenido en el formulario E-26 ASA de 11 de
noviembre de 2023.
1.1. Pretensiones
Fueron formuladas en los siguientes términos:
PRIMERA: Se declare la nulidad del acto de elección del señor LUIS
FERNANDO LOBO BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.118.880.460 como Diputado Departamental de la Guajira para el periodo
2024-2027, avalado por el Partido Unión Patriótica-UP, en la coalición
denominada “Pacto Histórico”, contenido en el formulario E-26 ASA del 11
de noviembre de 2023.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se cancele la
respectiva credencial al demandado que se le otorgó como Diputado
Departamental de la Guajira periodo 2024-2027.
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Demandante: Gustavo Adolfo Daza Morales
Demandado: Luis Fernando Lobo Barrera
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TERCERA: Comunicar esta determinación a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, para lo pertinente, así como
al Presidente de la Asamblea Departamental de la Guajira para lo
pertinente.1
1.2. Hechos
El actor sostuvo que el 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones
de autoridades territoriales, entre ellas la dirigida a conformar la Asamblea de
La Guajira, para el periodo 2024-2027.
Indicó que el demandado fue inscrito como candidato a la referida duma
departamental con el aval del Partido Unión Patriótica, que hizo parte de la
coalición «Pacto Histórico», integrada por las agrupaciones políticas Colombia
Humana, Polo Democrático Alternativo, Todos Somos Colombia, Comunista
Colombiano, Esperanza Democrática y Fuerza Ciudadana.
Mencionó que la referida coalición postuló al señor Wilder Navarro Quintero
como su candidato a la Gobernación de La Guajira. Esta alianza estuvo
conformada por los partidos Colombia Humana2, Polo Democrático Alternativo,
Comunes, Esperanza Democrática, Comunista Colombiano, Todos Somos
Colombia y Unión Patriótica.
Expuso que, si bien el señor Navarro Quintero fue avalado por Colombia
Humana, la coalición por la que fue inscrito también se integró con la Unión
Patriótica, por lo que los candidatos de esta colectividad debían respaldar la
pretensión política bajo cita.
Afirmó que, en consecuencia, el acusado tenía la obligación de escudar la
aspiración del candidato Navarro Quintero a la gobernación. Pese a ello,
decidió apoyar al señor Jimmy Rahall Boscán Torres, candidato a la
Gobernación de La Guajira inscrito por la coalición «Unidos por La Guajira»,
integrada por los partidos Conservador Colombiano3, Verde Oxígeno, Liberal
Colombiano y Ecologista Colombiano.
Advirtió que, con esta conducta, se configuró su incursión en la prohibición de
doble militancia en la modalidad de apoyo.
Agregó que el señor Luis Fernando Lobo Barrera fue elegido diputado de la
Asamblea de La Guajira, tal como se observa en el Formulario E-26 ASA del
11 de noviembre de 2023.
1
Se transcribe, inclusive, con los errores del texto.
2 Al que pertenece el señor Wilder Navarro Quintero.
3 Al que pertenece el señor Jimmy Rahall Boscán Torres.
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Demandante: Gustavo Adolfo Daza Morales
Demandado: Luis Fernando Lobo Barrera
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1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Sustentó que el acto de elección bajo cuestionamiento se encuentra viciado
de nulidad por la causal prevista en el numeral 8° del artículo 275 del CPACA,
toda vez que el demandado incurrió en la prohibición de doble militancia
establecida en el artículo 107 de la Constitución Política, y en el inciso segundo
del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, al haber apoyado la aspiración política
del señor Jimmy Rahall Boscán Torres a la Gobernación de La Guajira.
Sostuvo que con las pruebas aportadas se demuestra que el acusado, desde
la inscripción de su candidatura y la de la gobernación por la coalición «Pacto
Histórico», ayudó, asistió o acompañó la aspiración de Boscán Torres,
configurando los elementos de la proscripción que se le endilga.
Para respaldar sus censuras, aportó las pruebas documentales que acreditan
la inscripción del demandado y la de los señores Wilder Navarro Quintero y
Jimmy Rahall Boscán Torres como candidatos a sus correspondientes
dignidades, como formatos E-6, E-8 y E-26, avales, y acuerdos de coalición, y
además las siguientes carpetas:
• «Chat del grupo de wssp de los candidatos a la asamblea por el pacto»,
que contiene un video y 11 capturas de pantalla de chats de la
aplicación WhatsApp que, en su sentir, contienen el apoyo del
demandado al aspirante Jimmy Rahall Boscán Torres de la coalición
«Unidos por La Guajira».
• «Redes sociales y entrevistas», que contiene cuatro videos, seis fotos
y un documento en formato pdf con los que, según su dicho, se puede
establecer el apoyo del demandado a Jimmy Rahall Boscán Torres,
postulado a la Gobernación de La Guajira inscrito por la coalición
«Unidos por La Guajira».
• «Publicidades», contentiva de dos fotos con propaganda del
demandado en favor del candidato Jimmy Rahall Boscán Torres por la
coalición «Unidos por La Guajira».
• «Escenario Público Compartido» con siete fotos y un video que, según
el actor, evidencia que el demandado compartió tarima y manifestaba
actos inequívocos de apoyo al candidato Jimmy Rahall Boscán Torres,
de la coalición «Unidos por La Guajira».
• «Festejo», que almacena fotos donde aparece el demandado
celebrando su elección, con el señor Jimmy Rahall Boscán Torres,
quien logró una curul en la asamblea por haber sido el segundo en
votación a la gobernación.
Adicionalmente, aportó una declaración juramentada del señor Wilder Navarro
Quintero, en la que manifestó que el acusado no lo apoyó en su candidatura,
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Demandado: Luis Fernando Lobo Barrera
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sino que lo hizo en favor de Jimmy Rahall Boscán Torres.
Solicitó los testimonios de Wilder Navarro Quintero, Eduardo Carrillo (ex
candidato a la asamblea por la coalición «Pacto Histórico») Dorafanny Vargas
Correa (coordinadora electoral del «Pacto Histórico») y el interrogatorio de
parte del demandado.
1.4. Actuaciones procesales
Por auto del 1° de febrero de 2024 se admitió el libelo y se negó la solicitud de
suspensión provisional4.
Mediante auto del 5 de abril de 2024, la magistrada sustanciadora tuvo por
extemporáneo el escrito de contestación que aportó el demandado5.
En proveído del 23 de abril de 2024, el tribunal rechazó el recurso de reposición
que presentó el accionado contra el auto del 5 de abril de 2024.
1.4.1. Contestación de la demanda6
Del demandado
La contestación de la demanda fue extemporánea7.
Consejo Nacional Electoral
A través de apoderado, propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, fundada en que la entidad no es competente para satisfacer
las pretensiones del demandante, toda vez que los hechos del libelo no refieren
actuaciones u omisiones de ese organismo.
1.5. Otras actuaciones de la primera instancia
El 17 de mayo de 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se saneó
el proceso y se fijó el litigio en los siguientes términos:
4 No se dispuso la vinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
5 Consideró que el mensaje de datos contentivo de la notificación se envió el día 5 de febrero de 2024, y
el escrito de contestación se radicó hasta el 5 de marzo de 2024. Advirtió que conforme con la certificación
aportada por la mesa de ayuda del CENDOJ, se estableció que el destinatario del mensaje accedió el día
5 de febrero de 2024. Finalmente, preciso que el traslado para contestar la demanda tuvo lugar entre el
8 y el 28 de febrero de 2024, por lo que la contestación que presentó el demandado, el 5 de marzo, fue
extemporánea.
6 Intervino la Registraduría Nacional del Estado Civil y propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta entidad no fue vinculada en el auto
admisorio de la demanda.
7 El auto admisorio de la demanda se notificó por mensaje de datos enviado el 5 de febrero de 2024 al
correo del demandado luislobob@gmail.com. Los dos días previstos en el artículo 205 del CPACA
transcurrieron entre el 6 y 7 de febrero, y los quince para contestar la demanda entre el 8 y 28 de febrero
de 2024. El demandado aportó escrito de contestación el 5 de marzo de 2024 (Índice 31).
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El cuestionamiento central por resolver es el siguiente ¿Es nulo el acto
mediante el cual se declaró la elección del señor Luis Fernando Lobo
Barrera como diputado electo del departamento de La Guajira 2024-2027,
contenido en el formulario E-26 ASA de fecha 11 de noviembre de 2023,
expedido por la Comisión Escrutadora Departamental de la Guajira?
Para el efecto, se deberá determinar si el ciudadano cuyo acto de elección
se demanda incurrió en la causal de nulidad electoral prevista en el
numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, relativa a la prohibición
de doble militancia política, en modalidad de apoyo, en tanto se afirma que
el señor Lobo Barrera, quien pertenecía la coalición denominada “Pacto
Histórico” apoyó al señor Jimmy Rahall Boscan Torres, candidato a la
Gobernación de la Guajira inscrito por la coalición “unidos por la Guajira”
integrada por el partido Conservador Colombiano, Partido Verde Oxígeno,
Partido Liberal Colombiano y el Partido
Ecologista Colombiano.
Posteriormente, se decretaron los medios de convicción aportados por las
partes, y los testimonios de los señores Wilder Navarro Quintero, Eduardo
Carrillo, y Dorafanny Vargas Correa. No se decretó el interrogatorio del
demandado.
