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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03222-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03222-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. 5 La Sala se pronunció en igual sentido en las sentencias proferidas el 28 de abril de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación 11001-03-15-000-2021-11380-01; el 25 de agosto de 2023 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación 11001-03-15-000-2023-02222-01, y del 15 de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación 11001-03-15-000-2023-06623-01. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 03222 01 Accionante: José Luis Cardozo Rivero SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03222-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de septiembre de 2025

Radicación: 11001 03 15 000 2025 03222 01
Accionante: José Luis Cardozo Rivero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 03222 01
Accionante: JOSÉ LUIS CARDOZO RIVERO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C Y OTRO

Tesis: No procede el estudio de la impugnación si la parte
accionante no cumple con la carga argumentativa
mínima para controvertir la decisión proferida en primera
instancia y no se encuentra justificación para dicha
omisión

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala se pronuncia sobre la impugnación interpuesta por la parte actora
contra el fallo del 26 de junio de 2025, dictado por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor José Luis Cardozo Rivero solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, que estima vulnerados con las providencias del 22 de julio y del
25 de noviembre de 2024, dictadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, y el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, respectivamente proferidas en el proceso
de reparación directa núm. 25000 23 36 000 2017 00452 00/01.

1.2. El medio de control fue presentado por el aquí accionante con el
objeto de que se declarara administrativamente responsable a la Nación,
Rama Judicial.

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Accionante: José Luis Cardozo Rivero

1.3. El accionante informó que la demanda de reparación directa
correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, quien, en sentencia del 21 de marzo de 2024,
denegó las pretensiones de la demanda.

1.4. El demandante presentó recurso de apelación contra la anterior
providencia y, en la misma fecha, informó que, pese a los múltiples
intentos, no le fue posible cargar el memorial de apelación en el aplicativo
SAMAI.

Respecto a esa manifestación, el 16 de abril de 2024, la Secretaría de la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal le informó al demandante
que podía presentar el recurso de apelación a través del buzón
rrmemorialessec03satadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Los días 19 y 22 de abril de 2024, la parte demandante envió a los correos
electrónicos scs03sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y
rrmemorialessec03satadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co un escrito en
el que indicó que adjuntaba documentos que debían ser tenidos en cuenta
en el recurso de apelación.

1.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, mediante proveído del 30 de abril de 2024, rechazó el
recurso de apelación por falta de sustentación oportuna, con fundamento
en lo establecido en el numeral 1° del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).

1.6. Contra la anterior decisión el demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio queja. Previo a la resolución del recurso, la
Secretaría requirió a la demandante para que allegara el escrito del
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia al buzón

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electrónico scs03sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, sin que se
recibiera respuesta por la parte requerida.

1.7. A través de proveído del 22 de julio de 2024, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, resolvió
no reponer la providencia del 30 de abril de 2024, al considerar que el
término para apelar la sentencia de primera instancia había corrido entre
el 10 y el 24 de abril de 2024, y que, si bien en el correo del 15 del mismo
mes y año la demandante manifestó que interponía el recurso, no adjuntó
los documentos correspondientes. Además, advirtió que la apoderada de
la demandante guardó silencio ante el requerimiento realizado por la
Secretaría del Tribunal accionado para que aportara los documentos.

1.8. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en auto del 25
de noviembre de 2024, resolvió el recurso de queja y estimó bien
rechazado el recurso de apelación, pues el Tribunal no podía desconocer
los requisitos establecidos en la ley para concederlo, más concretamente,
la sustentación, que no fue presentada oportunamente por la actora.

1.9. La parte accionante manifestó en la tutela que las decisiones
debatidas incurrieron en defecto fáctico por indebida e incompleta
valoración de las pruebas allegadas al proceso, específicamente, de las
capturas de pantalla que demostraban que el recurso de apelación fue
remitido oportunamente el 15 de abril de 2024 al buzón electrónico de la
Secretaría del Tribunal accionado. Asimismo, destacó los correos
electrónicos enviados los días 19 y 22 de abril, a los cuales adjuntó
pruebas que debían ser apreciadas en conjunto con dicho recurso. Según
su criterio, dichas capturas de pantalla y archivos, acreditaban que el
recurso de apelación y su sustentación fueron radicados dentro del
término legal establecido.

