Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2020-00088-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2020-00088-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 47001-23-33-000-2020-00088-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
3 de febrero de 2022
Demandantes: Antonio Eresmid Sanguino Páez y otro
Demandado: Carlos Julio Diazgranados Álvarez
Rad: 47-001-2333-000-2020-00088-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 47-001-2333-000-2020-00088-01 (ACUMULADO)
47-001-2333-000-2020-00087-00
Demandantes: ANTONIO ERESMID SANGUINO PÁEZ Y OTRO
Demandado: CARLOS JULIO DIAZGRANADOS ÁLVAREZ – DIPUTADO
DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA
PERIODO 2020-2023
Temas: Doble militancia en la modalidad de apoyo – alcance los
acuerdos de adhesión – reiteración de jurisprudencia – valor
probatorio de las fotografías – revoca sentencia y declara
nulidad del acto de elección
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por Antonio Eresmid
Sanguino Páez y Alfonso Núñez Macías, en calidad de demandantes, en contra
de la sentencia proferida el 9 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por la cual se denegaron las pretensiones de la demanda en contra
de la elección de Carlos Julio Diazgranados Álvarez como diputado de la
Asamblea Departamental para el periodo 2020-2023, contenida en el Acuerdo
006 del 10 de diciembre de 2019.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente 47-001-2333-000-2020-00087-00
1.1 Pretensiones
El señor Alfonso Núñez Macías, actuando en nombre propio y en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de
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Demandantes: Antonio Eresmid Sanguino Páez y otro
Demandado: Carlos Julio Diazgranados Álvarez
Rad: 47-001-2333-000-2020-00088-01
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó
demanda ante el Tribunal Administrativo del Magdalena con el fin de que se
hicieran las siguientes declaraciones:
“PRIMERO: Pido que se declare que el ciudadano CARLOS JULIO
DIAZGRANDADOS ÁLVAREZ identificado con la C.C. 12.635.856, en
las pasadas elecciones llevadas a cabo el día 27 de octubre en que se
llevaron a cabo las elecciones en Colombia y dentro de las cuales se
eligieron Diputados (sic) por la circunscripción electoral del
Departamento (sic) del Magdalena, INCURRIÓ EN DOBLE
MILITANCIA, exactamente por la causal contenida en el inciso segundo
del art. 2º de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido
en el artículo 107 de la carta política, en la medida en que no obstante
haber sido avalado y prohijado por el partido político ALIANZA VERDE,
por sí y ante sí, desatendió directrices de la organización política a la
que pertenece, APOYÓ Y ACOMPAÑÓ PUBLICAMENTE (sic) la
aspiración del ciudadano LUIS MIGUEL COTES HABEYCH, aspirante
a la gobernación del Departamento (sic) del Magdalena, en desmedro
de la aspiración del también aspirante a la misma dignidad pública,
señor CARLOS CAICEDO OMAR, candidato apoyado por una coalición
y alianza de partidos y movimientos políticos, agrupados en torno a lo
que se denominó CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA, dentro de las
cuales figuró el partido político ALIANZA VERDE.
SEGUNDO: Pido que, como corolario de lo anterior, se declare la
nulidad del acto administrativo electoral contenido en el Acuerdo No.
006 de diciembre 10 de 2019, dictado o proferido por el Consejo
Nacional Electoral, por medio del cual declaró la elección de Diputados
(sic) por la circunscripción electoral del Departamento (sic) del
Magdalena, para el periodo 2020-2023, en tanto y en cuanto por medio
del citado acto jurídico, se declaró la elección del ciudadano CARLOS
JULIO DIAZGRANDADOS ÁLVAREZ identificado con la C.C.
12.635.856, inscrito y avalado por la lista que a la mencionada
corporación pública de elección popular presentara ante la
organización electoral el partido político Alianza Verde.
TERCERO: Igualmente pido, que como consecuencia de la anterior
declaración, se anule la credencial del ciudadano CARLOS JULIO
DIAZGRANDADOS ÁLVAREZ y en su reemplazo, tal y como lo dispone
la carta política, se llame a ocupar la curul que queda vacante de
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Demandantes: Antonio Eresmid Sanguino Páez y otro
Demandado: Carlos Julio Diazgranados Álvarez
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manera absoluta, al ciudadano o ciudadana que le siga en votación en
orden descendente en la lista inscrita por el partido político ALIANZA
VERDE (art. 134 CP) a quien por supuesto deberá expedírsele la
correspondiente credencial de Diputado o Diputada (sic) por la
circunscripción electoral del Departamento del Magdalena para el
periodo 2020-2023.
CUARTO: Pido que se hagan las demás declaraciones que imponga la
naturaleza del acto que por medio de esta demanda promovemos, así
como las ordenaciones y disposiciones estipuladas en los artículos
288-3 y 289 de la Ley 1437 de 2011”. (Mayúsculas sostenidas del texto
original).
1.2. Hechos
Sostuvo que Carlos Julio Diazgranados Álvarez es militante del partido político
Alianza Verde y recibió el aval de esa colectividad para postularse como concejal
del municipio de Ciénaga (Magdalena) para el periodo 2011-2014, y resultar
electo, y como diputado de la Asamblea Departamental durante los periodos
2015-2019 y 2020-2023.
Indicó que el demandado apoyó en forma deliberada a Luis Miguel Cotes
Habeych inscrito como candidato a la Gobernación del Magdalena para el periodo
2020-2023, por la coalición “Magdalena Gana”, conformada por el grupo
significativo “Magdalena Gana” y los partidos Liberal Colombiano, Conservador y
Cambio Radical, cuando lo cierto es que el partido político Alianza Verde respaldó
la aspiración de Carlos Caicedo Omar a ese mismo cargo.
Señaló que el Partido Alianza Verde decidió no otorgar avales para las
aspiraciones uninominales a la Gobernación del Magdalena y a la Alcaldía del
Distrito de Santa Marta, pero tal determinación no implicó que los miembros de
la colectividad quedaran en libertad para estructurar alianzas y coaliciones en
forma autónoma e independiente orientadas a ofrecer apoyo a candidatos de
otros partidos o movimientos políticos.
Adujo que, según las actas 2 del 7 de marzo de 2019 y 20 de del 25 de julio de
ese mismo año, la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde, a través de lo
que se denominó “Llave del buen gobierno”, ordenó a sus miembros y militantes
respaldar las candidaturas de Carlos Caicedo Omar, por y Virna Johnson, a la
Gobernación del Magdalena y a la Alcaldía de Santa Marta, respectivamente,
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Demandado: Carlos Julio Diazgranados Álvarez
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decisión que fue notificada en debida forma a todos los integrantes del partido,
con inclusión de Carlos Julio Diazgranados Álvarez, además de haber sido
publicada en distintos medios de comunicación escritos y digitales a toda la
comunidad del Magdalena.
Manifestó que el 14 de agosto de 2019, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Alianza Verde entregó la “Llave del buen gobierno” a Carlos Caicedo Omar como
candidato a la Gobernación del Magdalena, y el 15 de esos mismos mes y año,
se expidió la Resolución 007 de 2019, en la que se establecieron los criterios de
obligatorio cumplimiento para los directivos, candidatos y militantes,
relacionados, entre otros asuntos, con el deber de respaldar las candidaturas
avaladas y las coaliciones respaldadas por el referido partido político.
Precisó que el 4 de octubre de 2019, el portal web de la campaña de Luis Miguel
Cotes Habeych a la Gobernación del Magdalena registró el acto público de apoyo
político por parte de Carlos Julio Diazgranados Álvarez.
Arguyó que el demandado participó en varias reuniones políticas a las que
también asistió Luis Miguel Cotes Habeych, cuyos registros fotográficos
quedaron publicados en la red social Facebook del entonces candidato a la
gobernación, en donde se advierten claras señales de apoyo del primero a este
último1.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Acotó que el acto de elección cuya nulidad se solicita vulnera el artículo 107 de
la Constitución Política y el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, en
concordancia con lo previsto en el numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011.
Puntualizó que Carlos Julio Diazgranados Álvarez, como miembro del partido
político Alianza Verde, apoyó la candidatura de Luis Miguel Cotes Habeych a la
Gobernación del Magdalena, quien no forma parte de la referida colectividad,
situación de la que se concluye que incurrió en doble militancia política, sobre la
base de considerar que no respetó las directrices y recomendaciones de la
1 Con la demanda se adjuntaron fotografías, un video grabado por el portal de noticias “El Fuete”,
relacionados con las reuniones en las que participaron en forma conjunta el demandado y Luis
Miguel Cotes Habeych, al igual que un disco compacto (CD) contentivo de siete fotografías
tomadas de la página oficial de la campaña “Mello gobernador”.
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organización a la que pertenece, dirigidas a brindar apoyo a Carlos Caicedo
Omar, como candidato a ese mismo cargo.
Afirmó que si bien el Partido Alianza Verde no inscribió candidato a la
Gobernación del Magdalena para el periodo 2020-2023, expidió una resolución
en la que se dispuso el respaldo político a Carlos Caiceo Omar, aspirante que
recibió apoyo del movimiento político denominado “Convergencia Democrática-
Magdalena”, por lo que Carlos Julio Diazgranados Álvarez tenía el deber de
acatar las órdenes impartidas por la agrupación política de la cual es militante.
Manifestó que según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la causal de
nulidad de doble militancia en la modalidad de apoyo se materializa incluso en
los casos en los que la colectividad política, por alguna circunstancia, no tiene
candidato para el respectivo cargo uninominal, pero de manera libre y voluntaria
decide brindar apoyo a determinado candidato inscrito por otro grupo político,
pues se ha entendido que en esos eventos el conglomerado opta por secundar a
cierto aspirante, a pesar de no tener uno propio2.
1.4. Contestación de la demanda
1.4.1. Carlos Julio Diazgranados Álvarez
Por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda, con fundamento en que no se acreditaron los supuestos fácticos y
jurídicos que las soportan.
Expuso que no incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo, razón por
la cual el acto de elección no puede ser declarado nulo, toda vez que no se
quebrantó lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011,
en concordancia con lo señalado en la primera parte del inciso 2 del artículo 2 de
la Ley 1475 de 2011.
Afirmó que nunca apoyó a candidatos distintos de los inscritos por el Partido
Alianza Verde, porque dicha agrupación política no inscribió aspirante para la
Gobernación del Magdalena.
2 Citó como referencias, las siguientes sentencias: 24 de noviembre de 2016, exp. 52001-23-33-
000-2015-00841-01, MP Alberto Yepes Barreiro; 4 de agosto de 2016, exp. 63001-23-33-000-
2016-00008-01, MP Alberto Yepes Barreiro, y el exp. 68001-23-33-000-2016-000-43-012, MP
Rocío Araújo Oñate.
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Indicó que, en los términos de reiterada jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, para la materialización de la doble militancia bajo la
modalidad de apoyo se requiere i) un sujeto activo respecto de quien recae la
conducta prohibitiva, de un lado, los que detenten algún cargo directivo, de
gobierno, administración o control dentro de la organización política, y de otro,
que haya sido o aspire a ser elegido en cargos o corporaciones de elección
popular; ii) una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto
al inscrito por la organización política, y iii) un elemento temporal, referente a que
la modalidad de apoyo solo puede ejercerse en época de campaña electoral, la
cual comprende desde el momento en que la persona inscribe su candidatura
hasta el día de las elecciones.
Aclaró que, si una colectividad política no inscribió candidato para un cargo
específico de elección popular, tal decisión de suyo presupone que no es viable
que se incurra en doble militancia en la modalidad de apoyo por ausencia
absoluta de tipicidad en la conducta.
Reiteró que, para hacer referencia a un candidato distinto del inscrito,
necesariamente debe existir una aspiración propia, de manera que, como en este
asunto el Partido Alianza Verde no inscribió candidato a la Gobernación del
Magdalena, es claro que no podía exigirles a sus militantes que se comportaran
como si lo hubiera hecho.
Mencionó que la regulación de la prohibición de la doble militancia no es un
asunto que pueda ser asumido por un órgano ajeno al legislador, tal como
pretendió hacerlo el Partido Alianza Verdea través de la Resolución 007 de 2019,
expedida por la Dirección Nacional de esa colectividad, con la que se intentó
modificar los parámetros fijados en la ley estatutaria sobre la materia.
Resaltó que el Partido Alianza Verde, mediante el referido acto, creó una nueva
modalidad de doble militancia que no se encuentra expresamente establecida en
la ley, pues lo que se proscribe es la ayuda, asistencia, respaldo o
acompañamiento a un candidato distinto al avalado por la organización política,
pero de ello no se desprende la obligación de apoyar a un candidato propio y,
menos aún, a alguien que no tiene esa condición o estatus.
Precisó que las causales de doble militancia, al igual que ocurre con las de
inhabilidad, son de interpretación restrictiva en tanto implican una limitación al
derecho fundamental a elegir y ser elegido.
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1.4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil
Mediante apoderado, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que no fue la autoridad que profirió el acto cuya
nulidad se depreca con la demanda.
Advirtió que, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, le corresponde
la verificación del cumplimiento de los requisitos formales de la inscripción de las
candidaturas, y que es el respectivo partido o movimiento político el competente
para establecer la observancia de las calidades del inscrito, con el fin de que no
se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad; añadió que el Consejo
Nacional Electoral es el organismo encargado de verificar en sede administrativa
la legalidad de la inscripción de un candidato a un cargo de elección popular
1.4.3. Consejo Nacional Electoral
Mediante apoderado, el organismo intervino para señalar que no fue presentada
solicitud dirigida a que se revocara la inscripción de Carlos Julio Diazgranados
Álvarez para participar como candidato a la Asamblea Departamental del
Magdalena, por manera que no tuvo conocimiento del asunto en sede
administrativa.
Expuso que las fotografías aportadas con la demanda, que, según el actor
demuestran la configuración de la doble militancia, no constituyen plena prueba
del presunto apoyo a un candidato distinto a la colectividad política a la que
pertenece, aunado a que no se tiene certeza de que la persona que aparece en
tales registros, sea el demandado.
Concluyó con la afirmación referente a que las normas que prohíben la doble
militancia como causal de nulidad electoral son de orden público y que, si bien
los partidos y movimientos políticos tienen autonomía para regularse e imponer
sus directrices, tales decisiones no pueden quebrantar la Constitución y la ley.
1.4.4. Luis Alejandro Rodríguez Suárez – tercero impugnador
Por conducto de apoderado, intervino para señalar que el Partido Alianza Verde
no otorgó aval a ningún aspirante a la Gobernación del Magdalena y, en esa
medida, no fue inscrito candidato a ese cargo ante la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
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Esgrimió que el hecho de no apoyar al candidato apadrinado por la colectividad
política a la que se está vinculado, no configura la causal de nulidad de doble
militancia, toda vez que dicha conducta no se encuentra expresamente regulada
en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 1437 de 2011.