Por auto del 27 de mayo de 2024 se negó una solicitud de nulidad procesal
impetrada por el demandado8.
La audiencia de pruebas tuvo lugar el día 7 de mayo de 2024, en la cual se
practicaron los testimonios de Wilder Navarro Quintero, Eduardo Carrillo, y
Dorafanny Vargas Correa. El apoderado del demandado tachó los testigos, por
el interés que les asiste en el resultado del proceso.
Respecto del señor Eduardo Carrillo, sostuvo que, en su condición de
candidato, obtuvo la segunda mayor votación por la coalición «Pacto Histórico»
a la asamblea, por lo que la eventual nulidad de la elección del demandado le
representa acceder a su curul. Frente a los demás testigos, adujo que les asiste
el mismo interés porque participaron en la campaña del primero.
Culminada la diligencia, se ordenó correr traslado a las partes para alegar y al
Ministerio Público para que rindiera concepto.
1.6. La sentencia apelada
Mediante sentencia de 22 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de La
Guajira negó las pretensiones de la demanda.
Como cuestión previa, se pronunció sobre la excepción de falta de legitimación
8 La defensa planteó la nulidad prevista en el numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso,
por indebida notificación del auto admisorio de la demanda.
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en la causa por pasiva formulada el Consejo Nacional Electoral, declarándola
probada.
Al resolver el caso concreto, encontró acreditado que el Partido Unión Patriótica
integró, junto con las agrupaciones políticas Colombia Humana, Polo
Democrático Alternativo, Todos Somos Colombia, Comunista Colombiano,
Esperanza Democrática y Fuerza Ciudadana, la coalición del «Pacto
Histórico», cuyo objeto consistió en inscribir una lista con voto preferente para
aspirar a la Asamblea Departamental de La Guajira.
Mencionó que, a su turno, el Partido Unión Patriótica, como integrante de la
referida coalición, avaló e inscribió al demandado como candidato a la duma
departamental.
Precisó que el partido bajo cita coavaló la aspiración de Wilder Navarro
Quintero a la Gobernación de La Guajira, periodo 2024-2027.
Advirtió que, en consecuencia, el demandado tenía proscrito respaldar una
aspiración política a la gobernación distinta de la del señor Wilder Navarro
Quintero.
Sostuvo que, por su parte, la coalición «Unidos por La Guajira», integrada por
los partidos Conservador Colombiano, Verde Oxígeno, Liberal Colombiano, y
Ecologista Colombiano, inscribió al señor Jimmy Rahall Boscán Torres como
candidato a la gobernación de La Guajira para el periodo 2024- 2027.
Agregó que, por ende, se acreditaron los elementos subjetivo, modal y territorial
de la prohibición.
Al pronunciarse frente al elemento objetivo de la conducta, precisó que con la
demanda se aportaron imágenes de conversaciones de la aplicación de
mensajería WhatsApp, entre candidatos de la coalición «Pacto Histórico», en
donde se increpó al demandado por apoyar la aspiración de Jimmy Rahall
Boscán Torres. Frente a las imágenes destacadas (6 de ellas), advirtió que su
contenido no evidencia alguna manifestación del accionado brindando el apoyo
endilgado, incluso no interviene en las conversaciones.
En cuanto a los recortes de prensa aportados con la demanda, en los que se
informa sobre acuerdos políticos entre el acusado y Boscán Torres, destacó
que, conforme lo ha decantado esta Sala9, estos no tienen la entidad suficiente
para demostrar la existencia y veracidad de la información, por lo que su
9 Cita textual: «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejero
Ponente Dr. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 24 de agosto de 2023. Radicado: 11001-03-28-000-
2022-00097-00. Demandante: Carlos Leonardo Hernández y otros. Demandado: Mary Anne Andrea
Perdomo Gutiérrez».
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eficacia probatoria depende de su conexidad con otros medios de convicción.
Al respecto, precisó que de las publicaciones de los medios de comunicación
«El Pulso Caribe» y «Diario del Norte», se aprecia que estos se refieren a la
celebración de acuerdos entre el candidato Boscán Torres y el «Pacto
Histórico», por lo que no tienen la vocación de acreditar la existencia de tales
alianzas, pues no se trata de un hecho notorio ni transcribe la manifestación de
un servidor público. En gracia de discusión, no se conocen los términos del
referido acuerdo ni se exponen manifestaciones de apoyo.
Acerca de la prueba de audio cuyo archivo se denominó «(29 de agosto)
entrevista a Luis Lobo en Informativo Guajiro», y la entrevista concedida por el
acusado a la emisora «Uniguajira», sostuvo que en ellas expuso una
explicación del contexto electoral del momento, y la necesidad de hacer
acuerdos con otras fuerzas políticas para lograr resultados electorales. Sin
embargo, dicha afirmación no puede ser considerada como un acto positivo de
respaldo, pues no conminó a los oyentes a votar por algún aspirante.
Sobre el volante publicitario donde se observa la imagen del demandado junto
a Boscán Torres, indicó que la jurisprudencia de esta Sección10 ha señalado
que una pieza de estas características no da lugar a configurar la doble
militancia, por cuanto se requiere acreditar que haya sido autorizada por el
accionado. En este caso, no se aportó prueba que permita corroborar que el
anuncio fue divulgado en el periodo de campaña, y que su impresión,
socialización y distribución fue autorizada por el demandado.
Posteriormente, se refirió a siete imágenes publicadas en las redes sociales de
Luis Fernando Lobo Barrera y Jimmy Rahall Boscán Torres, de las cuales se
podría inferir que participaron en una manifestación pública con fines
proselitistas. Agregó que al proceso se aportó un video de la intervención que
realizó el demandado en dicha manifestación política.
A partir del análisis conjunto de estas pruebas, advirtió que no existe certeza
de la fecha del referido acto político, debido a que en el nombre de los archivos
de esas imágenes se indica «30 de septiembre de 2023», sin embargo, las de
Boscán Torres datan del 1° de octubre y las del accionado los días 3 y 5 de
octubre, por lo que no se tiene certidumbre de si se trata del mismo evento,
pues en las fotografías no se les ve compartiendo escenario.
Precisó que en los registros que publicó el señor Lobo Barrera, se observa que
en la parte inferior izquierda de la primera de ellas se retrató a una persona que
10 Cita textual: «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejero
Ponente Dr. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 9 de noviembre de 2023. Radicado: 11001-03-28-
000-2022-00258-00. Demandante: Fredy Mauricio Garzón Ramírez. Demandado: Alexander López Maya.
Ver también: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-
33-000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016».
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porta publicidad en la que se lee «Lobo Asamblea 51 – Jimmy Gobernación»,
que si bien podría evidenciar cooperación política entre estos sujetos, lo cierto
es que la impresión de dicha pieza no constituye un acto positivo irrefutable de
respaldo, dado que no la porta el acusado, sino una manifestante, y no se
cuenta con prueba de que se elaboró por parte de su campaña.
Mencionó que, con todo, si eventualmente se tuviera por cierto que ambos
candidatos concurrieron en ese escenario, ello tampoco podría ser
configurativo de la prohibición, según lo ha dispuesto la Sección Quinta del
Consejo de Estado11.
Señaló que en las imágenes de las redes sociales del entonces aspirante a la
Alcaldía de Riohacha, Genaro Redondo, tampoco se evidencia una
manifestación clara e inequívoca de respaldo político del demandado hacia
Boscán Torres, porque en ellas se observa un escenario de concurrencia
multitudinaria de personas que portan banderas de distintos colores, sin que
sea posible distinguir candidatos o partidos.
Acerca de las imágenes de las redes sociales del señor Boscán Torres, en las
que se le observa acompañado de otras personas, entre ellas el demandado,
destacó que la parte actora precisó que se captaron el 11 de noviembre de
2023, es decir, con posterioridad a finalización de la campaña electoral, por lo
que carecen de eficacia para acreditar la configuración de la prohibición y,
adicionalmente, las publicaciones no provienen de las redes sociales del
acusado.
Al referirse a la prueba testimonial, destacó que el apoderado del demandado,
en la audiencia de pruebas, tachó a los testigos dado el interés que les asiste.
Para el caso del señor Eduardo Carrillo, la tacha se enfocó en que obtuvo la
segunda mayor votación de la coalición «Pacto Histórico», por lo que podría
asumir la curul del accionado en el evento en que se anule su elección. En
cuanto a los otros dos, se advirtió su interés por haber apoyado la campaña del
señor Carrillo.
Transcribió parte del testimonio que rindió el señor Wilder Navarro Quintero, y
sostuvo que coincide con su declaración juramentada del 5 de enero de 2024,
y la entrevista radial ante «Cardenal Stereo», donde insiste que el acusado
efectuó un acuerdo con fuerzas políticas ajenas al «Pacto Histórico» para
apoyar a Boscán Torres a la gobernación.
Luego se refirió a las declaraciones de Eduardo Carrillo y Dorafanny Vargas
Correa, frente a los cuales describió que fueron consistentes en señalar que
11
Cita textual: «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejero
Ponente Dr. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 20 de junio de 2024. Radicado: 05001-23-33-000-
2023-01214-01. Demandante: Matthew Gallego Sepúlveda. Demandado: Oscar Abad Serna Montoya».
