Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06803-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06803-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06803-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06803-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ FLÓREZ
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. EN EL PRESENTE CASO LA
PARTE ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA MÍNIMA PARA
IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA, SIN QUE SE
ADVIERTA JUSTIFICACIÓN ALGUNA PARA SU OMISIÓN.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 31 de enero de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
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En adelante la Sección Tercera
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06803-01
Actor: JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ FLÓREZ
I. – ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ FLÓREZ, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2 y la
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO3 al proferir las
providencias de 14 de junio y 22 de agosto de 2024,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 76001-23-33-000-
2023-00922-01.
I.2.- Hechos
Relató que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral con el fin de que se declare la nulidad de la elección
como alcalde del Municipio de Calima El Darién (Valle del Cauca,
Colombia) del señor Alejandro Antonio Cadavid Pinilla, por la causal
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En adelante el Tribunal
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En adelante la Sección Quinta
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Actor: JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ FLÓREZ
de doble militancia.
Comentó que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2023-00922-00 y le correspondió por reparto al
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 14 de junio de 2024, denegó
las pretensiones al considerar que no se logró demostrar que el señor
Alejandro Antonio Cadavid Pinilla hubiese incurrido en actos de doble
militancia, pues no se advierte que sus actuaciones lleven a concluir
que apoyó o favoreció a un partido distinto al que se presentó en las
elecciones para el período constitucional 2024-2027.
Informó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación el cual fue desatado por la SECCIÓN QUINTA que, en
sentencia de 22 de agosto de 2024, confirmó la decisión del a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, se aportaron al proceso de nulidad electoral
pruebas que permiten demostrar que existió apoyo mutuo entre la
candidatura del señor Alejandro Antonio Cadavid y la de otros
candidatos de distintos partidos políticos, desde la apertura de la
campaña hasta el cierre de la misma, por lo que la omisión en la
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valoración de las pruebas vulnera su derecho fundamental al debido
proceso.
Destacó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto fáctico al valorar indebidamente las pruebas aportadas, en
las que claramente se demuestra que el señor Alejandro Antonio
Cadavid Pinilla incurrió en doble militancia durante la campaña
electoral a la Alcaldía de Calima El Darién para el período
constitucional 2024-2027, pues su conducta resulta contraria a lo
previsto en el artículo 107 de la Constitución Política, modificado por
el artículo 1º del Acto Legislativo núm. 01 de 2003, el artículo 275
del CPACA y el artículo 2º de la Ley 1475 de 14 de julio de 20114.
Finalmente, puso de presente sentencias5 emanadas por las
autoridades judiciales accionadas por hechos similares en los cuales
se ha declarado la nulidad electoral por doble militancia.
4
Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos,
de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Rocío Araújo Oñate,
radicación núm. 68001-23-33-000-2023-00006-01.
Tribunal Administrativo del Meta, M.P. Teresa Herrera Andrade, radicación núm. 50001-23-33-000-
2023-00338-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil, radicación núm. 15001-23-33-000-2023-00428-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Luis Alberto Álvarez
Parra, radicación núm. 68001-23-33-000-2023-00759-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil, radicación núm. 11001-03-28-000-2023-00121-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, radicación núm. 05001-23-33-000-2019-03316-01.
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I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior la parte actora pretende lo
siguiente:
“[…] 1- Se sirva dejar sin efectos la sentencia de primera
instancia proferida por la sala de decisión del sistema oral
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de
control de nulidad electoral con radicado No 76001-23-33-2023-
000-2023-00922-00 y la providencia de segunda instancia
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
2- Con sustento en las numerosas pruebas que obran en el
expediente No 76001-23-33-2023-000-2023-00922-00,
ordenar a los despachos accionados declarar la nulidad electoral
del señor Alejandro Antonio Cadavid Pinilla como alcalde
municipal de Calima El Darién-Valle del Cauca para el periodo
Constitucional 2024-2027 […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo por falta del requisito general de la relevancia
constitucional, toda vez que lo pretendido por el actor es convertir
este mecanismo constitucional en un escenario para confrontar un
asunto que ya fue decidido por el juez natural de la causa, esto es,
controvertir unas probanzas que no hicieron parte del acervo
probatorio, lo que escapa de la órbita del juez constitucional.
