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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2019-03316-01

Nulidad electoral: contra el acto de elección de concejal municipal

Fecha
12 de agosto de 2021
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2019-03316-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de mayo de 2021 de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 05001-23-33-000-2019-03316-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

12 de agosto de 2021

NULIDAD ELECTORAL – Contra el acto de elección de concejal municipal / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Modalidades

La prohibición de doble militancia fue establecida en el artículo 107 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, el cual señaló lo siguiente: "En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica". (…). El mandato de esta preceptiva incluida en la Carta Política debe entenderse en concordancia con la regulación contenida en la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual fueron adoptadas las reglas de la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales [artículo 2]. (…). De manera que, la prohibición de pertenencia simultánea a más de una organización política, es decir, la doble militancia, se introdujo en el sistema colombiano con el fin de fortalecer a los partidos y movimientos políticos y crear un régimen en donde se proscribe y sanciona el transfuguismo. (…). El incumplimiento de cualquiera de las situaciones descritas [de las 5 modalidades de doble militancia], de acuerdo con las condiciones en las que se encuentre el infractor, podrán dar lugar a sanciones reglamentarias y administrativas –v.gr. la revocatoria de la inscripción del candidato incurso en la prohibición–, e incluso a la declaratoria de nulidad de la elección del funcionario democráticamente designado –como lo solicita el demandante en esta oportunidad–, tras la expedición de la Ley 1437 de 2011, que puso punto final a las discusiones que sobre las consecuencias jurídicas de la doble militancia se presentaron con anterioridad a la vigencia del CPACA.

NOTA DE RELATORÍA: De la definición de la doble militancia, consultar: Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Acerca de las 5 modalidades de doble militancia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2014-00091-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de nombre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2014-00088-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1° de noviembre de 2012, M.P. Mauricio Torres Cuervo, radicación 63001-23-31-000-2011-00311-01. Sobre las consecuencias jurídicas de la doble militancia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de febrero de 2007, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicación 11001-03-28-000-2006-00018-00(3982-3951).

DOBLE MILITANCIA POLÍTICA - Presupuestos para su configuración en la modalidad de apoyo

En atención a que en el caso bajo estudio se invoca la configuración de la modalidad consistente en miembros de organizaciones políticas que apoyan a candidatos de otra organización, se estima pertinente reiterar los elementos que la configuran, que han sido destacados en varias oportunidades por la Sección: “i) Un sujeto activo, según el cual deben abstenerse de realizar la conducta prohibitiva, de un lado, los que detenten algún tipo de cargo directivo, de gobierno, administración o control dentro de la organización política, y de otro, los que hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular. ii) Una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al inscrito por la organización política a la que se encuentren afiliadas las personas descritas anteriormente. Ahora bien, no se puede perder de vista que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha señalado que esta modalidad de doble militancia incluso se materializa en los casos en los que la colectividad política, por alguna circunstancia, no tiene candidato político para el respectivo cargo uninominal, pero de manera libre, voluntaria expresa y pública decide brindar su apoyo a determinado candidato inscrito por otro grupo político, pues ha entendido que esos eventos el conglomerado político opta por secundar a cierto candidato, pese a no tener uno propio. Así las cosas, no cabe duda de que lo que esta modalidad de doble militancia proscribe es la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política. iii) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma, una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra, y por ende, solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas.” En cuanto el elemento de la conducta prohibitiva, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones del fallo del 3 de diciembre de 2020 de la Sección Quinta de esta Corporación, a través de las cuales a partir de la jurisprudencia electoral se precisaron aspectos tales como: (i) la estructuración del apoyo exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos en favor del candidato perteneciente a otro partido político. (ii) Los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración de la situación de inelegibilidad puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política. (ii) El apoyo indebido se configura de manera independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido. (iv) La probanza del comportamiento prohibido debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial de elementos de juicio que permitan superar toda duda razonable. (v) El actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato. (…). De otra parte, se estima pertinente reiterar que la doble militancia en nuestro ordenamiento jurídico es tridimensional, es decir, no solo irradia la disciplina partidista, sino que también protege al elector y al sistema democrático en materias de decisión de las bancadas por ejemplo. (…). La base de los derechos constitucionales del elector, radica en el ejercicio libre del derecho, forjándose de esta manera en el núcleo esencial del derecho fundamental al voto.

Así pues, es la “libertad” del sufragante y su protección lo que permite hablar de “democracia”; por ende, sin dicha “libertad” y sin la salvaguarda de la misma, no puede estarse en presencia de un Estado Democrático. En este orden de ideas, hace parte de esas reglas de protección de la “libertad del elector” la pretensión consistente en que en el proceso electoral, el que sea, se comporte bajo la “doble exigencia de lealtad y claridad”. La Corte Constitucional, al fijar los parámetros anotados en punto de los referendos, sentó las bases aplicables a cualquier proceso democrático respecto de la “lealtad y claridad” que deben arropar a los electores en cualquier trámite de toma de decisión. Por eso la necesidad imperiosa que en momento alguno se induzca al elector a engaños, manipulaciones, artilugios o equívocos, que alteren su convencimiento al momento de ejercer su derecho fundamental. Así pues, la prohibición constitucional de doble militancia surge de la confianza depositada por el elector en un determinado y específico plan de acción política. Confianza que no puede verse estropeada y arruinada, por la decisión personalista y egoísta del candidato o elegido de no honrar el acuerdo tácito – tanto programático como ideológico -con su elector.

NOTA DE RELATORÍA: De los presupuestos para la configuración de la doble militancia en su modalidad de apoyo, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1° de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate (E), radicación 05001-23-33-000-2020-00006-01. En cuanto a los elementos que configuran la doble militancia en la modalidad de apoyo, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de agosto de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 63001-23-33-000-2016-00008- 01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 68001-23-33-000-2016-00043-01. Respecto del elemento temporal de la doble militancia en la modalidad de apoyo, que solo puede ejercerse en época de campaña electoral, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de septiembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 730001-23-33-000-2015-00806-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de octubre de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 50001-23-33-000-2016-00077-01. Sobre el actuar objeto de sanción por doble militancia, que se centra en el ofrecimiento de apoyos y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). En cuanto al carácter tridimensional de la doble militancia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de diciembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 19001-23-33-003-2019-00368-01. Sobre la democracia participativa y que los elegidos son verdaderos voceros de la voluntad popular y están sometidos al mandato de los electores, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-379 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En cuanto a que la base de los derechos constitucionales del elector, radica en el ejercicio libre del derecho, forjándose de esta manera en el núcleo esencial del derecho fundamental al voto, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-142 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Sobre las bases aplicables a cualquier proceso democrático respecto de la “lealtad y claridad” que deben arropar a los electores en cualquier trámite de toma de decisión, consultar: Corte Constitucional, sentencias C-551 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet; C-397 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-784 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa; C-150 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

CONFESIÓN DEL APODERADO JUDICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA CONFESIÓN JUDICIAL - Validez

Sobre el particular, la Sala considera que no le asiste razón a la apelante en tanto que, el artículo 193 del C.G.P. sobre la confesión por apoderado judicial prevé: “La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”. (…). En el caso bajo estudio es claro que: i) la [demandada] (…) le otorgó poder a su abogado para que contestara la demanda en el presente proceso y representara sus intereses en esta causa, de manera que, por ese solo hecho, se entiende que facultó a su abogado para confesar, de conformidad con el artículo 193 del CGP y ii) las afirmaciones efectuadas por el apoderado judicial en la contestación de la demanda, las que fueron consideradas por el a quo como confesión, se refieren a los hechos que devienen relevantes para el proceso de nulidad electoral y que hacen parte de la órbita personal de la demandada de los cuales, en virtud del mandato, se entiende que tenía pleno conocimiento. (…). Ahora bien, aun cuando es diáfano que el apoderado de la demandada sí tenía la potestad para confesar sobre los hechos que le constaban, debe precisarse si, de las declaraciones efectuadas en la contestación, podía derivarse una confesión de la causal de doble militancia en la que incurrió presuntamente la demandada. (…). [P]ara la Sala no hay duda de que el apoderado de la demandada aceptó que la [demandada] (…) apoyó al señor Andrés Felipe Maturana González como candidato a la alcaldía de Turbo, Antioquia, por la Coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe” en virtud de la objeción de conciencia que manifestó respecto del candidato del Partido Conservador, la cual asegura motivó suficientemente ante el referido partido. Es claro entonces que la intención de la demandada era promover un candidato que por “sus condiciones éticas y morales sumadas a un ejemplar comportamiento social y un atractivo programa de gobierno”, fuera el merecedor de aquel apoyo y la voluntad de sus propios seguidores se manifestó en favor de Maturana González, candidato a la alcaldía de Turbo por una coalición en la que no participó el Partido Conservador, pues éste tenía su propio candidato, frente al cual, se reitera, la demandada presentó objeción de conciencia. De modo que, resulta diáfano que las afirmaciones y consideraciones efectuadas en la contestación de la demanda, dan cuenta del apoyo que la señora Gilma Jiménez Angulo le ofreció al candidato Andrés Felipe Maturana González por la coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, quien no contaba con el respaldo del partido para el cual la demandada militaba, esto es, el Partido Conservador. No obstante lo anterior, dicha confesión no resulta suficiente para demostrar la causal de doble militancia endilgada. (…). En consecuencia, aun cuando el reparo señalado por la recurrente, relativo a que la confesión efectuada por su apoderado en la contestación de la demanda carece de validez, no debe prosperar, la Sala debe avanzar en el estudio de los demás cargos del recurso de apelación con el fin de constatar si la valoración efectuada por el Tribunal fue acertada, respecto a la confesión descrita líneas atrás junto con los demás medios de prueba; es decir, si constituyen sin lugar a duda, la acreditación de la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con los elementos necesarios para que la confesión por apoderado judicial se produzca, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 18 de febrero de 2021, radicación 25000-23-24-000-2002-00687-01 y 25000-23-24-000-2002-00688-01 (acumulados 25000-23-24-000-2002-00693-01 y 25000-23-24-000-2002-00699-01). Sobre la confesión mediante apoderado judicial, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 18 de febrero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado 19001-23-33-000-2019-00370-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 11 de marzo de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado 54001-23-33-000-2019-00354-01.

DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – En la modalidad de apoyo / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA - Valoración del acervo probatorio / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Alcance de la objeción de conciencia

[S]obre estos argumentos de apelación la Sala considera que no le asiste razón a la recurrente. (…). En primer lugar, debe precisarse que la objeción de conciencia que efectuó la demandada, respecto a la candidatura del aspirante William Palacio Valencia ante la Dirección Nacional del Partido Conservador, no la autorizaba para apoyar a otros candidatos de otros partidos para la alcaldía de Turbo, Antioquia. Así, aun cuando la [demandada] (…) solicitó ante dicho partido que aceptara la referida objeción y autorizara el respaldo que ella quería otorgarle al candidato Andrés Felipe Maturana González, en el plenario no obra prueba que demuestre que el Partido Conservador se pronunció respecto de dicha petición. De cualquier forma, aun cuando se hubiera pronunciado, esta Sección precisó el alcance de la objeción de conciencia, a propósito de la causal de doble militancia. (…). En segundo lugar, en lo que respecta a las fotografías, dista la Sala de las apreciaciones de la recurrente en el sentido de afirmar que “de las mismas no se puede extraer más que simples especulaciones”. (…). Si bien cada una de estas pruebas individualmente consideradas no dan lugar a afirmar con certeza el apoyo que pudo haberle brindado la demandada al candidato por la coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, lo cierto es que, de la valoración probatoria en conjunto, tanto de la confesión que hizo el apoderado de la demandada, como los registros fotográficos descritos anteriormente (extraídos directamente de la página de Facebook de la demandada), dan cuenta que la señora Gilma Jiménez Angulo realizó actos de apoyo en favor de un candidato a la alcaldía de Turbo, que no fue avalado por el Partido Conservador por el cual militaba. Es decir, la valoración efectuada por el Tribunal es acertada, comoquiera que, se insiste, de las fotografías traídas a colación se advierte claramente que la [demanda] (…), a través de su perfil de la red social Facebook, expresó públicamente su apoyo al candidato a la Alcaldía de Turbo Felipe Maturana González, toda vez que las imágenes compartidas retratan palmariamente a la candidata acompañada de personas que portaban camisetas azules con el eslogan “Conservadores con Felipe Maturana” e incluso ella en una de esas imágenes se aprecia con una de esas camisetas, lo que respalda la confesión efectuada por su apoderado en cuanto a que, de manera libre y pública, apoyó la candidatura de la coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, de la cual no hacía parte el Partido Conservador, pues como se señaló anteriormente, tenía su propio candidato respecto del cual la demandada presentó objeción de conciencia. Así las cosas, no le asiste razón a la recurrente al señalar que el a quo hizo una valoración del material probatorio inadecuada, pues como se explicó en párrafos precedentes, con fundamento en los principios de la sana crítica llevó a cabo un estudio en conjunto y completo del material probatorio aportado al expediente, lo cual le permitió concluir válidamente que la causal de doble militancia endilgada se encuentra debidamente demostrada.

NOTA DE RELATORÍA: Del alcance de la objeción de conciencia, a propósito de la causal de doble militancia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de diciembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 19001-23-33-003-2019-00368-01.

VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO - Veracidad y autenticidad

[E]ncuentra la Sala sin mayor esfuerzo que el reparo referido [veracidad y autenticidad de las pruebas fotográficas aportadas] no está llamado a prosperar, pues según lo alega la recurrente no se certificó si las fotografías pertenecen o no al perfil de Facebook de la demandada, si es su perfil legítimo, si corresponden a la campaña electoral 2019, si fueron o no adulteradas, o que no se realizó la extracción y su correspondiente cadena de custodia por parte de un perito, que no tienen el perfil, la URL, el código de la imagen de cada uno de los perfiles consultados, o que no se presentó su procedencia; sin embargo, como lo señaló la agente del Ministerio Público tales reparos resultan extemporáneos, toda vez que ese debate debió provocarse en la oportunidad procesal adecuada, esto es en la contestación de la demanda. (…). Igualmente, las fechas de publicación de las fotografías coinciden con el calendario electoral de 2019, si se tiene en cuenta que aquellas fueron publicadas el 11 de septiembre y 8 de octubre de 2019. En suma, los argumentos formulados por la demandada en el recurso de apelación no están llamados a prosperar y, en consecuencia, la sentencia de primera instancia mediante la cual se declaró la nulidad del acto demandado debe confirmarse en su integridad.

FUENTE FORMAL: LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 2 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 275 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 193 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 269

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 05001-23-33-000-2019-03316-01

Actor: ARIEL BLANQUICHET ROSALES

Demandado: GILMA JIMÉNEZ ANGULO - CONCEJAL DE TURBO - ANTIOQUIA, PERÍODO 2020-2023

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Nulidad contra el acto de elección de concejal de Turbo, Antioquia por la causal de doble militancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada, contra la sentencia del 20 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual declaró la nulidad del acto de elección de la señora Gilma Jiménez Angulo como concejal del municipio de Turbo, Antioquia para el periodo 2020-2023, por incurrir en la causal de doble militancia.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El señor Ariel Blanquichet Rosales, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, solicitó que se declare nulo el acto de elección de la señora Gilma Jiménez Angulo como concejal del municipio de Turbo, Antioquia, por el Partido Conservador, periodo 2020-2023, contenido en el formulario E-26 CON del 31 de octubre de 2019.

En la demanda se elevaron puntualmente las siguientes pretensiones:

“1. Que la ciudadana GILMA JIMENEZ (sic) ANGULO ha incurrido en conducta constitutiva de doble militancia.

2. Que se declara (sic) la nulidad del acto administrativo de contenido electoral por medio del cual se declaró la elección de la señora GILMA JIMÉNEZ ANGULO como CONCEJAL del municipio de Turbo Antioquia para el periodo 2020-2023, por la lista del PARTIDO CONSERVADOR como consta en el Acta parcial de escrutinio municipal denominado E-26, de fecha del 31 de octubre de 2019, cuyas copias se adjuntan,

3. Que, como consecuencia de lo anterior y de conformidad con el numeral 3° del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, se ordene la cancelación de la credencial que acredita a GILMA JIMENEZ (sic) ANGULO como CONCEJAL de Turbo – Antioquia para el periodo constitucional 2020-2023.

4. Practicada la aplicación de los procedimientos jurídicos – electorales necesarios, se ordene suplir la vacante que por esta decisión surge como CONCEJAL del municipio de Turbo – Antioquia, sea ocupado por el candidato al CONCEJO con la siguiente mayor votación de la lista inscrita para este certamen electoral (falta completar esta pretensión) sic”

(…)”.

Hechos

Manifestó que el día 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones en las entidades territoriales para el período constitucional 2020-2023, en las que se eligió a la señora Gilma Jiménez Angulo concejal del municipio de Turbo, Antioquia, por el Partido Conservador.

Sostuvo que aun cuando la señora Jiménez Angulo era candidata al Concejo por el referido partido, faltando a la lealtad política que le debía a este partido, el cual le otorgó el aval y tenía su propio candidato a la alcaldía, esto es, el señor William Palacio Valencia, pública y abiertamente, durante todo el período de campaña se dedicó a participar de todos los actos públicos proselitistas del candidato a la alcaldía Andrés Felipe Maturana González, el cual representaba y estaba avalado por los partidos que conformaban la coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”.

Adujo que además de sus participaciones políticas activas en la campaña del candidato de la coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, la señora Gilma Jiménez diseñó publicidad política, tales como camisetas, en las que promovía los colores e imagen del Partido Conservador y simultáneamente aparecía con el lema e imagen del candidato en cuestión, esto es, el entonces candidato Andrés Felipe Maturana González.

Normas violadas y concepto de la violación

El demandante señaló como vulneradas las siguientes normas: el inciso 2º del artículo 107 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009; numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 2º, inciso 2° de la Ley 1475 de 2011.

Argumentó que la conducta de la demandada es constitutiva de una causal de nulidad de su elección como concejal del municipio de Turbo, comoquiera que incurrió en doble militancia al apoyar candidatos de otros partidos políticos, en específico, los que conformaban la coalición “Alianza por un Turbo lleno de fe”, pues respaldó al candidato de esa colectividad invitando a sus seguidores y simpatizantes a votar y trabajar por la elección del candidato a la alcaldía inscrito por esa coalición, pese a que el Partido Conservador tenía su propio candidato.

Afirmó que la demandada realizó reuniones públicas y privadas, manifestaciones y pronunciamientos públicos e intervenciones a favor del candidato Maturana González, compartieron publicidad y espacios de campaña y se expresó en favor de aquel en redes sociales, de lo cual constan fotos, videos y entrevistas que fueron aportadas con la demanda, en especial, las fotografías que fueron descargadas directamente del perfil de la demandada en la red social Facebook.

Actuaciones procesales en la primera instancia

Por auto del 20 de enero de 2020 el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor. Igualmente dispuso la referida diligencia respecto del agente del Ministerio Público.

Mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2020, el apoderado de la demandada contestó la demanda.

En audiencia inicial llevada a cabo el 11 de octubre del año 2020, se saneó el proceso, se advirtió que no hubo excepciones que resolver previo a esa audiencia, en los términos del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se fijó el litigio de la siguiente manera:

“La Sala deberá determinar si debe declararse nula la elección de la señora GILMA JIMÉNEZ ANGULO como concejal del Municipio de Turbo por incurrir en doble militancia, causal de anulación consagrada en el artículo 275-8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para el efecto, la Sala deberá analizar los argumentos expuestos por la parte actora, según la cual se configuró doble militancia por cuanto la concejal elegida realizó y ejecutó actos de apoyo en beneficio de un candidato a la Alcaldía diferente al de su partido político; y lo expuesto por la accionada según la cual (i) no se cumplen los presupuestos de la doble militancia, (ii) presentó oportunamente objeción de conciencia para separarse del candidato a la alcaldía del Partido Conservador por las investigaciones penales y sanciones fiscales en su contra, y (iii) las pruebas aportadas no acreditan la configuración de la doble militancia, sino que es un material probatorio selectivo. La presente decisión se notifica en estrados. Sin recursos”.

Asimismo, se decretaron las pruebas documentales aportadas por las partes y las testimoniales requeridas. Igualmente, se ordenó oficiar: i) a la Fiscalía General de la Nación para que allegue certificación sobre la existencia de investigaciones penales que cursan en contra del señor William Palacio Valencia identificado con cédula de ciudadanía 71608568, ii) Al Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Antioquia para que allegue certificación sobre el estado del proceso penal por concierto para delinquir agravado que se surte en contra del señor William Palacio Valencia identificado con cédula de ciudadanía 71608568 y iii) a la Contraloría General de Antioquia para que allegue certificación sobre la existencia de procedimientos de responsabilidad fiscal y su estado que cursen en contra del señor William Palacio Valencia identificado con cédula de ciudadanía 71608568.

