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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00176-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-00176-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de marzo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-00176-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-00176-01
Accionantes: LUZ INÉS MINA BALANTA Y OTROS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. La impugnación no satisfizo la carga mínima argumentativa.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes contra la sentencia
de 19 de marzo de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Luz Inés Mina Balanta, Santiago Carabalí Mina, Tania Carabalí Mina,
Amparo Márquez Valencia, José Hernan Carabalí, Dania Carabalí Márquez, Albert
Carabalí Márquez, Yoliany Carabalí Márquez, Elssy Carabalí Márquez, Suleydi
Carabalí Márquez, Dario Carabalí Loboa y Sair Carabalí Loboa solicitaron, en
nombre propio, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a las providencias de
22 de junio de 2023 y 10 de diciembre de 2025, proferidas por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación 76001-
33-33-002-2018-00012-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicaron
que promovieron demanda, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, con el fin de que se declarara administrativamente responsables
a la Agencia Nacional de Infraestructura Vial - ANI, al departamento del Valle del
Cauca, al municipio de Jamundí, al Instituto Nacional de Vías - INVIAS, así como a los
llamados en garantía Unión Temporal de Desarrollo Vial del Valle del Cauca, Chubb

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00176-01
Accionantes: Luz Inés Mina Balanta y otros

Seguros Colombia S.A., Allianz Seguros, Mapfre - Seguros Generales de Colombia,
la Previsora S.A. Compañía de Seguros y Axa Colpatria Seguros S.A., por los
perjuicios materiales e inmateriales ocasionados “[…] con el deceso del señor Alfer
Hernán Carabali Márquez como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 6
de diciembre de 2015 en la Ruta Nacional 25 (troncal de occidente o Troncal 25),
en el tramo del kilómetro 2 frente al balneario Las veraneras del municipio de
Jamundí, por la presunta falta de señalización […]”.

2.2. Señalaron que, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Cali, autoridad judicial que, mediante providencia de 22
de junio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Sostuvieron que interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 10 de diciembre
de 2025, confirmó la decisión supra.

2.4. Afirmaron que las providencias mencionadas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por haber
incurrido en un defecto fáctico.

2.5. Respecto al defecto fáctico señalaron “[…] que surge, cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que sustenta la
decisión, por no dar un debido valor probatorio a las pruebas legal y oportunamente
allegadas al plenario- ya que los despachos judiciales accionados como lo enuncié
anteriormente le restaron mérito probatorio principalmente al i) Informe de
Accidentes de Tránsito allegado, y a los ii) testimonios de los agentes de tránsito,
como pruebas ampliamente dicientes de que la causa eficiente del siniestro
obedeció a la ausencia de señalización y no a la culpa de la víctima fatal; ya que,
en el juicio indicaron los guardas que “…las señales existen pero están tapadas por
la reparación de las vías…”. […]”.

III. PRETENSIONES

3. Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA.- AMPARAR a los suscritos LUZ INES MINA BALANTA;
SANTIAGO CARABALI MINA; TANIA CARABALI MINA; AMPARO MARQUEZ
VALENCIA; JOSE HERNAN CARABALI; DANIA CARABALI MARQUEZ;
ALBERT CARABALI MARQUEZ; YOLIANY CARABALI MARQUEZ; ELSSY
CARABALI MARQUEZ; SULEYDI CARABALI MARQUEZ; DARIO CARABALI
LOBOA; y, SAIR CARABALI LOBOA nuestros derechos fundamentales al
debido proceso y a la tutela judicial efectiva vulnerados con la emisión de la
sentencia de segunda instancia del 10 de diciembre de 2025 de la Sala de
Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Mp Dra. Katia
Alexandra Domínguez Garcés) confirmatoria de la de primer grado dictada en
el radicado 76 001 33 33 002 2018 00012 00.

SEGUNDA.- Consecuencialmente, ORDENAR a la Sala de Decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Mp Dra. Katia Alexandra
Domínguez Garcés) que dentro del término improrrogable de diez (10) días
contados a partir de la notificación del fallo que así lo disponga, profiera nueva

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Accionantes: Luz Inés Mina Balanta y otros

sentencia de segunda instancia revocando el fallo de primer grado, procediendo
a acceder a las pretensiones de la demanda […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 3 de febrero de 2026, el Despacho de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente
acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de terceros con interés directo en
el resultado del proceso a Santiago Carabali Mina y Tania Carabali Mina, al
departamento del Valle del Cauca, al municipio de Jamundí, a la Agencia Nacional
de Infraestructura Vial - ANI, y al Instituto Nacional de Vías - INVIAS, a la Unión
Temporal de Desarrollo Vial del Valle del Cauca, a Chubb Seguros Colombia S.A.,
a Allianz Seguros, a Mapfre Seguros de Colombia, a la Previsora S.A Compañía de
Seguros y a Axa Colpatria Seguros S.A., a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y al Ministerio Público.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. ElTribunal Administrativo del Valle del Cauca señaló que la acción
constitucional no es procedente, en la medida que “[…] la censura de la parte actora
radica exclusivamente en la discrepancia con la decisión adoptada, como ocurre en
este caso, en el cual es evidente que la parte demandante pretende que se profiera
un nuevo fallo en el que se acceda a sus pretensiones, ya que no comparte las
consideraciones de la Sala para resolver el recurso de apelación presentado por la
parte demandante […]”.