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conocieron el acuerdo político entre el demandado y Boscán Torres, por
noticias periodísticas y entrevistas de aquel en emisoras locales, y que
coincidieron en sostener que se divulgaron folletos publicitarios con la imagen
de ambos, que compartieron tarima en un evento público y que el demandado
no asistía a las reuniones de su coalición.
Al respecto, afirmó que los testigos sustentaron el apoyo político en cuestión
con base en entrevistas radiales, publicaciones periodísticas, publicidad
política y las fotografías analizadas con anterioridad, frente a las que ya había
concluido que no son elementos de juicio que demuestren la existencia de
actos positivos de respaldo de un candidato hacia otro.
Advirtió que resulta irrelevante la existencia de un acuerdo entre los candidatos
si no se logra demostrar que lo convenido condujo a actos ciertos y concretos
de apoyo, pues la causal de nulidad no cuestiona su existencia, sino las
acciones de respaldo ante los electores.
Resaltó que la abstención del demandado de apoyar al candidato de su
colectividad, a lo sumo se enmarca en el desconocimiento del acuerdo de
coalición o del reglamento del partido, lo que de ningún modo puede
considerarse como conducta constitutiva de doble militancia.
Finalmente se refirió al documento denominado «comunicado de prensa #11»
suscrito el 30 de agosto de 2023 por los directivos del Movimiento Social
Indígena «Sümaainwayuu MSISW», en el que rechazan los acuerdos entre el
demandado y Luis Gómez con los clanes históricos del departamento. Al
respecto, señaló que esta pieza documental no contiene una manifestación
clara de apoyo que configure la prohibición de doble militancia.
1.7. El recurso de apelación
El demandante formuló recurso de apelación con fundamento en los siguientes
planteamientos:
A manera de introducción, destacó los pronunciamientos de la Sección Quinta
del Consejo de Estado del 3 de febrero12 y 23 de junio13 de 2022, en las que la
Sala explicó las características de la publicidad conjunta y el alcance de la
propaganda electoral.
En cuanto a las imágenes de las conversaciones de un grupo de WhatsApp,
que según el tribunal no evidencian manifestaciones del demandado, indicó
que el señor Lobo Barrera sabía de la gravedad de su proceder y, por ende,
12
Exp: 47-001-2333-000-2020-00088-01. Acumulado: 47-001-2333-000-2020-00087-00
13 Exp: 70001-23-33-000-2020-00004-03. Acumulados: 70001-23-33-000-2020-00001-00 Y 70001-23-
33-000-2020-00003-00.
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«no quiso explicar ni escribir al momento q (sic) todos sus compañeros les
alega las reiteradas noticias que llegaron en su momento».
Acerca de la valoración de la entrevista que concedió el acusado, en la que se
refirió al contexto electoral del momento y la necesidad de acuerdos políticos,
mencionó que, según la jurisprudencia de esta Sala14, las conductas que
materializan la doble militancia en la modalidad de apoyo, es el respaldo que
se acredita con acuerdos para compartir, por ejemplo, propaganda y generar
identidad de las campañas ante el electorado para transmitir en los votantes un
mensaje persuasivo.
Destacó que el apoyo del demandado a Jimmy Rahall Boscán Torres, se
evidenció en entrevistas radiales, volantes y publicidad como «acuerdo y
coalición para un Frente por la vida», y que en la entrevista del 29 de agosto
de 2023 puntualizó que no estaba sujeto a las directrices nacionales, por el
contrario, se debían respetar los acuerdos locales y regionales.
Se refirió al volante publicitario donde aparece el acusado con, entre otros, el
candidato Boscán Torres, y la publicación en las redes sociales de aquel en la
que se le aprecia en una tarima junto a una persona que porta un banderín
alusivo a ambas aspiraciones políticas, y advirtió que de ellos se puede
establecer que sí hubo un acuerdo entre los referidos aspirantes para adelantar
una campaña política conjunta, crear una identidad de colores, tipografía,
eventos e incluso propaganda, la cual si bien pudo ser sufragada por terceros,
nunca fue rechazada por el demandado.
Indicó que estas imágenes demuestran, por un lado, que i) las publicaciones
se hicieron desde las redes sociales del mismo demandado, ii) es posible
verificar la fecha de la divulgación, iii) las personas que se identifican en los
volantes, a saber, Luis Fernando Lobo (asamblea), Jimmy Boscán
(gobernación), Genaro Redondo (Alcaldía de Riohacha), y Benedito González
(Alcaldía de Fonseca), fueron candidatos para el período 2024- 2027.
Frente al punto, explicó que el objetivo de la propaganda electoral consiste en
visibilizar una aspiración política para captar la atención de los votantes,
quienes indefectiblemente identifican al pretendiente con la ideología de la
colectividad aludida en la publicidad.
Advirtió que en el proceso no se encuentra manifestación alguna que
demuestre o indique que el demandado rechazó la propaganda, las
publicaciones o los artículos de los periódicos o páginas informativas del
departamento.
14 Cita textual: «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
47001-23-33-000-2020-00088-01. Providencia del 3 de febrero de 2022».
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Demandante: Gustavo Adolfo Daza Morales
Demandado: Luis Fernando Lobo Barrera
Rad: 44001-23-40-000-2024-00017-01
Posteriormente, se refirió a la valoración hecha por el a quo sobre las imágenes
de las publicaciones de redes sociales de los señores Luis Fernando Lobo
Barrera y Jimmy Rahall Boscán Torres, relacionadas con un evento proselitista,
donde concluyó la inexistencia de certeza sobre la fecha en que se desarrolló,
y que el banderín donde se lee «Lobo Asamblea 51 – Jimmy Gobernación», no
constituye un acto positivo irrefutable de respaldo.
Al respecto, sostuvo que, en criterio de esta Sección15, las conductas
configurativas de doble militancia no requieren como único presupuesto una
solicitud verbal y expresa al electorado pues, en este caso, el apoyo se acredita
haciendo o portando propaganda.
Adujo que las capturas de redes sociales y videos aportados evidencian que el
evento tuvo lugar el mismo día en la ciudad de Riohacha, y que el demandado,
al publicar en fechas diferentes, pretendió disfrazar su acompañamiento a
Boscán Torres, con quien compartió esa tarima.
Agregó que las imágenes por sí solas, demuestran el apoyo ofrecido, puesto
que en una de ellas se observa al demandado al lado de una persona de su
confianza que porta propaganda electoral de la campaña de Jimmy Boscán.
Indicó que, para corroborar que el evento proselitista tuvo lugar la misma fecha,
en las imágenes se aprecia al señor Luis Gómez Pimienta con los demás
candidatos en tarima usando la camisa de Colombia Humana.
Trajo a colación la valoración de la prueba testimonial, a partir de la cual el a
quo concluyó que la omisión del demandado de apoyar al candidato de su
colectividad no es constitutiva de doble militancia, y a lo sumo implica un
desconocimiento de los reglamentos y acuerdos de coalición.
Frente a esta consideración, afirmó que el demandado incurrió en la prohibición
endilgada por apoyar a un candidato distinto del que postuló su partido, y no
respaldar la aspiración de Wilder Navarro Quintero, pese a que estaba obligado
a ello.
Aseveró que el tribunal restó importancia al testimonio del señor Navarro
Quintero, pues se limitó a decir que coincidía con su declaración juramentada
ante notario.
En cuanto a esta prueba, indicó que el deponente sostuvo que el 29 de agosto,
en su sede política, la señora Eda Pimienta Caicedo se comunicó con el
demandado y lo puso en altavoz, y este le confirmó que hizo un acuerdo con
Jimmy Boscán porque «Wilder Navarro no aparece». Agregó que el testigo
15 Cita textual: « Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-
03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018».
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Demandado: Luis Fernando Lobo Barrera
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explicó al detalle las conductas y el comportamiento del accionado, y que nunca
participó en su campaña, como sí lo hizo en la del candidato Boscán.
Finalmente, mencionó que el argumento del tribunal en cuanto limitó la
conducta del demandado al mero desconocimiento de acuerdos de coalición o
reglamentos, carece de fundamento, toda vez que el acusado no es nuevo en
estos temas electorales, pues fue candidato a la Cámara de Representantes
en el año 2022 y, por ende, tiene conocimiento de los criterios alrededor de la
doble militancia.
1.7. Actuaciones de segunda instancia
Por auto del 7 de octubre de 2024, la apelación fue admitida. Posteriormente,
mediante proveído del 17 siguiente se negó la prueba testimonial solicitada con
la alzada.
1.7.1. Alegatos de conclusión
Parte demandada
Adujo que el extremo actor no probó la configuración de la prohibición alegada,
por el contrario, se acreditó que no se presentó incumplimiento de las normas
de su partido o de la coalición, y que el señor Wilder Navarro «quien se
presume víctima», desmontó su candidatura y apoyó a otro postulado a la
gobernación.
Advirtió que los testimonios del sujeto en mención y del señor Eduardo Carrillo
carecen de objetividad, precisión y validez probatoria, y muestran un concierto
entre ellos para afectar la estabilidad democrática en el departamento.