El 15 de octubre de 2021 se llevó a cabo la audiencia de pruebas y se advirtió que dado que la parte actora no asistió a esta diligencia ni los testigos solicitados, entonces no se practicarían los testimonios decretados de los señores Elver Enrique Urzola Ruiz y Ofelia Conde Recuerdo solicitados por el demandante. Asimismo, la parte demandada solicitó que se fijara nueva fecha para recibir la declaración de la señora Divia Estela Escobar Mendoza por las dificultades para acudir virtualmente. Se aceptó la solicitud y se fijó audiencia para el día siguiente a las 3:00 p.m.

Contestaciones de la demanda

Consejo Nacional Electoral

La entidad vinculada no contestó la demanda.

5.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

5.2. Gilma Jiménez Angulo

Mediante apoderado, la concejal acusada intervino en los siguientes términos:

Indicó que el cargo imputado por la parte actora para fundamentar las pretensiones, además de ser infundado, está desprovisto de autoridad alguna y no encuentra respaldo en atención a dos factores: i) porque para el apoyo a un candidato de filiación política diferente, hizo manifiesta su objeción de conciencia del candidato del Partido Conservador y la motivó suficientemente y ii) porque jamás ocultó o denegó su filiación conservadora apropiándose de ideas o filosofías diferentes, por el contrario, fueron las banderas y principios del partido conservador las que elevó y que según su convicción no forman parte del patrimonio del candidato que avaló su partido y así lo hizo saber a sus directivos, con la exposición de demostrables razones.

Explicó que todas las evidencias fotográficas que trae el demandante, corresponden a la “búsqueda selectiva de datos” pues lo que acreditan es una actividad connatural y de la esencia misma del proselitismo político, ya que el querer de sus electores, conforme lo expuso en la objeción de conciencia soportada en sus legítimas convicciones, era el de promover un candidato que por sus condiciones éticas y morales, sumadas a un ejemplar comportamiento social y un atractivo programa de gobierno, era el merecedor de aquel apoyo y la voluntad de sus propios seguidores se manifestó en favor de Maturana González.

Expuso que asimismo, los registros fotográficos aportados dan cuenta de numerosos grupos de personas que apoyaron al candidato de la coalición “Alianza por un Turbo lleno de Fe”, quienes en pleno ejercicio del derecho de libre elección, rotularon dichos actos bajo el lema: “Conservadores con Andrés Felipe Maturana”, lo que no significa otra cosa que un grupo de personas con una ideología conservadora -ni siquiera y necesariamente militantes del Partido Conservador- apoyaron la candidatura de Gilma Jiménez Angulo al Concejo de Turbo, así como la aspiración de Maturana González a la alcaldía del municipio, lo cual es un derecho legítimo, en tanto que Colombia no es un Estado totalitario ni de partido único.

Formuló como excepción de mérito, la que denominó legalidad del acto administrativo acusado al considerar que la causal de doble militancia queda desvirtuada, a partir del análisis teórico de la figura y del estudio concreto de la situación endilgada, conforme a las pruebas allegadas.

6. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 20 de mayo de 2021 el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la elección de la señora GILMA JIMÉNEZ ANGULO identificada con la cédula de ciudadanía No. 45.759.636, como Concejal del Municipio de Turbo Antioquia por el Partido Conservador para el período 2020 - 2023, contenido en el Formulario de Resultado de Escrutinio E – 26 CON del 1 de noviembre de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR la cancelación de la credencial que certifica a la señora GILMA JIMÉNEZ ANGULO como Concejal del Municipio de Turbo, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas.

TERCERO: DECLARAR la falta de legitimación por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión al Concejo del Municipio de Turbo, al Partido Político Conservador Colombiano y a la Organización Electoral para que proceda a asignar a un nuevo miembro del Concejo de dicha entidad territorial como corresponda, conforme a la normatividad especial que regula la materia, toda vez que el presente medio de control no puede entrar a suplir las competencias de las autoridades electorales, sino solamente analizar la procedencia de la nulidad electoral invocada a la luz de lo desarrollado en el proceso judicial”.

Como fundamento de la decisión, manifestó en resumen lo siguiente:

Sostuvo que el apoderado de la demandada en momento alguno en la contestación de la demanda, negó el hecho de que su poderdante hubiera apoyado abiertamente al entonces candidato Felipe Maturana a la alcaldía del municipio de Turbo, quien aspiraba por la coalición denominada “Alianza por un Turbo lleno de Fe”; la defensa en este caso se centró en demostrar que teniendo en cuenta las calidades y cualidades del candidato avalado por el Partido Conservador la señora Gilma Jiménez Angulo presentó de manera oportuna objeción de conciencia en relación con el apoyo a este candidato y fue en virtud de ello, que respaldó una candidatura diferente.

Explicó que de conformidad con el artículo 165 del Código General del Proceso la confesión es un medio de prueba válido, y la que se hace por apoderado judicial conforme lo prevé el artículo 193 ibidem “valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.

Precisó que las manifestaciones y afirmaciones efectuadas en la contestación de la demanda, en su tenor, ostentan la calidad de una confesión espontánea de conformidad con lo previsto en el artículo 193 del C.G.P, como quiera que al tratarse del apoderado de la parte pasiva en el presente asunto, se presume que tenía la capacidad para confesar, en tanto que el otorgamiento del poder para la representación judicial lleva implícita esta facultad, en la etapa procesal en la que fue realizada.

Comentó que del material obrante en el proceso se encuentra acreditado que para las elecciones que serían llevadas a cabo el día 27 de octubre de 2019, se inscribió por el Partido Conservador como candidato a la Alcaldía del Municipio de Turbo, el señor William Palacio Valencia (Fls. 27-29). A su vez por este mismo movimiento político, se postuló la señora Gilma Jiménez Angulo al Concejo de esta Municipalidad.

Destacó que igualmente se encuentra probado que el partido Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS y el Grupo Significativo de Ciudadanos Movimiento Político Llenos de Fe, conformaron una coalición para apoyar a un solo candidato a la Alcaldía de Turbo, el cual era el señor Andrés Felipe Maturana González.

Mencionó que el apoderado de la parte demandada, aportó como prueba un oficio del día 09 de agosto de 2019 suscrito por la entonces candidata Gilma Jiménez Angulo y dirigido a la Dirección Nacional del Partido Conservador Colombiano, a través del cual manifestó la objeción de conciencia en relación con el apoyo al candidato William Palacio Valencia, arguyendo en esencia que en momento alguno se ha identificado a éste como militante, partidario y simpatizante de la ideología conservadora ni de la colectividad y en consecuencia solicitó “autorización para respaldar al candidato a la Alcaldía de Turbo – Antioquia, señor Andrés Felipe Maturana González, hoy inscrito por la Coalición Alianza por un Turbo Lleno de Fe, y en consecuencia se nos libere de toda responsabilidad legal y estatutaria, con miras a las elecciones del próximo 27 de octubre del año en curso”.

Resaltó que pese a que el mencionado oficio tiene fecha de recibido del Partido Conservador del 12 de agosto de 2019, dentro de las pruebas que obran en el plenario no reposa ninguna que indique o demuestre que este movimiento político hizo alguna manifestación en favor o en contra de la solicitud elevada por la ahora demandada.

Apuntó que con el fin de probar que la señora Gilma Jiménez Angulo incurrió en doble militancia, la parte actora con la demanda allegó una serie de fotografías “capturas de pantalla de la red social Facebook a nombre de Gilma Jiménez Angulo” a las cuales se les daría pleno valor probatorio y se tendría por acreditado que el perfil que allí aparece efectivamente pertenece a la demandada teniendo en cuenta que su apoderado en la contestación de la demanda señaló textualmente que “la gran mayoría de las fotografías y vídeos que hacen parte del material probatorio aportado con la demanda y a partir de lo cual se pretende deducir la conducta de doble militancia, fueron tomados del perfil de Facebook de la demandada o de sus seguidores; y resaltamos que ninguna de ellas han sido suprimidos (sic), pues la hoy Concejal de Turbo, ejerció una campaña pública, abierta, participativa y pluralista sin contravenir la Constitución o la Ley”.

Explicó que el material fotográfico, muestra tal y como el apoderado lo afirma en la contestación de la demanda, un respaldo abierto y público de la señora Gilma Jiménez Angulo al candidato por la coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, el señor Felipe Maturana González, pues se advierte claramente que la demandada a través de su perfil de la red social Facebook, expresó públicamente su apoyo al referido candidato como quiera que las imágenes compartidas retratan claramente a la candidata acompañada de personas que portaban camisetas azules con el eslogan “Conservadores con Felipe Maturana”, lo que respalda la confesión efectuada por su apoderado en cuanto a que, de manera libre y publica, apoyó la candidatura de la coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, de la cual no hacía parte el Partido Conservador, como quiera que éste tenía su propio candidato.

Argumentó que en lo que concierne a la objeción de conciencia, con la cual la demandada intenta justificar el espaldarazo que otorgó al candidato de la Coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, el Consejo de Estado, en reciente providencia, señaló: “(…) el acto de ponderación entre la norma que se va a desconocer y la objeción, es la concerniente al deber de apoyar a los suyos, pero no existe relación alguna entre el desconocimiento de la prohibición de la doble militancia y el que el demandado no comparta el programa de gobierno de la candidata inscrita por su colectividad. Estas razones, derivan en la necesidad de negar la presente petición de impugnación de la sentencia de primera instancia” (sin referir la cita).

Sustentó que aun cuando a la demandada le asistía la obligación de apoyar al candidato inscrito por el Partido Conservador, teniendo en cuenta que a través de este movimiento ella estaba aspirando al Concejo Municipal de Turbo, con la objeción de conciencia en efecto quedaba relevada de tal compromiso, pero ello no implica que estuviera facultada para apoyar abierta y públicamente una candidatura distinta a la inscrita por el partido al cual se encontraba afiliada, pues claramente dicho comportamiento contraría la Constitución y la Ley.