5.2. Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., solicitó declarar improcedente
la acción constitucional al no haberse configurado defecto fáctico o defecto
sustantivo alguno, esto es, no se cumplió con los requisitos de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial.

5.3. El departamento del Valle del Cauca afirmó que en el caso sub examine, se
presenta inexistencia de vulneración por parte de la Gobernación del Valle del
Cauca, en la medida en que no se encuentra acreditada ninguna conducta atribuible
a esta entidad que se pueda constituir como amenaza o violación de los derechos
fundamentales señalados, razón por la cual se debe declarar la improcedencia del
presente trámite tutelar frente a este ente territorial.

5.4. La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI adujo su falta de legitimación en
la causa por pasiva y señaló que se ha recurrido a la acción de tutela para plantear
una tercera instancia al asunto cuestionado, sin contar con fundamento
constitucional sólido.

5.5. El
municipio de Jamundí aseguró que no se acreditan en el asunto de
referencia la relevancia constitucional, ni una vulneración procesal, ni una decisión

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Accionantes: Luz Inés Mina Balanta y otros

sin motivación, como tampoco la violación del presente judicial o un mandato
constitucional, requisitos esenciales de la procedencia de la acción de tutela contra
provincias judiciales.

5.6. Allianz Seguros S.A., solicitó negar por improcedente e infundada la acción de
tutela promovida al no configurarse ninguno de los defectos alegados por la parte
actora y pretenderse, en realidad, reabrir un debate propio de la jurisdicción
ordinaria ya resuelto por el juez natural.

5.7. Axa Colpatria Seguros S.A. solicitó negar las súplicas de la acción
constitucional, en la medida que no fue por defecto fáctico ni por ninguna otra
actuación caprichosa que el ad quem tomó su decisión, pues los motivos que adujo
en su providencia constituyen una interpretación judicial perfectamente válida y
razonable, por lo que no se avizora la configuración de ninguno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte
violación a los derechos fundamentales de la parte accionante.

5.8. Chubb Seguros de Colombia S.A., solicitó declarar improcedente la acción de
tutela al no haberse configurado defecto fáctico o defecto sustantivo alguno, esto
es, no se cumplió con los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 19 de marzo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado resolvió declarar improcedente la acción de tutela por incumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

7. Al respecto consideró que:

“[…] la Sala advierte que la tutela en estudio es improcedente, dado que se
emplea como un mecanismo para controvertir la valoración probatoria realizada
dentro del proceso ordinario. En efecto, los accionantes insisten en que las
pruebas obrantes en el expediente acreditaban suficientemente que la causa
del accidente era atribuible al Estado, debido a la deficiente señalización de la
vía en la que ocurrieron los hechos.

Además, el escrito de tutela carece de una carga argumentativa mínima que
justifique la intervención del juez de tutela. En suma, los accionantes acuden a
la acción de tutela como una tercera instancia para exponer sus discrepancias
con el juicio probatorio efectuado por los jueces de la causa, a partir de la
apreciación general y subjetiva de que en el proceso sí estaba acreditada la
responsabilidad estatal.

El aparte transcrito de la sentencia da cuenta de que la acusación general según
la cual el tribunal restó mérito probatorio al informe policial de accidente de
tránsito y a los testimonios de los agentes de tránsito que atendieron el suceso,
no solo constituye una expresión subjetiva y general de desacuerdo con el juicio
de valoración probatoria, que no satisface la carga mínima necesaria para
cuestionar sentencias por vía de la acción de tutela, sino que además no se
corresponde con la valoración probatoria efectivamente expuesta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 10 de diciembre de 2025.

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Accionantes: Luz Inés Mina Balanta y otros

En efecto, el escrito de tutela carece de argumentación dirigida a evidenciar en
qué consistió el error que se le atribuye a las autoridades judiciales accionadas.
La parte actora no explica por qué considera que se restó mérito a las pruebas
señaladas ni en qué consistió la alegada valoración contraevidente. Por el
contrario, el escrito se limitó a expresar una inconformidad consistente en que
las autoridades no hayan valorado los medios de convicción en el sentido
pretendido por la parte actora, esto es, para respaldar la tesis según la cual la
causa eficiente del daño fue la alegada omisión en la señalización de la vía.

