8. Manifestó que respecto al retiro por llamamiento a calificar servicios, éste es equiparable a la desvinculación por cumplimiento de tiempo de servicio con el fin de acceder a la pensión de jubilación, en ese orden de ideas, se trata de un retiro forzoso por tiempo de servicio, en donde no se tiene en cuenta las calidades del policía, como así lo manifestó la Sección Segunda del Consejo de Estado. Concluyó manifestando que:
“[…] En este orden, cuando el agente de autos fue retirado por llamamiento a calificar servicios, bien podía hacerlo el Director General dela Policía Nacional con base en dicha facultad discrecional.
Luego entonces, no puede predicarse que el acto fue expedido en forma irregular, pues para ello, debía evidenciarse que la decisión tomada por la administración no se adecuó a los fines perseguidos por la norma que autorizó el acto de retiro, y que a la vez, tampoco existió proporción con los hechos que sirvieron a su causa. Por el contrario como ya se analizó, sólo se requería que el actor hubiera permanecido por más de 15 años al servicio de la entidad, como efectivamente sucedió, para que se habilitara su retiro del servicio, de donde se deduce con claridad, que en ese sentido las pretensiones de la demanda, no están llamadas a prosperar […]”.
Sentencia de 1 de junio de 2018 proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 76-111-33-31-000-2004-03561-01
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dispuso en la parte resolutiva:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia No. 147 del 15 de agosto de 2014, proferida por (sic) Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, y en su lugar se dispone,
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. 1021 del 17 de mayo de 2004, expedida por el Director General de la Policía Nacional, en lo que lo (sic) que (sic) afecta al señor Elmer Landazury Echeverry.
TERCERO: En consecuencia de lo anterior, se ORDENA a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, reintegrar al señor Agente Elmer Landazury Echeverry, al cargo que desempeñaba al momento del retiro o a uno de igual o superior categoría, sin solución de continuidad y expresando la anotación correspondiente en su hoja de vida.
CUARTO: ORDENESE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL a pagar al señor Agente ELMER LANDAZURY ECHEVERRY, el equivalente a las diferencias entre los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el mes siguiente a la fecha de su retiro y la asignación de retiro percibida por el actor y hasta (24) meses siguientes.
Para el efecto al hacer el cálculo deber (sic) establecer lo que le hubiera correspondido en el periodo indicado, descontando las sumas de dinero que hubiere recibido por concepto de asignación de retiro, para calcular mes a mes, lo que se le resulte a deber al actor, sumas que deberán ser actualizadas mes a mes, en los términos del artículo 178 del C.C.A, y tal como se ha fijado en la línea jurisprudencial del H. Consejo de Estado sobre el particular, para este tipo de reconocimientos […]”. Manifestó que:
“[…] Es del caso resaltar que la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-091 de 2016, unificó la jurisprudencia en relación con los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios, señalando en primer lugar, las normas que regulan dicha causal:
“En esta medida es importante precisar que en lo concerniente a la causal denominada Retiro por llamamiento a calificar servicios, el sustento jurídico de dicha figura se encuentra contenido en los artículos 1°, 2° numeral 4° y 3° de la ley 857 de 2003 para el caso de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y en los artículos 54, 55 numeral 2 y 57 del Decreto Ley 1791 de 2000 frente a miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes […]”.
10. Manifestó que de las normas jurídicas transcritas se evidencia que frente al caso de los Agentes de la Policía Nacional, el Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000, no estableció expresamente que el respectivo retiro por llamamiento a calificar servicios debiera estar precedido del concepto de la valoración de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, como en su defecto, si lo establece frente al caso de los Oficiales y Suboficiales.
11. El Tribunal, sin embargo adujo que en los términos de la sentencia SU-091 de 2006 proferida por la Corte Constitucional, el llamamiento a calificar servicios en la fuerza pública es un facultad del Gobierno Nacional respecto a los Oficiales o del Director General de la Policía Nacional en relación con los Suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes, […] una vez se ha cumplido con el tiempo mínimo de servicios para hacerse acreedor de una asignación de retiro, requisito que debe estar acompañado de la recomendación emitida por la Junta de Evaluación respectiva […]”.