Aclaró que si bien en el expediente no obra prueba que en efecto el Partido Conservador le autorizó a la señora Gilma Jiménez Angulo, en virtud de la objeción de conciencia, apoyar a un candidato diferente al avalado por dicha organización, aun si aceptara en gracia de discusión que efectivamente el partido coadyuvó o avaló dicha conducta, el Consejo de Estado ha sido claro en cuanto a que la autonomía de los partidos y movimientos políticos para regular su funcionamiento y estructura interna encuentra límites claros en la Constitución y en la ley, los cuales son imperativos y de forzoso cumplimiento.

Concluyó que con la conducta asumida por la señora Gilma Jiménez Angulo, se configuró de manera clara la causal de nulidad electoral de doble militancia, toda vez que la demandada apoyó abiertamente la candidatura a la Alcaldía de Turbo de la Coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, pese que el Partido Conservador al cual pertenecía, había dado el aval e inscrito para dichas contiendas su propio candidato, de acuerdo con lo que se encontró probado en el proceso y la confesión efectuada por el apoderado de la demandada. Además, precisó que las fotografías aportadas por la parte demandante muestran que las publicaciones a través de la red social de Facebook, que efectuó la demandada y reflejaron el apoyo a la candidatura del señor Felipe Maturana, se postearon durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019, esto es, en el marco de las elecciones que se llevaron a cabo el día 27 de octubre de 2019.

7. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado de la demandada interpuso recurso de apelación el cual se concedió mediante providencia del día 17 de junio de 2021.

Los argumentos del escrito se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Sostuvo que no puede confundirse la confesión con la declaración de parte, habida cuenta que la confesión es un medio de prueba por el cual la parte capacitada para ello relata de forma expresa, consciente y libre hechos personales o que conoce, y que a ella le son perjudiciales, o por lo menos resultan favorables a la contraparte.

Explicó que la confesión judicial es aquella que se efectúa dentro de la Litis en cualquier momento del proceso, y la extrajudicial es aquella que está inserta dentro de otro medio de prueba, más allá del litigio, y su incursión en el proceso es objeto de debate. En cualquiera de los dos casos, es necesaria la declaración directa de la parte, de manera que se tenga certeza sobre el relato fidedigno de los hechos, pues sea judicial o extrajudicialmente, es inviable que un tercero pueda relatar de manera estricta la ocurrencia del hecho, máxime cuando el apoderado no fue sujeto de los hechos a partir de los cuales se originó el problema que se somete a consideración del juez.

Adujo algunos precedentes de la Corte Suprema de Justicia para precisar el alcance de la confesión.

Mencionó que no es suficiente que el Tribunal Administrativo de Antioquia haya sustentado la validez de la supuesta confesión realizada por el apoderado inicial de la señora Gilma Jiménez Angulo, es decir, el abogado Jhon Jairo Echeverri Vásquez a favor de actos de doble militancia, puesto que, abiertamente el mismo actuó en contravía de las pretensiones por las cuales fueron contratados sus servicios, es decir, la de defender los intereses de la accionada de cara a la demanda de nulidad electoral incoada por el accionante, motivo por el cual, fue relevado de su cargo tan pronto como se evidenció su exabrupto jurídico. En razón a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia basó su decisión de declarar actos de doble militancia de la señora Gilma Jiménez Angulo en las apreciaciones de un apoderado judicial, el cual es un tercero, que no es testigo fehaciente de los hechos, ni su actuación puede ser tomada como una declaración de parte, en virtud de que, no es una parte procesal de la litis en controversia.

Comentó que debe realizarse un análisis probatorio que permita identificar más allá de todo indicio y duda razonable actos de proselitismo político por parte de la señora Jiménez Angulo a favor del señor Maturana.

Sustentó que el a quo le otorgó valor probatorio inadecuado a las capturas de pantalla allegadas por el accionante de la nulidad electoral.

Aseguró que contrario a lo manifestado por el juez colegiado de primera instancia de las imágenes allegadas por el demandante, las cuales fueron utilizadas como sustento de la sentencia, no se evidencia asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en alguna medida por parte de la señora Jiménez Angulo a candidatos distintos a los avalados por su organización política. Motivo por el cual afirmó que no deben tenerse en cuenta las (5) fotografías aportadas por el actor, en razón a que las afirmaciones del apoderado que tenía la demandada respecto de las capturas de pantalla son meras apreciaciones, inferencias y juicios de valor que desbordan su ámbito de competencia, puesto que de las mismas no se puede extraer más que simples especulaciones.

Enfatizó que de las (5) capturas de pantalla analizadas, en las cuales se puede evidenciar (5) pruebas fotográficas, no es factible determinar que la publicidad o la organización para dicho movimiento o reunión se desprenda de una directriz directamente dada por la demandada, o que en las mismas sea la señora Gilma Jiménez Angulo la persona que directamente haga campaña, o proselitismo político a personas diferentes a los de su filiación política, por el contrario se puede observar que los eventos fueron organizados por terceros ajenos.

Precisó que la simple coincidencia en un mismo sitio de dos candidatos de diversos partidos, o de un candidato con simpatizantes de otras corrientes, sin otras pruebas adicionales, no implica necesariamente un apoyo indubitable o claro de un aspirante a otro; como tampoco basta que la demandada haya adoptado una actitud pasiva frente a determinada candidatura de su partido, aspecto que, si bien podría ser censurable a la luz de los seguidores de una agrupación política, hace parte de un ámbito ajeno al de la nulidad electoral por la causal endilgada.

Alegó que no se certificó si las fotografías pertenecen o no al perfil de la demandada, si corresponden a un perfil legítimo o a uno falso, si se trata de fotografías tomadas durante la campaña que precedió las elecciones del año 2019, si las fotografías fueron adulteradas o no, puesto que no se llevó a cabo la extracción y su correspondiente cadena de custodia por parte de un perito experto en informática. Lo anterior, afirmó, deja en entredicho la veracidad de los elementos probatorios que sustentaron la decisión de primera instancia, puesto que las fotografías adjuntadas con la demanda no tienen las condiciones técnicas por cuanto no tienen el perfil, la URL y el código de la imagen de cada uno de los perfiles consultados y no se presentó la procedencia de la foto, por lo que no puede decirse si son o no auténticas.

8. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Dentro del término concedido las partes se abstuvieron de presentar alegatos de conclusión.

9. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en los siguientes términos:

Sostuvo que la sentencia apelada debe ser confirmada, en virtud de que, contrario a lo considerado por la recurrente, en el plenario se demostró fehacientemente y más allá de toda duda, luego de la conjunción de la prueba de confesión por apoderado con la documental aportada y no controvertida dentro de su oportunidad, la doble militancia en la modalidad de apoyo de la demandada Gilma Jiménez Angulo.

Indicó que, en lo que respecta a la confesión por el apoderado de la señora Gilma Jiménez Angulo en la contestación de la demanda, se cumplen con los presupuestos normativos para ello, toda vez que en este caso, no estamos en presencia de una autorización expresa del poderdante si no en el ámbito irreductible de las presunciones de orden legal, y en atención a la misma literalidad de la norma, “Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”, en virtud de las afirmaciones hechas por el apoderado judicial en la contestación de la demanda, las que fueron consideradas por el a quo como confesión, respecto de hechos que devienen relevantes para el proceso de nulidad electoral.

Agregó que no se percibe de la realidad procesal, que existan vicios en cuanto a la capacidad, al poder dispositivo, la confesión discernida fue clara, consciente y libre, además que no versó sobre hechos personales del confesante ni del poderdante.

Expuso que el a quo consideró que el apoderado de la demandada, en momento alguno, negó el apoyo al entonces candidato Felipe Maturana González a la Alcaldía del Municipio de Turbo, quien aspiraba por una coalición, como quiera que la defensa, al conformar la litis contestatio se centró́ en otros aspectos, lo que es corroborado por esa Agencia con la simple revisión de la contestación de la demanda.

Sostuvo que, adicionalmente, la manifestación del apoderado en el recurso de apelación, según la cual, la actuación fue efectuada en contravía de los intereses del cliente, lo que condujo a que dicho apoderado fuera relevado de su cargo tan pronto como se evidenció su exabrupto jurídico, lo único que hace es corroborar la conclusión a la que llega el Tribunal, en el sentido que, evidentemente, se produjo la confesión.

Mencionó que en cuanto al segundo reproche relativo a la no acreditación de manera puntual, fehaciente o inequívoca que hubiera brindado su apoyo a candidatos que no pertenecían al Partido Conservador, encuentra que las razones esbozadas por el a quo son consistentes, como quiera que, contrario a lo expresado por la recurrente, en ningún momento basó su análisis sobre la actitud pasiva o no que tuviese la demandada frente a candidato (s) del partido conservador.

Precisó que de las fotografías, individualmente consideradas, no sería posible extraer mayores conclusiones eficaces, entre otras, porque cuatro (4) de ellas, fueron de la misma fecha, esto es, del 11 de septiembre de 2019, y en el mismo lugar (Centro Integral del Adulto Mayor Sector de la Playa), sino fuera, por lo manifestado en el punto 3º del acápite 3º de pruebas de la contestación, en el sentido que la gran mayoría de las fotografías y vídeos aportados con la demanda fueron tomadas del perfil de Facebook de la demandada o de sus seguidores.

Anotó que la quinta fotografía analizada en el fallo impugnado, publicada el día 8 de octubre de 2019, pudiera considerarse la más fidedigna de la causal prohibitiva, como quiera que en ella, se observa, sin que haya sido desvirtuado, la sede de la campaña de la candidata, ahora demandada, en el sector de “Punta Piedra”, apreciándose, al lado de su propaganda electoral, en similar dimensión, la del candidato a la alcaldía de Turbo Felipe Maturana.

Concluyó que en cuanto al tercer reproche, referido a la carencia de veracidad de las pruebas digitales, en el sentido de que no se certificó si las fotografías pertenecen o no al perfil de Facebook de la demandada, si es su perfil legítimo, si corresponden al calendario electoral 2019, si fueron o no adulteradas, o que no se realizó la extracción y su correspondiente cadena de custodia por parte de un perito, pues no tienen el perfil, la URL, el código de la imagen de cada uno de los perfiles consultados, o que no se presentó su procedencia, constituyen reparos que para esa Delegada resultan extemporáneos, habida cuenta que ese debate debió hacerse en la oportunidad procesal adecuada, vale decir, en la contestación de la demanda.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada contra la sentencia del 20 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152 numeral 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Problema jurídico

Le corresponde a esta Sección resolver, en los precisos términos expuestos en el recurso de apelación, si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de mayo de 2021.