Afirmó que las fotografías y el video aportados con el escrito de demanda, en los
que aparece Carlos Julio Diazgranados Álvarez junto con Luis Miguel Cotes
Habeych y otros candidatos de distintos sectores políticos, no comprueban el
supuesto apoyo otorgado al candidato a la gobernación, pues solo muestran a
unos aspirantes compartiendo en reuniones políticas organizadas por amigos y
líderes de la región que comulgan con la gestión que el diputado ha desarrollado
a lo largo de su carrera política.
Arguyó que, según lo consignado en el formulario E-8, y en la certificación
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se observa que Carlos
Caicedo Omar no fue inscrito como candidato a la Gobernación del Magdalena
por el Partido Alianza Verde para el periodo constitucional 2020-2023, de lo que
se concluye que la entrega de la “Llave de buen gobierno” por parte de la
agrupación política al referido aspirante, no constituyó aval ni coaval a la
candidatura, máxime si se tiene en cuenta que aquel no era miembro del partido.
Resaltó que el Partido Alianza Verde pretende, a través de una resolución,
extender la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo, a la de no
respaldar, decisión que se torna ilegal e inconstitucional al usurpar las funciones
del legislador.
2. Expediente 47-001-2333-000-2020-00088-00
2.1. Pretensiones
Antonio Eresmid Sanguino Páez, actuando en nombre propio y en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó
demanda ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que se
hicieran las siguientes declaraciones:
“Primera: Que se declare que el señor CARLOS JULIO
DIAZGRANADOS ÁLVAREZ ha incurrido en conducta constitutiva de
doble militancia política, esto es, la causal de anulación número 8
prevista en el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
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Segundo: Que se declare la nulidad parcial del ACUERDO 0006 DEL
(sic) 2019 proferido por los Honorables Magistrados (sic) del CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL el 13 de diciembre de 2019 y,
consecuencialmente, se anule la elección del señor CARLOS JULIO
DIAZGRANADOS ÁLVAREZ por INCURRIR EN DOBLE MILITANCIA
POLÍTICA, esto es, la causal de anulación electoral número 8 prevista
en el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
Tercera: Que se declare la nulidad y se cancele la credencial expedida,
correspondiente a la elección del señor CARLOS JULIO
DIAZGRANADOS ÁLVAREZ.
Cuarto: De conformidad con lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del
artículo 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se declare la elección del candidato que,
por votación obtenida, lista y procedencia, asista el derecho de resultar
elegido Diputado (sic) a la Asamblea Departamental del Magdalena y
se expida la respectiva credencial” (mayúsculas sostenidas del texto
original).
2.2. Hechos
Narró que Carlos Julio Diazgranados Álvarez es militante y directivo del Partido
Alianza Verde en el departamento del Magdalena y fue electo diputado, por esa
misma colectividad, para el periodo 2020-2023.
Indicó que fueron candidatos a la Gobernación del Magdalena: Edward Torres
Ruidiaz, avalado por el partido Polo Democrático; Luis Miguel Cotes Habeych,
avalado por la coalición “Magdalena Gana”, conformada por el grupo significativo
de ciudadanos “Magdalena Gana” y los partidos Liberal Colombiano,
Conservador y Cambio Radical; Carlos Caicedo Omar, avalado por el grupo
significativo de ciudadanos “Fuerza Ciudadana-Magdalena” y Robinson Morelo
González, avalado por el partido AICO.
Aseguró que, por decisión del Comité Nacional de Avales, adoptada el 1º de
agosto de 2019, el candidato del Partido Alianza Verde fue Carlos Caicedo Omar.
Expresó que el 15 de agosto de 2019, Antonio Navarro Wolff, en la condición de
presidente del Partido Alianza Verde, entregó la “Llave de buen gobierno” a
Carlos Caicedo Omar y a Virna Lizi Johnson, en acto público que incluyó una
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rueda de prensa y un recorrido por el distrito de Santa Marta, ello, con
fundamento en la decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional en sesión del
14 de agosto de ese año.
Advirtió que Carlos Julio Diazgranados Álvarez no apoyó la candidatura de Carlos
Caicedo Omar, pero sí brindó respaldo a la de Luis Miguel Cotes Habeych, tal
como se puede colegir, entre otros actos, de la reunión realizada el 4 de octubre
de 2019, organizada por el primero, de cuyo registro fotográfico se observa al
diputado portando emblemas y realizando propaganda política a la campaña de
la coalición “Magdalena Gana”.
Precisó que el Partido Alianza Verde no avaló ni realizó alianzas políticas con el
entonces candidato Luis Miguel Cotes Habeych ni tampoco autorizó a sus
militantes y directivos respaldar candidaturas distintas a la de Carlos Caicedo
Omar.
2.3. Normas violadas y concepto de la violación
Refirió que el demandado infringió la prohibición contenida en el artículo 107 de
la Constitución Política, desarrollada por el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.
Adujo que Carlos Julio Diazgranados Álvarez reúne las calidades de militante, ex
concejal, diputado en dos oportunidades y directivo departamental del Partido
Alianza Verde en el Magdalena, circunstancias que agravan punitivamente la
conducta reprochada de incurrir en doble militancia, razón por la cual se debe
declarar la nulidad de la elección.
Mencionó que el demandado realizó actos positivos y concretos de apoyo en
favor del candidato Luis Miguel Cotes Habeych, perteneciente a otra colectividad
política.
2.4. Contestación de la demanda
2.4.1. Carlos Julio Diazgranados Álvarez
Por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
para cuyo efecto planteó la misma argumentación de la contestación de la
demanda en el expediente 47-001-2333-000-2020-00087-00.
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2.4.2. Consejo Nacional Electoral
Mediante apoderado, el organismo reiteró que no fue presentada solicitud con el
fin de que se revocara la inscripción de Carlos Julio Diazgranados Álvarez para
participar como candidato a la Asamblea Departamental del Magdalena.
2.4.3. Registraduría Nacional del Estado Civil
A través de apoderado, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que no fue la autoridad que profirió el acto cuya
nulidad se depreca con la demanda.
2.4.4. Luis Alejandro Rodríguez Suárez – tercero impugnador
La intervención en el proceso fue allegada en forma extemporánea.
3. Audiencia inicial
El 2 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual el
magistrado conductor del proceso acumulado encontró que no había aspectos
por sanear y puso de presente que, mediante auto del 11 de febrero de 2021, se
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Seguidamente, el litigio fue fijado en los siguientes términos:
“¿Se configura la nulidad de la elección del señor CARLOS JULIO
DIAZGRANADOS ÁLVAREZ como Diputado de la Asamblea Departamental
del Magdalena, contenida en el Acuerdo 006 de 10 de diciembre de 2019,
proferido por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por incurrir
presuntamente en doble militancia al momento de las elecciones, al
pertenecer al Partido Alianza Verde y acudir como candidato a Diputado de la
Asamblea Departamental del Magdalena 2020-2023, por inscripción de dicho
partido, prestando a pesar de ello apoyo a la candidatura del señor LUIS
MIGUEL COTES HABEYCH, perteneciente a la “COALICIÓN MAGDALENA
GANA”?.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 9 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo del
Magdalena denegó las pretensiones de la demanda.
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Como fundamento de dicha decisión expuso, en resumen, lo siguiente:
En primer lugar, hizo un recuento de las pruebas recaudadas en el proceso e
indicó que la causal de nulidad de doble militancia invocada con la demanda se
encuentra regulada en el artículo 107 de la Constitución Política y en el numeral
8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
Añadió que la Ley 1475 de 2011 amplió el espectro de aplicación de la figura de
doble militancia y previó que quien aspire a ser elegido en cargos o corporaciones
de elección popular no podrá apoyar a candidatos distintos a los inscritos por el
partido o movimiento político al cual se encuentre afiliado.
Hizo referencia a las cinco modalidades definidas por la jurisprudencia de la
Sección Quinta de esta Corporación3, que configuran la prohibición de doble
militancia.
Al analizar el caso concreto, sostuvo que con la demanda se aportaron varios
registros fotográficos y un video de diferentes actos públicos y privados,
realizados entre el 27 de julio y el 27 de octubre de 2019, en los cuales, según la
parte actora, se evidencia que el demandado incurrió en doble militancia en la
modalidad de apoyo por el hecho de manifestar respaldo a Luis Miguel Cotes
Habeych, candidato a la Gobernación del Magdalena, en abierta desobediencia
a la decisión del partido político Alianza Verde de acompañar la aspiración a ese
mismo cargo de Carlos Caicedo Omar, inscrito por el movimiento “Fuerza
Ciudadana – Magdalena”.
Indicó que, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 243 y 244 del Código
General del Proceso, los documentos aportados se presumen auténticos, al no
haber sido tachados por la parte pasiva.
A partir de lo anterior, señaló que las fotografías aportadas no demuestran el
supuesto apoyo político brindado por Calos Julio Diazgranados Álvarez a la
aspiración de Luis Miguel Cotes Habeych, en la medida en que solo son
publicaciones en medios de prensa y redes sociales ajenas al demandado, sobre
las cuales no tendría injerencia o control alguno en cuanto a la información que
se transmita.
3 Citó la sentencia del 24 de septiembre de 2020, proferida en el expediente acumulado 11001-
03-28-000-2019-00074-00 y 11001-03-28-000-2019-00075-00, demandantes: Elvin Joney Abril
Guerrero y Carlos Alberto García Parales, demandado: José Facundo Castillo Cisneros como
gobernador de Arauca, periodo 2020-2023, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Demandado: Carlos Julio Diazgranados Álvarez
Rad: 47-001-2333-000-2020-00088-01
Resaltó que en los referidos registros fotográficos se observa la asistencia de
ambos candidatos a eventos realizados en el municipio de Ciénaga y en el distrito
de Santa Marta, respecto de los cuales el demandado admitió su participación,
pero sin que se hubiera acreditado por la parte actora el apoyo o respaldo a la
campaña de Luis Miguel Cotes Habeych, pues la comparecencia conjunta a esas
reuniones obedeció a las invitaciones de amigos en común y líderes políticos de
la región.
Acotó que en el interrogatorio efectuado al demandado, negó haber realizado
alguna alianza para apoyar la candidatura de Luis Miguel Cotes Habeych a la
Gobernación del Magdalena.
Hizo alusión al informe técnico rendido por John Jairo Erazo Muñoz4, aportado
por el demandado al contestar la reforma de la demanda y con el cual se
pretendía desvirtuar la autenticidad del material gráfico y de video, en el sentido
de indicar que dicho documento no ofrecía mayores elementos de convicción
para solucionar el punto de debate planteado, dada la falta de idoneidad
profesional, académica y técnica del perito, si se tiene en cuenta que no acreditó
la condición de investigador criminalístico.
Aseguró que los testimonios5 rendidos en el proceso tampoco ofrecieron certeza
acerca del apoyo político ofrecido por Carlos Julio Diazgranados Álvarez a Luis
Miguel Cotes Habeych.
Añadió que los encuentros que muestran las fotografías y el video fueron
meramente circunstanciales y que si en gracia de discusión el demandado
hubiera apoyado o respaldado la candidatura de Luis Miguel Cotes Habeych, lo
cierto es que tal conducta no podría ser constitutiva de causal de nulidad de la
elección por doble militancia, en razón a que quedó demostrado y no debatido
por las partes que el Partido Alianza Verde no inscribió candidato propio a la
Gobernación del Magdalena ni suscribió aval o coalición con movimiento o partido
político alguno.
4 No se formuló tacha respecto de las fotografías y videos aportados; por consiguiente, no se
surtió el trámite previsto en el artículo 270 de la Ley 1564 de 2012.
5 Se refirió a las declaraciones de Rafael Jaime Navarro Wolff, en la condición de secretario
general del Partido Alianza Verde, de Antonio Eresmid Sanguino Páez, y de Elvira María Atia
Bello (asistente a la reunión del 20 de octubre de 2019, llevada a cabo en Santa Marta, a la que
comparecieron Carlos Julio Diazgranados Álvarez y Luis Miguel Cotes Habeych).
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Rad: 47-001-2333-000-2020-00088-01
Aclaró que la entrega de la “Llave de buen gobierno” por parte del Partido Alianza
Verde al entonces candidato Carlos Caicedo Omar, puede ser considerada como
una especie de adhesión a esa campaña política, sin que tenga los alcances que
pretende la parte actora.
Expuso que la Resolución 007 del 29 de julio de 2019, expedida por la Dirección
Nacional del Partido Alianza Verde, por la cual se dispuso no dejar en libertad a
los directivos, candidatos o militantes para apoyar a candidatos distintos a la
Gobernación del Magdalena y a la Alcaldía de Santa Marta, distintos a Carlos
Caicedo Omar y Virna Johnson, en la que además se determinó en el parágrafo
del artículo 3 que el incumplimiento de esas decisiones constituiría doble
militancia, carece de fuerza vinculante, por cuanto dicho “acto administrativo” no
tiene la virtualidad de establecer nuevas modalidades de doble militancia, en
razón a que dicha potestad radica únicamente en el Congreso de la República.
Adujo que, si bien los partidos y movimientos políticos están facultados para
expedir sus propios reglamentos y estatutos, establecer las pautas y
procedimientos para su propio funcionamiento, es claro que tales facultades son
de orden administrativo, y, por ende, no podrían tener injerencia en las decisiones
legislativas en materia electoral.
Afirmó que jurisprudencialmente6 se ha extendido la prohibición de doble
militancia para aquellos escenarios en los que se presentan coaliciones o
coavales, pero la restricción solo opera bajo el cumplimiento de presupuestos
claramente definidos, siendo uno de ellos que en el formulario E-6 se señalen las
agrupaciones políticas que integran la coalición y la filiación política del candidato,
con el fin de proteger al electorado y evitar confusiones sobre el partido político
en el que milita.
Concluyó con la afirmación referente a que en el formulario E-6 GO de inscripción
de candidatos a la Gobernación del Magdalena, el candidato Carlos Caicedo
Omar solo registró al movimiento social o grupo significativo de ciudadanos
“Fuerza Ciudadana - Magdalena”, sin que se incluyera una coalición formal con
el Partido Alianza Verde, de tal manera que las presuntas conductas de apoyo
de Carlos Julio Diazgranados Álvarez a Luis Miguel Cotes Habeych, además de
que no se demostraron, no son constitutivas de la causal de nulidad electoral
invocada.
6 Para el efecto, citó la sentencia del 3 de diciembre de 2020, exp. 68001-23-33-000-2019-00867-
02, actor: Carlos Leonardo Hernández, demandado: Carlos Alberto Román Ochoa como alcalde
de Girón (Santander) periodo 2020-2023, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
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5. Las apelaciones
5.1. Alfonso Núñez Macías
Sustentó el recurso con fundamento en lo siguiente:
Acotó que el tribunal erró en el estudio de las fotografías aportadas, en las que
se registran reuniones políticas a las que asistieron Carlos Julio Diazgranados
Álvarez y Luis Miguel Cotes Habeych, toda vez que demuestran las
circunstancias temporales y espaciales de la conducta de apoyo por parte del
primero, ya que porta una gorra con el lema “Mello Gobernador”, símbolo
inequívoco de la campaña del segundo de los referidos, y a quien aparece
abrazado en señal de complacencia y entendimiento.