12. Manifestó que el retiro por llamamiento a calificar servicios no es una sanción o trato degradante, sino por el contrario, es un instrumento por medio del cual permite que los miembros de las fuerzas militares disfruten de la respectiva asignación de retiro, y además, según la tesis jurisprudencial tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, el acto administrativo que dispone el retiro por llamamiento a calificar servicios de los respectivos miembros de la Policía Nacional, no implica su respectiva motivación, toda vez que se presume expedido con el fin de relevar la línea jerárquica en aras de contribuir al buen servicio. El Tribunal al resolver el caso concreto, adujo que:
“[…] Ahora bien, se adelanta esta Sala a indicar que no se encuentra de acuerdo con lo planteado en la sentencia de primera instancia, toda vez que conforme a la jurisprudencia señalada anteriormente, al entidad demandada debía contar con la recomendación emitida por la Junta de Evaluación respectiva, para proceder a retirar por llamamiento a calificar servicios al demandante.
Así las cosas, en el acto acusado se indicó como sustento normativo de la decisión, los artículos 55 numeral 2° y 57 del decreto 1791 de 2000, pero se observa que no se hace alusión alguna al concepto previo emitido por la Junta Mencionada.
Dicho documento tampoco fue allegado por la entidad accionada al momento de contestar la demanda ni aportó los antecedentes administrativos del presente asunto.
Ahora, se observa que en el escrito de demanda, se solicitó oficiar a la entidad demandada para que remitiera, entre otros documentos, el “acta donde consten los antecedentes de la evaluación que indujo a la Junta de Evaluación y Clasificación, para recomendar el retiro por llamamiento a calificar servicios” del demandante (fl.22); prueba que fue decretada mediante Auto No. 1713 de 29 de noviembre de 2005 (fl.45-46) y requerida mediante Oficios del 12 de enero de 2006 (fl.47) y del 16 de mayo de 2006 (fl.51), obteniéndose respuesta el 21 de marzo de 2006 (fls.74), en la cual la Policía Nacional indicó lo siguiente:
“En atención al oficio referenciado en el asunto, respetuosamente me permito informar a ese Despacho, que el retiro del servicio activo del demandante, se produjo por llamamiento a calificar servicios, mediante Resolución No. 01021 de fecha 170504, de conformidad con lo establecida (sic) en los artículos 55 numeral 2° y 57 del Decreto Ley 1791 de 2000 (…)
(…) es claro que la Ley no establece requisito adicional alguno para el retiro por llamamiento a calificar servicios, más que haber cumplido el tiempo de servicio mínimo exigido de quince años para el caso de los Agentes, precepto que se cumplió plenamente.
Es claro que de conformidad de la norma transcrita, para que se produzca el retiro por LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS, no se requiere que del concepto previo de la Junta de Evaluación, motivo por el cual no se elaboró el acta solicitada” […]”.
13. El Tribunal concluyó manifestando que el procedimiento llevado a cabo en el caso del señor Elmer Landazury Echeverry no fue el adecuado, toda vez que se omitió efectuar la respectiva recomendación por parte de la Junta de Evaluación y Calificación de la Policía Nacional previo a la expedición de la Resolución núm. 01021 del 17 de mayo de 2004, lo que trae como consecuencia que se declare la nulidad de dicho acto administrativo.