Para el efecto, se debe determinar si la concejal demandada incurrió en la causal de doble militancia por apoyo, como lo encontró probado el Tribunal en primera instancia, o si, como lo señala la recurrente: i) el a quo le dio un alcance de confesión que no tiene a las consideraciones efectuadas por el apoderado de la demandada en la contestación ii) las fotografías y demás pruebas valoradas no acreditan de manera puntual, fehaciente o inequívoca el apoyo por parte de la señora Gilma Jiménez Angulo a candidatos a la alcaldía de Turbo, Antioquia, que no pertenecían al Partido Conservador y, iii) las pruebas fotográficas aportadas carecen de autenticidad y validez.

3. De la causal de doble militancia

La prohibición de doble militancia fue establecida en el artículo 107 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, el cual señaló lo siguiente: "En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica". En sus incisos finales, la norma también señaló que "Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a ·la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones". El mandato de esta preceptiva incluida en la Carta Política debe entenderse en concordancia con la regulación contenida en la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual fueron adoptadas las reglas de la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales, cuyo artículo 2º dispuso lo siguiente:
“ARTICULO 2. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia· a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se ·adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos. Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten fa Investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar, al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos. El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción [...]". Posteriormente, la Ley 1437 de 2011, por medio de la cual fue expedido el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indicó en el artículo 275 lo siguiente:
“ARTICULO 275. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
[...]
8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política [...]". De manera que, la prohibición de pertenencia simultánea a más de una organización política, es decir, la doble militancia, se introdujo en el sistema colombiano con el fin de fortalecer a los partidos y movimientos políticos y crear un régimen en donde se proscribe y sanciona el transfuguismo. Se trata así de un instituto que resulta ser el producto de la tensión que se presenta entre la libertad concedida a los ciudadanos para fundar, estructurar y hacer parte de organizaciones políticas y el principio de democracia representativa que exige de éstos una coherencia en su actuar para el fortalecimiento de los partidos y movimientos a la base del republicanismo colombiano. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sala de Sección ha reconocido, de forma pacífica, la existencia de 5 modalidades de doble militancia, así:

Fundamento normativo y conducta prohibida
Sujeto de la prohibición
Derechos políticos que se limitan
“En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.” (Inciso 2º del artículo 107 de la Constitución Política)

Ciudadanos

La libertad de afiliación a los partidos políticos (Art. 107 C.P.)
“Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política)

Quienes han participado en consultas partidistas e interpartidistas

El derecho al sufragio pasivo (Art. 40.1 C.P.)
“Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política)

Miembros de una corporación pública

El derecho al sufragio pasivo y a la representación política (Art. 40.1 C.P.)
“Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)

Elegidos, candidatos y quienes ostentan cargos de dirección, gobierno, administración y control en los partidos y movimientos políticos

La libertad de tomar parte en elecciones (Art. 40.3 C.P.)
“Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)

Directivos de partidos y movimientos políticos

Derecho al sufragio pasivo (Art. 40.1 C.P.) y libertad de hacer parte de organizaciones políticas (Art. 107 C.P.)

El incumplimiento de cualquiera de las situaciones descritas, de acuerdo con las condiciones en las que se encuentre el infractor, podrán dar lugar a sanciones reglamentarias y administrativas –v.gr. la revocatoria de la inscripción del candidato incurso en la prohibición–, e incluso a la declaratoria de nulidad de la elección del funcionario democráticamente designado –como lo solicita el demandante en esta oportunidad–, tras la expedición de la Ley 1437 de 2011, que puso punto final a las discusiones que sobre las consecuencias jurídicas de la doble militancia se presentaron con anterioridad a la vigencia del CPACA. 3.1 Presupuestos para la configuración de la doble militancia en su modalidad de apoyo
En atención a que en el caso bajo estudio se invoca la configuración de la modalidad consistente en miembros de organizaciones políticas que apoyan a candidatos de otra organización, se estima pertinente reiterar los elementos que la configuran, que han sido destacados en varias oportunidades por la Sección:
“i) Un sujeto activo, según el cual deben abstenerse de realizar la conducta prohibitiva, de un lado, los que detenten algún tipo de cargo directivo, de gobierno, administración o control dentro de la organización política, y de otro, los que hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular.
ii) Una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al inscrito por la organización política a la que se encuentren afiliadas las personas descritas anteriormente. Ahora bien, no se puede perder de vista que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha señalado que esta modalidad de doble militancia incluso se materializa en los casos en los que la colectividad política, por alguna circunstancia, no tiene candidato político para el respectivo cargo uninominal, pero de manera libre, voluntaria expresa y pública decide brindar su apoyo a determinado candidato inscrito por otro grupo político, pues ha entendido que esos eventos el conglomerado político opta por secundar a cierto candidato, pese a no tener uno propio. Así las cosas, no cabe duda de que lo que esta modalidad de doble militancia proscribe es la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.
iii) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma, una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones.

Esto es así, porque solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra, y por ende, solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas.”
En cuanto el elemento de la conducta prohibitiva, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones del fallo del 3 de diciembre de 2020 de la Sección Quinta de esta Corporación, a través de las cuales a partir de la jurisprudencia electoral se precisaron aspectos tales como: (i) la estructuración del apoyo exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos en favor del candidato perteneciente a otro partido político. (ii) Los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración de la situación de inelegibilidad puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política. (ii) El apoyo indebido se configura de manera independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido. (iv) La probanza del comportamiento prohibido debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial de elementos de juicio que permitan superar toda duda razonable. (v) El actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:

“En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la asistencia censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos que demuestren el favorecimiento político al candidato de otra organización. En ese orden, en decisión de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, esta Judicatura explicó al respecto:
“Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo atrás la Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha prohibición exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor del candidato perteneciente a otro partido político.”
De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido como sustento la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la puesta en marcha de acciones –presupuesto modal– que buscan el patrocinio de una candidatura ajena a la organización política que acompaña al demandado –presupuesto teleológico–. Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, que las abstenciones atribuidas por la parte actora al Concejal acusado –cimentadas en la realización de reuniones políticas sin la presencia del aspirante a la Alcaldía de Soacha inscrito por el partido que lo avalaba–, no disponían de la virtualidad de configurar la doble militancia por apoyo de cara a la ausencia de actos positivos y concretos que permitieran materializarla. En ese punto, la Sección expuso:(…)
Pero no solo estos aspectos del respaldo proscrito han sido modelados por la jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho referencia a la frecuencia con la que deben producirse las acciones que denotan asistencia, afirmando que los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración de esta modalidad de la doble militancia puede probarse a través de una sola manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política. De otra parte, se ha establecido que el apoyo indebido se configura de manera independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –carácter autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario que “…el apoyo tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al regular la doble militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de este carácter, ni limitó sus alcances a este tipo de factores.”
Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido en la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más allá de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a través del cual se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a la avalada por el partido o movimiento político del que hace parte el accionado. Así, en la citada decisión de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, esta Judicatura aseveró respecto de la acreditación probatoria del apoyo:
“De esa manera, la Sala estima pertinente aclarar que la demostración del presunto apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad política distinta, debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial tantos elementos de juicio que permita superar toda duda razonable para que éste pueda colegir que en el caso en concreto se presentó la causal de nulidad endilgada (doble militancia) y de esa forma advertir que el candidato traicionó la voluntad de su electorado. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando en el expediente obran medios de convicción de los que se derivan patrocinios políticos claros, como la invitación al electorado a sufragar por un aspirante Conservador a la Gobernación del Tolima, cuando se ostenta la condición de candidato del Partido Alianza Verde a la Asamblea departamental, en el marco de programas radiales.

Por último, la Sección resalta que, como fuere estimado en reciente providencia de 20 de agosto de 2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:
“Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en materia de doble militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a los propios del partido o movimiento político al cual se encuentran afiliados, no recibir apoyo de agrupaciones políticas diferentes a la que inscribe a un aspirante a un cargo de elección popular.””.

De otra parte, se estima pertinente reiterar que la doble militancia en nuestro ordenamiento jurídico es tridimensional, es decir, no solo irradia la disciplina partidista, sino que también protege al elector y al sistema democrático en materias de decisión de las bancadas por ejemplo .
De manera que, resulta de especial importancia la protección de los derechos constitucionales del elector, respecto de la cual vale la pena destacar que desde 1991 el Estado colombiano optó por estructurarse como un Estado Social de Derecho. Este principio fundante tiene múltiples implicaciones relacionadas con las decisiones que se toman en su interior. En efecto, a la democracia representativa se le suma de manera trascendente la democracia directa o participativa. En este contexto, el pueblo en calidad de soberano adquiere un mayor realce, a partir del conjunto de derechos que hace posible la participación. En esa medida, la Constitución Política advierte que todo ciudadano tiene derecho a participar de la conformación, ejercicio y control del poder político; para tal efecto cuenta con la posibilidad de “elegir y tomar parte en elecciones participando políticamente” y en los escenarios civiles, como puede ser los mecanismos de democracia participativa y en todos los asuntos, de cualquier índole, que les afecte.
Téngase presente que en una democracia participativa los elegidos son verdaderos voceros de la voluntad popular y están sometidos al mandato de los electores, de allí que – a diferencia de la democracia representativa, “el ciudadano conserva en todo momento sus derechos políticos para controlar a su representante, porque dicha elección no supone la transferencia de la soberanía popular, sino que lo inviste de legitimidad para actuar como un delegado del Pueblo”.
La misma Constitución señala la manera en la cual deben salvaguardarse los derechos del elector. Ciertamente, corresponde al aparato estatal velar por que dicho derecho se desarrolle sin mácula alguna. Se establece que la organización electoral debe suministrar a los votantes instrumentos que les permitan identificar con claridad los movimientos, partidos políticos y candidatos. En consecuencia, la ley puede implantar mecanismos de votación que tiendan siempre a “garantizar” el libre ejercicio del derecho del elector. “Libertad y garantía” igualmente respaldadas por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
La base de los derechos constitucionales del elector, radica en el ejercicio libre del derecho, forjándose de esta manera en el núcleo esencial del derecho fundamental al voto. Así pues, es la “libertad” del sufragante y su protección lo que permite hablar de “democracia”; por ende, sin dicha “libertad” y sin la salvaguarda de la misma, no puede estarse en presencia de un Estado Democrático.
En este orden de ideas, hace parte de esas reglas de protección de la “libertad del elector” la pretensión consistente en que en el proceso electoral, el que sea, se comporte bajo la “doble exigencia de lealtad y claridad”. La Corte Constitucional, al fijar los parámetros anotados en punto de los referendos, sentó las bases aplicables a cualquier proceso democrático respecto de la “lealtad y claridad” que deben arropar a los electores en cualquier trámite de toma de decisión. Por eso la necesidad imperiosa que en momento alguno se induzca al elector a engaños, manipulaciones, artilugios o equívocos, que alteren su convencimiento al momento de ejercer su derecho fundamental.
Así pues, la prohibición constitucional de doble militancia surge de la confianza depositada por el elector en un determinado y específico plan de acción política. Confianza que no puede verse estropeada y arruinada, por la decisión personalista y egoísta del candidato o elegido de no honrar el acuerdo tácito – tanto programático como ideológico -con su elector.
4. El caso concreto

4.1. Pruebas aportadas al expediente

1. Copia del Acuerdo de Coalición denominado “Coalición Programática y Política entre el Partido Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS- y el Grupo significativo de ciudadanos “Movimiento Político Llenos de Fe”, para inscribir candidato a cargo uninominal a la Alcaldía del Distrito de Turbo para las elecciones locales del 27 de octubre de 2019” (Fls. 17 a 23).