1.8. Concepto del Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto, en el que
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que no se cuenta
con elementos probatorios que arrojen certeza de la configuración de la causal
de nulidad alegada.
Acerca del argumento del apelante, en cuanto a la mención del demandado
relativa a unos acuerdos, indicó que se trata de una frase sin un contexto
definitorio partidista.
Se refirió al volante publicitario que destacó el demandante, frente al cual adujo
que, pese a que contiene distintas filiaciones políticas, todas ellas se ubican
bajo el logo de la coalición del demandado, por lo que no es posible elevar
mayor reproche en su contra frente a los demás aspirantes que allí figuran,
además que de esta imagen podría apreciarse, más bien, que es el otrora
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candidato Boscán Torres quien apoyó al acusado, aspecto que podría
corroborarse si se tiene en cuenta que en el recorte de prensa del Diario del
Norte, del 29 de agosto de 2023, se sugirió que «[e]ntre el Pacto Histórico y
Jimmy Boscán, hubo un diálogo prolongado, amistoso y fructífero ¿Hubo
Acuerdo? Bueno faltan algunos protocolos. Parece que la mazamorra está
cogiendo punto. (…)».
Respecto de la imagen donde aparece el demandado, en tarima, al lado de una
persona que tiene una pieza publicitaria alusiva al primero y a Boscán Torres,
advirtió que dicho elemento no lo porta o lo viste el acusado, y el apelante no
aportó datos concluyentes de su relación con dicha persona.
Acerca del testimonio del señor Wilder Navarro Quintero, advirtió que sus
afirmaciones no están respaldadas en hechos concretos ni explícitos del apoyo
al que hizo alusión, más bien se enfocó en la desidia del demandado para con
la campaña del testigo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA y en el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Sala es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la
referencia, teniendo en cuenta que se pretende la nulidad del acto que declaró
la elección del señor Luis Fernando Lobo Barrera como como diputado de la
Asamblea de La Guajira, cuyo control de legalidad compete a los tribunales
administrativos, en primera instancia, según el literal a) del numeral 7 del
artículo 152 de la Ley 1437 de 201116 y corresponde al Consejo de Estado
fungir como juez ad quem, en aplicación del artículo 150 ib.
2.2. El acto acusado
La parte actora pretende la nulidad del formulario E-26 ASA de 11 de
noviembre de 2023, a través del cual se declaró la elección del señor Luis
Fernando Lobo Barrera como diputado de la Asamblea de La Guajira, para el
16 «ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA
INSTANCIA. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados
de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los
miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros
de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las
demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración;
(…)».
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periodo 2024-2027.
2.3. Problema jurídico
Conforme al fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia proferida el 22 de agosto de 2024, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de la
demanda.
Para el efecto, se debe determinar si el a quo valoró de manera indebida las
pruebas aportadas al proceso por la parte actora, a saber, i) las imágenes de
las conversaciones a través de la aplicación WhatsApp, ii) la entrevista del 29
de agosto de 2023, iii) un volante publicitario, iv) las publicaciones en las redes
sociales del demandado, y v) el testimonio del señor Wilder Navarro Quintero.
Así entonces, la Sala abordará la segunda instancia desde los siguientes ejes
temáticos: i) el marco jurídico de la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo y ii) el caso concreto.
2.4. Doble militancia por apoyo
Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas
en las últimas dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina
partidista, que persigue, a su vez, contribuir al funcionamiento de colectividades
y bancadas sólidas, consistentes y con vocación de permanencia. Así lo
demuestran los actos legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, por medio de los
cuales se introdujo y reguló, entre otros asuntos, la prohibición de doble
militancia.
En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política,
ningún ciudadano podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido
político. En consonancia, la misma norma dispone que los miembros de
corporaciones públicas que decidan cambiar de partido para aspirar a una
próxima elección están compelidos a renunciar a la curul por lo menos 12
meses antes de la fecha en que inician las inscripciones de candidatos de los
comicios respectivos.
Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento,
desarrollada por la Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de
nulidad electoral por la Ley 1437 del mismo año (artículo 275, numeral 8).
A partir del marco normativo que la regula, la jurisprudencia de esta Sección
ha esquematizado de forma reiterada y pacífica las modalidades en las que se
manifiesta la doble militancia política, según sus destinatarios y las conductas
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proscritas17:
a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento
político o grupos significativo de ciudadanos.
b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política
distinta, en el mismo proceso electoral.
c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular:
inscripción como candidato para la siguiente elección por un partido o
movimiento político distinto de aquel que lo avaló, con dos excepciones,
primera, que renuncie a la curul antes de los 12 meses que preceden al
primer día de inscripciones y segunda, que la colectividad sea disuelta
o pierda la personería jurídica por causas diferentes a una sanción.
d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos:
apoyar a candidatos de organizaciones políticas diferentes a la que
pertenecen y les otorgó aval, según el caso, salvo que la respectiva
organización no esté participando con aspirantes para la
correspondiente elección ni haya manifestado su apoyo expreso a
determinada campaña de otro partido o movimiento.
e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como
candidatos o designación como directivos de organizaciones políticas
diferentes, salvo que medie renuncia a la respectiva dignidad 12 meses
antes de uno u otro hecho.
En particular, la doble militancia en la modalidad de apoyo que se brinda a un
candidato inscrito por un partido distinto al de la propia afiliación18, relacionada
en el literal d) anterior, está prevista en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011,
en los términos que se transcriben enseguida:
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración
o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o
aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular,
17 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-
28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-
03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10 de marzo de 2022, Rad.
76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 9 de septiembre de 2021,
Rad. 25000-23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021,
Rad. 47001-23-33-000-2020-00023-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de
2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de
noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00091-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad. 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
18 Sobre las modalidades de doble militancia, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 21 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno
Rubio. Sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00807-01, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil. Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum), MP.
Rocío Araújo. Oñate. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02.
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no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al cual se encuentren afiliados.” (Negrilla fuera de
texto)
Con base en la literalidad de la norma en comento, esta Sección 19 ha
reconocido que la configuración de los apoyos prohibidos por la legislación
electoral resulta de la acreditación conjunta de 5 presupuestos, así:
i. Elemento subjetivo
El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia en
su modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de
dirección, gobierno, administración o control en los partidos y movimientos
políticos, a los miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidos
o aspiran a serlo en cargos o corporaciones de elección popular.
Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige
que el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.
ii. Elemento objetivo
La conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes inscritos por partidos y
movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que difieren de
aquel al que pertenece el accionado. Así, el concepto de apoyo ha sido
caracterizado por esta Sala Electoral como «…la ayuda, asistencia, respaldo o
acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato
distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.» 20
Sin embargo, la generalidad de esta noción ha sido precisada por la Sección
en el tratamiento jurisprudencial que durante los años ha procurado a esta
modalidad de doble militancia, en el sentido de delimitar no solo la naturaleza
de los actos que pueden revelar la existencia del respaldo sancionado, sino a
la vez el grado de convicción que debe derivarse de las pruebas para acreditar
la presencia del apoyo ilegal.
En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la
asistencia censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y
concretos que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra
organización. En ese orden, en decisión de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos
19 Con relación a los presupuestos de la doble militancia por apoyo a candidato inscrito por un partido
distinto, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad.
05001-23-33-000-2019-02946-01(Acum.), MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 21 de octubre de 2021,
Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 6 de octubre de
2016, Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-00841-01.
M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
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Enrique Moreno Rubio, esta Judicatura explicó al respecto:
Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo
atrás la Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha
prohibición exige necesariamente la ejecución de actos positivos y
concretos de apoyo en favor del candidato perteneciente a otro
partido político.21 (Negrillas fuera de texto).
De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido
como sustento la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la
puesta en marcha de acciones –presupuesto modal– que buscan el patrocinio
de una candidatura ajena a la organización política que acompaña al
demandado –presupuesto teleológico–.
Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre
de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, que las abstenciones atribuidas
por la parte actora al concejal acusado –cimentadas en la realización de
reuniones políticas sin la presencia del aspirante a la Alcaldía de Soacha
inscrito por el partido que lo avalaba–, no disponían de la virtualidad de
configurar la doble militancia por apoyo de cara a la ausencia de actos positivos
y concretos que permitieran materializarla. En ese punto, la Sección expuso:
Lo que exige el texto de la norma es precisamente lo contrario: la ejecución
de actos positivos de apoyo a un candidato diferente de aquel inscrito por
el partido al cual pertenece el concejal demandado.
(…)
Entonces no resulta procedente extender sus alcances a otras situaciones
no contempladas en la norma, diferentes de los actos de apoyo, como la
decisión de llevar a cabo actos políticos sin el acompañamiento del
candidato del partido, en este caso a la alcaldía, como señaló el
actor.22 (Negrilla fuera de texto)
En ese mismo sentido, ha pregonado que no pueden, en principio, considerarse
como actos de apoyo ante la ausencia demostrativa del elemento teleológico
de la noción, la impresión de volantes publicitarios respecto de los cuales se
omitió probar su socialización y distribución para el fortalecimiento de la
campaña política de un candidato afiliado a otro movimiento23; las palabras de
21 Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00.