La solicitud de tutela
Pretensiones
14. La parte actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: Que se declare que la Sentencia (sic) de Segunda (sic) Instancia (sic) No.111 de fecha 01 de Junio de 2018 proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, notificada el 08 de Julio de 2018, MAGISTRADO PONENTE Doctor VICTOR HERNANDEZ (sic) DIAZ (sic), dentro del proceso No. 76-111-33-31-000-2004-03561-01, donde el demandante es el señor Agente ELMER LANDAZURY ECHEVERY (sic), en acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, es violatoria del derecho a la Igualdad y al Debido Proceso, de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela solicitado por la Policía Nacional, se DEJE SIN EFECTOS la sentencia citada, y se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, MAGISTRADO PONENTE Doctor VICTOR (sic) HERNANDEZ (sic) DIAZ (sic), dentro del término razonable que se considere, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción de tutela, observando el precedente vertical fijado por la Honorable Corte Constitucional y Honorable Consejo de Estado en las sentencias cuyo desconocimiento y mala aplicación causa la vulneración a los derechos fundamentales de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL […]”.
15. Señaló que la autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial sentado por la Corte Constitucional.
16. De igual manera, expresó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable del artículo 1 de la Ley 857 de 26 de diciembre de 2003.
Actuación
17. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por auto de 11 de septiembre de 2018, admitió la solicitud de tutela, y dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
18. De igual manera, dispuso vincular como terceros con interés legítimo al Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali y al señor Elmer Landazury Echeverry, concediéndoles el mismo término de dos (2) días para rendir el informe.
Informes de las partes accionadas y de las partes vinculadas
19. El Magistrado, doctor Víctor Adolfo Hernández Díaz del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, solicitó no acceder a las pretensiones del amparo. Señaló que:
“[…] De las normas transcritas, se observa que para el caso de Agentes de la Policía Nacional, la norma – Decreto 1791 de 2000 – no indicó taxativamente que el retiro por llamamiento a calificar servicios debiera estar precedido del concepto de la valoración (sic) la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, como en su defecto, si lo indica para el caso de Oficiales y Suboficiales.
Sin embargo, respecto de lo anterior, advierte esta Sala que en la sentencia de unificación referenciada, la Corte Constitucional emitió su pronunciamiento manifestando que el llamamiento a calificar servicios en la fuerza pública “es una facultad del Gobierno Nacional para el caso de los Oficiales o del Director General de la Policía Nacional en relación con los Suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes, una vez se ha cumplido con el tiempo mínimo de servicios para hacerse acreedor de una asignación de retiro, requisito que debe estar acompañado de la recomendación emitida por la Junta de Evaluación respectiva […]”.
20. El señor Elmer Landazury Echeverry, mediante escrito aportado el 24 de septiembre de 2018, solicitó que se negaran las pretensiones del amparo. Expresó que:
“[…] Como se observa, para los retiros por llamamiento a calificar servicios originados desde 1997 y hasta el pronunciamiento de la Corte Constitucional (sentencia SU091 (sic) de 2016), el precedente jurisprudencial vertical del Consejo de Estado y horizontal de los Tribunales y Juzgados Administrativos que se aplicó, fue la exigencia del concepto previo de la Junta de Evaluación y Clasificación como requisito para que procediera el retiro; de no aportarse este documento se declaraba la nulidad del retiro.
Teniendo en cuenta que mi retiro se produjo el 17 de mayo de 2004 y la argumentación de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho se sustentó con la normatividad existente y el precedente jurisprudencial del momento de los hechos, era obligatorio para el fallador mantener el principio de legalidad del artículo 29 de la Carta Política, estos son, los mismos conceptos legales de la época para decidir el caso en (sic) año 2018, al igual que asegurar el derecho a la igualdad con aquellos compañeros que estando en la misma resolución de retiro fueron reintegrados y la Policía Nacional nada dijo al respecto; ello porque no es posible que la mora judicial sea una consecuencia contraproducente al cambio de conceptos jurídicos, pues de haberse fallado en la misma época que se resolvió los casos de mis compañeros no habría sucedido lo que estamos viviendo.
Lo que no es legal, es lo que pretende la Policía Nacional, que el Consejo de Estado aplique en forma retroactiva las sentencia (sic) SU091 de 2016, porque dicha sentencia deberá aplicarse para los casos que se generen a partir de su expedición, pues la Corte Constitucional no estableció que su aplicación debería ser en forma retroactiva, lo que violaría el principio de legalidad […]”.