2. Copia del Formulario Electoral E-6 AL, a través del cual el señor Felipe Maturana González, elevó solicitud para la inscripción a la Alcaldía de Turbo por la Coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, fechado 26 de julio de 2019 (Fls. 24-26)

3. Copia del formulario E-6 AL, por medio del cual se surtió la inscripción del candidato por el Partido Conservador a la Alcaldía de Turbo, señor William Palacio Valencia (Fls. 27-29)

4. Copia del formulario E-6 CON de fecha 25 de julio de 2019, por medio del cual se dio la inscripción de una listad de candidatos del Partido Conservador al Concejo del Municipio de Turbo por voto preferente. (Fls. 30-31)

5. Actas parciales del escrutinio municipal correspondiente al Concejo del Municipio de Turbo. (Fls. 32-46).

6. CD contentivo de unos videos y un material fotográfico “captura de pantalla” de la red social Facebook. (Fl. 16)

7. Oficio fechado del 09 de agosto de 2019, suscrito por la señora Gilma Jiménez Angulo a través del cual hace manifiesta su declaración de objeción de conciencia en relación con el apoyo y el aval que el Partido Conservador otorgó al señor William Palacio Valencia, el cual tiene fecha de recibido el día 12 de agosto de 2019 a las 9:30AM. (Fls. 86-89).

8. Oficio de fecha 30 de enero de 2020 denominado “DECLARACIÓN LEY 1910 (sic) DE 2018 PARTIDO CONSERVADOR, MUNICIPIO DE TURBO-ANTIOQUIA” (Fls. 90-91)

9. Oficio No. 82118 del 04 de septiembre de 2020, a través del cual la Contraloría General de la República, certifica la existencia de procesos de responsabilidad fiscal que cursan en contra del señor William Palacio Valencia (Archivos 015 y 015-1 del expediente electrónico).

10. Testimonio rendido por la señora Divia Estela Escobar Mendoza en la audiencia de pruebas llevada a cabo el día 16 de octubre de 2020.

11. Oficio No. DSC-20300 del 26 de noviembre de 2020, por medio del cual la Fiscalía General de la Nación certifica la existencia de las diferentes investigaciones penales adelantadas en contra del señor William Palacio Valencia (Archivos 025 y 025.1 del expediente electrónico).

4.2. Análisis de los argumentos de la apelación:

Como viene de explicarse, la apelante sustentó el recurso contra la sentencia de primera instancia, en tres reparos puntuales: i) el a quo le dio un alcance de confesión que no tiene a las consideraciones efectuadas por el apoderado de la demandada en la contestación, ii) las fotografías y demás pruebas valoradas no acreditan de manera puntual, fehaciente o inequívoca el apoyo por parte de la señora Gilma Jiménez Angulo a candidatos a la alcaldía de Turbo, Antioquia, que no pertenecían al Partido Conservador y, iii) las pruebas fotográficas aportadas carecen de autenticidad y validez.

De manera que, la Sala analizará cada uno de los cargos formulados por la recurrente, de manera individual como sigue:

4.2.1 La validez de la confesión hecha en la contestación de la demanda por el apoderado de la señora Gilma Jiménez Angulo

Según se tiene, el Tribunal Administrativo de Antioquia construyó su teoría del caso bajo el supuesto que, el apoderado de la demandada en momento alguno en la contestación de la demanda, negó el hecho de que su poderdante hubiera apoyado abiertamente al entonces candidato Felipe Maturana a la alcaldía del municipio de Turbo, quien aspiraba por la coalición denominada Alianza por un Turbo lleno de Fe; la defensa en este caso, sostuvo el a quo, se centró en demostrar que teniendo en cuenta las calidades y cualidades del candidato avalado por el Partido Conservador, la señora Gilma Jiménez presentó de manera oportuna objeción de conciencia en relación con el apoyo a este candidato y fue en virtud de ello, que respaldó una candidatura diferente.

En ese orden de ideas, el juez de primera instancia advirtió que de conformidad con el artículo 165 del Código General del Proceso la confesión es un medio de prueba válido, y la que se hace por apoderado judicial conforme lo prevé el artículo 193 ibidem “valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.

En la misma línea refirió el a quo que la jurisprudencia ha decantado algunos elementos necesarios para que la confesión se produzca: (i) que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; (ii) que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria; iii) que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba; iv) que sea expresa, consciente y libre y, v) que verse sobre hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento, y para el caso de la confesión de representante, el Estatuto Procesal señala que puede extenderse a hechos o actos anteriores a su representación.

De manera que, para el Tribunal, las manifestaciones y afirmaciones efectuadas en la contestación de la demanda, ostentan la calidad de una confesión espontánea de conformidad con lo previsto en el artículo 193 del C.G.P., como quiera que al tratarse del apoderado de la parte pasiva en el presente asunto, se presume que tenía la capacidad para confesar, en tanto que el otorgamiento del poder para la representación judicial lleva implícita esta facultad, en la etapa procesal en la que fue realizada.

Sobre el particular, el apoderado de la recurrente destaca que resultaba necesaria la declaración directa de la parte para tener como válida la confesión, de manera que se tenga certeza sobre el relato fidedigno de los hechos, pues sea judicial o extrajudicialmente, es inviable que un tercero pueda relatar de manera estricta la ocurrencia del hecho, máxime cuando el apoderado en este caso no fue sujeto de los hechos a partir de los cuales se originó el problema que se somete a consideración del juez.

De modo que, para el recurrente no era suficiente que el Tribunal Administrativo de Antioquia sustentara la validez de la supuesta confesión realizada por el apoderado de la señora Gilma Jiménez Angulo, puesto que él actuó abiertamente en contravía del propósito para el cual fue contratado, esto es, defender a la demandada de las pretensiones de la nulidad electoral, motivo por el cual fue relevado de su mandato tan pronto se advirtió dicha circunstancia. Pese a ello sostiene que en primera instancia se le dio pleno valor a las apreciaciones de un apoderado judicial, el cual es un tercero, que no es testigo fehaciente de los hechos, ni su actuación puede ser tomada como una declaración de parte, en virtud de que no es una parte procesal en este asunto.

Sobre el particular, la Sala considera que no le asiste razón a la apelante en tanto que, el artículo 193 del C.G.P. sobre la confesión por apoderado judicial prevé:

“La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.

Además, debe precisarse que la Corte Constitucional en la sentencia C-551 de 2016 declaró exequible las expresiones “la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario”, de la norma antes referida y anotó en dicha providencia, lo siguiente:

“Tanto la doctrina, así como algunos de los intervinientes en el presente proceso, han señalado que la modificación de la figura de la confesión por apoderado tiene por finalidad asegurar mayor responsabilidad tanto entre cliente y abogado, como entre este y los demás sujetos procesales, impidiendo que lo dicho en los actos procesales previstos en el artículo 193 sean una mera formalidad en los eventos en los que el poderdante hubiere limitado la capacidad de confesar de su apoderado. Es decir, en términos constitucionales, lo que persigue el nuevo esquema es garantizar una más eficiente administración de justicia (Art. 229 de la Carta). (…) En todo caso se debe señalar que la realizada por apoderado es una confesión en toda regla y por tanto se debe sujetar a las exigencias del Código. Esto es, aunque se surta a través del abogado, debe ceñirse a los requisitos –ya explicados- del artículo 191 para que pueda ser tenida como válida. Además, al ser otro medio de prueba de los previstos en el ordenamiento, su apreciación se debe hacer de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del Estatuto Procesal; esto es, en conjunto con los demás y de acuerdo con la sana crítica. Además, como se indicó, este medio judicial de establecer la verdad del proceso no equivale a ella; es decir, es una (sic) de los múltiples elementos a considerar para dictar sentencia y podrá, por expresa disposición del legislador, ser infirmada; esto es, como se explicó, que admitirá prueba en contrario”.

De manera que, para que sea válida la confesión por apoderado se requiere:

1. Autorización expresa del poderdante salvo la presunción en relación con aquellos actos procesales en los que, por el mero hecho de otorgar poder, se entiende que el poderdante faculta a su abogado para confesar (demanda, excepciones, contestaciones, audiencia inicial),

2. Ceñirse a los requisitos del artículo 191 CGP: capacidad, poder dispositivo, y que la confesión sea clara, consciente, libre y que verse sobre hechos personales del confesante, o de los que deba tener conocimiento.

En el caso bajo estudio es claro que: i) la señora Gilma Jiménez Angulo le otorgó poder a su abogado para que contestara la demanda en el presente proceso y representara sus intereses en esta causa, de manera que, por ese solo hecho, se entiende que facultó a su abogado para confesar, de conformidad con el artículo 193 del CGP y ii) las afirmaciones efectuadas por el apoderado judicial en la contestación de la demanda, las que fueron consideradas por el a quo como confesión, se refieren a los hechos que devienen relevantes para el proceso de nulidad electoral y que hacen parte de la órbita personal de la demandada de los cuales, en virtud del mandato, se entiende que tenía pleno conocimiento.