Sumado a lo anterior, adujo que tampoco se cumple con el requisito
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de la subsidiariedad, comoquiera que, pese a que el actor afirmó que
la sentencia no tuvo en cuenta unas pruebas documentales y
mensajes de datos para efectos de demostrar la doble militancia, lo
cierto es que las partes no solicitaron adición o aclaración de la
providencia de 22 de agosto de 2024, mecanismos judiciales idóneos
a los que se podía acudir.
Solicitó que, de superarse los requisitos generales, se denieguen las
pretensiones, toda vez que los defectos alegados no se encuentran
demostrados, pues la sentencia de 22 de agosto de 2024 abordó
todos los argumentos de los apelantes y valoró las pruebas allegadas
y decretadas en la oportunidad correspondiente.
Finalmente, afirmó que limitó su análisis de doble militancia respecto
de los señores Celina Diaz y Rafael Rodríguez, pues los demás
aspirantes que ahora alega no fueron objeto de reparo en la demanda
y la subsanación de la misma.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El señor Pedro Felipe Gutiérrez Sierra indicó que las
inconformidades formuladas por el actor no cumplen con la debida
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argumentación, pues se limitan a formular afirmaciones de que con
las pruebas allegadas al proceso se demostraba apoyo mutuo entre
el señor Alejandro Antonio Cadavid y candidatos de distintas
organizaciones políticas, sin hacer mención respecto a cuál fue la
valoración que hizo la Sección Quinta respecto de cada una de las
fotografías.
En esa medida, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo
de la referencia o, en su defecto, denegar las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia por no encontrarse vulnerado el
derecho al debido proceso del actor.
I.6.2.- La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su
desvinculación del presente trámite por carencia de legitimación en
la causa por pasiva, toda vez que no ha incurrido en actuación
administrativa u omisión alguna que afecte los derechos
fundamentales del actor.
I.6.3.- La Procuraduría 18 Judicial II Administrativa adujo que
las autoridades judiciales accionadas al revisar el acervo probatorio
no se permitieron dar el cabal entendimiento a los medios de prueba
que reposan en las redes sociales, pues simplemente los catalogó
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como una prueba documental sin constatar en línea lo que contenían
esas interacciones de las redes sociales, lo que vulnera el debido
proceso que reclama el actor.
Refirió que no existió una falta de material probatorio sino un
verdadero interés judicial de realizar una mejor experticia probatoria
de las referidas redes sociales, petición que desatendió el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de que se decretara
la práctica de una inspección o constatación en las redes sociales y,
particularmente, en la cuenta de Facebook de la señora Cecilia Diaz
para confirmar o desvirtuar lo aseverado por el accionante.
Aseveró que la naturaleza del proceso de nulidad electoral permitía
contar con un operador judicial proactivo en materia probatoria, con
el fin de verificar si estaban dadas las condiciones de una eventual
doble militancia.
Solicitó que se acceda al amparo deprecado, no en el sentido de que
el operador constitucional tome la decisión de declarar la eventual
nulidad electoral, sino de que invalide las decisiones judiciales
electorales y ordene realizar una nueva valoración probatoria
acudiendo a una inspección de las redes sociales con el fin de
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constatar o desvirtuar la existencia de comportamientos electorales
que puedan configurar una doble militancia en modalidad de apoyo.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 31 de enero de 2025, la SECCIÓN TERCERA
de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo de
la referencia por falta de relevancia constitucional.
Para tal efecto, destacó que el actor pretendió ampliar los
argumentos dispuestos en la censura inicial dentro del proceso
electoral, al relacionar otros candidatos que a su juicio brindaron
apoyo durante el período de campaña electoral.
Sumado a ello, advirtió que de lo expuesto por las autoridades
judiciales accionadas, el acervo probatorio aportado al proceso
ordinario no tenía la virtualidad de demostrar que se incurrió en doble
militancia en la modalidad de apoyo, por lo que lo pretendido por el
actor es imponer su interpretación de la normativa sobre las
consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada, sin que se haya
demostrado violación de los derechos fundamentales del accionante.