21. Durante el presente trámite, el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali guardó silencio.
La sentencia impugnada
22. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 28 de noviembre de 2018, resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional. En consecuencia:
2. Dejar sin efecto la sentencia del 1 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, (sic) su lugar,
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de los 30 días siguientes a la notificación de la presente providencia, dicte sentencia de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva […]”.
23. Expresó que de la lectura correcta de la sentencia SU-091 de 2016 proferida por la Corte Constitucional, si bien es cierto, se unificaron aspectos relacionados con el retiro del servicio, respecto al deber de motivación de los actos administrativos de retiro de los miembros de la Fuerza Pública en uso de la facultad discrecional por llamamiento a calificar servicios y la facultad del Gobierno Nacional o del Director de la Policía Nacional, no hizo pronunciamiento alguno frente a la unificación de jurisprudencia del criterio respecto a los requisitos para ejercer la facultad en uso de alguna de las dos causales. En ese orden de ideas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado afirmó que:
“[…] Contrario a la interpretación que hizo el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de la sentencia de unificación 091 de 2016, en esa oportunidad la Corte Constitucional no fijó los requisitos para ejercer la facultad de retiro y, en ese sentido, lo que correspondía era aplicar las normas que regulan lo concerniente al retiro del servicio activo de los miembros de la Policía Nacional, en particular, del personal vinculado en el grado de agente, como es el caso del señor Elmer Landazury Echeverry.
Razones suficientes por las que se encuentra acreditado el desconocimiento del precedente judicial, por indebida interpretación de la sentencia de unificación SU-091 de 2016 de la Corte Constitucional […]”.
24. Ahora bien, respecto al cargo por defecto sustantivo por interpretación irrazonable del artículo 1 de la Ley 857 de 2003, señaló que en el presente caso también se configuraba, toda vez que con fundamento en los incisos 2 y 4 del artículo de dicha norma jurídica, el respectivo retiro de los Oficiales de la Policía Nacional debe hacerse mediante decreto expedido por el Gobierno Nacional, en donde además, se debe contar con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional. Señaló que por el contrario, el retiro de los Suboficiales y de los agentes de la Policía Nacional, conforme a los incisos 3 y 4 del artículo 1 de la Ley 857 de 2003 y el artículo 54 del Decreto 1791 de 2000, únicamente exige que se lleve a cabo por medio de resolución expedida por el Director General de la Policía Nacional, en donde no se requiere el respectivo concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional.
La impugnación
25. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solicitando lo siguiente:
“[…] Por las razones expuestas, con el mayor respeto solicito se revoque en su integridad la sentencia de 05/12/2018, proferida en esta acción de tutela por (sic) Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la Acción de Tutela, amparando los derechos fundamentales de los menores de edad, vulnerados al no poder recibir normalmente sus cuotas alimentarias […]”. Manifestó que:
“[…] Respetuosamente es menester reconocer que la sentencia proferida el 05/12/2018, por la Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta – Despacho del Honorable Consejero de Estado, Doctor MILTON CHAVES GARCÍA, en calidad de Juez de Tutela de primera instancia, no tiene la inmensa virtud de haber captado adecuadamente el núcleo central del complejo problema constitucional planteado en la acción de referencia, el cual consiste en primera medida, en el argumento de radicación y respeto del derecho de turno asignado al ejecutante en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, atendiendo a que según certificación expedida el día 14 de septiembre de 2018, suscrita por el Jefe del Grupo de Ejecución y Decisiones Judiciales de la Policía Nacional, se informó que verificada la base de datos, figura radicación de solicitud de cumplimiento al fallo judicial a favor del señor OSCAR ISAZA BENJUMEA, con el turno de pago asignado No. 250-S-2016, lo que indica que a la fecha cuenta con un turno de pago concedido de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Decreto 359 de febrero 22 de 1995, por el cual se reglamenta la ley 179 de 1994, y dispone lo concerniente a la asignación de turnos frente a las solicitudes de pago, y en segunda medida con altísima relevancia constitucional, que se embargó una cuenta bancaria en la cual se depositan los dineros descontados a Policías en servicio activo por conceptos de embargos a FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Es así como no resultaba procedente haber ejecutado a la institución para el cumplimiento y pago de dicha acreencia, toda vez que el demandante cumplió lo establecido para la asignación de turnos de pago de sentencias, debiendo someterse al igual que los demás demandantes al procedimiento de turno respectivo, conforme lo establece el Decreto 0768 de 1993, modificado por el Decreto 818 de 1994, en concordancia con el artículo 36 del Decreto 359 de 1995 […]”.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
26. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1 y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política el artículo 1 del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018.