Advirtió que carece de soporte legal la afirmación referente a que para que sean
válidas las publicaciones de redes sociales se requiere que no sean ajenas al
demandado, o que se hagan desde una titularidad específica, o con su
consentimiento, dado que es obvio que dicho extremo procesal está interesado
en que no sea posible el acceso a esas pruebas.
Cuestionó la conclusión relacionada con que las reuniones políticas registradas
en las fotografías fueron organizadas a instancia de amigos en común de los
candidatos.
Arguyó que la exigencia de requisitos adicionales a la prueba no establecidos
legalmente implica una especie de tarifa legal probatoria, en consideración a que,
según el tribunal, no probar de cierta manera implica el riesgo de que no
prosperen las pretensiones de la demanda.
Manifestó que fue escaso el análisis del testimonio de Elvira María Atia Abello,
quien declaró que Carlos Julio Diazgranados Álvarez y Luis Miguel Cotes
Habeych, en la reunión realizada el 20 de octubre de 2019, en el distrito de Santa
Marta, en la que había más de cien personas, solicitaron mutuamente a los
participantes el apoyo para sus campañas.
Indicó que el tribunal calificó de “insular” la referida declaración, cuando es lo
cierto que la testigo manifestó en forma concreta: “escuché cuando el Mello Cotes
pidió a los asistentes que le brindaran el apoyo a los candidatos que se
encontraban en tarima, igualmente el candidato a la Asamblea Carlos Julio pidió
el apoyo a los candidatos que iban en una plancha y recalcó que por la gestión
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que había hecho el Mello y su tía Rosa, que siguieran esa misma línea (…). Eso
fue una reunión que se realizó en una cancha, había más de cien personas
aproximadamente y reitero, los candidatos pidieron el apoyo para los candidatos
que se encontraban en tarima. El candidato Luis Miguel pidió el apoyo por el
candidato a la Asamblea Carlos Julio y por el candidato al Concejo y edil que se
encontraban en ese momento, de igual manera el candidato Carlos Julio pidió el
apoyo para el Mello y por los demás candidatos que se encontraban en tarima
del Partido Verde también”.
Destacó que la frase de apoyo de Carlos Julio Granados Álvarez a Luis Miguel
Cotes Habeych fue la siguiente: “Bueno, debo recordar que por la buena gestión
debemos apoyar a personas que tengan al Magdalena en el corazón”.
Indicó que no es cierto que con la demanda se hubiera dado el carácter de causal
de nulidad electoral a la Resolución 007 de 2019, proferida por la Dirección
Nacional del Partido Alianza Verde, en consideración a que las órdenes
impartidas a los militantes y afiliados a dicha organización política tienen fuerza
vinculante en punto de las alianzas y adhesiones acordadas por estar
consignadas en un acto jurídico, y, en esa medida, el demandado tenía el deber
de acatar las directrices establecidas y abstenerse de manifestar apoyo a un
candidato distinto al que el partido político al que pertenece decidió adherir.
Mencionó que en la sentencia de primera instancia se le negó valor jurídico
vinculante a la figura de la adhesión política, con desconocimiento de lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.
Puntualizó que en el interrogatorio el demandado aceptó que no estaba obligado
a respetar las decisiones del Partido Alianza Verde, para referirse
específicamente a la Resolución 007 de 2019, pues consideró que la colectividad
política no inscribió candidato alguno a la Gobernación del Magdalena, aspecto
que no fue valorado por el tribunal.
Expresó que en la sentencia tampoco se hizo referencia a las fotografías en las
que aparece Carlos Julio Diazgranados Álvarez portando una gorra con símbolos
de la campaña política de Luis Miguel Cotes Habeych.
Aseveró que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, la incursión en la prohibición de doble militancia en la modalidad de
apoyo se materializa en dos eventos: i) cuando el partido o movimiento político
que avaló la postulación del demandado haya inscrito una candidatura propia al
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cargo de elección popular de que se trate, comoquiera que solo en estos eventos
puede reprocharse la defraudación a la lealtad partidista exigida al candidato
sometido al medio de control de nulidad electoral, o ii) cuando la colectividad
política ha decidido apoyar expresamente a determinado candidato sin que exista
un registro de inscripción de candidatura propia7.
5.2. Antonio Eresmid Sanguino Páez
Como argumentos del recurso de apelación manifestó que en la sentencia de
primera instancia se desconoció la línea jurisprudencial del Consejo de Estado,
según la cual se reconoce que no es necesario el aval o coaval del partido político
al candidato, como requisito sine qua non para que se configure la causal de
doble militancia.
Aseguró que dicha causal de nulidad se materializa en los casos en los que la
colectividad política, por alguna circunstancia8, no tiene candidato para el
respectivo cargo uninominal, pero de manera libre y voluntaria, expresa y pública
decide brindar su apoyo a determinado aspirante inscrito por otro grupo político,
pues ha entendido que en esos eventos el conglomerado político opta por
secundar a cierto candidato, a pesar de no tener uno propio9.
Aseveró que se hizo una interpretación restrictiva de la figura de la adhesión, en
tanto menoscaba el efecto útil de la reglamentación y funcionamiento de los
partidos políticos y de los procesos electorales.
Estimó que el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 establece que el candidato
único de todos los partidos es el que se decida apoyar o adherir, y no solo el
avalado, de manera que este debe ser respaldado por los miembros de la
colectividad política.
7 Se refirió a la sentencia del 24 de noviembre de 2016, sin que se hubiera señalado el número
de radicación del proceso ni ningún otro dato.
8 Señaló como ejemplos, la renuncia del candidato que inscribió; porque se abstuvo de inscribir
a algún candidato, y por la revocatoria de la inscripción del candidato.
9 Citó como referencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de agosto de 2016,
exp. 63001-23- 33-000- 2016-00008- 01, MP Alberto Yepes Barreiro, demandado: Stefany Gómez
Murillo como concejal de Armenia; sentencia del 27 de octubre de 2016, exp.
680012333000201600043-01, MP Rocío Araújo Oñate, demandado: José Villar como diputado
de Santander.
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Alegó que Carlos Caicedo Omar era el candidato único del Partido Alianza Verde
y, por contera, el demandado no debía manifestar respaldo a Luis Miguel Cotes
Habeych.
Hizo referencia a dos providencias10 de la Sección Quinta de esta Corporación,
relacionadas con la fuerza vinculante de las adhesiones que promueven los
partidos o movimientos políticos para apoyar a un candidato de otra colectividad.
Mencionó que el ingreso a un determinado partido político es un acto netamente
voluntario del solicitante y, en consecuencia, se encuentra sometido a la
aceptación de los correspondientes órganos estatutarios, lo que implica, además,
asumir un conjunto de derechos y deberes, en especial, los relacionados con la
lealtad a la colectividad en punto de las decisiones internas que se adopten.
Sobre el particular, resaltó que el demandado tenía conocimiento pleno de la
existencia de la Resolución 007 de 2019, en la que se especificó que los
miembros del partido político Alianza Verde debían apoyar a los candidatos con
los que la colectividad había hecho acuerdos y adhesiones, aun cuando estos no
tuvieran aval o coaval del grupo.
Sostuvo que en dicho acto se dispuso que la decisión de no otorgar avales ni
coavales en las circunscripciones electorales definidas en el artículo 1º, no
significaba dejar en libertad a los directivos, candidatos y militantes, por lo que el
incumplimiento de dicha directriz, acarreaba la doble militancia.
Aseveró que hubo una inadecuada valoración de las pruebas que demostraban
el apoyo ofrecido por Carlos Julio Diazgranados a Luis Miguel Cotes Habeych,
puesto que daban cuenta de que, en al menos dos oportunidades (4 y 20 de
octubre de 2019), el demandado utilizó publicidad de la campaña “Mello
Gobernador” y, además, pidió que se votara por este último para gobernador del
Magdalena.
Aludió que la declaración de Elvira Atia Bello fue contundente en señalar que el
señor Diazgranados Álvarez solicitó el voto para Luis Miguel Cotes Habeych,
aunado a que dicha manifestación está respaldada por las fotografías del evento
celebrado el 20 de octubre de 2019.
10 Sentencia del 24 de noviembre de 2016, exp. 52001-23-33-000-2015-00841-01, MP Alberto
Yepes Barreiro, actor: Neil Mauricio Bravo Revelo, y sentencia del 27 de octubre de 2016, exp.
68001-23-33-000-2016-00043-01, MP Rocío Araújo Oñate.
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Añadió que el hecho de que en los registros fotográficos aparezca el demandado
usando propaganda electoral del “Mello Cotes”, constituye un suceso suficiente
que acredita el apoyo brindado.
Resaltó que, si en gracia de discusión se aceptara la tesis de que las fotografías
por sí solas no demuestran el apoyo, lo cierto es que sirven como elemento de
corroboración para tener la certeza respecto de la declaración de Elvira Atia Bello.
Enfatizó en que la conducta de apoyo también se entiende desplegada con el uso
de propaganda electoral, en los términos del artículo 35 de la Ley 1475 de 2011,
tal como aconteció en este caso en el momento en que el señor Diazgranados
Álvarez portó una gorra con el emblema de un candidato a la gobernación distinto
al respaldado por el Partido Alianza Verde.
Puso de presente que el interrogatorio efectuado a la señora Atia Bello no fue
controvertido por la apoderada del demandado, pues se limitó a preguntar si la
testigo recordaba si el evento en el que participaron los dos candidatos fue de
día o de noche, de lo que se colige que se trata de una declaración a la que se
le debe dar toda la credibilidad.
6. Actuación procesal en esta instancia
Mediante auto del 6 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo del Magdalena
concedió los recursos de apelación interpuestos y a través de providencia del 23
de julio de ese mismo año, fueron admitidos.
Adicionalmente, mediante auto del 8 de noviembre de 2021 se resolvieron las
peticiones de pruebas presentadas tanto por Luis Alejandro Rodríguez Suárez,
en la condición de tercero impugnador, como por la apoderada del demandado,
de acuerdo con lo decidido en auto del 14 de octubre de 2021, que resolvió el
recurso de súplica interpuesto en contra del auto del 4 de agosto de esta
anualidad, por el cual se negó la solicitud probatoria de las referidas partes.
7. Alegatos de conclusión
7.1. Carlos Julio Diazgranados Álvarez
Alegó de conclusión en el sentido de señalar, en primer lugar, que la
jurisprudencia citada en los recursos de apelación no es aplicable al caso que se
controvierte, si se tiene en cuenta que nunca se celebró acuerdo de adhesión
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alguno, como sí aconteció en los antecedentes referidos, aunado a que la entrega
de la “Llave de buen gobierno” no puede ser equiparada a la celebración de un
acuerdo con esa connotación.
Advirtió que la vulneración del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 no fue señalada
con la demanda y, menos aún, se desarrolló el concepto de su violación, de
manera que fue expuesta en forma tardía en el recurso de apelación, omisión
que impidió a la defensa pronunciarse sobre dicho punto.
Aseguró que el cargo de nulidad que se formuló con la demanda fue uno solo:
desplegar la conducta descrita en el numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011, en consonancia con la primera parte del inciso segundo del artículo 2 de la
Ley 1475 de 2011.
Reiteró que el partido político Alianza Verde jamás inscribió candidato a la
Gobernación del Magdalena, de manera que no se acreditó el elemento objetivo
para la configuración de la doble militancia, esto es, el apoyo a un aspirante
distinto al inscrito por la organización política a la que se encuentra afiliado el
demandado.
Arguyó que, para el momento de la inscripción de candidatos, Carlos Caicedo
Omar fue sancionado disciplinariamente por la Procuraduría Delegada para la
Moralidad Administrativa por la comisión de una falta gravísima, consistente en
destitución e inhabilidad general por el término de doce años, razón por la que no
era viable para el Partido Alianza Verde ni era compatible con sus normas
internas, inscribir oficialmente ni adherir la campaña de un candidato
disciplinariamente sancionado, circunstancia que no desaparece por el hecho
posterior de la declaratoria de nulidad de la sanción.
Por otro lado, esbozó que, según lo ha reconocido la jurisprudencia de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, no puede hablarse de doble militancia en la
modalidad de apoyo en tanto no haya existido “un señalamiento claro, expreso y
contundente que pongan en la situación de apoyo que requiere la conducta para
que se dé por acreditada, y que no es posible por el fallador bajo la construcción
de indicios que no son construidos a partir de otros medios de prueba que así
apoyen lo que se pretende derivar de tales imágenes”11.
11 Consejo de Estado, Sección Quinta, exp. 63001-23-33-000-2015-00375-01, sentencia del 29
de septiembre de 2016, demandado: Luis Fernando Lasprilla Muñoz como concejal de Armenia;
MP Alberto Yepes Barreiro.
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Adujo que las pruebas aportadas no demuestran que el demandado hubiera
incurrido en la conducta prohibitiva de doble militancia, para cuyo efecto expuso,
en síntesis, que en el interrogatorio de parte Carlos Julio Diazgranados Álvarez
reconoció haber compartido escenarios con candidatos de otras colectividades y
que varios ciudadanos le manifestaron su apoyo, como también se lo mostraron
a otros candidatos, pero nunca confesó haber incurrido en la conducta
reprochada.
En punto del testimonio de Elvira Atia Bello, señaló que, si bien aseguró haber
visto que el demandado apoyó a Luis Miguel Cotes Habeych, lo cierto es que no
indicó en forma específica cuáles fueron los supuestos actos de apoyo ni las
frases que los candidatos expresaron. Cuando se le indagó acerca de lo que se
dijo en el marco de la reunión la testigo advirtió que no recordaba las palabras
precisas.
Refirió que, lo que para un ciudadano del común significa apoyo de un candidato
hacia otro, no lo es desde la perspectiva jurídica y electoral, por lo que la
vaguedad de su dicho no permite demostrar en forma clara, expresa y
contundente el respaldo.
7.2. Luis Alejandro Rodríguez – tercero impugnador
Presentó escrito de alegaciones para insistir en que la doble militancia en la
modalidad de apoyo no se prueba con la coincidencia en reuniones con
candidatos de distintas vertientes o por el hecho de que el demandado no haya
compartido escenarios comunes con el aspirante, aun cuando sea en
“apariencia” el candidato de su propia colectividad, en razón a que estos
elementos probatorios son ineficaces, en la medida en que no tienen la fuerza o
la suficiencia en sí mismos para la acreditación de la conducta prohibitiva.
8. Concepto del Ministerio Público
La procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
los siguientes términos:
Sostuvo que la Sección Quinta de esta Corporación ha avalado la posibilidad de
que partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos aúnen esfuerzos
mediante coaliciones, adhesiones o alianzas, con dos limitaciones: i) la finalidad
es postular de manera conjunta a aspirantes a cargos uninominales y, ii) el apoyo
debe ir dirigido a un candidato único de los partidos, movimientos o grupos
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significativos de ciudadanos coaligados que, aunque no participen en la coalición,
decidan adherir o apoyarlo12.