22 Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-
2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. ““Ahora bien,
aunque la Sala no desconoce la vocación de permanencia que tiene un volante publicitario de estas
características, lo cierto es que el demandante no demostró que aquellos fueran socializados,
distribuidos o publicitados después del 25 de septiembre de 2015 - fecha en la que el partido Opción
Ciudadana decidió apoyar la candidatura del señor Cuarán Castro-, pues la mera impresión de los
mismos no acredita la conducta proscrita por el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.” (Negrilla y
subrayas fuera de texto)
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agradecimiento entre aspirantes políticos24; así como la existencia de
publicidad perteneciente a un aspirante avalado por otra organización, cuando
los medios de convicción allegados no permiten aseverar que su presencia
responde a la voluntad del accionado, como una manifestación de apoyo.
En consonancia, la Sección señaló en sentencia de 31 de enero de 2019, M.P.
Rocío Araújo Oñate:
…[E]s evidente que de las imágenes aportadas, no se evidencian
elementos que, por ejemplo permitan definir cuándo fueron realizadas las
reuniones respectivas y, entre otras cosas, si fue el demandado quien
dispuso, autorizó, convino o consintió tales actividades proselitistas
y menos que de ellas se derive el cuestionado apoyo.” (Negrilla fuera
de texto)
Pero no solo estos aspectos25 del respaldo proscrito han sido modelados por
la jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho
referencia a la frecuencia con la que deben producirse las acciones que
denotan asistencia, por lo que los actos de acompañamiento político no
requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde
se colige que la configuración de esta modalidad de la doble militancia puede
probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el contexto de la
campaña política26.
De otra parte, se ha establecido que el apoyo indebido se configura de manera
independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –
carácter autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario
que «…el apoyo tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al
regular la doble militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de
este carácter, ni limitó sus alcances a este tipo de factores.»27
Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento
prohibido en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de
convicción que, más allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la
ocurrencia de un actuar a través del cual se persigue el impulso proselitista de
una candidatura extraña a la avalada por el partido o movimiento político del
que hace parte el accionado.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018: “A diferencia
de lo expuesto por la parte actora, subraya la Sala que el video que sustentó la tacha de falsedad permite
establecer que las manifestaciones hechas por el demandado no están fuera de contexto en la prueba
allegada con la demanda, puesto que no son simples palabras de agradecimiento dirigidas al señor
Acosta Acosta sino expresiones concretas de respaldo a su candidatura por Bogotá.” (Negrilla y
subrayas fuera de texto)
25 La naturaleza del apoyo.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
27 Ibidem.
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Así, en la citada decisión de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate,
esta Judicatura aseveró respecto de la acreditación probatoria del apoyo:
De esa manera, la Sala estima pertinente aclarar que la demostración del
presunto apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad
política distinta, debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir,
revistiendo al operador judicial tantos elementos de juicio que
permita superar toda duda razonable para que éste pueda colegir que
en el caso en concreto se presentó la causal de nulidad endilgada (doble
militancia) y de esa forma advertir que el candidato traicionó la voluntad de
su electorado.
Lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando en el expediente obran medios de
convicción de los que se derivan patrocinios políticos claros, como la invitación
al electorado a sufragar por un aspirante Conservador a la Gobernación del
Tolima, cuando se ostenta la condición de candidato del Partido Alianza Verde
a la Asamblea departamental, en el marco de programas radiales28.
Por último, la Sección resalta que, como fuere estimado en providencia de 20
de agosto de 2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de
apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:
Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en
materia de doble militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a
los propios del partido o movimiento político al cual se encuentran
afiliados, no recibir apoyo de agrupaciones políticas diferentes a la
que inscribe a un aspirante a un cargo de elección popular.29
iii. Elemento temporal
Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475
de 2011, no hace referencia expresa al periodo o plazo en el que deben
producirse los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la
norma conlleva aceptar que la materialización de la asistencia indebida debe
suceder en el contexto de la campaña política, toda vez que «…solo durante
ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra»30;
término que se extiende desde el momento en el que el ciudadano acusado
inscribe su aspiración y hasta la fecha de la elección.
iv. Elemento modal de la conducta
La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-
2015-00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016.
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2019-00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-
2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
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Demandante: Gustavo Adolfo Daza Morales
Demandado: Luis Fernando Lobo Barrera
Rad: 44001-23-40-000-2024-00017-01
exige que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado
haya inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se
trate, comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la
defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de
control de nulidad electoral.
Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto,
teniendo en cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia reciente
de esta Sala de Sección, el desconocimiento de los apoyos expresos dados
por un partido o un movimiento político a una causa proselitista distinta de la
suya, –aunque no exista registro de una aspiración particular–, pueden llevar a
cristalizar igualmente la causal de inelegibilidad erigida en el artículo 2.2 de la
Ley 1475 de 2011.
Así, en sentencia de 24 de noviembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, la
Sala concluyó en relación con este aspecto:
Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la modalidad
de doble militancia atribuida proscribe es el apoyo a un candidato diferente
al inscrito o apoyado por una determinada colectividad política, lo cual
necesariamente presupone que el partido o movimiento político bien haya
inscrito un candidato propio para determinado cargo de elección popular o
en su defecto que haya decidido, de forma expresa, apoyar a un
candidato de otra organización política.31
Así, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por la
demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura
política de la que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones
explícitas, mediante las cuales su partido se compromete de lleno con la
candidatura postulada por un movimiento distinto, lo que obliga al demandado
a respetar sus directrices, sin que sus intereses puedan anteponerse a aquellos
de la colectividad.
v. Elemento territorial
El examen construido por la Sección especializada en asuntos electorales del
Consejo de Estado permite advertir el respaldo recriminado por el legislador
estatutario de 2011 puede producirse en el seno de una misma circunscripción
electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un candidato al Concejo a
la aspiración proselitista de un candidato a la Alcaldía de la misma
municipalidad–, pero también en el escenario de circunscripciones territoriales
diversas.
En palabras de esta Sala de Decisión:
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-
2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
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Por último, la Sala estima que la circunstancia de que el apoyo haya sido
brindado a un candidato que aspiraba a la Cámara de Representantes por
una circunscripción territorial diferente, como era Bogotá, no incide en la
configuración de la doble militancia política.32
De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la
coincidencia o no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a
través de actos positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato
avalado por una organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades
de acceso a un cargo de elección popular.
Decantados estos presupuestos y, previo a abordar el estudio del caso
concreto, esta Judicatura hilvanará algunas ideas que permitan absolver los
cuestionamientos probatorios elevados por las partes durante este trámite
judicial.
En tales condiciones, el acervo probatorio resulta ser determinante para
establecer con certeza que durante el periodo señalado el demandado
desplegó actos de respaldo a un candidato inscrito por una organización
política diferente a aquella que lo avaló, pese a que esta colectividad también
tenía aspirantes, inscritos o por adhesión a la campaña, para el respectivo
cargo o corporación.
Acerca de las pruebas, «estos casos se rigen por el principio de libertad
probatoria, que admite los medios de convicción contemplados en la ley
procesal, que sean aportados y decretados en las oportunidades allí previstas.
Asimismo, su valoración está guiada por las reglas de la sana crítica y la
apreciación conjunta de los elementos que contribuyan al convencimiento del
juez, frente a los hechos alegados por las partes»33.
Así mismo, tratándose de candidatos inscritos en coalición, teniendo en cuenta
que cada partido coaligado otorga avales individuales a sus candidatos, se ha
considerado, de acuerdo con la finalidad de la prohibición, que deben favorecer
a los que pertenecen a su misma colectividad, salvo los casos en los que no
inscribe aspirante propio para un cargo de elección popular, comoquiera que
bajo esa circunstancia no surgen deberes de lealtad partidista que limiten el
respaldo de candidaturas de otras colectividades34.
En suma, la nulidad de una elección por cuenta de la causal de doble militancia
por apoyo a un candidato está condicionada a los presupuestos consagrados
en la norma e interpretados en sede judicial, atendiendo al propósito del
32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
33 Sentencia de 17 de octubre de 2024. Exp: 27001-23-33-000-2023-00139-01.
34 Sentencia de 22 de agosto de 2024. Exp: 11001-03-28-000-2023-00154-00.
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legislador, al efecto útil de la disposición que consagra la prohibición e
integrando el principio de capacidad electoral, que debe orientar al operador
jurídico al resolver las controversias de esta naturaleza.
2.5. Caso concreto
La alzada se enfocó en el elemento objetivo de la prohibición, por ser el que el
a quo desestimó en la sentencia de primera instancia, razón por la que la Sala
concentrará su análisis en este aspecto.
La parte apelante cuestionó el análisis del tribunal sobre las siguientes pruebas:
i) las imágenes de las conversaciones a través de la aplicación WhatsApp, ii)
la entrevista del 29 de agosto de 2023, iii) un volante publicitario, iv) las
publicaciones de un evento político en las redes sociales del demandado, y v)
el testimonio del señor Wilder Navarro Quintero. En criterio del actor, estas
pruebas acreditaron la doble militancia endilgada.
Previo a descender a las consideraciones del caso, es necesario precisar que,
salvo la prueba testimonial, sobre los medios de convicción aportados al
proceso no pesan señalamientos de tacha por lo que, en aplicación del inciso
segundo del artículo 244 del Código General del Proceso, hay lugar a presumir
su autenticidad. Aunque, valga decir, la presunción de que se trata no sacrifica
el criterio del juzgador dado que, en todo caso, los elementos probatorios
«pueden ser valorados por el operador judicial bajo la sana crítica»35.