Generalidades de la acción de tutela
27. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
28. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en determinar si, en efecto: i) es procedente conocer y decidir de fondo la impugnación presentada contra el fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 28 de noviembre de 2018 y de ser así, ii) establecer si, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad contra sentencias judiciales, y en ese orden de ideas, ii) determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia de 1 de junio de 2018 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con núm. único de radicación 76-111-33-31-000-2004-03561-01, incurrió en defecto sustantivo por i) desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional y en ii) defecto sustantivo por haber interpretado irrazonablemente el artículo 1 de la Ley 857 de 2003, al sostener equivocadamente que para el retiro de los Suboficiales y de los agentes de la Policía Nacional, se requería del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional.
29. Para resolver el presente problema jurídico la Sala analizará los siguientes temas: i) la impugnación de los fallos de tutela; ii) los sujetos de especial protección constitucional dentro del marco del Estado Social de Derecho y finalmente, iii) la solución del caso concreto.
La impugnación de los fallos de tutela
30. El artículo 31 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 en su artículo 31 dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión […]”.
31. En ese orden de ideas, con base en lo anteriormente expuesto, dentro del marco de la acción de tutela se establece el derecho de la doble instancia en donde la parte actora podrá por medio del respectivo escrito de impugnación, que su caso sea estudiando y revisado por otro juez constitucional, contando además, con la posibilidad de que la sentencia de tutela adversa a sus pretensiones sea revisada eventualmente por la Corte Constitucional. Frente al alcance de la impugnación, la Corte Constitucional ha dicho:
“[…] La jurisprudencia constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que la doble instancia guarda estrecha relación con el debido proceso como forma de garantizar la recta administración de justicia, y se constituye en un mecanismo para que el superior jerárquico de la autoridad judicial que realizó el pronunciamiento, evalúe los argumentos debatidos y adopte una decisión definitiva, bien sea confirmando o revocando la sentencia de primera instancia […]”.
32. Debe señalarse además, que el derecho a la doble instancia dentro del marco de la acción de tutela constituye uno de los principales pilares del Estado Social de Derecho, toda vez que garantiza, en forma eficaz y plena, el derecho fundamental de defensa al permitir que el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una decisión en primera instancia, pueda adoptar una nueva decisión judicial, estudiando y revisando las pruebas y los argumentos jurídicos planteados por el impugnante.
Los sujetos de especial protección constitucional dentro del marco del Estado Social de Derecho
33. Los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que debido a su condición psicológica, social o física, merecen acciones positivas por parte del Estado, con el fin de lograr una verdadera igualdad real y efectiva. En ese orden de ideas, los incisos segundo y tercero del artículo 13 de la carta política, disponen que:
“[…] El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.
34. Respecto a los sujetos de especial protección constitucional ha dicho la Corte Constitucional:
“[…]Tratándose de sujetos de especial protección, esta Corporación ha sostenido que el amparo reforzado de los sujetos de especial protección constitucional, parte del reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad formal y real a la que se han visto sometidos históricamente. Así la Constitución Política en su artículo 13 establece que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado como sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a las personas en situación de discapacidad, a la población desplazada, a los adultos mayores, y todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados […]”. (Resaltado por la Sala).