Adicionalmente, sobre la confesión mediante apoderado judicial, esta Sección se ha pronunciado en varias oportunidades, para precisar que “en virtud de lo dispuesto en el artículo 193 del CGP, la confesión por apoderado judicial valdrá en la medida que cuente con autorización para hacerla, y que se entiende otorgada para la contestación.  Recuérdese que, contrario a lo señalado por el recurrente, las disposiciones aplicables al proceso electoral, en lo concerniente a la confesión, son las normas del Código General del Proceso y no, como lo quiso destacar el apelante, las normas del Código de Procedimiento Penal a las que remiten los procesos de carácter disciplinario, pues, el medio de control de nulidad electoral es un juicio de carácter objetivo, no subjetivo”.

Ahora bien, aun cuando es diáfano que el apoderado de la demandada sí tenía la potestad para confesar sobre los hechos que le constaban, debe precisarse si, de las declaraciones efectuadas en la contestación, podía derivarse una confesión de la causal de doble militancia en la que incurrió presuntamente la demandada.

Pues bien, el profesional del derecho aseguró en la contestación que: i) para el apoyo a un candidato de filiación política diferente, la demandada hizo manifiesta su objeción de conciencia respecto del candidato del Partido Conservador y la motivó suficientemente y ii) jamás ocultó o denegó su filiación conservadora apropiándose de ideas o filosofías diferentes, por el contrario, fueron las banderas y principios del partido conservador las que elevó y que según su convicción no forman parte del patrimonio del candidato que avaló su partido y así lo hizo saber a sus directivos, con la exposición de demostrables razones.

Explicó que todas las evidencias fotográficas que trae el demandante, corresponden a la “búsqueda selectiva de datos” pues lo que acreditan es una actividad connatural y de la esencia misma del proselitismo político, ya que el querer de sus electores, conforme lo expuso en la objeción de conciencia soportada en sus legítimas convicciones, era el de promover un candidato que por sus condiciones éticas y morales, sumadas a un ejemplar comportamiento social y un atractivo programa de gobierno, era el merecedor de aquel apoyo y la voluntad de sus propios seguidores se manifestó en favor de Maturana González.

Expuso asimismo que, los registros fotográficos aportados dan cuenta de numerosos grupos de personas que apoyaron al candidato de la coalición “Alianza por un Turbo lleno de fe”, quienes en pleno ejercicio del derecho de libre elección, rotularon dichos actos bajo el lema: “Conservadores con Andrés Felipe Maturana”, lo que no significa otra cosa que un grupo de personas con una ideología conservadora -ni siquiera y necesariamente militantes del Partido Conservador- apoyaron la candidatura de Gilma Jiménez Angulo al Concejo de Turbo, así como la aspiración de Maturana González a la alcaldía del municipio, lo cual es un derecho legítimo, en tanto que Colombia no es un Estado totalitario ni de partido único.

Finalmente, de manera textual en la contestación de la demanda señaló: “y es en el marco fáctico de la decisión del Concejal de Turbo GILMA JIMENEZ, en razón a que la comunicación de objeción de conciencia entregada el 09 de agosto de 2019 y debidamente motivada, además, le permitía – conforme a la jurisprudencia de la alta corte-, legítimamente respaldar a un candidato que, aunque no tenía el aval de su partido, fue un candidato de una amplia coalición partidista y social…”

De lo anterior, para la Sala no hay duda de que el apoderado de la demandada aceptó que la señora Gilma Jiménez Angulo apoyó al señor Andrés Felipe Maturana González como candidato a la alcaldía de Turbo, Antioquia, por la Coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe” en virtud de la objeción de conciencia que manifestó respecto del candidato del Partido Conservador, la cual asegura motivó suficientemente ante el referido partido.

Es claro entonces que la intención de la demandada era promover un candidato que por “sus condiciones éticas y morales sumadas a un ejemplar comportamiento social y un atractivo programa de gobierno”, fuera el merecedor de aquel apoyo y la voluntad de sus propios seguidores se manifestó en favor de Maturana González, candidato a la alcaldía de Turbo por una coalición en la que no participó el Partido Conservador, pues éste tenía su propio candidato, frente al cual, se reitera, la demandada presentó objeción de conciencia.

De modo que, resulta diáfano que las afirmaciones y consideraciones efectuadas en la contestación de la demanda, dan cuenta del apoyo que la señora Gilma Jiménez Angulo le ofreció al candidato Andrés Felipe Maturana González por la coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, quien no contaba con el respaldo del partido para el cual la demandada militaba, esto es, el Partido Conservador.

No obstante lo anterior, dicha confesión no resulta suficiente para demostrar la causal de doble militancia endilgada, pues como bien lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-551 de 20016 “al ser otro medio de prueba de los previstos en el ordenamiento, su apreciación se debe hacer de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del Estatuto Procesal; esto es, en conjunto con los demás y de acuerdo con la sana crítica”.

En consecuencia, aun cuando el reparo señalado por la recurrente, relativo a que la confesión efectuada por su apoderado en la contestación de la demanda carece de validez, no debe prosperar, la Sala debe avanzar en el estudio de los demás cargos del recurso de apelación con el fin de constatar si la valoración efectuada por el Tribunal fue acertada, respecto a la confesión descrita líneas atrás junto con los demás medios de prueba; es decir, si constituyen sin lugar a duda, la acreditación de la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo.

4.2.2 De la valoración del acervo probatorio que da cuenta de la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo

Sobre el particular, el Tribunal encontró probado que para las elecciones que serían llevadas a cabo el día 27 de octubre de 2019, se inscribió por el Partido Conservador como candidato a la Alcaldía del Municipio de Turbo, el señor William Palacio Valencia. A su vez por este mismo movimiento político, se postuló la señora Gilma Jiménez Angulo al Concejo de esta municipalidad

En igual sentido, advirtió que el partido Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS– y el Grupo Significativo de Ciudadanos Movimiento Político Llenos de Fe, conformaron una coalición para apoyar a un solo candidato a la alcaldía de Turbo, el cual era el señor Andrés Felipe Maturana González.

Asimismo, se demostró que en las elecciones realizadas el día 27 de octubre de 2019, la señora Gilma Jiménez Angulo, fue elegida como concejal del Municipio de Turbo, conforme se deriva del Formulario E-26 CON.

El apoderado de la parte demandada, aportó como prueba un oficio del día 9 de agosto de 2019 suscrito por la entonces candidata Gilma Jiménez y dirigido a la Dirección Nacional del Partido Conservador Colombiano, a través del cual manifiesta la objeción de conciencia en relación con el apoyo al candidato William Palacio Valencia, en el que argumenta que en momento alguno se ha identificado a éste como militante, partidario y simpatizante de la ideología conservadora ni de la colectividad y en consecuencia solicitó “autorización para respaldar al candidato a la Alcaldía de Turbo – Antioquia, señor Andrés Felipe Maturana González, hoy inscrito por la Coalición Alianza por un Turbo Lleno de Fe, y en consecuencia se nos libere de toda responsabilidad legal y estatutaria, con miras a las elecciones del próximo 27 de octubre del año en curso”.

Sobre dicho oficio, el Tribunal consideró que aun cuando tiene fecha de recibido del Partido Conservador del 12 de agosto de 2019, dentro de las pruebas que obran en el plenario no reposa ninguna que indique o demuestre que este movimiento político hizo alguna manifestación en favor o en contra de la solicitud elevada por la demandada.

Ahora, con el fin de probar que la señora Gilma Jiménez Angulo incurrió en doble militancia, la parte actora con la demanda aportó una serie de fotografías “capturas de pantalla de la red social Facebook a nombre de “Gilma Jiménez Angulo” a las cuales el Tribunal le otorgó pleno valor probatorio y tuvo por acreditado que el perfil que allí aparece efectivamente pertenece a la demandada teniendo en cuenta que su apoderado en la contestación de la demanda señaló textualmente que “la gran mayoría de las fotografías y vídeos que hacen parte del material probatorio aportado con la demanda y a partir de lo cual se pretende deducir la conducta de doble militancia, fueron tomados del perfil de Facebook de la demandada o de sus seguidores; y resaltamos que ninguna de ellas han sido suprimidos (sic), pues la hoy Concejal de Turbo, ejerció una campaña pública abierta, participativa y pluralista sin contravenir la Constitución o la Ley”.

Frente a este material probatorio, el Tribunal encontró probado que tal y como el apoderado lo afirmó en la contestación de la demanda, existió un respaldo abierto y público de la señora Gilma Jiménez al candidato por la coalición Alianza por un Turbo Lleno de Fe, esto es, el señor Felipe Maturana González.

Para llegar a esa conclusión, el a quo anunció que de las fotografías aportadas por el demandante se advierte claramente que la señora Gilma Jiménez, a través de su perfil de la red social Facebook, expresó públicamente, su apoyo al candidato a la Alcaldía de Turbo Andrés Felipe Maturana González, como quiera que las imágenes compartidas retratan claramente a la candidata acompañada de personas que portaban camisetas azules con el eslogan “CONSERVADORES CON FELIPE MATURANA”, lo que respalda la confesión efectuada por su apoderado en cuanto a que de manera libre y pública, apoyó la candidatura de la coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, de la cual no hacía parte el Partido Conservador, comoquiera que, como se señaló anteriormente, tenía su propio candidato.

No obstante lo anterior, la apelante considera que, contrario a lo manifestado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de las imágenes allegadas por el demandante no se evidencia asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma por parte de la señora Jiménez Angulo a candidatos distintos a los avalados por su organización política. Motivo por el cual afirmó que no debe tenerse en cuenta las (5) fotografías aportadas por el actor, en razón a que, de las mismas no se puede extraer más que simples especulaciones.

Enfatizó que de las (5) capturas de pantalla analizadas, en las cuales se puede evidenciar (5) pruebas fotográficas, no es factible determinar que la publicidad o la organización para dicho movimiento o reunión se desprenda de una directriz directamente dada por la demandada, o que en las mismas sea la señora Gilma Jiménez Angulo la persona que directamente haga campaña, o proselitismo político a personas diferentes a los de su filiación política; por el contrario se puede evidenciar que los eventos fueron organizados por terceros ajenos.

Precisó que la simple coincidencia en un mismo sitio de dos candidatos de diversos partidos, o de un candidato con simpatizantes de otras corrientes, sin otras pruebas adicionales, no implica necesariamente un apoyo indubitable o claro de un aspirante a otro.

Pues bien, sobre estos argumentos de apelación la Sala considera que no le asiste razón a la recurrente como pasa a explicarse.