Indicó que la figura de la adhesión existe como posibilidad de respaldar a
candidatos de otros partidos a cargos uninominales cuando no participan en la
coalición, de acuerdo con lo señalado en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011,
norma de la que se infiere que, si bien un partido o movimiento no participa en el
acuerdo para aunar esfuerzos con el fin de conseguir un resultado electoral,
pueden adherir la fórmula de aquellos con la misma finalidad, lo que le impone a
los militantes disciplina en el acompañamiento del candidato apoyado.
Aclaró que no es acertada la interpretación de la primera instancia, en el sentido
de que la prohibición de la doble militancia solo opera cuando se presentan
coaliciones o coavales, pues lo que busca esa institución jurídica es evitar que
haya respaldo a un candidato diferente al que la organización decidió apoyar, ya
sea por coalición, coaval o adhesión, en consideración a los principios que
subyacen en las contiendas electorales y a la protección de la democracia
participativa por medio del ejercicio y la acción de los partidos políticos.
Acotó que, para las elecciones del 27 de octubre de 2019, el partido político
Alianza Verde no tenía candidato propio a la Gobernación del Magdalena; sin
embargo, decidió apoyar políticamente a Carlos Eduardo Caicedo Omar,
aspirante del movimiento social o grupo significativo de ciudadanos “Fuerza
Ciudadana - Magdalena”, según lo determinó el Comité Nacional de Avales en
sesión del 1º de agosto de 2019, según el acta 20, lo cual reafirmó con un acto
político el 16 de esos mismos mes y año, con la entrega de la “Llave de buen
gobierno” por parte del secretario de la organización, manifestación que
constituyó un apoyo de manera pública y en forma expresa.
Explicó que las fotografías aportadas por la parte actora en las que se aprecia a
Carlos Julio Diazgranados Álvarez junto con Luis Miguel Cotes Habeych, son
documentos que gozan de la presunción de autenticidad, pues si bien algunas
aparecen sin autor determinado, es claro que no existe controversia acerca de
su contenido, en razón a que no fueron tachadas de falsas, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 269 del Código General del Proceso.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2016, radicado: 68001-
23-33-000-2016-00043-01, MP Rocío Araújo Oñate.
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Advirtió que las fotografías no son plena prueba, de manera que requieren ser
valoradas en conjunto con los otros elementos de convicción existentes en el
proceso para determinar si son indicadores de las conductas endilgadas.
Expuso que el demandado reconoció, en el interrogatorio practicado, que
participó en forma simultánea con Luis Miguel Cotes Habeych en algunas
reuniones por invitación de líderes políticos de la región.
Precisó que la declaración de Elvira María Atia Bello no puede ser calificada como
“insular”, como lo describió la sentencia de primera instancia, puesto que es una
prueba que debe ser analizada en forma integrada con las fotografías allegadas
al plenario.
Al respecto, puso de presente que en las fotografías se observa al demandado
portando una gorra roja de la cual se alcanza a leer la palabra “MEL…” en letras
blancas, lo cual interpretado en el contexto en el que se encontraba, esto es, una
reunión política con Luis Miguel Cotes Habeych quien también tenía una gorra
que decía “Mello gobernador”, se puede concluir que Carlos Julio Diazgranados
Álvarez portaba un símbolo de apoyo ineludible al candidato a la gobernación
para el periodo 2020-2023.
Expuso que lo anterior es congruente con lo manifestado por el demandado en
la declaración al no negar haber portado símbolos, logos o algún tipo de atuendo
alusivo a la campaña del “Mello gobernador”, pues su respuesta fue en sentido
indeterminado: “no estoy completamente seguro si algo así sucedió”.
Estimó que la declaración de la señora Atia Bello da cuenta de manera directa
del apoyo que brindó el demandado a la candidatura de Luis Miguel Cotes
Habeych.
En esos términos, consideró configurada la causal de nulidad por doble militancia
en la modalidad de apoyo, por estar acreditados los actos positivos y concretos
con la potencialidad de influir en el electorado.
Aclaró que si bien en los conceptos 2021-02-NE-33 del 16 de febrero de 2020,
2021-03-NE-67 del 19 de marzo de 2021 y 2021- 05 - NE-109 del 21 de mayo de
2021, rendidos por esa delegada, se refirió a la salvaguarda de los principios pro
hominum (humanidad), pro electoratem (electorado) o pro sufragium (electores)
que subyacen a las elecciones y resaltó la importancia de la necesidad de
acervos probatorios férreos, contundentes y verificados para la determinación de
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la doble militancia en la modalidad de apoyo, también es claro que en el presente
caso los medios de prueba valorados en conjunto están encaminados a señalar
la configuración de la causal de nulidad que se demanda.
Destacó que los partidos y movimientos políticos no pueden permitirle a sus
militantes o candidatos incurrir en doble militancia, en tanto es una conducta
proscrita por el ordenamiento jurídico que tiene como finalidad no solo la
existencia de partidos políticos fuertes como base del sistema democrático que
exige disciplina partidista, sino también la eliminación de distorsiones frente al
elector, quien debe tener claridad sobre las plataformas ideológicas de las
organizaciones políticas y los candidatos que las abanderan, y la salvaguarda de
un componente ideológico coherente.
Puntualizó que el compromiso asumido por el demandado sobrepasa los límites
de la amistad y el respeto que deben distinguir las actividades proselitistas que
anticipan cualquier tipo de elección, al denotar que, por medio del porte de logos
y afirmaciones, dio cuenta de un apoyo al proyecto político de un candidato ajeno
al partido al cual pertenece, razón por la cual solicitó que se revoque la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, se declare la nulidad de la elección.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para resolver los recursos de apelación presentados en
contra de la sentencia del 9 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
150 y 152.8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo13 y el artículo 13 del acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación14.
2. Problema jurídico
13
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos…
14
Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el artículo 1° del Acuerdo
55 del 5 de agosto de 2003).
Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los
negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio
de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.
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De lo planteado tanto en los recursos de apelación como en el concepto del
Ministerio Público, le corresponde a esta Corporación resolver si hay lugar a
confirmar, modificar o revocar la sentencia del 9 de junio de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la cual se denegaron las
pretensiones de la demanda.
Para el efecto, habrá de establecerse si está acreditado o no que Carlos Julio
Diazgranados Álvarez, al resultar elegido como diputado de la Asamblea
Departamental del Magdalena para el periodo constitucional 2020-2023, por el
partido político Alianza Verde, incurrió en la causal de doble militancia en la
modalidad de apoyo por supuestamente haber respaldado la candidatura de Luis
Miguel Cotes Habeych a la Gobernación del Magdalena, quien no fue inscrito,
avalado ni coavalado por dicha organización política.
3. Análisis de los argumentos de la apelación
El Tribunal Administrativo del Magdalena denegó las pretensiones de la demanda
con sustento en que, del análisis de las pruebas aportadas al proceso, no se logró
demostrar el respaldo que se le atribuyó al demandado hacia la aspiración de
Luis Miguel Cotes Habeych a la Gobernación del Magdalena.
En síntesis, señaló que las fotografías allegadas solo reflejan publicaciones en
medios de prensa y en redes sociales ajenas al demandado respecto de las
cuales este no tiene injerencia o control, aunado a que no se acreditó la titularidad
de dichas cuentas, y que de los registros solo se advirtió la asistencia a eventos
en común con el candidato a la gobernación.
Sostuvo que, si en gracia de discusión se hubiera demostrado la ayuda o
respaldo, esa conducta no podría constituir una causal de nulidad de la elección
por doble militancia, en la medida en que el partido político Alianza Verde no
inscribió candidato propio para la Gobernación del Magdalena ni suscribió aval,
coaval o coalición con partido alguno.
Manifestó que la Resolución 007 de 2019, proferida por la Dirección Nacional de
dicha colectividad, si bien puede ser considerada como una especie de
“adhesión” a la campaña del candidato Carlos Eduardo Caicedo Omar, la cual
carece de fuerza vinculante, en razón a que dicho acto no tiene la virtualidad de
disponer nuevas modalidades de la prohibición de doble militancia, las cuales se
encuentran expresamente reguladas en la Ley Estatutaria 1475 de 2011.
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En criterio de los demandantes, en la sentencia de primera instancia se
desconoció el carácter vinculante de las adhesiones a campañas, como
expresamente lo consagra el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 y como lo ha
reconocido la jurisprudencia de la Sección Quinta de esta Corporación, en el
sentido de que la modalidad de doble militancia que se endilga también se
configura en los casos en los que la colectividad política, por alguna
circunstancia, no tiene candidato propio para el respectivo cargo uninominal, pero
de manera libre, voluntaria, expresa y pública decide apoyar a un determinado
candidato inscrito por otra agrupación.
Sostuvieron que el Partido Alianza Verde decidió adherir y apoyar la candidatura
de Carlos Caicedo Omar a la Gobernación del Magdalena, razón por la cual, se
profirió la Resolución 007 de 2019, acto jurídico con carácter vinculante para
todos los miembros de la colectividad y con el mismo rango que los acuerdos de
coalición; en esa medida, los militantes tenían el deber de guardar lealtad al
partido en punto de la decisión adoptada y la obligación de respaldar al candidato
de la alianza.
Por otro lado, coincidieron en afirmar que hubo una indebida valoración de las
pruebas que dieron cuenta del apoyo que brindó Carlos Julio Diazgranados
Álvarez a Luis Miguel Cotes Habeych, en por lo menos dos ocasiones, esto es,
los días 4 y 20 de octubre de 2019, en reuniones políticas en las que participaron
ambos candidatos en forma simultánea, de cuyos registros fotográficos se
observa al demandado portando publicidad de la campaña “Mello gobernador”,
aunado al hecho de que, según el testimonio de Elvira Atia Bello, en uno de esos
encuentros pidió el apoyo concreto hacia el señor Cotes Habeych para la
Gobernación del Magdalena.
4. De la prohibición de doble militancia
La prohibición de doble militancia fue introducida en el ordenamiento jurídico
colombiano con el fin de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las
agrupaciones políticas para evitar que sus militantes desplegaran conductas
contrarias a los principios y lineamientos propios de cada uno de ellos.
Respecto de la doble militancia el artículo 107 de la Constitución Política dispone:
“Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y
desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o
de retirarse.
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En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a
más de un partido o movimiento político con personería jurídica.
Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y
tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la
equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas
políticos.
Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o
por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o
interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a Corporaciones
Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley.
En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre
financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de
comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien
participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas
interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.
El resultado de las consultas será obligatorio…”
Al respecto, el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 dispone:
“En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente
a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un
partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el
ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de
identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá
establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de
datos.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o
control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren
ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán
apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político
al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre
que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer
al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden
presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político
distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del
primer día de inscripciones.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser
elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o
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movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de
los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses
antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como
candidatos.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será
sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos
será causal para la revocatoria de la inscripción.
PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se
aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean
disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por
causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales
podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble
militancia.”
Conforme con lo anterior, es claro que la doble militancia tiene varias
manifestaciones, algunas de ellas consagradas en la misma Carta Política, otras
introducidas por la Ley 1475 de 2011, las cuales han sido consolidadas por la
jurisprudencia de Sección en cinco modalidades, según sus destinatarios, así:15
i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político.” (Inciso 1º del
artículo 2 de la Ley 1475 de 2011).
ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido
o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro
en el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución
Política)
iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una
corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido
distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer
día de inscripciones”. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e
Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)
iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra
organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno,
15 Ver entre otras, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Sentencia del 29 de septiembre del 2016, expediente 730001-23-33-000-2015-00806-01, M.P.
Alberto Yepes Barreiro.
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administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan
sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular,
no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o
movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que
resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento
político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura
o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o
movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12)
meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley
1475 de 2011)
v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y
movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de
elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de
ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar
al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o
ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011).
De igual forma, resulta del caso reiterar que a partir de la entrada en vigor de la
Ley 1437 de 2011, la doble militancia constituye una causal autónoma de nulidad
electoral, con consagración expresa en el numeral 8 del artículo 275 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los
siguientes términos:
“Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son
nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además,
cuando:
(…)
8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble
militancia política.”16
4.1 De la modalidad de apoyo
Frente a la configuración de la modalidad de apoyo en materia de doble
militancia, esta Sección ha sido clara al identificar los elementos para su
configuración, así:17:
16
Al momento de su inscripción según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-
334 de 2014.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radicación: 11001-
03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P Lucy Jeanntte Bermúdez Bermúdez.
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4.1.1 Elemento subjetivo
El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia en
su modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de dirección,
gobierno, administración o control en los partidos y movimientos políticos, a los
miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidos o aspiran a serlo
en cargos o corporaciones de elección popular.
Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige
que el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.
4.1.2 Elemento objetivo
La conducta proscrita consiste en apoyar aspirantes inscritos o respaldados por
partidos y movimientos políticos que difieren de aquel al que pertenece el
accionado.
Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado por esta Sección como “(…) la
ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier
medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva
organización política”.18
En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, se ha reconocido que la asistencia
censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos
que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra organización. En
decisión de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, esta
Corporación explicó:
“Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo
atrás la Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha
prohibición exige necesariamente la ejecución de actos positivos y
concretos de apoyo en favor del candidato perteneciente a otro partido
político.”19
Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre de
2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, que las abstenciones atribuidas por la
parte actora al concejal acusado –cimentadas en la realización de reuniones
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
19 Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00.
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políticas sin la presencia del aspirante a la Alcaldía de Soacha inscrito por el
partido que lo avalaba–, no disponían de la virtualidad de configurar la doble
militancia por apoyo, de cara a la ausencia de actos positivos y concretos que
permitieran materializarla. En ese punto, la Sección expuso:
“Lo que exige el texto de la norma es precisamente lo contrario: la ejecución
de actos positivos de apoyo a un candidato diferente de aquel inscrito por el
partido al cual pertenece el concejal demandado.
(…)
“Entonces no resulta procedente extender sus alcances a otras situaciones no
contempladas en la norma, diferentes de los actos de apoyo, como la
decisión de llevar a cabo actos políticos sin el acompañamiento del
candidato del partido, en este caso a la alcaldía, como señaló el actor.”20
(Negrilla fuera de texto)
En ese mismo sentido, ha pregonado que no pueden, en principio,
considerarse como actos de apoyo ante la ausencia demostrativa del
elemento teleológico de la noción, la impresión de volantes publicitarios
respecto de los cuales se omitió probar su socialización y distribución para el
fortalecimiento de la campaña política de un candidato afiliado a otro
movimiento21; las palabras de agradecimiento entre aspirantes políticos22; así
como la existencia de publicidad perteneciente a un aspirante avalado por otra
organización, cuando los medios de convicción allegados no permiten
aseverar que su presencia responde a la voluntad del accionado, como
una manifestación de apoyo.