35. En ese orden de ideas, dentro del marco del Estado Social de Derecho, y con fundamento en los principios de la dignidad humana y de la solidaridad, los sujetos de especial protección constitucional, merecen un trato preferencial, en donde es deber del Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de sus derechos fundamentales.
Análisis del caso concreto
36. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
37. La Sala evidencia que en el escrito de impugnación presentado por la parte actora, se plantearon argumentos jurídicos para que se dejara sin efectos jurídicos otra sentencia proferida en primera instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado ajena al presente trámite de tutela, como lo es la providencia de 5 de diciembre de 2018. Fíjese lo dicho en su escrito de impugnación:
“[…] Respetuosamente es menester reconocer que la sentencia proferida el 05/12/2018, por la Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta – Despacho del Honorable Consejero de Estado, Doctor MILTON CHAVES GARCÍA, en calidad de Juez de Tutela de primera instancia, no tiene la inmensa virtud de haber captado adecuadamente el núcleo central del complejo problema constitucional planteado en la acción de referencia, el cual consiste en primera medida, en el argumento de radicación y respeto del derecho de turno asignado al ejecutante en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, atendiendo a que según certificación expedida el día 14 de septiembre de 2018, suscrita por el Jefe del Grupo de Ejecución y Decisiones Judiciales de la Policía Nacional, se informó que verificada la base de datos, figura radicación de solicitud de cumplimiento al fallo judicial a favor del señor OSCAR ISAZA BENJUMEA, con el turno de pago asignado No. 250-S-2016, lo que indica que a la fecha cuenta con un turno de pago concedido de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Decreto 359 de febrero 22 de 1995, por el cual se reglamenta la ley 179 de 1994, y dispone lo concerniente a la asignación de turnos frente a las solicitudes de pago, y en segunda medida con altísima relevancia constitucional, que se embargó una cuenta bancaria en la cual se depositan los dineros descontados a Policías en servicio activo por conceptos de embargos a FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Es así como no resultaba procedente haber ejecutado a la institución para el cumplimiento y pago de dicha acreencia, toda vez que el demandante cumplió lo establecido para la asignación de turnos de pago de sentencias, debiendo someterse al igual que los demás demandantes al procedimiento de turno respectivo, conforme lo establece el Decreto 0768 de 1993, modificado por el Decreto 818 de 1994, en concordancia con el artículo 36 del Decreto 359 de 1995 […]”. (Resaltado por la Sala).
38. En ese orden de ideas, observa la Sala que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional en su escrito de impugnación no planteó argumento jurídico alguno con el fin de efectuar algún reproche contra la sentencia de 28 de noviembre de 2018 proferida en primera instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por lo que la Sala no puede emitir un pronunciamiento de fondo. Frente al tema en cuestión, esta Sección en una providencia reciente sostuvo que:
“[…] En el presente caso, se advierte que el actor pretende que se ordene su reintegro al empleo que desempeñaba en la Cámara de Representantes del Congreso de la República y, en consecuencia, se le garantice el derecho a la salud con el fin de acceder a un tratamiento oportuno e ininterrumpido a su enfermedad, así como el pago de las incapacidades adeudadas.
Lo anterior, por cuanto padece una afectación grave en su salud que le impide desempeñar cualquier empleo y, por ende, debe ser considerado como un sujeto de especial protección que goza de estabilidad laboral reforzada, lo que impedía su retiro de la Institución.
No obstante lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio de fondo del asunto, habida consideración que el actor en su escrito de impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que diera cuenta los reparos respecto de la sentencia de primera instancia, razón por la que no se encuentran los elementos necesarios para revisar si el fallo proferido por el Tribunal se encuentra ajustado a derecho […]”. (Resaltado por la Sala).
39. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las razones jurídicas de índole constitucional para demostrar por ejemplo que la sentencia proferida en primera instancia no está ajustada a derecho, lo que implica para el actor cumplir con una carga argumentativa mínima.