Sin embargo, los jueces naturales de la causa descartaron dicha hipótesis con
fundamento, precisamente, en los medios de prueba señalados por la parte
actora, sin que en la acción de tutela se exponga argumentación alguna que
permita evidenciar un error en el razonamiento de los jueces de la causa que
los llevó a concluir que fue la conducta de la víctima la causa del accidente […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. Los accionantes impugnaron el fallo proferido en primera instancia, con base en
los siguientes argumentos:

“[…] Luz Ines Mina Balanta Amparo Marquez Valencia José Hernan
Carabali Dania Carabali Marquez Albert Carabali Marquez Yoliany Carabali
Márquez Elssy Carabali Márquez Suleydi Carabali Márquez Dario Carabali
Loboa, Sair Carabali Loboa, vecinos, domiciliados y residenciados en Cali,
Valle, obrando en nombre propio, en nuestra condición de parte actora en la
acción de tutela de la referencia, respetuosamente manifestamos que
impugnamos el fallo de tutela del 19 de marzo de 2026, notificado a nosotros
vía electrónica el día miércoles 25 de marzo de 2026 a la 12:37 PM […]”.
[Negrilla del texto]

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VIII.2. Cuestión previa

10. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Accionantes: Luz Inés Mina Balanta y otros

desvinculación procesal presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI.

11. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

12. En el caso objeto de estudio, se observa que la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI fue parte demandada dentro del medio de control de reparación
directa con radicación núm. 76001-33-33-002-2018-00012-00/01, por lo tanto, la
Sala considera que le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción
constitucional.

13. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VIII.3. Problemas jurídicos

14. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 22 de junio de 2023 y 10 de diciembre de 2025, proferidas por
el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la
providencia de 10 de diciembre de 2025, proferida en segunda instancia por el
Tribunal, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta
decisión fue la que puso fin a dicha controversia.

15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

7

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a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por los accionantes.

16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.

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21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

24. Los señores Luz Inés Mina Balanta, Santiago Carabalí Mina, Tania Carabalí Mina,
Amparo Márquez Valencia, José Hernan Carabalí, Dania Carabalí Márquez, Albert
Carabalí Márquez, Yoliany Carabalí Márquez, Elssy Carabalí Márquez, Suleydi
Carabalí Márquez, Dario Carabalí Loboa y Sair Carabalí Loboa solicitaron, en
nombre propio, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a las providencias de
22 de junio de 2023 y 10 de diciembre de 2025, proferidas por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación 76001-
33-33-002-2018-00012-00/01.

VIII.5.1. De la carga argumentativa como requisito mínimo en las
impugnaciones

25. LaSección Primera del Consejo de Estado, en distintas oportunidades13, ha
señalado que, en el caso específico de tutela contra providencias judiciales, el deber
de sustentar la impugnación adquiere una connotación aún más precisa y exigente,
en tanto la parte que cuestiona este tipo de fallos de tutela, debe cumplir con la
carga argumentativa respectiva, lo que le obliga a exponer las razones que

Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de 2019, M.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente Núm. 11001-03-15-000-2018-03767-01.

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Accionantes: Luz Inés Mina Balanta y otros

sustentan su impugnación y a identificar y justificar si se configura o no la causal
específica de procedibilidad.

26. La Sala ha advertido que aun cuando el trámite de la acción de tutela deba
desarrollarse con arreglo a los principios de prevalencia del derecho sustancial,
celeridad, eficacia14, interpretación judicial de los derechos protegidos (artículo 4
ibidem) y prevalencia de la informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14
ibidem), ello no es óbice para omitir el deber que le asiste a la parte que impugna el
fallo de tutela de explicar las razones que motivan su disentimiento15.

27. Esta Sección, mediante sentencia de 28 de febrero de 2019, fijó unas reglas en
relación con la carga argumentativa que deben cumplir las impugnaciones en
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Ello en los
siguientes términos:

“[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa mínima […].

Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima, en
donde exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad judicial,
incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo;
v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en los términos de la
sentencia C-590 de 20051, proferida por la Corte Constitucional, postura
jurisprudencial, que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo
que se trate de un sujeto de especial protección constitucional, a quien no se le
exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar las
medidas necesarias, para garantizar la protección de sus derechos
fundamentales, especialmente, el acceso a la administración de justicia […]”16.
[subrayado fuera del texto].

28. Con fundamento en lo anterior, se observa que en este caso los accionantes
omitieron exponer los argumentos por los que consideraban que debía revocarse la
sentencia de primera instancia.

29. Tal omisión hace imposible que esta Sección pueda efectuar un análisis de la
impugnación.

30. Así las cosas, esta Sección confirmará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo contra la providencia de 10 de diciembre
de 2025.

14 Artículo 3 del Decreto 2591 de 1991.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Oswaldo Giraldo López, sentencia de 3
de diciembre 2018, expediente Núm.13001-23-33-000-2018-00641-01.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de 2019,
expediente número 11001-03-15-000-2018-03163-01(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00176-01
Accionantes: Luz Inés Mina Balanta y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de marzo de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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