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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07562-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07562-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 5 de febrero de 2026 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07562-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Edna Rocío Llanos Apache en representación de su
menor hijo D.A.O.LL.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Tolima.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07562-01.
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
de primera instancia porque la impugnación no cumple con la carga
argumentativa.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
5 de febrero de 2026 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La señora Edna Rocío Llanos Apache y su núcleo familiar, en
ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron demanda
contra el Hospital San Carlos ESE de Saldaña - Tolima y el Hospital
Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué, con el fin de que fuesen
declaradas administrativa y patrimonialmente responsables de los
perjuicios causados por la falla en la prestación del servicio médico que le
ocasionó al menor D.A.O.LL. daños relacionados con secuelas
neurológicas severas.

1.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante
sentencia de 29 de septiembre de 2021 accedió parcialmente a las

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pretensiones de la demanda al considerar que el daño antijurídico que
sufrieron los demandantes con ocasión de la lesión cerebral padecida por
el menor D.A.O.LL. resultó atribuible al Hospital San Carlos E.S.E de
Saldaña - Tolima al encontrarse acreditado que “[…] existió una demora
injustificada en el proceso de intubación orotraqueal del menor, lo que
aumentó las probabilidades de padecer un paro cardio- respiratorio que a
la postre le causó por lo menos, parte importante de las lesiones cerebrales
presentadas […]”.

1.3. Contra la decisión anterior el Hospital San Carlos ESE de Saldaña -
Tolima presentó recurso de apelación.

1.4. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 12 de
junio de 2025 revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte demandante
no cumplió con la carga de probar que existió una falla médica que originó
la lesión neurológica del menor D.A.O.LL. o que las actuaciones médicas
fueron negligentes ante el cuadro clínico que presentó el paciente.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico al desconocer el dictamen pericial mediante el cual se acreditó que la
falla médica en la atención del menor D.A.O.LL. fue la que ocasionó la parálisis
cerebral.

Agregó que el tribunal accionado valoró el material probatorio de manera
indebida, imponiendo su criterio personal y privándola de la protección al
derecho a la indemnización por el daño antijurídico causado.

Advirtió que en la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta que el
perito médico señaló que el manejo inicial de la insuficiencia respiratoria incluía
la preparación para la intubación.

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Adujo que la historia clínica y el dictamen pericial confirmaron que la atención
fue inadecuada porque la falta de intubación preventiva contribuyó al daño,
toda vez que el menor de tan solo dos meses ingresó con dificultad respiratoria
severa y solo fue intubado cuatro horas después, cuando ya había sufrido un
paro cardiorrespiratorio.

Indicó que la prueba pericial demostraba que se configuraron los elementos
de responsabilidad porque se produjo un daño antijurídico derivado de una
falla en el servicio médico.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. Sírvase Señor Juez de tutela TUTELAR nuestros
derechos fundamentales al Debido Proceso y demás que se consideren
vulnerado de acuerdo a los hechos narrados, por las razones de hecho
expuestas en el presente escrito.

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, sírvase DECLARAR sin
ningún efecto jurídico, la decisión de segunda instancia contenida en la
providencia del 12/06/2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima dentro de la radicación No. 73-001-33-33-004-2012-00185-01,
todo ello dentro del Proceso de Reparación Directa de la suscrita contra
el Hospital San Carlos E. S. E. de Saldaña y otros.

TERCERA. Como corolario de lo anterior DISPONER que el tribunal,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del fallo proceda
proferir providencia de segunda instancia conforme los lineamientos que
el señor juez de tutela disponga […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 1° de diciembre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima y se vinculó al Juzgado
Cuarto Administrativo de Ibagué, al Hospital San Carlos ESE de Saldaña -
Tolima, al Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué, a la Aseguradora
Confianza SA, a los señores Jairo Alberto Segovia Almanza y Jesús Eugenio
Ospina Díaz, en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.

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2. El 5 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió
sentencia de primera instancia negando las pretensiones de amparo.

3. Mediante auto de 23 de febrero de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.

III. INTERVENCIONES

1. El Hospital San Carlos ESE de Saldaña solicitó declarar improcedente la
acción de tutela porque lo pretendido es cuestionar una controversia judicial
que ya fue resuelta en sede ordinaria incluso en segunda instancia. Agregó
que las autoridades judiciales actuaron conforme a derecho y no vulneraron
ningún derecho fundamental de la parte accionante.

2. El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué solicitó declarar improcedente
la tutela porque lo pretendido por la parte accionante es obtener un tercer fallo
que le sea favorable. Asimismo, señaló que carece de falta de legitimación en
la causa por pasiva.

3. La Aseguradora Seguros Confianza SA solicitó declarar improcedente la
acción de tutela porque carece del requisito de relevancia constitucional, en
razón a que lo pretendido por la parte actora es que se revoque el fallo de
segunda instancia con el fin de obtener el pago de una indemnización dentro
de un proceso de reparación directa.