Descendiendo al asunto, se tiene que la parte actora cuestionó la conclusión
del análisis probatorio del tribunal sobre las imágenes de las conversaciones
captadas de la aplicación WhatsApp, en cuanto no evidenció manifestación
alguna del demandado.
Para el actor, el accionado conocía la gravedad de su proceder y, por ello, «no
quiso explicar ni escribir al momento q (sic) todos sus compañeros les alega
(sic) las reiteradas noticias que llegaron en su momento».
Frente al punto, escapa de cualquier comprensión la razón por la que la parte
actora, pese a que admite que el implicado no emitió pronunciamiento alguno
en el marco de esa plática virtual, pretende relacionarlo con esa interlocución
para atribuirle un acto positivo y concreto de apoyo en favor de Jimmy Rahall
Boscán Torres.
En efecto, de la revisión de las once capturas de pantalla de la conversación
en el grupo denominado «Diputados Pacto Histórico», se observan reproches
de sus integrantes contra el señor Lobo Barrera, por el silencio ante el
35 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 21 de noviembre de 2024. Exp: 47001-23-33-000-
2023-00287-01.
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contenido compartido en ese espacio, que al parecer da cuenta de un acuerdo
entre el encausado y Boscán Torres.
De ahí que estas pruebas, en tanto no contienen manifestaciones expresas del
demandado, no contribuyen a demostrar la conducta proscrita por la ley.
En todo caso, es necesario no perder de vista que, en criterio de esta Sala36,
«la materialización de un acto positivo y concreto de apoyo comporta la
exteriorización del respaldo hacia una opción política, con la firme intención de
que los electores lo perciban a través de sus sentidos y, de esa manera,
orientar su voto en favor de determinado candidato».
Por ende, el contenido que se comparte en los grupos de mensajería
instantánea, como WhatsApp, no contribuye a demostrar la conducta prohibida,
en tanto se requiere su divulgación a través de otros medios de cobertura
universal, como las redes sociales, para derivar la pretensión de llegar al
electorado37 y, en todo caso, debe contener una manifestación clara y concreta
de respaldo político.
De otra parte, el apelante relaciona una entrevista que concedió el demandado,
unos volantes publicitarios, publicaciones de redes sociales, y el testimonio del
señor Wilder Navarro Quintero, con la existencia de un presunto acuerdo
político de cooperación proselitista.
Antes de cualquier consideración, es necesario precisar el contenido y alcance
de las decisiones de esta Sala que invocó la parte actora, en su recurso, con
el propósito de que los parámetros valorativos de la propaganda electoral allí
decantados se traigan a este asunto.
La primera de ellas data del 3 de febrero de 202238, donde se resolvió una
acusación de doble militancia contra quien fue elegido diputado del Magdalena,
a quien se le endilgó el apoyo a un candidato a la gobernación que no era de
su partido, pese a que su colectividad presentó un aspirante a esa dignidad.
Acerca de la prueba de la conducta, la providencia indicó que «el registro
fotográfico contiene una demostración que salta de bulto y es la referente a
que, en ese evento de carácter eminentemente proselitista, el demandado usó
una prenda de vestir (gorra) alusiva a la campaña “MELLO
GOBERNADOR”, lo que pone de manifiesto que desplegó, a través de su
indumentaria, una forma de publicidad electoral con el fin de favorecer la
aspiración de Luis Miguel Cotes Habeych a la Gobernación del Magdalena
para el periodo 2020-2023» (Negrillas fuera de texto).
36
Sentencia del 21 de noviembre de 2024. Exp: 50001-23-33-000-2023-00341-01.
37 Ibidem.
38 Exp: 47-001-2333-000-2020-00088-01. Acumulado: 47-001-2333-000-2020-00087-00
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En esa oportunidad, la Sala determinó que el acusado, «en forma consciente
y voluntaria, decidió utilizar en su indumentaria propaganda política de
otra campaña electoral distinta a la de su partido», razón por la que «hecho
de que Carlos Julio Diazgranados Álvarez usara una prenda de vestir en un
recinto público con el emblema de la campaña de Luis Miguel Cotes
Habeych a la Gobernación del Magdalena, es una situación constitutiva de
doble militancia en la modalidad de apoyo» (Negrillas fuera de texto).
A partir de lo destacado, es preciso tener presente que, en esa ocasión, la
incursión en la prohibición tuvo lugar por el uso, consciente y voluntario, de una
prenda en la vestimenta del acusado, alusiva a una candidatura extraña a la
que presentó su partido, en un evento de carácter proselitista.
El otro pronunciamiento al que se refirió el apelante es la providencia del 23 de
junio de 202239, donde se resolvió una acusación de doble militancia contra
quien fue elegido alcalde de Sincelejo, por haber respaldado la pretensión de
un candidato a la gobernación de Sucre, inscrito por otra agrupación política
distinta de la que avaló al demandado, pese a que su colectividad postuló
aspirante propio a ese cargo.
En esa ocasión, se aportaron fotografías de vallas con publicidad conjunta de
los implicados. Las piezas publicitarias compartían signos distintivos que
vinculaban las dos campañas como el diseño, tipografía y colores.
Es necesario no perder de vista que, en ese asunto, la demostración del
respaldo endilgado no se limitó a las referidas piezas publicitarias, sino al
resultado de su valoración conjunta con otros medios de convicción, entre
otros, el testimonio de quien recibió el apoyo político, en tanto refirió la
existencia de un acuerdo para una actividad proselitista conjunta, que juntos
diseñaron la referida publicidad, y que hicieron varias reuniones donde se
expresaron apoyo mutuo ante los asistentes.
Adicionalmente, la Sala corroboró la veracidad de las afirmaciones del testigo
con los registros fotográficos allegados al plenario, que dieron cuenta de la
existencia de una identidad de ambas campañas, por lo que se tuvo
suficientemente acreditado que el acusado «aceptó compartir elementos
característicos de la campaña del candidato a la gobernación en su propia
campaña, como lo son la tipografía y los colores distintivos».
Como se observa, se demostró que el demandado consintió la propaganda
electoral conjunta y, bajo esa circunstancia, se comprobó un acto positivo de
apoyo para persuadir electores.
39 Exp: 70001-23-33-000-2020-00004-03. Acumulados: 70001-23-33-000-2020-00001-00 Y 70001-23-
33-000-2020-00003-00.
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Hechas estas precisiones, la Sala analizará los argumentos de la apelación que
cuestionan la valoración probatoria que desplegó el a quo.
Audio de entrevista del demandado
Acerca del análisis de la entrevista que concedió el acusado, en la que se refirió
al contexto electoral del momento y la necesidad de acuerdos políticos, el actor
considera que con ello se demostró la existencia de una alianza para compartir
propaganda y generar una identidad de campañas.
En la entrevista del 29 de agosto de 2023, cuyo registro de audio se aportó al
proceso40, el demandado expresó:
Periodista: en el día de ayer lo vi en movimientos eminentemente
políticos, la importancia de esas reuniones y de esos movimientos políticos
en sus aspiraciones a la asamblea departamental de La Guajira por el
Pacto Histórico. Luis Fernando Lobo Barrera: bueno, estamos tratando
de conversar, hace poco el Pacto Histórico emitió una circular que
implicaba la posibilidad de empezar a abordar discusiones que permitieran
aperturar de manera democrática posibilidades a cargos uninominales y a
corporaciones de elección popular. Nosotros hemos estado insistiendo
que para el caso de Riohacha hay que crear una especie de frente por la
vida y creemos que ahora también hay que ampliarlo en el caso del
departamento de La Guajira, construir un frente por la vida que implique
un programa que defienda unas apuestas sociales y humanas en favor del
departamento, en contra del totalitarismo, en contra del nepotismo, en
contra de la acumulación excesiva del poder que representan algunos
sectores en la política tradicional y creemos que nosotros como fuerzas
alternativas tenemos la posibilidad de construir una gran alianza por
el departamento de La Guajira con otros sectores políticos, ya llegó la
hora de empezar a abrir esa discusión, de abordar esa posibilidad sin
arrogancia, sin egoísmos pensando sobre todo en el departamento de La
Guajira (…) yo creo que sí, que hay que empezar en el caso de Riohacha
a aperturar una discusión con los sectores alternativos, con los
candidatos independientes, en el caso de la gobernación creo que
también es sano empezar a abrir las posibilidades de que los distintos
candidatos a la gobernación que no se encuentran en el bloque
hegemónico que representa por ejemplo el doctor Alfredo Deluque y sus
candidaturas puedan también sentarse pensando en el departamento
de La Guajira no es en las individualidades sino en un cambio real y
profundo que beneficie los sectores populares (…).Yo creo que si
tenemos una gran responsabilidad histórica sobre todo por profundizar
elementos democráticos dentro de territorio y eso implica que esos
elementos democráticos no necesariamente tienen que ser
exclusivamente con nosotros sino que también deben ser con otras
fuerzas políticas que son distintas, de hecho yo diría que pensar en
La Guajira implica un gran acuerdo desde distintas miradas, desde
distintas posiciones, desde los distintos sectores y esa es nuestra
gran responsabilidad, liderar eso en función de haber una transformación
40 El archivo, de 04:37 minutos de duración, se etiquetó como «(19 de agosto) Entrevista a Luis Lobo en
Informativo Guajiro».