20 Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-
000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
““Ahora bien, aunque la Sala no desconoce la vocación de permanencia que tiene un volante
publicitario de estas características, lo cierto es que el demandante no demostró que aquellos
fueran socializados, distribuidos o publicitados después del 25 de septiembre de 2015 - fecha en
la que el partido Opción Ciudadana decidió apoyar la candidatura del señor Cuarán Castro-, pues
la mera impresión de estos no acredita la conducta proscrita por el artículo 2º de la Ley 1475 de
2011.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018: “A
diferencia de lo expuesto por la parte actora, subraya la Sala que el video que sustentó la tacha
de falsedad permite establecer que las manifestaciones hechas por el demandado no están fuera
de contexto en la prueba allegada con la demanda, puesto que no son simples palabras de
agradecimiento dirigidas al señor Acosta Acosta sino expresiones concretas de respaldo a su
candidatura por Bogotá.”
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En consonancia, la Sección señaló en sentencia de 31 de enero de 2019, M.P.
Rocío Araújo Oñate:
“(…) de las imágenes aportadas, no se evidencian elementos que, por
ejemplo, permitan definir cuándo fueron realizadas las reuniones respectivas
y, entre otras cosas, si fue el demandado quien dispuso, autorizó, convino
o consintió tales actividades proselitistas y menos que de ellas se derive
el cuestionado apoyo” (Negrilla fuera de texto).
Pero no solo estos aspectos23 del respaldo proscrito han sido delimitados por la
jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho referencia a
la frecuencia con la que deben producirse las acciones que denotan asistencia,
afirmando que los actos de acompañamiento político no requieren ser de tracto
sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración
de esta modalidad de la doble militancia puede probarse a través de una sola
manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política 24.
De otra parte, se ha establecido que el respaldo indebido se configura de manera
independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –carácter
autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario que “…el apoyo
tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al regular la doble
militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de este carácter, ni
limitó sus alcances a este tipo de factores.”25
Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido
en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más
allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a
través del cual se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a
la avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el accionado.
Así, en la citada decisión de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, esta
Judicatura aseveró respecto de la acreditación probatoria del apoyo:
“De esa manera, la Sala estima pertinente aclarar que la demostración del
presunto apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad
política distinta, debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir,
revistiendo al operador judicial tantos elementos de juicio que permita
superar toda duda razonable para que éste pueda colegir que en el caso en
23 La naturaleza del apoyo.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
25 Ibidem.
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concreto se presentó la causal de nulidad endilgada (doble militancia) y de esa
forma advertir que el candidato traicionó la voluntad de su electorado.”
Por último, la Sección resalta que, como se precisó en la providencia de 20 de
agosto de 2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de
apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:
“Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en materia
de doble militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a los propios del
partido o movimiento político al cual se encuentran afiliados, no recibir apoyo
de agrupaciones políticas diferentes a la que inscribe a un aspirante a un
cargo de elección popular.”26
4.1.3 Elemento temporal
Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 1475 de
2011, no hace referencia expresa al período o plazo en el que deben producirse
los apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva
aceptar que la materialización de la asistencia indebida debe suceder en el
contexto de la campaña política, toda vez que “…solo durante ese lapso se puede
hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra”27; término que se
extiende desde el momento en el que el ciudadano acusado inscribe su
aspiración y va hasta la fecha de la elección.
4.1.4 Elemento modal de la conducta
La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo exige
que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya
inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate,
comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la defraudación a la
lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad
electoral.
Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto, teniendo
en cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia de esta Sala de
Sección, el desconocimiento de los apoyos expresos dados por un partido o un
movimiento político a una causa proselitista distinta de la suya, pueden llevar a
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2019-00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-
000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 4 de agosto de 2016.
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cristalizar igualmente la causal de inelegibilidad erigida en el artículo 2.2 de la
Ley 1475 de 2011.
Así, en sentencia del 4 de agosto de 201628, M.P. Alberto Yepes Barreiro, la Sala
concluyó en relación con ese aspecto, lo siguiente:
“(…) Una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al
inscrito por la organización política a la que se encuentren afiliadas las
personas descritas anteriormente.
Ahora bien, no se puede perder de vista que la Sección Quinta del Consejo de
Estado ha señalado que esta modalidad de doble militancia incluso se
materializa en los casos en los que la colectividad política, por alguna
circunstancia29 , no tiene candidato político para el respectivo cargo
uninominal, pero de manera libre, voluntaria expresa y pública decide
brindar su apoyo a determinado candidato inscrito por otro grupo político,
pues ha entendido que esos eventos el conglomerado político opta por
secundar a cierto candidato, pese a no tener uno propio.
Así las cosas, no cabe duda que lo que esta modalidad de doble militancia
proscribe es la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier
forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado
por la respectiva organización política.
En igual sentido, en providencia del 24 de noviembre de 2016, se indicó:
“Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la modalidad
de doble militancia atribuida proscribe es el apoyo a un candidato diferente al
inscrito o apoyado por una determinada colectividad política, lo cual
necesariamente presupone que el partido o movimiento político bien haya
inscrito un candidato propio para determinado cargo de elección popular o en
su defecto que haya decidido, de forma expresa, apoyar a un candidato
de otra organización política.”30
En ese orden, la manifestación expresa de apoyo a un candidato perteneciente
a otra colectividad puede darse a través de la figura de la adhesión, como otra de
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-
000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 4 de agosto de 2016.
29 V.gr. por renuncia del candidato que inscribió; porque simplemente se abstuvo de inscribir
alguna candidatura; por la revocatoria de la inscripción de su candadito, entre otros.
30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 63001-23- 33-
000- 2016-00008- 01 M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
34
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las formas en las que pueden materializarse en el proceso electoral alianzas entre
agrupaciones políticas.
Sobre el alcance esta última modalidad de participación, en sentencia del 27 de
octubre de 202131 se expuso lo siguiente:
“(…) el artículo 29 de la Ley 1475 de 201132 simplemente indica que los
candidatos de coalición, es decir, respecto de los que fueron inscritos en
nombre de una colectividad, en asocio con otras agrupaciones políticas,
luego de cumplir las exigencias constitucional y legalmente establecidas,
también serán los candidatos de los partidos y movimientos con personería
jurídica que aunque no participaron en la coalición, decidan apoyar o
adherirse a éstos.
132. Es decir, del tenor de la norma estatutaria, se puede colegir que la
adhesión se presenta durante la campaña electoral pero con posterioridad
a una candidatura formalizada, y se materializa con el hecho de que un
partido o movimiento político manifieste su apoyo a un candidato de
otra colectividad para un cargo de elección popular en el que no tiene
aspirante propio, sin que se establezca que tal declaración debe ser por
escrito o de manera verbal, que requiera la aceptación por la colectividad de
origen y/o la coalición del aspirante inscrito, y muchos menos presentada,
revisada y/o aceptada para su validez ante las autoridades electorales.
133. A juicio de la Sala, la ausencia de regulación en materia de adhesión
obedece no a una omisión legislativa, sino a que hace parte del margen
de autonomía con el que gozan las colectividades políticas, y por ende,
a la alternativa que tienen durante la campaña electoral de apoyar o no
determinada candidatura (dentro de los límites legalmente
establecidos, verbigracia no incurrir en la prohibición de doble
militancia), de establecer de qué forma procederán frente a las contiendas
que se llevan a cabo para los cargos de elección popular en el país, sin que
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 76001-23-33-
000-2020-00002-02, demandado: Jhon Jairo Santamaría Perdomo – alcalde de Yumbo periodo
2020-2023, MP Rocío Araújo Oñate.
32 “ARTÍCULO 29. CANDIDATOS DE COALICIÓN. Los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán
inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será el
candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen
en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica
que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición
(…).
35
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se exija a las agrupaciones involucradas el cumplimiento de alguna carga
administrativa ante las autoridades electorales y mucho menos alguna
validación de estas (…)”.
Entonces, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa
por la demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura
política de la que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones
explícitas, como las adhesiones, mediante las cuales su partido se compromete
de lleno con la candidatura postulada por un movimiento distinto, lo que obliga al
conglomerado al que pertenece a respetar sus directrices, y a no desconocer las
instrucciones de su colectividad de en el sentido de no apoyar otras aspiraciones,
sin que sus intereses puedan anteponerse a aquellos de la colectividad33.
4.1.5 Elemento territorial
De los precedentes de la Sección es posible advertir que el respaldo recriminado
por el legislador estatutario de 2011 puede producirse en el seno de una misma
circunscripción electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un candidato
al Concejo a la aspiración proselitista de un candidato a la Alcaldía de la misma
municipalidad–, pero también en el escenario de circunscripciones territoriales
diversas.
En palabras de esta Sala de Decisión:
“Por último, la Sala estima que la circunstancia de que el apoyo haya sido
brindado a un candidato que aspiraba a la Cámara de Representantes por una
circunscripción territorial diferente, como era Bogotá, no incide en la
configuración de la doble militancia política.”34
De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la coincidencia
o no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través de actos
positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una
organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso a un
cargo de elección popular.35
33 Tesis reiterada, entre otras, en la sentencia del 3 de diciembre de 2020, rad. 11001-03-28-
000-2020-00016-00 (2020-00017), demandado: Orlando David Benítez Mora, gobernador del
departamento de Córdoba periodo 2020-2023.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 29
de abril de 2021. Expediente 5001-23-33-000-2020-00003-01. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.
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5. Caso concreto
Como quedó señalado en los antecedentes de esta providencia, las censuras
que sustentan los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia
del 9 de junio de 2021, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda,
se contraen a cuestionar, por un lado, el razonamiento expuesto en torno a la
carencia de fuerza vinculante de la Resolución 007 de 2019, proferida por la
Dirección Nacional del Partido Alianza Verde, y, por otro lado, el análisis
defectuoso respecto de los elementos de convicción que se tuvieron en cuenta
para determinar que el demandado no incurrió en la prohibición de doble
militancia.
En ese orden, la Sala dividirá el estudio del caso concreto sobre la base de la
existencia de dos ejes temáticos, a saber: i) el alcance de la Resolución 007 de
2019, expedida por el Partido Alianza Verde y ii) el análisis del testimonio de
Elvira María Atia Bello y de las fotografías de la reunión política llevada a cabo el
4 de octubre de 2019 en el municipio de Ciénaga, en la que participaron en forma
simultánea Carlos Julio Diazgranados Álvarez y Luis Miguel Cotes Habeych, por
ser estos los dos medios de prueba a los que se hizo referencia en forma
concreta en los escritos de las apelaciones.
5.1. Alcance de la Resolución 007 del 15 de julio de 2019 expedida por el
partido político Alianza Verde
De manera preliminar se debe poner de presente que en el trámite procesal se
estableció que el Partido Alianza Verde no inscribió candidato propio ni otorgó
coaval para las elecciones a la Gobernación del Magdalena periodo 2020-2023.
Por su parte, en el formulario E-6 GO, se evidencia que Carlos Eduardo Caicedo
Omar se inscribió como candidato a la Gobernación del Magdalena por el
movimiento social o grupo significativo de ciudadanos “Fuerza Ciudadana –
Magdalena”, del que no formó parte el Partido Alianza Verde.
Se encuentra acreditado que, según el extracto del Acta 2 de la Dirección
Nacional del Partido Alianza Verde, del 7 marzo de 2019, se consideró brindar
apoyo a la candidatura de Carlos Caicedo Omar a la Gobernación del
Magdalena.
En extracto del Acta 20 del Comité Nacional de Avales del Partido Alianza Verde,
realizada el 1º de agosto de 2019, se aprobó por unanimidad brindar apoyo
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político a las candidaturas de Virna Johnson para la Alcaldía de Santa Marta y
de Carlos Caicedo Omar para la Gobernación del Magdalena.
Asimismo, en el extracto del Acta 22 de dicho comité, suscrito el 14 de agosto de
2019, se dispuso “el recorrido y entrega de llave de buen gobierno por parte del
presidente Antonio Navarro para el día 16 de agosto en la ciudad de Santa Marta,
en apoyo a la candidatura a la alcaldía Virna Jonhson y el candidato a la
Gobernación del Magdalena Carlos Caicedo Omar”.
Ahora bien, se acreditó que la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde
profirió la Resolución 007 del 15 de agosto de 2019, “Por medio de la cual se
establecen los criterios definidos por el partido que son de obligatorio
cumplimiento para todos los directivos, candidatos (as) y militantes en todos los
municipios y departamentos en los cuales la Alianza Verde decidió NO AVALAR
candidatos a cargos uninominales (Gobernación y Alcaldía), en las próximas
elecciones del 27 de octubre de 2019 y la obligación de respaldar las
candidaturas avaladas por la Alianza Verde y de las coaliciones respaldadas por
el partido”.
En el artículo 1º de dicho acto se decidió no otorgar aval ni autorizar coaliciones
en algunas circunscripciones electorales, dentro de las cuales no se mencionó al
departamento del Magdalena ni a la Alcaldía de Santa Marta.
Adicionalmente, en el artículo 2 se indicó que la decisión de no otorgar aval ni
coaval en las circunscripciones electorales señaladas en el artículo 1º,
expresamente se refiere a que el partido no autorizó respaldar candidatura ni
acompañar las actividades propias de las campañas políticas a la gobernación o
a la alcaldía, según el caso, de manera que la determinación de no aval o no
coaval tomada por la Comisión Nacional de Avales “no significa dejar en libertad
a los directivos, candidatos y militantes”.
En el artículo 3, también se dispuso que, en aplicación de los estatutos, todos los
directivos, candidatos y militantes del partido “tienen la obligación de apoyar de
manera pública y expresa, mediante declaraciones y eventos políticos, las listas
y candidaturas uninominales que han sido avaladas por la Alianza Verde, así
como las coaliciones y las alianzas definidas por la Comisión Nacional de
avales para las elecciones del 27 de octubre de 2019” (Se resalta).
Y, en el artículo 4, se estableció que “la decisión de autorizar las adhesiones a
candidaturas de otros partidos o aceptar la adhesión de otros partidos a nuestras
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candidaturas, es competencia del Ejecutivo Nacional por delegación de la
Dirección Nacional, máxima autoridad estatutaria para asuntos electorales del
partido. Todas las iniciativas de adhesión para ser validadas, deben ser
formalizadas a través de acuerdos de adhesión programáticos firmados por los
representantes legales de los partidos que así lo convengan”.
El anterior recuento permite concluir que si bien el Partido Alianza Verde no
inscribió candidato propio ni suscribió coalición con otras agrupaciones políticas
para las elecciones a la Gobernación del Magdalena a celebrarse el 27 de
octubre de 2019, obra constancia de que desde el 1º de agosto de 2019 (Acta
20), se ratificó el apoyo a la candidatura de Carlos Caicedo Omar a la
Gobernación del Magdalena, circunstancia que implica la existencia de una
manifestación primigenia de respaldo político a dicha candidatura, adoptada por
el Comité Nacional de Avales y suscrita por el representante legal de esa
colectividad.
En tales condiciones, en los términos de lo señalado en el artículo 29 de la Ley
1475 de 2011, no existe duda de que la decisión de apoyar a un candidato de un
partido o movimiento político para un cargo de elección popular respecto del cual
la colectividad que brinda el respaldo no tiene aspirante propio, es una clara
manifestación de la figura de la adhesión como una de las modalidades de
participación política. El texto de la norma es como sigue:
“ARTÍCULO 29. CANDIDATOS DE COALICIÓN. Los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos
de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos
uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los
partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que
participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y
movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la
coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición.
