Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08002-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08002-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08002-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-08002-01
Accionante: WILLIAM MEDINA SERNA
Accionada: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. La impugnación no satisfizo la carga mínima argumentativa.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
19 de febrero de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor William Medina Serna solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 27 de junio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con número de radicación 76001-23-33-000-2020-01549-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Señaló que acreditó 7025 días, correspondientes a 1003 semanas cotizadas al
sistema de seguridad social en pensiones desde 1979 hasta 2017. Trabajó para el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) desde el 11 de diciembre de 1985
hasta el 14 de mayo de 2000 en cargos de alto riesgo según el artículo 2 del Decreto
1835 de 19941. Solicitó reconocimiento de pensión especial de vejez de alto riesgo
ante la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) quien respondió
desfavorablemente mediante Resolución SUB-178064 de 10 de julio de 2019,
ratificada a través de la Resolución SUB-218586 de 15 de agosto de 2019.
1
“[…] Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-08002-01
Accionante: William Medina Serna
2.2. Indicó que promovió demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento con número de radicación 76001-23-33-000-2020-01549-00/01
contra la Administradora Colombiana de Pensiones con el fin de que se declarara la
nulidad de las Resoluciones SUB-178064 de 10 de julio, SUB-218586 de 15 de agosto
y DPE-9699 de 1 de septiembre de 2019, mediante las cuales se negó la pensión
especial de vejez por actividades de alto riesgo. A título de restablecimiento del
derecho solicitó el reconocimiento de la pensión a partir del 3 de noviembre de 2018,
el retroactivo indexado, los intereses moratorios y costas.
2.3. Agregó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, autoridad judicial que, mediante providencia de 15 de septiembre
de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
2.4. Sostuvo que interpuso recurso de apelación contra la providencia mencionada y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante providencia
de 27 de junio de 2025, revocó el numeral relacionado con la condena en costas y
confirmó en lo demás dicha sentencia.
2.5. Expresó que la providencia antes referida vulneró sus derechos al debido proceso,
mínimo vital, acceso a la administración de justicia y a la seguridad social por haber
incurrido, presuntamente, en el defecto sustantivo y en la causal de violación directa
de la Constitución.
2.6. Adujo que el defecto sustantivo se configuró por la inaplicación de la normativa
vigente en la medida en que se aplicó el Decreto 1047 de 1978 y se omitió la Ley 860
de 2003, la cual regula de manera específica el número de semanas exigibles para
trabajo en actividades de alto riesgo, que por su naturaleza requieren una menor
cantidad en la cotización.
2.7. Expuso que se presentó una violación directa de la Constitución al desconocer la
seguridad social como derecho irrenunciable, sujeto al principio de progresividad, así
como por omitir la aplicación de los principios de favorabilidad laboral, primacía de la
realidad y protección reforzada en actividades de alto riesgo.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales AL ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, AL MINIMO VITAL, A LA SEGURIDAD
SOCIAL, DEBIDO PROCESO. Ya que EL CONSEJO DE ESTADO -SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA,
SUBSECCION B., en sentencia del veintisiete (27) de junio de dos mil
veinticinco (2025) suscrita por el Consejero Ponente JUAN ENRIQUE BEDOYA
ESCOBAR, decidió confirmar la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, de fecha 15 de septiembre de
dos mil veintitrés (2023), Magistrado Ponente Dr. JHON ERICK CHAVEZ
BRAVO (E), dentro del proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho promovido por el señor WILLIAN (sic) MEDINA SERNA, en contra de
la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES)
(sic)
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Accionante: William Medina Serna
SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia proferida por el COSEJO (sic) DE
ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B., de fecha 27 de junio de 2027 (sic) suscrita por
el Consejero ponente Doctor JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR dentro del
proceso de Acción de Nulidad (sic) Restablecimiento de Derecho promovido,
por el señor WILLIAN (sic) MEDINA SERNA, contra la ADMINISTRADORA
COLOMBINA (sic) DE PENSIONES COLPENSIONES-.
TERCERO. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO - SECCIÓN SEGUNDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN SEGUNDA (sic), SUBSECCIÓN B. que en (sic) dentro del término
que se fije en sentencia que decida esta Acción de Tutela, se profiera una nueva
sentencia, en que (sic) se reconozca al señor WILLIAN (sic) MEDINA SERNA
el derecho a gozar a (sic) la Pensión Especial de Vejez por alto riesgo, ajustada
a los parámetros de los artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional y la ley
860 de 2003, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el fallo que
así lo resuelva. […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 28 de enero de 2026, el Despacho de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente
acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y las vinculadas, se
allegó el siguiente informe:
5.1. LaAdministradora Colombiana de Pensiones manifestó que no existen
derechos de petición pendientes de resolución a nombre del accionante y que lo
cuestionado corresponde a la actuación de una autoridad judicial, no de la entidad.
Asimismo, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto las
pretensiones invaden la órbita del juez ordinario, sin que se haya acreditado la
existencia de un perjuicio irremediable o la vulneración de derechos fundamentales;
adicionalmente, indicó que el asunto ya fue objeto de pronunciamiento en otro
proceso, lo que configura la cosa juzgada.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 19 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela debido a que no
se superó el requisito de relevancia constitucional.