Finalmente, solicitó mantener incólume el fallo cuestionado el cual reconoció
que la póliza núm. RC000736 contratada por el Hospital San Carlos de
Saldaña no cubre perjuicios extrapatrimoniales.

IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5 de febrero
de 2026 negó las pretensiones de amparo y las solicitudes de desvinculación
propuestas por el Hospital San Carlos ESE de Saldaña, el Hospital Federico

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Lleras Acosta y la aseguradora Seguros Confianza SA.

Manifestó que el tribunal accionado en ejercicio de su autonomía y bajo las
reglas de la sana crítica sí valoró el dictamen pericial, pero no lo hizo de forma
aislada, sino en conjunto “[…] con todas las pruebas obrantes en el expediente
(historia clínica y testimonios), lo que le permitió concluir que, pese a las
observaciones del perito sobre la intubación, el nexo causal ya se había roto
por la gravedad de la broncoaspiración previa, es decir, que la causa eficiente
del daño no fue la atención hospitalaria, sino el evento previo al ingreso […]”.

Asimismo, señaló que “[…] la inconformidad de la parte actora no radica en
que el Tribunal haya omitido o ignorado la existencia del dictamen pericial, sino
en que no le otorgó el alcance que la demandante pretendía […]”.

A partir de lo anterior, indicó que el tribunal determinó correctamente que no
existía prueba suficiente para atribuir responsabilidad a las entidades
hospitalarias demandadas y que la parte actora no cumplió con la carga de
demostrar bajo el régimen de falla probada aplicable a la responsabilidad
médica del Estado, la existencia de una conducta negligente o de una omisión
en la prestación del servicio que hubiera ocasionado la lesión neurológica.

V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia indicando que “[…] los
argumentos de esta inconformidad serán presentados ante el juez de la
impugnación […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3. Caso concreto

3.1. De la carga argumentativa en la impugnación

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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Esta Sección en varias oportunidades5 ha señalado que, en el caso específico
de tutela contra providencias judiciales el deber de sustentar la impugnación
adquiere una connotación aún más precisa y exigente, en tanto la parte que
impugna este tipo de fallo de tutela debe cumplir con la carga argumentativa
respectiva, lo que se traduce en que debe exponer las razones que sustentan
su cuestionamiento e identificar y justificar si se configura o no la causal
específica de procedibilidad.

Lo anterior permite conciliar la necesidad de proteger los derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, los cuales podrían comprometerse en el evento en que se
generalice la práctica de utilizar la acción de tutela como una tercera instancia
judicial.

Por ello, la Sala ha advertido que aun cuando el trámite de la acción de tutela
debe desarrollarse con arreglo a los principios de prevalencia del derecho
sustancial, celeridad, eficacia (artículo 3 Decreto Ley 2591 de 1991),
interpretación judicial de los derechos protegidos (artículo 4 ibidem) y
prevalencia de la informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibidem),
ello no es óbice para resaltar el deber que le asiste a la parte que impugna el
fallo de tutela de explicar las razones que motivan su disentimiento6.

En sentencia de 28 de febrero de 2019 esta Sección fijó unas subreglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir en las impugnaciones
dentro del marco de la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela
proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa
mínima […].

Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela
proferida en primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio
o ii) por medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga

5
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de 2019,
radicación No. 11001-03-15-000-2018-03767-01(AC).
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 3 de diciembre de 2018, Radicación
número: 13001-23-33-000-2018-00641-01(AC).

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argumentativa mínima, en donde exponga las razones jurídicas por
las cuales una autoridad judicial, incurrió en los defectos: i) orgánico; ii)
procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin
motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa
de la Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 20051,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que fue
acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo que se trate de un
sujeto de especial protección constitucional, a quien no se le exigirá
dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar
las medidas necesarias, para garantizar la protección de sus
derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia […]”7. [Se destaca]

En el caso concreto, la Sala encuentra que la parte accionante al impugnar la
decisión del a quo omitió efectuar un reparo concreto, específico, claro y
coherente acerca del motivo por el cual consideraba que la sentencia de
primera instancia fue desacertada al negar el amparo de las pretensiones de
la acción constitucional, ya que simplemente se limitó a manifestar que
impugnaba indicando que “[…] los argumentos de esta inconformidad serán
presentados ante el juez de la impugnación […]”, sustentación que nunca fue
allegada al presente expediente.

Por lo anterior resulta evidente que la impugnante no planteó ningún
cuestionamiento frente a los argumentos que tuvo en cuenta el a quo para
negar las pretensiones del mecanismo de amparo ni tampoco se encuentra
acreditada alguna excepción para no exigir en el presente asunto la
sustentación de una carga mínima argumentativa.

Por lo anterior, la Sala no puede adentrarse al estudio de fondo de la
impugnación presentada por la parte impugnante, siendo lo procedente, de
esta manera, confirmar el fallo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de 2019,
expediente número 11001-03-15-000-2018-03163-01(AC).

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 5 de febrero de 2026 proferido
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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