En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la
coalición los partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten su
apoyo al candidato.
En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que
integran la coalición y la filiación política de los candidatos” (Resalta la Sala).
Así pues, según el postulado en cita, el candidato será el único de los partidos y
movimientos que decidan adherir o apoyar esa aspiración, a pesar de que
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aquellos no hayan suscrito el acuerdo de coalición, de lo que se infiere que, en
virtud de la adhesión, el partido que otorga el apoyo, formalmente, optó por un
candidato al respectivo cargo uninominal.
Ahora bien, como se señaló en el análisis del elemento modal de la causal de
nulidad de doble militancia, la adhesión se configura por el hecho del apoyo a un
candidato de otra colectividad para un cargo elección popular, sin que del texto
normativo se derive que esa declaración debe constar por escrito o de manera
verbal, o que requiera la aceptación de la colectividad de origen y/o la coalición
del aspirante inscrito y mucho menos presentada, revisada y/o aceptada para su
validez ante las autoridades electorales.
Con sustento en lo anterior, se encuentra que el apoyo brindado por el Partido
Alianza Verde a la candidatura de Carlos Caicedo Omar a la Gobernación del
Magdalena, reflejado en las actas del Comité Nacional de Avales en conjunto con
el acto simbólico de la entrega de la “Llave de buen gobierno”, se efectuó en el
marco de un acuerdo de adhesión o alianza, como resultado del trámite interno
del Comité Nacional de Avales para la selección de candidatos a la contienda
electoral del 27 de octubre de 2019.
En el escrito de alegaciones finales el demandado sostuvo que en este asunto
no es aplicable la jurisprudencia de esta Sección relacionada con las adhesiones,
ya que, en su sentir, nunca se celebró acuerdo de adhesión entre el Partido
Alianza Verde y el movimiento político “Fuerza Ciudadana-Magdalena”, que
avaló la candidatura de Carlos Caicedo Omar, y que la entrega de la “Llave de
buen gobierno” no puede ser equiparada a la celebración de un acuerdo con esa
connotación.
Acerca de dicho planteamiento se advierte que carece de soporte jurídico válido,
pues quedó demostrada la estructuración de un acuerdo de adhesión, si se tiene
en cuenta que el apoyo que decidió brindar el Partido Alianza Verde a la
aspiración electoral del candidato en mención se hizo sobre la base de la
habilitación legal que en materia de adhesión contempla el artículo 29 de la Ley
1475 de 2011, sin que para ello se exija una denominación específica a esa forma
de ayuda o asistencia, por cuanto es suficiente la expresa y pública manifestación
de apoyo al candidato por parte de la colectividad política que decidió no inscribir
candidato propio a la contienda.
Por otro lado, en punto de la expedición de la Resolución 007 del 15 de agosto
de 2019, por la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde “Por medio de la
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cual se establecen los criterios definidos por el partido que son de obligatorio
cumplimiento para todos los directivos, candidatos (as) y militantes en todos los
municipios y departamentos en los cuales la Alianza Verde decidió NO AVALAR
candidatos a cargos uninominales (Gobernación y Alcaldía), en las próximas
elecciones del 27 de octubre de 2019 y la obligación de respaldar las
candidaturas avaladas por la Alianza Verde y de las coaliciones respaldadas por
el partido”, se tiene que dicho acto tuvo como propósito específico, en el marco
de la autonomía de los partidos y movimientos políticos, señalar las directrices
tendientes a evitar conductas constitutivas de doble militancia.
Quedó establecido que la decisión de no otorgar aval ni coaval en algunas
circunscripciones territoriales implicaba expresamente que no existía
autorización para respaldar ninguna candidatura ni acompañar las actividades
propias de las campañas políticas a la gobernación o alcaldía, según el caso,
aunado a que dicha determinación no significaba dejar en libertad a los directivos,
candidatos y militantes, de manera que debían apoyar de manera pública y
expresa las listas y candidaturas uninominales que habían sido avaladas por el
Partido Alianza Verde, así como las coaliciones y las alianzas definidas por la
Comisión Nacional de Avales, reglas y directrices cuyo incumplimiento serían
constitutivos de doble militancia.
En el fallo de primera instancia se concluyó que del análisis del material
probatorio no se demostró el apoyo o asistencia que Carlos Julio Diazgranados
Álvarez ofreció a la candidatura de Luis Miguel Cotes Habeych pero que, en todo
caso, la conducta que se le endilgó no podría ser constitutiva de doble militancia,
bajo la premisa de que la Resolución 007 de 2019 carece de fuerza vinculante ni
puede ser considerada como un fundamento para materializar la causal de
nulidad de doble militancia, pues dicho acto no tiene la virtualidad de disponer
nuevas modalidades respecto de la dicha prohibición, en razón a que la potestad
para su regulación se encuentra radicada únicamente en el legislador.
Así mismo, se expuso que, si bien jurisprudencialmente se ha extendido la
configuración de la doble militancia en los eventos de coaliciones, se debe
acreditar el cumplimiento de requisitos claramente definidos, siendo uno de ellos
que en el formulario E-6 se especifique la coalición, con el propósito de proteger
al electorado y evitar confusiones respecto del partido al que pertenece el
candidato.
En los recursos de apelación se indicó que la tesis del tribunal referente a la
ausencia de fuerza vinculante de las adhesiones desconoce abiertamente la
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consagración del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, al igual que la jurisprudencia
que sobre el particular ha definido esta Sección.
Por su parte, el demandado alegó que dicha norma no fue señalada como
fundamento de las demandas, pues únicamente se plantearon como normas
violadas los artículos 108 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo
275 de la Ley 1437 de 2011, de manera que, por ser un argumento nuevo, no
tuvo oportunidad de pronunciarse en la contestación de la demanda, lo que de
suyo vulnera el derecho de defensa y de contradicción que le asiste.
Para resolver ese reproche, se debe señalar que en los escritos de las demandas
se hizo énfasis en la obligatoriedad de la Resolución 007 de 2019 para los
miembros y militantes del Partido Alianza Verde, para de esta manera resaltar la
relevancia jurídica de la figura de la adhesión; en esa medida, el análisis del
alcance de esa decisión debe hacerse con fundamento en las normas
pertinentes, como el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, razón por la cual la
explicación sobre ese aspecto no desatiende el derecho de defensa del
demandado, si se tiene en cuenta que fue de su conocimiento desde la
presentación de los libelos introductorios.
Ahora bien, en consideración a que el Partido Alianza Verde decidió no otorgar
avales ni coavales en algunas circunscripciones electorales para los comicios del
27 de octubre de 2019, la Resolución 007 de 2019 estableció unas directrices de
obligatorio cumplimiento para todos los directivos, candidatos y militantes, con el
fin de evitar actos constitutivos de doble militancia, razón por la cual dispuso no
dejar en libertad a sus miembros para apoyar a candidatos de otras agrupaciones
políticas y que el incumplimiento de dichas reglas materializaría la doble
militancia.
Como ya quedó explicado, existió un acuerdo de adhesión del Partido Alianza
Verde a la candidatura de Carlos Caicedo Omar, lo que permite inferir con toda
claridad que las reglas definidas en la Resolución 007 de 2019 devienen
directamente de las adhesiones o alianzas celebradas por el partido bajo el
entendido de que no inscribió candidato propio para cargos uninominales en
distintas circunscripciones electorales.
Así pues, a partir de la premisa de que la adhesión constituye una forma válida
de participación de los partidos y movimientos políticos en la contienda electoral,
no puede afirmarse que dichos pactos carezcan de relevancia o que no puedan
ser analizados en el juicio de nulidad electoral, ya que, como bien se dejó por
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sentado en la sentencia del 27 de octubre de 202136, “dependiendo de los
supuestos de hecho planteados y los cargos formulados podrían jugar un papel
importante en el debate acerca de la legalidad de las elecciones acusadas, por
ejemplo, en casos de doble militancia, en los que es relevante establecer
los compromisos adquiridos por las agrupaciones políticas involucradas a
fin de corroborar si el demandado atendió o no las directrices de su
colectividad”.
Por consiguiente, en el juicio de nulidad electoral que ocupa la atención de la
Sala, es claro que las directrices impartidas en la Resolución 007 de 2019 debían
ser acatadas por todos los integrantes de la colectividad, sobre la base de
considerar que la determinación de no dejar en libertad a los miembros del partido
para apoyar a candidatos de otras colectividades, tenía como uno de los
propósitos impedir que sus miembros incurrieran en conductas constitutivas de
doble militancia
En ese sentido, no es cierto el argumento de la sentencia apelada referente a
que la citada resolución, al tener como sustento los distintos acuerdos de
adhesiones o alianzas, creó una nueva causal de doble militancia en la modalidad
de apoyo, toda vez que, se reitera, en este asunto existió un compromiso
adquirido previamente a su expedición por el Partido Alianza Verde de apoyar la
candidatura de Carlos Caicedo Omar a la Gobernación del Magdalena, es decir,
fue voluntad de la agrupación tomar como propio a dicho aspirante, lo que
implicaba un deber de quienes recibieron el aval de secundar esa y no otra
campaña política, como una manifestación de la lealtad y de la disciplina de
partido que debe prevalecer en punto de las decisiones de la colectividad.
Con todo, se debe insistir en que el deber de los militantes se circunscribe a no
ir en contra de la aspiración política que decidió secundar la colectividad de la
que forma parte; quiere ello decir que la prohibición no conlleva el deber de
apoyar a los candidatos del partido, sino la obligación de abstenerse de expresar
o manifestar actos de respaldo hacia aspirantes de otras agrupaciones 37.
36 Exp. 76001-23-33-000-2020-00002-02, MP Rocío Araújo Oñate. Asimismo, ver, por ejemplo,
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de septiembre de 2020, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, rad. 11001-03-28-000-2019-00074-00, 11001-03-28-000-2019-00075-00
acumulado y sentencia del 14 de octubre de 2021, rad. 11001-03-28-000-2020-00018-00, MP
Rocío Araújo Oñate.
37 Al respecto, se pueden consultar entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Rad. 17001-23-33-000-2020-00007-01, sentencia del 11 de
febrero de 2021, MP Carlos Enrique Moreno Rubio y rad. 68001-23-33-000-2019-00867-02,
sentencia del 3 de diciembre de 2020, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.
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En conclusión, contrario a lo argumentado por el a quo, para la estructuración de
la doble militancia en la modalidad de apoyo, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, en consonancia con los artículos 2 de la Ley
1475 de 2011 y 107 de la Constitución Política, no se requiere como único
presupuesto la inscripción de un candidato por el partido político al que pertenece
el demandado, ya que, como se explicó con suficiencia, se ha reconocido que
puede existir doble militancia cuando la colectividad no tiene candidato propio
pero decide, por adhesión, respaldar a otro.
Precisado lo anterior, se establecerá si las pruebas aportadas al expediente
demuestran, en grado de certeza, el apoyo de Carlos Julio Diazgranados Álvarez
a la candidatura de Luis Miguel Cotes Habeych a la Gobernación del Magdalena
periodo 2020-2023.
5.2 Análisis del cargo de indebida valoración del testimonio y de los
registros fotográficos tendientes a acreditar la causal de nulidad de doble
militancia en la modalidad de apoyo
En los recursos de apelación se planteó como reproche la indebida valoración
efectuada por el Tribunal Administrativo del Magdalena al testimonio de Elvira
María Atia Abello, al que calificó de “insular”, quien declaró que Carlos Julio
Diazgranados Álvarez y Luis Miguel Cotes Habeych en la reunión realizada el 20
de octubre de 2019, en el distrito de Santa Marta, y a la que asistieron más de
cien personas, solicitaron mutuamente a los participantes el apoyo para sus
campañas.
Destacaron que en el ordenamiento legal no existe una tarifa legal probatoria que
condicione la existencia de un número determinado de elementos de convicción
en orden a la demostración de un supuesto de hecho.
Por otro lado, aseguraron que las imágenes captadas en diversas reuniones
políticas por sí solas demuestran el apoyo ofrecido, ya que se observa con
claridad al demandado usando un atuendo con propaganda electoral de la
campaña del “Mello Cotes”.
Al respecto, hicieron referencia al evento del 4 de octubre de 2019, realizado
dentro del calendario electoral de ese año, según lo establecido en la Resolución
14778 del 1º de octubre de 2018 de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
en el municipio de Ciénaga (Magdalena), en donde Carlos Julio Diazgranados
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Álvarez usó una cachucha de color rojo con el emblema de la campaña “Mello
Gobernador”.
5.2.1 Análisis del testimonio de Elvira María Atia Bello
De la valoración efectuada a la declaración rendida por Elvira María Atia Bello, la
Sala encuentra que no es contundente para la demostración del apoyo brindado
por Carlos Julio Diazgranados Álvarez a la candidatura de Luis Miguel Cotes
Habeych.
Según se tiene, la señora Atia Bello participó en la reunión política llevada a cabo
el 20 de octubre de 2019, en Santa Marta, a la que asistieron no solo los entonces
candidatos Carlos Julio Diazgranados Álvarez y Luis Miguel Cotes Habeych, sino
un candidato a edil y otro a concejal por el Partido Alianza Verde.
Cuando el magistrado ponente le preguntó acerca de las razones de su asistencia
al evento público, respondió: “yo estuve en esa reunión porque en ese momento
hice parte de la campaña de Luis Miguel el Mello Cotes, hacía parte de la
“avanzada” que acompañaba al candidato a algunas reuniones o si él tenía
compromisos en otros municipios nosotros íbamos y dábamos la voz por él, a mí
en ese tiempo me correspondió ir a la localidad 2 que fue donde se realizó en ese
tiempo la reunión con el candidato Carlos Julio, dentro de la reunión se
presentaron todos y pidieron el apoyo para las personas que se encontraban en
la tarima en su momento los que mencioné, el señor Carlos Julio por el mello y el
mello por Carlos Julio y así, y por los candidatos por el partido Verde que estaban
en la reunión también”.
Al solicitarle que precisara el sitio de la reunión, al igual que la época en que se
llevó a cabo, señaló: “eso se hizo en una cancha de fútbol que le llaman
“Bartolitos”, algo así, eso está entre la 18 y la 22, más o menos, aquí en Santa
Marta en la localidad 2 (…)”.
Por su parte, el apoderado del demandante Alfonso Núñez Macías solicitó que
se precisara en qué momento ocurrió la reunión y en qué campaña electoral
(circunstancias de tiempo modo y lugar), frente a lo cual la testigo contestó: “por
lo que recuerdo, por lo que tengo dentro de mis apuntes se realizó el 20 de
octubre de 2019 (…), bueno escuché cuando el candidato el Mello Cotes pidió a
los asistentes de la reunión que le brindaran apoyo a los candidatos que se
encontraban en la tarima, igualmente el candidato a la asamblea Carlos Julio
pidió el apoyo a los candidatos que iban en una plancha y recalcó que por la
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gestión que había hecho “el Mello” y su tía Rosa, que siguieran esa misma línea.