7. Al respecto consideró que:
“[…] Aun cuando en el escrito de tutela se indica que la providencia objetada
constituye una afectación a sus derechos fundamentales al debido proceso,
al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia, se observa que
dichos argumentos no denotan una vulneración iusfundamental, sino que
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Accionante: William Medina Serna
plantean una inconformidad con la manera como la autoridad judicial
accionada confirmó la decisión de primera instancia que había negado las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
relacionada con el reconocimiento de la pensión de vejez de alto riesgo.
Es decir, que el debate que propone el actor no trasciende al escenario
constitucional o a la defensa de un derecho fundamental, sino que se limita a
plantear reproches generales relacionados con la negativa al reconocimiento
de la pensión de vejez de alto riesgo. Lo anterior bajo el argumento que se
configuraron los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución
derivados de una supuesta interpretación indebida de los artículos 33 de la
Ley 100 de 1993; 1° y 2° del Decreto 2646 de 1994; 12 del Decreto 1835 de
1994; los parágrafos 2°, 3° y 5° del artículo 2 de la Ley 860 de 2003 y el
Decreto 1047 de 1978. No obstante, no se advierte una fundamentación clara
y mínima que explique por qué considera errónea dicha interpretación y
contraria a la garantía de sus derechos fundamentales, pues se limita a
enunciar las normas presuntamente vulneradas, sin desarrollar un análisis
detallado que sustente sus afirmaciones.
Bajo el escenario expuesto, la Sala observa que la parte demandante emplea
la acción de tutela para plantear reproches que no cumplen con la carga
mínima argumentativa, pues las razones expuestas en el escrito de tutela no
le permiten al juez de tutela adentrarse en un estudio de fondo de la
providencia censurada. En efecto, se advierte que en la demanda de tutela la
parte actora se limitó a enunciar distintas normas, sin demostrar de manera
razonada cómo la autoridad judicial accionada, en tanto alta corte, incurrió en
alguna de las causales especiales de procedencia.
Por lo anterior, se observa que los planteamientos de la parte actora carecen
de un desarrollo argumentativo claro, concreto y suficiente que permita
establecer la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
conforme a las causales generales y específicas previstas por la
jurisprudencia constitucional, y tampoco presenta argumentos concretos que
controviertan de manera directa las razones de la decisión que cuestiona.
[…]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia e indicó “[…]
que la sustentación de la presente impugnación será remitida mediante escrito
separado dentro del término legal correspondiente, desarrollando las razones de
inconformidad frente a la decisión adoptada […]”. Sin embargo, no aportó ningún
otro memorial adicional.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
2
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
3
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
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Accionante: William Medina Serna
de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20247.
VIII.2. Problemas jurídicos
10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
4
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
5
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
6
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
7
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
6
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Accionante: William Medina Serna
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
18. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
19. El señor William Medina Serna solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 27 de junio de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08002-01
Accionante: William Medina Serna
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con número de radicación 76001-23-33-000-2020-01549-00/01.
VIII.4.1. De la carga argumentativa como requisito mínimo en las
impugnaciones
20. LaSección Primera del Consejo de Estado, en distintas oportunidades13, ha
señalado que, en el caso específico de tutela contra providencias judiciales, el deber
de sustentar la impugnación adquiere una connotación aún más precisa y exigente,
en tanto la parte que cuestiona este tipo de fallos de tutela, debe cumplir con la
carga argumentativa respectiva, lo que le obliga a exponer las razones que
sustentan su impugnación y a identificar y justificar si se configura o no la causal
específica de procedibilidad.
21. La Sala ha advertido que aun cuando el trámite de la acción de tutela deba
desarrollarse con arreglo a los principios de prevalencia del derecho sustancial,
celeridad, eficacia14, interpretación judicial de los derechos protegidos (artículo 4
ibidem) y prevalencia de la informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14
ibidem), ello no es óbice para omitir el deber que le asiste a la parte que impugna el
fallo de tutela de explicar las razones que motivan su disentimiento15.
22. Esta Sección, mediante sentencia de 28 de febrero de 2019, fijó unas reglas en
relación con la carga argumentativa que deben cumplir las impugnaciones en
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Ello en los
siguientes términos:
“[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa mínima […].
Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima, en
donde exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad judicial,
incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo;
v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en los términos de la
sentencia C-590 de 20051, proferida por la Corte Constitucional, postura
jurisprudencial, que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo
que se trate de un sujeto de especial protección constitucional, a quien no se le
exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar las
medidas necesarias, para garantizar la protección de sus derechos
fundamentales, especialmente, el acceso a la administración de justicia […]”16.
[subrayado fuera del texto].
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de
2019, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente Núm. 11001-03-15-000-2018-03767-01.
14 Artículo 3 del Decreto 2591 de 1991.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Oswaldo Giraldo López,
sentencia de 3 de diciembre 2018, expediente Núm.13001-23-33-000-2018-00641-01.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de 2019,
expediente número 11001-03-15-000-2018-03163-01(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-08002-01
Accionante: William Medina Serna
23. Con fundamento en lo anterior, se observa que en este caso la parte accionante
omitió exponer los argumentos por lo que consideraba que debía revocarse la
sentencia de primera instancia.
24. Tal omisión hace imposible que esta Sección pueda efectuar un análisis de la
impugnación.
25. Así las cosas, esta Sección confirmará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo contra la providencia de 27 de junio de
2025.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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