En primer lugar, debe precisarse que la objeción de conciencia que efectuó la demandada, respecto a la candidatura del aspirante William Palacio Valencia ante la Dirección Nacional del Partido Conservador, no la autorizaba para apoyar a otros candidatos de otros partidos para la alcaldía de Turbo, Antioquia. Así, aun cuando la señora Gilma Jiménez Angulo solicitó ante dicho partido que aceptara la referida objeción y autorizara el respaldo que ella quería otorgarle al candidato Andrés Felipe Maturana González, en el plenario no obra prueba que demuestre que el Partido Conservador se pronunció respecto de dicha petición.

De cualquier forma, aun cuando se hubiera pronunciado, esta Sección precisó el alcance de la objeción de conciencia, a propósito de la causal de doble militancia, y aclaró:

“99. El sentido de objetar, no es otro diferente a la negativa a realizar actos o servicios invocando motivos éticos, es decir en una conducta negativa, es el no hacer, lo cual en este caso se materializó en el no apoyo a la candidata de colectividad, postulado que le fuera permitido al interior de su colectividad; pero, el hecho de apoyar a otra candidatura (acción positiva), no se comprende dentro de este mismo ámbito de protección, toda vez que el ideario por el que fue creado el Partido de la U y que le permite ser al demandado su candidato al concejo de Popayán, es el vínculo que no puede desconocerse y mucho menos ser objetado, porque ello sería tanto como decir que su colectividad política no lo representa.

100. De otra parte, en la denominada objeción de conciencia, la posibilidad de actuar en contra de alguna norma en particular no es desde luego absoluto y, por tanto, debe ponderarse con el bien jurídico protegido por la norma que se desacata. De manera que las personas no están autorizadas constitucionalmente para desatender cualquier norma por el solo hecho de que ella se enfrente a su conciencia.

101. En este caso, el enfrentamiento entre su conciencia y el deber impuesto fue el de no acompañar el ideario político plasmado por la candidata Joaqui Joaqui, pero de este no se puede derivar válidamente la infracción directa de los mandatos Constitucionales y estatutarios, referentes a doble militancia, por cuanto no es una prerrogativa que se derive del derecho fundamental de objeción, en los términos expuestos por la Corte Constitucional”.

En segundo lugar, en lo que respecta a las fotografías, dista la Sala de las apreciaciones de la recurrente en el sentido de afirmar que “de las mismas no se puede extraer más que simples especulaciones”.

En efecto, como lo advirtió la agente del Ministerio Público, de las fotografías individualmente consideradas, no sería posible extraer mayores conclusiones de manera contundente, entre otras, porque cuatro (4) de ellas fueron de la misma fecha, esto es, del 11 de septiembre de 2019, y en el mismo lugar (Centro Integral del Adulto Mayor Sector de la Playa). Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado en el punto 3º del acápite 3º de pruebas de la contestación de la demanda, se precisa que la mayoría de las fotografías y vídeos aportados fueron tomadas del perfil de Facebook de la demandada o de sus seguidores y que incluso no habían sido borradas de dicho perfil.

En dichas fotografías se observa que la demandada aparece vestida de blanco en su parte superior (en contraste con la fotografía que aparece en el escrito introductorio) no obstante, en su vestimenta, no se observa el eslogan de campaña del señor Maturana González, dado que este se verifica únicamente en las camisetas azules de los adultos mayores que la rodean con el eslogan que dice “CONSERVADORES CON FELIPE MATURANA”.

Con todo, en la fotografía que se observa arriba -analizada en el fallo recurrido- publicada el día 8 de octubre de 2019, se evidencia, sin que haya sido desvirtuado, la sede de la campaña de la candidata, ahora demandada, en el sector de “Punta Piedra” apreciándose al lado de su propaganda electoral, en similar dimensión, la del candidato a la alcaldía de Turbo, Antioquia, Andrés Felipe Maturana. Además, aparece una persona similar a la figura de la demandada (en contraste con las demás fotografías), con una camiseta azul que reza “CONSERVADORES CON FELIPE MATURANA”.

Si bien cada una de estas pruebas individualmente consideradas no dan lugar a afirmar con certeza el apoyo que pudo haberle brindado la demandada al candidato por la coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, lo cierto es que, de la valoración probatoria en conjunto, tanto de la confesión que hizo el apoderado de la demandada, como los registros fotográficos descritos anteriormente (extraídos directamente de la página de Facebook de la demandada), dan cuenta que la señora Gilma Jiménez Angulo realizó actos de apoyo en favor de un candidato a la alcaldía de Turbo, que no fue avalado por el Partido Conservador por el cual militaba.

Es decir, la valoración efectuada por el Tribunal es acertada, comoquiera que, se insiste, de las fotografías traídas a colación se advierte claramente que la señora Gilma Jiménez Angulo, a través de su perfil de la red social Facebook, expresó públicamente su apoyo al candidato a la Alcaldía de Turbo Felipe Maturana González, toda vez que las imágenes compartidas retratan palmariamente a la candidata acompañada de personas que portaban camisetas azules con el eslogan “Conservadores con Felipe Maturana” e incluso ella en una de esas imágenes se aprecia con una de esas camisetas, lo que respalda la confesión efectuada por su apoderado en cuanto a que, de manera libre y pública, apoyó la candidatura de la coalición “Alianza por un Turbo Lleno de Fe”, de la cual no hacía parte el Partido Conservador, pues como se señaló anteriormente, tenía su propio candidato respecto del cual la demandada presentó objeción de conciencia.

Así las cosas, no le asiste razón a la recurrente al señalar que el a quo hizo una valoración del material probatorio inadecuada, pues como se explicó en párrafos precedentes, con fundamento en los principios de la sana crítica llevó a cabo un estudio en conjunto y completo del material probatorio aportado al expediente, lo cual le permitió concluir válidamente que la causal de doble militancia endilgada se encuentra debidamente demostrada.

4.2.3 Veracidad y autenticidad de las pruebas fotográficas aportadas

Finalmente, en lo que concierne a este reproche, encuentra la Sala sin mayor esfuerzo que el reparo referido no está llamado a prosperar, pues según lo alega la recurrente no se certificó si las fotografías pertenecen o no al perfil de Facebook de la demandada, si es su perfil legítimo, si corresponden a la campaña electoral 2019, si fueron o no adulteradas, o que no se realizó la extracción y su correspondiente cadena de custodia por parte de un perito, que no tienen el perfil, la URL, el código de la imagen de cada uno de los perfiles consultados, o que no se presentó su procedencia; sin embargo, como lo señaló la agente del Ministerio Público tales reparos resultan extemporáneos, toda vez que ese debate debió provocarse en la oportunidad procesal adecuada, esto es en la contestación de la demanda. En efecto, el artículo 269 del Código General del Proceso, establece:

“(…) La parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba.”
De cualquier forma, reitera la Sala que fue el mismo apoderado de la demandada quien en el escrito de contestación señaló textualmente que “la gran mayoría de las fotografías y vídeos que hacen parte del material probatorio aportado con la demanda y a partir de lo cual se pretende deducir la conducta de doble militancia, fueron tomados del perfil de Facebook de la demandada o de sus seguidores; y resaltamos que ninguna de ellas han sido suprimidos, pues la hoy Concejal de Turbo, ejerció una campaña pública, abierta, participativa y pluralista sin contravenir la Constitución o la Ley”.

Igualmente, las fechas de publicación de las fotografías coinciden con el calendario electoral de 2019, si se tiene en cuenta que aquellas fueron publicadas el 11 de septiembre y 8 de octubre de 2019.

En suma, los argumentos formulados por la demandada en el recurso de apelación no están llamados a prosperar y, en consecuencia, la sentencia de primera instancia mediante la cual se declaró la nulidad del acto demandado debe confirmarse en su integridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de mayo de 2021 de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

"Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

En consideración a que Turbo tiene una población aproximada de 124.552 habitantes. Art. 40.3 C.P. De la ciudadanía en general. Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en la que se define a la doble militancia como una “…limitación, de raigambre constitucional, al derecho político de los ciudadanos a formar libremente parte de partidos, movimientos y agrupaciones políticas (Art. 40-3 C.P.). Ello en el entendido que dicha libertad debe armonizarse con la obligatoriedad constitucional del principio democrático representativo, que exige que la confianza depositada por el elector en determinado plan de acción política no resulte frustrada por la decisión personalista del elegido de abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la corporación pública o cargo de elección popular.”
En ese sentido, pueden consultarse las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2014-00091-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 20 de noviembre de 2015; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 63001-23-31-000-2011-00311-01. M.P. Mauricio Torres Cuervo. Sentencia de 1° de noviembre de 2012. Inciso final del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011. Art. 275.8 del CPACA: “Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política”. Sobre este punto, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2006-00018-00(3982-3951). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia de 23 de febrero de 2007. En este apartado, se reproducen las consideraciones expuestas en el fallo: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 05001-23-33-000-2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E). Sentencia de 1° de julio de 2021. Al respecto consultar, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 63001-23- 33-000- 2016-00008- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 4 de agosto de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 68001-23-33-000-2016-00043-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 27 de octubre de 2016. V.gr. por renuncia del candidato que inscribió; porque simplemente se abstuvo de inscribir alguna candidatura; por la revocatoria de la inscripción de su candadito, entre otros. En este mismo sentido consultar, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-2015-00806-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 6 de octubre de 2016. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. La naturaleza del apoyo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018. Ibidem. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-000-2015-00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2019-00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020,
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 19001-23-33-003-2019-00368-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.

Sentencia de 10 de diciembre de 2020. Art. 40. Corte Constitucional. Sentencia C-379 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Art. 258. Art. 23. Art. 25. Corte Constitucional. Sentencia C-142 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Corte Constitucional. Sentencias C-551 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet. C-397 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. C-784 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. C-150 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sentencia del dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021), dentro de los procesos radicados bajo el No. 25000-23-24-000-2002-00687-01 y 25000-23-24-000-2002-00688-01 (ACUMULADOS 25000-23-24-000-2002-00693-01 y 25000-23-24-000-2002-00699-01)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia: del 18 de febrero de 2021, radicado 19001-23-33-000-2019-00370-01 y 11 de marzo de 2021, radicado 54001-23-33-000-2019-00354-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 11 de marzo de 2021, radicado 54001-23-33-000-2019-00354-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 10 de diciembre de 2020, radicación 19001-23-33-003-2019-00368-01, demandante: Silvio Ortiz Daza; MP Rocío Araújo Oñate.

Radicado: 05001-23-33-000-2019-03316-01
Demandante: Ariel Blanquichet Rosales

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