(…) fue una reunión que se realizó en una cancha, había más de cien personas
aproximadamente, y reitero, los candidatos pidieron el apoyo para los candidatos
que se encontraban en tarima. El candidato Luis Miguel pidió el apoyo por el
candidato a la asamblea Carlos Julio y por el candidato al concejo y edil que se
encontraban en ese momento, de igual manera el candidato Carlos Julio pidió el
apoyo por “el Mello” y por los demás candidatos que se encontraban en tarima
del Partido Verde también, excepto por el señor Luis Miguel que no pertenece al
partido”.
El mismo apoderado indagó: “usted recuerda frases que se hubieran podido
expresar en esa dirección que usted llama apoyo”, a lo que respondió: “bueno,
puedo recordar que por la buena gestión debemos apoyar a personas que
tengan al Magdalena en su corazón, ese tipo de palabras, no recuerdo
ahorita precisas, no recuerdo más” (Destaca la Sala).
Al respecto, se pone de presente que no existe discusión en cuanto a la
comparecencia conjunta de Carlos Julio Diazgranados Álvarez y Luis Miguel
Cotes Habeych a la reunión del 20 de octubre de 2019, en el Distrito de Santa
Marta, en la que había más de cien personas, y a la que también asistieron, según
la declarante, dos candidatos más, uno para Juntas Administradoras Locales
(JAL) y el otro para el Concejo Municipal, ambos por el Partido Alianza Verde.
La testigo afirmó que los candidatos Carlos Julio Diazgranados y Luis Miguel
Cotes Habeych solicitaron a los asistentes el apoyo mutuo para sus candidaturas
y que, por la buena gestión de este último, debían seguir “por la misma línea”.
De la declaración se advierte que no existe certeza de los precisos términos de
la aseveración de Carlos Julios Diazgranados Álvarez de apoyar “la buena
gestión del Mello” y que de manera concomitante el respaldo se reflejó en la
solicitud expresa a los participantes al evento de que “siguieran por la misma
línea”, ya que al indagarle si recordaba frases o expresiones puntuales de apoyo,
de manera contradictoria con lo narrado, se limitó a señalar: “bueno, puedo
recordar que por la buena gestión debemos apoyar a personas que tengan al
Magdalena en su corazón, no recuerdo ahorita precisas (sic), no recuerdo más”.
Con sustento en lo anterior, no es posible establecer el contexto de la
intervención de Carlos Julio Diazgranados Álvarez relacionado con la supuesta
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buena administración realizada por Luis Miguel Cotes Habeych38 o si se refirió en
forma genérica a la gestión de los otros candidatos, aunado al hecho de que la
petición de votar “por personas que tengan al Magdalena en el corazón” no es
una manifestación concreta de apoyo respecto del candidato a la Gobernación
del Magdalena, pues debe recordarse que en la tarima del evento también se
encontraban los otros dos aspirantes a una de las JAL y al Concejo Municipal de
Santa Marta, de manera que bien pudo el demandado realizar la propuesta de
votar por los candidatos de su colectividad para las referidas corporaciones
públicas.
Por consiguiente, a partir de la declaración rendida, para la Sala, como antes se
indicó, no existe certeza de la manifestación concreta de apoyo del demandado
al candidato a la Gobernación del Magdalena.
5.2.2 Fotografías de la reunión política celebrada el 4 de octubre de 2019 en
Ciénaga y su valor probatorio para acreditar la causal de nulidad de doble
militancia
De manera preliminar se debe señalar que es un hecho probado en el proceso39
la asistencia del demandado a la reunión política del 4 de octubre de 2019,
llevada a cabo en un sitio público en Ciénaga, a la que también compareció Luis
Miguel Cotes Habeych, es decir, en época de campaña electoral, según el
calendario electoral fijado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en la
Resolución 14778 del 1º de octubre de 2019.
Con las demandas se aportaron unas fotografías que dan cuenta del evento en
mención en las que se observa a Carlos Julio Granados Álvarez en compañía de
Luis Miguel Cotes Habeych y de algunos simpatizantes que portan camisetas de
color verde, alusivas al Partido Alianza Verde.
Adicionalmente, dicho material fotográfico se presume auténtico, en razón a que
no fue tachado por el demandado, de acuerdo con lo normado en el artículo 269
del Código General del Proceso, además de que en el interrogatorio reconoció
expresamente su participación en la referida reunión política.
38 Se desempeñó en el cargo de gobernador del Magdalena en el periodo 2012-2015.
39 El demandado reconoció en el interrogatorio que participó en la referida reunión política.
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En relación con el valor probatorio de las fotografías, se acude como criterio
auxiliar a lo definido al respecto por la Corte Constitucional en la sentencia T-930
A de 2013, en los siguientes términos:
“La fotografía es un medio probatorio documental de carácter
representativo, que muestra un hecho distinto a él mismo, el cual emerge
del documento sin que tenga que hacerse un ejercicio de interpretación
exhaustiva de su contenido. Esto significa que “la representación debe ser
inmediata, pues si a simple vista la fotografía muestra una variedad de
hechos posibles, ‘ella formará parte de la prueba indiciaria, ya que está
contenida en la mente de aquél (el intérprete), y no en el objeto que la
documenta’”, advirtiéndose en esta misma sentencia T-269 de 2012 que
“el Juez debe valerse de otros medios probatorios, apreciando
razonablemente el conjunto”, tal como dispone la preceptiva procesal
penal. Al igual que otro documento y que el dictamen pericial, la fotografía
es un medio que el juez está en la obligación de valorar dentro del conjunto
probatorio, siguiendo las reglas de la sana crítica.
Por ser un documento, se determinará si es privado o tiene las
connotaciones para ser asumido como público y se verificará su
autenticidad y genuinidad, conforme a la preceptiva correspondiente. El
valor probatorio de las fotografías no depende únicamente de su
autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la imagen
representa la realidad de los hechos que se deducen o atribuyen, y
no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el
cambio de posición, lo que, como se indicó, obliga al juzgador a
valerse de otros medios probatorios y a apreciar razonadamente el
conjunto” (Negrillas fuera del texto original).
La Sala se detendrá en el análisis de las fotografías allegadas al expediente que
registran al demandado junto con Luis Miguel Cotes Habeych y un nutrido grupo
de asistentes a la reunión celebrada el 4 de octubre de 2019 en el municipio de
Ciénaga, por ser estas imágenes a las que se hizo referencia específica en los
recursos de apelación.
1. Fotografía 1. Tomada de la cuenta social Instagram de “Chintico Serrano”,
candidato a la Alcaldía de Ciénaga para el periodo 2020-2023, en el evento del 4
de octubre de 2019, en ese municipio:
https://www.instagram.com/p/B3RxZx2JsEs/?utm_medium=copy_link40.
40 Al momento de adoptarse esta providencia se encontraba disponible el acceso al enlace de la
cuenta de Instagram del entonces candidato a la Alcaldía de Ciénaga, “Chintico” Serrano.
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El demandado se encuentra en compañía del candidato a la Gobernación del
Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych, quien porta una gorra azul con un lema
alusivo a su campaña “MELLO GOBERNADOR”. Detrás del candidato a la
gobernación aparecen dos simpatizantes, quienes también tienen gorras, una de
color beige y otra de color azul, igual a la que porta Luis Miguel Cotes Habeych,
en las que se observa con toda claridad el lema “MELLO GOBERNADOR”. En la
gorra roja que tiene puesta Carlos Julio Diazgranados Álvarez se alcanza a leer
la palabra “MEL…”.
2. Fotografía 2. Tomada de la página oficial de la campaña de Luis Miguel Cotes
Habeych: https://mellogobherandor.com/eventos/reunion-con-el-candidato-a-la-
asamablea-carlos-julio-diazgranados/.
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En esta imagen se evidencia al demandado acompañado de Luis Miguel Cotes
Habeych y un importante grupo de personas que, en su mayoría, portan una
camiseta del color distintivo del partido político Alianza Verde. Tanto Carlos Julio
Diazgranados Álvarez como Luis Miguel Cotes Habeych lucen las gorras alusivas
a la campaña “MELLO GOBERNADOR”.
Esta Sala de Decisión, en relación con la presencia conjunta del acusado con
miembros pertenecientes a otros partidos políticos, en sentencia del 3 de
diciembre de 2020, en el marco de una demanda de nulidad que perseguía la
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anulación de la elección del gobernador de Córdoba para el periodo
constitucional 2020-2023, expuso el siguiente razonamiento:
“A la manera como ha sido defendido en el estudio de estas irregularidades, la
sola presencia del accionado en eventos políticos ajenos a los de su partido no
conllevan, por ese solo hecho, la configuración de los actos positivos y concretos
de apoyo, pues se requiere la probanza de que la participación tiene como
principal propósito el auspicio o impulso electoral de las candidaturas
extrañas”41. (Negrillas fuera de texto).
Con fundamento en lo anterior, la configuración del apoyo radica no tanto en la
comparecencia del demandado en eventos políticos ajenos a los de su partido, o
con integrantes y candidatos de corrientes distintas a la suya, sino en la
acreditación de que con su asistencia promovió la campaña política de aspirantes
distintos a los de su colectividad42.
Adicionalmente, se ha descartado que el acompañamiento y ayuda proscritas por
la modalidad de doble militancia se estructure a partir de la sola existencia de
publicidad política extraña al demandado en los eventos en los que participa, en
razón a que se requiere la prueba de que la publicidad obedeció a la voluntad o
al consentimiento del acusado.
Así, en sentencia del 31 de mayo de 201843, en la que, no obstante haberse
declarado la nulidad de la elección de un representante a la Cámara por el
departamento de Arauca, como consecuencia de la existencia de material
videográfico que acreditaba el apoyo que había brindado a un candidato de otro
partido, la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró lo siguiente respecto
de la presencia de publicidad extraña a la del demandado:
“La circunstancia que hubiera afiches del señor Acosta Acosta en dos (2) de
los espacios en los cuales aparece el registro del demandado en actos políticos
con otras personas no conduce a concluir el apoyo, pues no existe certeza
que el señor Tovar Bello haya autorizado su colocación en tales lugares
como parte de su campaña” (Énfasis propio).
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-
28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de
diciembre de 2020.
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 05001-23-33-
000-2020-00006-01. MP Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 1º de julio de 2021
43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia del 31 de mayo de 2018.
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Ahora bien, en cuanto a la regulación de la propaganda electoral, el artículo 24
de la Ley 130 de 199444, la define como “la que realicen los partidos, los
movimientos políticos y los candidatos a cargos de elección popular y las
personas que los apoyen, con el fin de obtener apoyo popular” y solo puede
realizarse dentro de los tres meses anteriores a la fecha de las elecciones.
En similar sentido, el artículo 35 de la Ley 1475 de 201145, establece que “la
propaganda electoral es toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener
el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos políticos, listas o
candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular, del voto en
blanco, o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana (…)”
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ha entendido el significado de
propaganda política en un sentido amplio, al indicar que es “toda forma de
publicidad” orientada a la multiplicación de la difusión del conocimiento de la
información, y dirigida al público en general sin que medie su voluntad.
En síntesis, el objetivo primordial de la propaganda electoral es visibilizar a un
partido, movimiento político o un candidato para captar la atención de los
votantes, quienes indefectiblemente identifican o relacionan al aspirante con la
ideología de la colectividad a la que se hace alusión en la publicidad.
En términos del Consejo Nacional Electoral46, la propaganda electoral puede ser
directa o indirecta.
La primera, es la que promueve de manera específica el nombre del candidato
o partido político con el objetivo de obtener apoyo electoral para el cargo de
elección popular al que se aspira. Y, la segunda, hace referencia a una forma de
publicidad inductiva o subliminal, en la que se omiten expresas alusiones a su
finalidad, autor o beneficiario, pero cuyos elementos permiten a la comunidad
relacionarla con un sujeto y una aspiración política y puede manifestarse en
canciones, pancartas, manillas, pendones, avisos o adhesivos en vehículos,
pasacalles, vallas, prendas de vestir (camisetas, gorras) y volantes.
44 “Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas
sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”.
45 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.
46 Consejo Nacional Electoral, Resolución 0554 de 2014, MP José Joaquín Plata.
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Como quedó antes referenciado, en las fotografías tomadas de la reunión política
del 4 de octubre de 2019, en un recinto público en Ciénaga, se observa al
demandado al lado de Luis Miguel Cotes Habeych y de un numeroso grupo de
personas que usan camisetas verdes, distintivo del Partido Alianza Verde,
situación que por sí sola, en los términos exigidos por la jurisprudencia de la
Sección Quinta de esta Corporación para efectos de que se configure la
conducta prohibitiva de doble militancia, no constituye un acto positivo y concreto
de apoyo.
No obstante, el registro fotográfico contiene una demostración que salta de bulto
y es la referente a que, en ese evento de carácter eminentemente proselitista, el
demandado usó una prenda de vestir (gorra) alusiva a la campaña “MELLO
GOBERNADOR”, lo que pone de manifiesto que desplegó, a través de su
indumentaria, una forma de publicidad electoral con el fin de favorecer la
aspiración de Luis Miguel Cotes Habeych a la Gobernación del Magdalena para
el periodo 2020-2023.
Al respecto, se debe hacer especial énfasis en que la propaganda electoral en
una prenda de vestir corresponde a un acto propio de la voluntad de quien la
porta, dirigida a captar la atención de los electores y a favorecer la aspiración
política del candidato al que se promueve, lo que de suyo descarta situaciones
meramente accidentales o circunstanciales tendientes a justificar su uso.
Ahora bien, en el interrogatorio practicado, al indagársele acerca del uso de una
prenda de vestir, en eventos proselitistas, con el lema de campaña del “MELLO
GOBERNADOR”, el demandado se limitó a responder que no estaba seguro de
ello, pero no lo negó en forma radical.
Los cuestionamientos relacionados con ese aspecto fueron planteados en los
siguientes términos:
“Apoderado: díganos si en algún momento o en algunos momentos de su
campaña proselitista usted compartió eventos públicos de carácter
proselitista con alguno de los candidatos a la Gobernación del Magdalena,
díganos si usted compartió tarima, fue a eventos públicos, si estuvo en algún
momento con alguno de los candidatos en disputa para la Gobernación del
Magdalena. Carlos Julio Diazgranados (CJDA): Sí, claro, sí en algunos
eventos estuve con distintos candidatos a la gobernación, pero en calidad
de invitado, en calidad de invitado de distintos líderes políticos de la región
del departamento del Magdalena. Recuerda algún evento en especial en
el que usted hubiera lucido símbolos, logos, o algún tipo de atuendo
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alusivo a la campaña del “MELLO GOBERNADOR, así entre comillas,
como, por ejemplo, gorras, camisetas y demás. CJDA: No preciso con
claridad lo que usted intenta hacerme mencionar, no, no, seguramente
en algunos eventos coincidí, reitero, eventos a los que fui invitado por
algunos líderes políticos de la región, en ninguno de los casos fui
organizador de reunión alguna. Apoderado: le pediría que concrete la
respuesta en el sentido de que si en alguno de esos eventos usted lució
algún atuendo alusivo a una campaña en específico. CJDA: si su pregunta
es que, si yo apoyé al Mello Cotes, la respuesta es no. Apoderado: lo
conoce, conoce a Luis Miguel Cotes Habeych, desde cuándo lo conoció, por
qué lo conoció, cuáles fueron sus relaciones con él. CJDA. Por su puesto
que lo conozco, fue gobernador del departamento del Magdalena.