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profunda en el cumplimiento de los decretos que ha propuesto el gobierno
en favor de La Guajira, del estado de emergencia, de nada nos sirve tener
un gobierno nacional en función del cambio y no tenemos una
territorialidad que también esté conectada a un ejercicio que hay que
reconocer que ha puesto a La Guajira como corazón del cambio. (…)
Periodista: ¿en caso de que se logren esas alianzas, en Bogotá no habría
ningún problema? Luis Fernando Lobo Barrera: yo creo que el digamos la
orientación nacional debe respetar un poco los criterios territoriales,
nosotros aquí tenemos cierta autonomía, creo que la directriz
principal son los principios, si tú no negocias tus principios en función
de lo que crees debe de dirigirse el departamento siempre se mantendrá
vigente el acuerdo que tengas, la gente acepta que te equivoques; la gente
lo que no te perdona nunca es que seas inconsecuente, y nosotros si
hacemos acuerdos con sectores que no se parezcan a nosotros,
nuestros principios se mantienen intactos independientemente de lo
que decida Bogotá, estamos pensando sobre todo en La Guajira.
Del análisis de esta evidencia, se tiene que el acusado mencionó las
posibilidades de construir alianzas entre distintos frentes políticos en beneficio
del departamento de La Guajira.
Si bien hizo referencia a la posibilidad de hacer acuerdos con otros sectores o
tendencias, lo cierto es que no se refirió expresamente a la coalición «Unidos
por La Guajira», que postuló a Boscán Torres a la gobernación, o alguna de las
agrupaciones que la integraron, esto es, los partidos Conservador Colombiano,
Verde Oxígeno, Liberal Colombiano y Ecologista Colombiano. De ahí que no
sea posible derivar un discurso orientado a que los electores perciban una
alianza política o una campaña electoral conjunta entre el demandado y Boscán
Torres.
Adicionalmente, contrario a lo que manifiesta el apelante, no se observa que el
accionado haya expresado su rebeldía ante las directrices de la dirección
nacional de su colectividad, pues su pronunciamiento no fue más allá de una
mención acerca de cierta autonomía local para forjar alianzas que, en todo
caso, no sacrificarían sus principios.
Así mismo, no se cuenta con algún otro medio probatorio que permita
establecer si los acuerdos que cuestiona la parte actora efectivamente se
materializaron, como tampoco sus términos, que conduzcan a concluir una
intención de forjar una campaña conjunta con otro frente político, y que los
votantes la perciban bajo la misma identidad.
Volante publicitario
Ahora bien, para el apelante, el acuerdo entre Lobo Barrera y Boscán Torres
se refleja en dos elementos de prueba aportados al plenario, a saber, un
volante publicitario donde aparece la imagen de ambos, entre otros, y la
publicación en las redes sociales de aquel en la que se le aprecia en una tarima
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junto a una persona que porta un banderín alusivo a ambas aspiraciones
políticas.
La siguiente imagen representa la primera de estas piezas:
Al decir del demandante, con este documento se prueba la existencia de un
acuerdo para adelantar una campaña política conjunta, crear una identidad de
colores, tipografía, eventos e incluso propaganda que, si bien pudo ser
sufragada por terceros, nunca fue rechazada por el demandado.
Al respecto, la Sala ha sido insistente en sostener que «aunque la ley confiere
la realización de la publicidad política a las agrupaciones políticas, sus
candidatos o cualquier persona que apoye sus iniciativas, lo cierto es que con
ello no hay lugar a presumir que cualquier elemento de persuasión instalado,
que contenga la imagen y logo símbolos correspondientes a una aspiración
electoral, provenga de la voluntad y consentimiento de quien figura en ella»,
puesto que, «[d]e no ser así, cualquier persona podría instalar una pieza de
propaganda política para comprometer la lealtad partidista de algún aspirante
a un cargo de elección popular, y con ello fabricar la prueba para controvertir
la legalidad de su eventual elección»41.
Esta Sección, en providencia de 31 de enero de 201942, al pronunciarse sobre
las vallas publicitarias como elemento constitutivo de apoyo, sostuvo que las
fotografías de estas piezas, por sí solas, no demuestran un acto de respaldo
concreto «toda vez que no existe prueba que el demandado hubiera
autorizado y/o permitido la propaganda conjunta que al parecer algunos
ciudadanos organizaron», y sobre este aspecto concluyó que las actuaciones
41 Exp: 63001-23-33-000-2023-00103-01
42 Exp: 11001-03-28-000-2018-00008-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
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desplegadas por el demandado en ese asunto «no responden efectivamente
a gestiones propias, autorizadas, consentidas o que se puedan imputar
propiamente a él, sino de terceras personas y aunque se demostró la
asistencia a reuniones por parte de éste, quedó sentado que no lo hizo de
manera simultánea con la senadora Daira Galvis» (Negrillas fuera de texto).
En esos términos, la Sala sostiene su postura de acuerdo con la cual es
necesario demostrar el consentimiento o permisión del acusado con la
circulación de los elementos publicitarios de los que se pretende derivar su
responsabilidad por infringir la prohibición de doble militancia, tal cual ocurrió
en el antecedente del 23 de junio de 202243 al que se refirió el apelante.
En este asunto, no está demostrado que el demandado haya diseñado,
auspiciado o autorizado la circulación de este elemento publicitario, razón por
lo que la prueba bajo análisis carece de valor de convicción para demostrar un
acto de apoyo político.
Publicaciones en redes sociales
Por otra parte, el demandante se refirió a la imagen de la captura de una
publicación del acusado, en sus redes sociales, en la que se le aprecia en una
tarima junto a una persona que porta un banderín alusivo a ambas aspiraciones
políticas:
En esta imagen, se aprecia al demandado en una tarima sosteniendo un
micrófono, en lo que se evidencia un evento proselitista. A su derecha se ubica
una persona que sostiene un banderín donde se lee «LOBO (ilegible) 51» y
«JIMMY (ilegible)», que bien podría representar una pieza de publicidad
43 Exp: 70001-23-33-000-2020-00004-03. Acumulados: 70001-23-33-000-2020-00001-00 Y 70001-23-
33-000-2020-00003-00.
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electoral conjunta.
En primer lugar, es necesario anotar que, al igual que ocurre con la pieza
anterior, no existe prueba en el expediente que permita establecer que el
acusado consintió o autorizo el diseño y divulgación de este elemento de
propaganda.
En segundo lugar, es preciso destacar que no es el demandado quien porta el
banderín, puesto que es otra persona ubicada en la tarima quien lo sostiene.
Frente a esta circunstancia, la Sala debe insistir en que «la propaganda
electoral en una prenda de vestir corresponde a un acto propio de la
voluntad de quien la porta, dirigida a captar la atención de los electores y a
favorecer la aspiración política del candidato al que se promueve, lo que de
suyo descarta situaciones meramente accidentales o circunstanciales
tendientes a justificar su uso»44 (Negrillas fuera de texto).
Como se observa, un elemento relevante para que se entienda configurada una
conducta constitutiva de apoyo por el uso de propaganda electoral, es la
voluntad de portarla en la propia indumentaria, «en forma consciente y
voluntaria»45 (Negrillas fuera de texto).
Por consiguiente, no es posible endilgar al acusado el acto de respaldo
proscrito cuando no porta en su vestimenta la pieza de publicidad con la que
se pretende vincularlo con la conducta de la que se le acusa.
Adicional a ello, la escena que representa la captura de la publicación permite
evidenciar que el accionado enfoca su concentración en dirigirse a los
asistentes del evento, y que la presencia de quien porta el banderín bien podría,
por su cuenta, tener como propósito visibilizar ante el público sus preferencias
políticas, o promover el apoyo hacia el demandado, lo cual no está prohibido.
Ahora bien, el demandante pretende desvirtuar la aseveración del tribunal
según la cual no se tiene certeza sobre la fecha del evento, para lo cual adujo
que el señor Lobo Barrera publicó las imágenes en fechas diferentes para
«disfrazar» que compartió tarima con aquél.
Indicó que, para corroborar que el acto proselitista tuvo lugar en la misma fecha,
hay imágenes en las que se aprecia al señor Luis Gómez Pimienta con los
demás candidatos en la misma tarima usando la camisa blanca de Colombia
Humana.
El texto de la alzada no ilustra las imágenes a las que se refiere el apelante,
44
Sentencia de 3 de febrero de 2022: Exp: 47-001-2333-000-2020-00088-01 / 47-001-2333-000-2020-
00087-00 (acumulado).
45 Ibidem.
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sin embargo, entre las pruebas aportadas al plenario se tienen las siguientes
capturas de redes sociales, donde se menciona a Luis Gómez Pimienta
(@luchogomezp).