40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en relación con la carga argumentativa que se debe exigir en las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente en los términos del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima, en donde exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias, para garantizar la protección de sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la administración de justicia.
Conclusiones de la Sala
41. En suma, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual se accedieron a las pretensiones del amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 28 de noviembre de 2018 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual accedió a las pretensiones del amparo.
SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
En vigencia del Código Contencioso Administrativo.
“Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”.
Corte Constitucional, Sentencia SU-091 de 25 de febrero de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
“Por medio de la cual se dictan nuevas normas para regular el retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y se modifica en lo pertinente a este asunto, el Decreto-ley 1791 de 2000 y se dictan otras disposiciones”.
Se evidencia que la impugnación que se interpuso no fue contra la sentencia de 28 de noviembre de 2018, sino contra otra sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado como lo es la del 5 de diciembre de 2018.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
Corte Constitucional, Auto 235 de 13 de julio de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, Sentencia T-736 de 17 de octubre de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
La Corte Constitucional en la paradigmática sentencia T-406 de 1992 con ponencia del magistrado Ciro Angarita Barón, estableció el contenido y alcance de la cláusula del Estado Social de Derecho, al considerar que: “[…] La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica puede ser descrita esquemáticamente desde dos puntos de vista: cuantitativo y cualitativo. Lo primero suele tratarse bajo el tema del Estado bienestar (welfare State, stato del benessere, L'Etat Providence) y lo segundo bajo el tema de Estado constitucional democrático. La delimitación entre ambos conceptos no es tajante; cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Su complementariedad es evidente.
a. El estado bienestar surgió a principios de siglo en Europa como respuesta a las demandas sociales; el movimiento obrero europeo, las reivindicaciones populares provenientes de las revoluciones Rusa y Mexicana y las innovaciones adoptadas durante la república de Weimar, la época del New Deal en los Estados Unidos, sirvieron para transformar el reducido Estado liberal en un complejo aparato político-administrativo jalonador de toda la dinámica social. Desde este punto de vista el Estado social puede ser definido como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad (H.L. Wilensky, 1975).
b. El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 44001234000020180011301.
Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
Frente al tema ha dicho la Sección Quinta del Consejo de Estado:
“[…] Esta Sección ha reiterado en varias ocasiones que el recurrente tiene una carga argumentativa para delimitar los motivos que sustenten la impugnación del fallo de tutela, especialmente cuando se trata de providencias judiciales contra Altas Corte, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces constitucionales un estudio más riguroso y una procedencia excepcional.
Es menester recordar que frente a tutelas contra providencias judiciales, el juez constitucional no se encuentra facultado para inmiscuirse de manera oficiosa o mecánica en la órbita de los asuntos dirimidos y desarrollados por el juez natural, por lo que su estudio se debe centrar en los argumentos expuestos por el actor en las instancias correspondientes. Realizar un análisis extensivo sobre puntos adicionales resultaría en un estudio oficioso de la providencia judicial ya ejecutoriada, convirtiéndose en una nueva instancia, contrariando la finalidad del amparo constitucional.
Es por ello que resulta indispensable una argumentación mínima que soporte la impugnación. De este modo el ad quem podrá determinar los supuestos bajo los cuales debe analizarse lo propuesto por el interesado y así establecer si la decisión adoptada en primera instancia debe revocarse, modificarse o confirmarse
Adicional a lo anterior, resulta indispensable cumplir de forma diligente con los términos previstos y con los lineamientos establecidos por la ley. Para el caso particular, la parte actora en su escrito inicial de impugnación, presentado el treinta (30) de octubre de 2018, no expuso, ni siquiera de forma sucinta, las razones de desacuerdo respecto del fallo de primera instancia, por lo que resulta claro para la Sala que no cumplió con la carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal razón, no es posible entrar a realizar un estudio oficioso de la presente acción de tutela, así como tampoco de la decisión del a quo que impugnó […]”.(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de diciembre de 2018, C.P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación número: 11001-03-15-000-2018-02777-01).
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.