Apoderado: Sus relaciones con él en campaña. CJDA: normales, como lo
saludaba a usted en cualquier reunión, cuando usted también hacía
campaña (…). Apoderado: díganos en concreto, usted lució o no lució
usted algún atuendo relativo a la campaña del Mello Cotes, del Mello
Gobernador. CJDA: no estoy completamente seguro si algún momento
algo así sucedió, pero reitero, en ningún momento le pedí a nadie que
votara por Luis Miguel el Mello Cotes, a nadie en ningún momento, para
nada le hice proselitismo, le hice campaña, le pedí a ninguna persona y sé
que no hay ninguna prueba, porque nunca sucedió de que Carlos Julio
Diazgranados le pidiera a algún simpatizante de él apoyo para Luis Miguel
Cotes, que estuve en una reunión, que seguramente en alguna fotografía en
alguna red social aparezco al lado de Luis Miguel Cotes, como aparezco al
lado del Polo Democrático, en su momento, como aparecí al lado del
candidato de AICO, tengo varias fotografías con los distintos candidatos a la
gobernación en donde coincidí con ellos en reuniones invitado por líderes
de la región, pero reitero no apoyé a Luis Miguel Cotes Habeych si es lo que
usted, de alguna manera, pretende hacerme decir (…).
En el momento en que se le puso de presente la fotografía número 2, en la que
se registra el encuentro de una reunión política realizada en el salón de eventos
denominado “Andrea K”, el 4 de octubre de 2019, en la que aparece usando la
gorra roja junto con Luis Miguel Cotes Habeych, el apoderado preguntó en forma
puntual:
“Pero le pregunto, ese que figura ahí en la fotografía con una gorra roja, al
lado del Mello Cotes, ese es usted. CJDA: sí, claro por supuesto. Apoderado:
y la gorra dice Mello Gobernador. CJDA: No estoy seguro…”.
Posteriormente, le fue señalada la fotografía 1, en la que aparece junto con Luis
Miguel Cotes Habeych y “Chintico” Serrano, candidato a la Alcaldía de Ciénaga.
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Sobre dicho registro, el apoderado del demandante insistió en la pregunta
referente al uso de la gorra roja con el lema de campaña “Mello Gobernador”,
así:
“Esa fotografía a qué corresponde, díganos señor Carlos Julio con sus propias
palabras, vea que usted está bajo la gravedad del juramento, si usted está
luciendo o no está luciendo una gorra roja que tiene una inscripción que se
alcanza a distinguir incluso acá virtualmente que dice Mello gobernador, ahí
aparece “Chintico Serrano”, Luis Miguel Cotes Habeych y está usted. CJDA:
insisto, en ningún momento le manifesté apoyo alguno al entonces candidato a
la gobernación Luis Miguel Cotes Habeych, no estoy seguro si es una gorra
que tenga algún distintivo del Mello, en medio de tantas reuniones que
asistí, en distintas ocasiones me coloqué gorras, me pudieron haber
colocado una gorra de pronto algún candidato al Concejo, de pronto algún
candidato a la gobernación, pero especifico y aclaro, en ningún momento
pedí apoyo alguno a candidato a la gobernación del departamento alguno, en
ningún momento solicité y por eso digo nuevamente si tienen alguna prueba
donde yo haya solicitado, deben haber muchos videos de muchas reuniones
políticas en las que estuve y seguramente en algunas coincidí con este señor
Cotes como coincidí con algunos otros candidatos a la gobernación y si hay
algún audio donde yo diga que solicito el apoyo por supuesto que lo expongan
que estaría en toda la disposición de decir que fue así, pero en ningún momento
le solicité a ningún simpatizante voten por Luis Miguel Cotes Habeych (…).
Asimismo, se advierte que en el interrogatorio el demandado expresamente
reconoció conocer de la existencia de la Resolución 007 de 2019 y de la decisión
del Partido Alianza Verde de apoyar a Carlos Caicedo Omar para la Gobernación
del Magdalena; sin embargo, afirmó que dicha colectividad política no avaló ni
coavaló a ningún candidato para ese cargo.
Indicó que el apoyo brindado a Carlos Caicedo Omar a través de la “Llave de
buen gobierno” fue un acto simbólico o protocolario, mas no legal, de manera
que no implicó el otorgamiento de aval o coaval al candidato, tal como lo prevé
la normativa que regula la materia.
Y en relación con la decisión contenida en la Resolución 007 de 2019 referente
a “no dejar en libertad a los directivos, candidatos y militantes”, por el hecho de
no otorgar avales ni coavales en algunas circunscripciones electorales, sostuvo
que los estatutos no pueden estar por encima de la Constitución y de la ley, pues
de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, para
que exista doble militancia en la modalidad de apoyo se requiere la inscripción
del candidato por el partido al que pertenece el acusado, exigencia que no se
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cumplió en el asunto bajo análisis, si se tiene en cuenta que Carlos Caicedo
Omar no fue inscrito para el cargo de gobernador del Magdalena por el Partido
Alianza Verde.
La declaración del demandado merece credibilidad para la Sala en el sentido de
que interpretó en forma equivocada la circunstancia de que el Partido Alianza
Verde no inscribió candidato propio a la Gobernación del Magdalena, lo que, en
su sentir, lo habilitaba a manifestar respaldo a aspirantes para ese cargo de otras
colectividades, con desconocimiento de la obligación que representaba para él y
para todos los miembros de esa agrupación de abstenerse de ejecutar actos de
ayuda o asistencia que no fueran a favor, en este caso, de Carlos Caicedo Omar.
La anterior afirmación encuentra asidero en el hecho de que, en forma
consciente y voluntaria, decidió utilizar en su indumentaria propaganda política
de otra campaña electoral distinta a la de su partido.
Al respecto, se pone de presente que la decisión del Partido Alianza Verde de
inscribir o no inscribir a Carlos Caicedo Omar a la Gobernación del Magdalena,
en razón de los procesos disciplinarios que cursaron en su contra, es un aspecto
que escapa al juicio de nulidad electoral en este asunto.
A partir de los elementos de convicción allegados al proceso, la Sala encuentra
que el hecho de que Carlos Julio Diazgranados Álvarez usara una prenda de
vestir en un recinto público con el emblema de la campaña de Luis Miguel Cotes
Habeych a la Gobernación del Magdalena, es una situación constitutiva de doble
militancia en la modalidad de apoyo, en los términos previstos en el artículo 2 de
la Ley 1475 de 2011, pues la publicidad desplegada tenía como propósito realizar
proselitismo político a favor de la aspiración de un candidato distinto a la
colectividad a la que pertenece, en contra de la lealtad que debe guardar hacia
esta.
La asistencia a la reunión en la que usó indumentaria propia de otra campaña
fue el resultado de la “ejecución de actos positivos y concretos”47 de apoyo, en
tanto se empleó propaganda política dirigida a promover la candidatura del señor
Cotes Habeych, quebrantando de esta forma la disciplina de partido, lo que de
suyo pudo haber generado confusión en los votantes al momento de identificar
la ideología de los aspirantes a los cargos de elección popular.
47 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2020-00016-00 y 11001-03-28-000-2020-00017-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, sentencia de 3 de diciembre de 2020.
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Se debe resaltar que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sección, las
conductas que materializan la doble militancia en su modalidad de apoyo podrán
consistir en acompañamientos, ayudas y/o asistencias prestadas en la actividad
política, o en cualquier otro comportamiento “que pueda favorecer los intereses
del otro candidato en el debate electoral”48, de manera que para su configuración
no se requiere como único presupuesto la solicitud verbal y expresa al
electorado, como equivocadamente lo señaló el demandado, de votar por la
opción política distinta a la que secunda la colectividad de la que forma parte,
dado que, como en este caso, el respaldo se acredita haciendo o portando
propaganda a su favor, con lo cual se transmite a los votantes un mensaje con
fines persuasivos más que evidentes acerca de las bondades o ventajas de esa
específica opción.
De igual forma, se tiene que el objeto de la prohibición constitucional de la doble
militancia, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión49 y la Corte
Constitucional50, es proteger no solo las organizaciones políticas sino también a
48 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-
28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
49
Cfr. con las sentencias del 7 de febrero de 2013, del Consejo de Estado, Sección Quinta, CP.
Susana Buitrago Valencia, radicados 52001-23-31-000-2011-00666-01, 68001-23-31-000-2011-
00998-01, 08001-23-31-000-2011-01466-01 y 13001-23-31-000-2012-00026-01, en las cuales la
Sección recogió una posición que sobre el tema de la doble militancia había sostenido con
anterioridad y acogió una nueva posición en el siguiente sentido: “La Sala deja sentado que
replantea la concepción que traía sobre las consecuencias de la doble militancia frente a la validez
del acto de elección y adopta una nueva visión sobre el verdadero significado de esa norma, a
fin que cumpla la teleología para la cual fue prevista, esto es, al fortalecimiento y
robustecimiento de los partidos y movimientos políticos, y que se garantice la disciplina
que se predica de estas organizaciones políticas, respecto de quienes han sido elegidos
con su aval y respecto de los electores que confiaron en el desarrollo del programa y que
apoyaron con su voto una determinada orientación política”. (Negrillas y subrayas fuera del
texto)
50 Sentencia C-490 del 23 de junio de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. Señaló la Corte: “Si
bien la fijación de un régimen jurídico tendiente a proscribir la doble militancia constituyó una de
las herramientas planteadas por el Acto Legislativo 1 de 2003, y reforzada por la reforma
constitucional de 2009, tendiente a fortalecer los partidos y movimientos políticos, a través de la
exigibilidad de la disciplina de sus integrantes y la imposición correlativa de sanciones ante el
incumplimiento de los deberes de pertenencia a la agrupación correspondiente; es la prohibición
de la doble militancia política, una limitación de raigambre constitucional al derecho
político de los ciudadanos a formar libremente parte de los partidos, movimientos y
agrupaciones políticas, en el entendido que dicha libertad debe armonizarse con la
obligatoriedad constitucional del principio democrático representativo, que exige que la
confianza depositada por el elector en determinado plan de acción política, no resulte
frustrada por la decisión personalista del elegido de abandonar la agrupación política mediante
la cual accedió a la corporación pública o al cargo de elección popular. Por lo mismo que, de
acuerdo con lo regulado por el inciso tercero y cuarto del artículo 108 C.P., tanto las agrupaciones
políticas con personería jurídica como sin ella están habilitadas para presentar candidatos a
elecciones, las segundas supeditadas al apoyo ciudadano a través de firmas, y siendo uno de los
ámbitos de justificación constitucional de la doble militancia la preservación del principio
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la sociedad y la eficacia del sistema democrático, que son los que se benefician
de las medidas de fortalecimiento de las agrupaciones políticas, si se tiene en
cuenta que la sociedad recibe un mensaje claro y contundente acerca del
funcionamiento del sistema democrático a través de la disciplina de la política
partidista y de otros elementos que conforman el sistema jurídico en materia de
democracia.
De esa manera los asociados podrán tener un parámetro claro respecto de la
opción ideológica con la que se identifican y, por contera, ejercer sus derechos
políticos en condiciones reales de libertad.
En ese orden, la doble militancia en el ordenamiento jurídico colombiano es
tridimensional, es decir, no solo irradia la disciplina partidista, sino que también
protege al elector y al sistema democrático en materias, como, por ejemplo, el
régimen de bancadas, en virtud de los principios pro electoratem, pro hominum,
prohomine y pro sufragium51.
De otra parte, se insiste en que para que se configure la doble militancia por
apoyo es suficiente con que la persona a la que se dirige la prohibición realice un
solo acto contrario a la misma, es decir que no se requiere que sea un acto
repetitivo. Al respecto, esta Sala de Decisión ha manifestado:
“[…] En lo que corresponde a la reiteración de los actos, la Sala no comparte la
postura expuesta por la parte demandada, ya que la estructuración de la doble
militancia no requiere que el apoyo al candidato de otro partido tenga que
brindarse mediante actos repetitivos.
Según los términos de la Ley 1475 de 2011, la doble militancia tiene lugar por el
respaldo que el candidato haya dado al otro aspirante del partido político distinto
de aquel al cual pertenece, sin que exija como requisito la existencia de actos
sucesivos en desarrollo de la campaña.
Esto implica que la conducta prohibida por la legislación electoral puede
configurarse incluso con la ocurrencia de un solo acto de apoyo, que permita
establecer que en alguna medida respalda al candidato de la organización
democrático representativo, mediante la disciplina respecto de un programa político y un
direccionamiento ideológico, carecería de todo sentido que la restricción solo se aplicara
a una de las citadas clases de agrupación política”. (Negrillas fuera del texto).
51 Sentencia de esta Sala de Decisión del 10 de diciembre de 2020, radicación número 19001-
23-33-003-2019-00368-01.
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política diferente al que se encuentra afiliado.”52 (Negrillas fuera del texto
original).
Hechas las anteriores precisiones, se concluye que el demandado incurrió en la
conducta prohibitiva de doble militancia, sobre la base de considerar que, en
contra de la lealtad que debe guardar al Partido Alianza Verde, desconoció
abiertamente la decisión de dicha colectividad de adherir la campaña de Carlos
Caicedo Omar a la Gobernación del Magdalena, en tanto estimó que la
Resolución 007 de 2019, es un acto ilegal y, bajo la premisa de que dicha
organización no inscribió ningún candidato a la Gobernación del Magdalena, optó
por respaldar la candidatura de Luis Miguel Cotes Habeych, a través del uso de
prendas de vestir con propaganda electoral de la campaña del referido aspirante,
situación que quedó demostrada de la valoración integral de los registros
fotográficos allegados al expediente, al igual que con la declaración rendida por
el acusado.
En consecuencia, hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia y en su
lugar se declarará, con efectos ex nunc, la nulidad del acto acusado que contiene
la elección de Carlos Julio Diazgranados Álvarez como diputado de la Asamblea
Departamental del Magdalena para el periodo constitucional 2020-2023.
Tal como lo establece el numeral 3º del artículo 288 del CPACA, se cancelará la
credencial correspondiente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revócase la sentencia apelada del 9 de junio de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, y, en su lugar declárase, con
efectos ex nunc, la nulidad del acto acusado que contiene la elección de
Carlos Julio Diazgranados Álvarez como diputado de la Asamblea
Departamental del Magdalena para el periodo constitucional 2020-2023.
52 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-
2018-00032-00. Providencia del 31 de octubre de 2018. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, cancélase la credencial del
diputado, la cual se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia.
TERCERO: En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso,
devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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