La imagen de la izquierda corresponde a una publicación desde un perfil
denominado genaroredondoc, donde se aprecian dos personas abrazadas
frente al público, una de ellas vistiendo una camisa blanca con el logo símbolo
de Colombia Humana. La otra representa una publicación desde un perfil
denominado JIMMYBOSCAN_ con dos personas levantando los brazos:
Las imágenes no dan cuenta de la misma fecha, comoquiera que una
corresponde al 30 de septiembre de 2023 y la otra al 1° de octubre, mientras
que las publicaciones del demandado datan del 3 y del 5 de octubre:
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En todo caso, aún si se tratara del mismo evento, el hecho de compartir una
tarima no da lugar a entender la configuración de un acto positivo y concreto
de apoyo. Así lo ha considerado esta Sección al sostener que «de la simple
presencia de un candidato en la actividad de otro, no puede inferirse que
el primero está acompañando al segundo, en especial durante la época
de campaña, en la que en un mismo lugar y de forma simultánea pueden
adelantarse varias actividades proselitistas, en un contexto en el que es
frecuente que los aspirantes a los cargos de elección popular compartan
algunos escenarios para difundir sus programas de gobierno, desarrollen
debates, entre otras actividades, a partir de las cuales sería precipitado
concluir que la mera asistencia de los candidatos es una clara
manifestación de apoyo»46 (Negrillas fuera de texto).
Finalmente, el actor no demostró, en alguna manera, que la persona que porta
el banderín sea de la confianza del accionado, como lo sostiene en el recurso.
En esa medida, la prueba bajo análisis no arroja certeza sobre la incursión de
encausado en la prohibición de que se trata.
Prueba testimonial
En cuanto al testimonio del señor Wilder Navarro Quintero, que en criterio del
actor demostraba que el acusado hizo un acuerdo con Jimmy Boscán, y que
refirió actos de apoyo hacia este en su declaración, la Sala considera que este
medio de convicción carece de valor probatorio para dichos efectos.
En primer lugar, su versión sobre los presuntos acuerdos políticos del
demandado no coincide con lo dicho por este en la entrevista del 29 de agosto,
dado que el testigo le endilgó haber pregonado la construcción de una coalición
diferente al «Pacto Histórico»:
entonces en la manifestación que él hizo pública en los medios, él dijo
que iba a, ellos iban a construir un acuerdo por la vida en el
departamento de La Guajira, es decir, una coalición distinta a la del
Pacto Histórico a la cual el pertenecía, militaba y estaba inscrito para
la Asamblea
No obstante, y como se destacó con anterioridad, el demandado nunca refirió
apartarse de su coalición para integrar otra, sino que hizo referencia a la
posibilidad de hacer acuerdos con otros sectores o tendencias.
Adicionalmente el declarante admitió que nunca estuvo presente en los actos
políticos del demandado, de manera que su conocimiento de los hechos no
46 Sentencia de 1° de Julio de 2021. Exp: 11001-03-28-000-2020-00018-00. M.P: Rocío Araújo Oñate.
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Demandado: Luis Fernando Lobo Barrera
Rad: 44001-23-40-000-2024-00017-01
proviene de lo que percibió a través de sus sentidos:
¿podría usted precisarle a este despacho (…) si usted conoce, sabe, vio o
le consta algún tipo de acto positivo encaminado por parte del señor Lobo
Barrera al apoyo para que el electorado brindara el apoyo al señor Jimmy
Rahall Boscán, y conoce algún documento donde se impregne publicidad,
si existió, vio, oyó alguna manifestación en una plaza pública, si cuenta
con alguna fuente material de ese tipo de apoyo. CONTESTÓ: Bueno, yo
andaba en mi campaña, por supuesto yo no andaba pendiente de la
campaña de Jimmy Boscán, yo no iba a los actos que él hacía ni él
iba a los míos, entonces yo no llegué a asistir a ninguna reunión
política donde él apoyara su candidatura, (…).
En efecto, de acuerdo con su versión, su conocimiento de los hechos proviene
de oídas, de lo visto en registros fotográficos, y medios de comunicación.
lo que sí he visto han sido centenares de fotografías donde está el
compañero Lucho Gómez que es el jefe cercano, digamos, o el
mentor de Luis Fernando Lobo, lo he visto en muchas fotos con
Jimmy Boscán, la manifestación de apoyo de ellos fue pública en los
medios de comunicación para finales de agosto (…) testigos hay
muchos que me dicen que sí en aquel momento, incluso antes de 28
de agosto, yo sí notaba que Lobo no iba a la sede, Lucho nunca fue,
a la sede política nuestra y el día que fue lo noté molesto (…) entonces
lo que tengo son las omisiones de él (…) tengo los nombres de las
personas que les consta esto y que él públicamente, con la compañía
de Lucho Gómez o Luis Gómez Pimienta manifestaron el apoyo a
Jimmy Boscán, y en la alcaldía de Riohacha apoyaron al actual Alcalde
Genaro Redondo(…)>>. PREGUNTADO: Ministerio Público-: (…)
¿presenció usted de manera directa actos en los cuales el señor Lobo
hubiera intervenido en la campaña del señor Boscán? (…)
CONTESTÓ: sí, porque las manifestaciones que se hicieron por los
medios de comunicación hablados y escritos y digitales, es una
manifestación clara, y él nunca la desmintió, al contrario, lo llamaban
a explicar en los medios en todos lados y decía sí sí así es, estamos
haciendo un pacto, un acuerdo por la vida en La Guajira (…) además,
yo ahorita dije que se hizo una llamada, la hizo
Lo anterior permite a la Sala concluir que el dicho del testigo, en tanto refirió
que presenció actos de respaldo del demandado hacia Boscán Torres, se
fundamenta a partir de sus apreciaciones personales derivadas de su
conocimiento de los hechos a través de versiones de otras personas, medios
de comunicación y fotografías, mas no desde circunstancias que le consten
directamente.
Acerca de la llamada en la que dice hacer escuchado al demandado confirmar
la celebración de un acuerdo con el candidato Boscán Torres, dijo lo siguiente:
Resulta que en ese momento Eda Pimienta Caicedo hizo una llamada y
puso el altavoz, llamó a Luis Fernando Lobo y Luis Fernando Lobo
dijo, sí sí, ya hicimos el acuerdo con Jimmy Boscán porque es que
Wilder no aparece, que no se que… unas excusas totalmente ajenas a
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la realidad, entonces al día siguiente salió por todos los medios de
comunicación de La Guajira que Luis Fernando Lobo y Lucho Gómez
habían hecho un acuerdo con Jimmy Boscán, para apoyar la
candidatura de Jimmy Boscán a la Gobernación y eso salió por
medios como el pulso caribe (…) salió por el correo de las brujas, salió
por la radio, por todos los medios, tanto se publicó la noticia que a
mí me llamaron de los medios de comunicación a entrevistarme, a
preguntarme que se eso era cierto y que porqué era que Luis
Fernando Lobo se había ido a apoyar la candidatura de Jimmy
Boscán (…)
La Sala considera que esta circunstancia carece de relevancia probatoria en
punto a un señalamiento de doble militancia. Aunque el demandado pudo haber
celebrado un acuerdo con el señor Jimmy Rahall Boscán Torres, se insiste en
que no se conocen los términos de esa presunta alianza y, en todo caso, las
intenciones de acusado no fueron más allá del conocimiento de los
interlocutores de esa comunicación, sin que se haya probado que de alguna
manera divulgó su orientación política hacia los electores para persuadirles de
sufragar por los aspirantes de sus afectos.
Esta Sala, en providencia del 12 de agosto de 202147, sostuvo que:
la doble militancia en nuestro ordenamiento jurídico es tridimensional, es
decir, no solo irradia la disciplina partidista, sino que también protege
al elector y al sistema democrático en materias de decisión de las
bancadas por ejemplo. (…) La base de los derechos constitucionales
del elector, radica en el ejercicio libre del derecho, forjándose de esta
manera en el núcleo esencial del derecho fundamental al voto. Así pues,
es la “libertad” del sufragante y su protección lo que permite hablar
de “democracia”; por ende, sin dicha “libertad” y sin la salvaguarda de la
misma, no puede estarse en presencia de un Estado Democrático.
(Negrillas fuera de texto)
A partir de la consigna transcrita, es importante tener en cuenta que la
protección de los derechos del elector constituye uno de los objetos de
salvaguarda que persigue la prohibición de doble militancia, en la medida que
busca que el votante ejerza su derecho de manera libre, espontánea, sin
confusiones derivadas de maniobras que desdibujan la dirección ideológica de
sus preferencias políticas.
Por consiguiente, la materialización de un acto positivo y concreto de apoyo
comporta la exteriorización del respaldo hacia una opción política, con la firme
intención de que los electores lo perciban a través de sus sentidos y, de esa
manera, orientar su voto en favor de determinado candidato.
En este asunto, no está demostrado que el elegido haya divulgado ante los
electores los términos de un presunto acuerdo para apoyar la aspiración de
47 Exp: 05001-23-33-000-2019-03316-01.
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Jimmy Rahall Boscán Torres.
En esas condiciones, al no estar demostrada la incursión del demandado en la
conducta proscrita que se le endilga en esta causa, la Sala confirmará el
proveído objeto de alzada.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de agosto de 2024, por medio de
la cual, el Tribunal Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de
nulidad del acto que declaró la elección del señor Luis Fernando Lobo Barrera
como como diputado de la Asamblea de La Guajira, para el periodo 2024-2027.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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