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Por último, afirmó que la acción de tutela de la referencia está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del
proceso primigenio, toda vez que reitera argumentos de índole legal
y probatorio desarrollados en el marco de esta actuación, sin esbozar
las razones concretar por las cuales los derechos fundamentales
fueron vulnerados con las providencias cuestionadas, lo que escapa
de la órbita del juez constitucional.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El señor JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ FLÓREZ impugnó la decisión
proferida en primera instancia, no obstante, no expuso ningún
argumento tendiente a controvertirla.
Para el efecto señaló lo siguiente:
“[…] En calidad de accionante dentro de la tutela de la
referencia, comedidamente permito (sic) manifiesto al despacho
mi decisión de impugnar el fallo de tutela proferido en primera
(sic)
Al despacho que corresponda sustentare la motivación de mi
decisión […]”.
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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
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La Sala advierte que la Registraduría Nacional del Estado Civil,
formuló petición de desvinculación de la presente acción de tutela,
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
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por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la Registraduría Nacional del Estado Civil fue
vinculada dentro del medio de control de nulidad electoral
identificada con el número único de radicación 2023-00922-01,
objeto del presente estudio, la Sala concluye que, como tercera, le
asiste interés en la decisión de la acción constitucional de la
referencia, razón por la que se denegará la solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
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y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
Caso concreto
En el presente caso, la Sala advierte que la acción de tutela de la
referencia fue promovida por el actor con el fin de obtener el amparo
de su derecho fundamental al debido proceso, el cual estima
vulnerado por el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA, al proferir las
providencias de 14 de junio y 22 de agosto de 2024,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 2023-00922-01.
La acción de tutela fue conocida en primera instancia por la SECCIÓN
TERCERA de esta Corporación que, mediante sentencia de 31 de
enero de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo de la
referencia por falta de relevancia constitucional, dado que lo
pretendido por el tutelante es continuar con el debate surtido en el
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trámite del proceso ordinario, con el propósito de que el juez de
tutela efectúe una valoración distinta a la que asumió el juez natural
de la causa y se acojan los argumentos que propone.
El señor JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ FLÓREZ presentó escrito en el
que señaló que impugnaba la decisión proferida por el a quo, sin
plantear ningún argumento, ni efectuar reproche alguno contra la
sentencia de 31 de enero de 2025, dictada por la SECCIÓN
TERCERA.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,
esta Sala6, ha precisado lo siguiente:
“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir en
las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de
tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga
argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad de
sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el
impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente
en los términos del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que
se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad quem,
el deber constitucional de resolver el fondo del asunto; i)
analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez
constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.
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obrante en el expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra providencias judiciales, la parte que impugne
la sentencia de tutela proferida en primera instancia
precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que
fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo
que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga
argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar
las medidas necesarias, para garantizar la protección de
sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia[…]”.
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20207, la
Sala señaló:
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los derechos
fundamentales que la parte actora manifiesta vulnerados, con los
principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, número único de radicación 11001-03-15-
000-2019-04314-01.
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judicial, los cuales se verían desproporcionadamente afectados si
se utiliza la acción de tutela como una tercera instancia judicial y
no como un mecanismo residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia (artículo
3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los derechos
protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la informalidad en
la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem), dicha situación no
exonera al recurrente de explicar las razones que motivan
su disentimiento con la decisión judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía de
los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
Así las cosas, comoquiera que el actor no argumentó los motivos de
su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia,
la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio del
fondo del asunto, habida consideración que, por un lado, el escrito
de impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que
diera cuenta de los reparos respecto de la decisión adoptada; y, por
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el otro, no se advirtió razón válida alguna que justifique tal
desatención, motivo por el cual no se encuentran los elementos
necesarios para revisar si la providencia objeto de controversia en el
caso sub examine está ajustada a derecho.
Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 28
de abril de 20228, 30 de septiembre de 20219 y 2 de mayo de 202410,
se pronunció en el mismo sentido.
Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo de la
referencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril
de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-11380-
01
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
01090-01
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de mayo
de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2024-00618-
01
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06803-01
Actor: JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ FLÓREZ
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de marzo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
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Actor: JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ FLÓREZ
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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