Indicó que la desatención de las mencionadas pruebas llevó a una decisión
desconectada de la realidad procesal, por cuanto se afirmó que no fue

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sustentado el recurso, cuando las mencionadas pruebas documentales
eran suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos
oportunidad y sustentación del recurso de apelación.

1.10. Adujo que las decisiones atacadas incurrieron en defecto
procedimental absoluto, dado que la Secretaría del Tribunal accionado
no habría cargado ni gestionado en debida forma los documentos que
fueron enviados en los correos electrónicos de los días 15, 19 y 22 de
abril de 2024, que contenían la radicación y sustentación del recurso de
apelación, lo que, a su juicio, generó una irregularidad en las decisiones.

Además, señaló que se configuró un exceso ritual manifiesto al priorizar
la aplicación estricta de determinados procedimientos por encima de la
efectividad de los derechos fundamentales. En particular, hizo referencia
a las dificultades técnicas presentadas en la radicación electrónica de
memoriales y concluyó que el excesivo formalismo terminó por
desconocer sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.

1.11. Indicó que las decisiones objeto de debate desconocieron el
precedente de la Corte Constitucional respecto de “la primacia (sic) del
derecho sustancial sobre el procesal”; no obstante, no invocó
pronunciamientos específicos.

1.12. Finalmente, sostuvo que las decisiones debatidas incurrieron en
violación directa de la Constitución, al vulnerar sus derechos
fundamentales.

1.13. Con fundamento en los anteriores argumentos, formuló las
siguientes pretensiones1:

“PRIMERO: Se tutele el DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL PROCESAL, que señala que señala
el art. 1, 29 y 228 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL de 1991 de COLOMBIA, y los

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Se transcribe del texto original, aun con posibles errores.

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que se encontraren demostrados como violados y amenazados en la presente
acción de tutela.

SEGUNDO: Se deje sin efectos jurídicos el auto del 22 de julio del 2024 proferido
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCION TERCERA,
siendo M.P.: BERTHA LUCY CEBALLOS PASADA HOY ANDREW JULIAN MARTINEZ
MARTINEZ (E), bajo radicado: 25000233600020170045200,en acción de
reparación directa, siendo demandante el Suscrito con la NACION - RAMA
JUDICIAL, y auto del 25 de noviembre del 2024, proferido por el CONSEJO DE
ESTADO SECCIÓN TERCERA SUBSECCION C, bajo radicado:
25000233600020170045201, C.E.: NICOLAS YEPES CORRALES hoy C.E. ANDREY
JULIAN MARTINEZ MARTINEZ

TERCERO: Se ordene que toda respuesta sea enviada la presente tutela, con el
fin de verificar su cumplimiento y salvoguarda (sic)”. (Mayúscula original del
texto).

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 4 de junio de 2025, el a quo admitió la tutela y
ordenó vincular en calidad de tercero con interés a la Nación, Rama Judicial,
a la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la
Secretaría de la Sección Tercera, Subsección A, de dicha corporación, y a
la División de Servicios Digitales y Atención al Usuario del Consejo Superior
de la Judicatura.

2.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, indicó que
la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la accionante busca acceder a una instancia
adicional. Por lo tanto, solicitó se declarara improcedente.

Finalmente, sostuvo que con la decisión objeto de ataque no se
vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante.

2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A rindió informe en el que resumió las consideraciones de la
providencia debatida.

2.4. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, alegó que carece de legitimación en la causa
por pasiva y solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

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Accionante: José Luis Cardozo Rivero

Agregó que las providencias atacadas no vulneraron los derechos
fundamentales del accionante, toda vez que fueron proferidas dentro del
marco normativo que regula el asunto, y que lo que pretende la parte
actora es usar la tutela como si se tratara de una instancia adicional al
proceso ordinario.

2.5. El Centro de Documentación Judicial rindió informe en el cual
indicó que el accionante, el 15 de abril de 2024, dirigió una solicitud al
correo institucional info@cendoj.ramjudicial.gov.co, en el que indicó como
asunto “Apelación de sentencia de primera instancia, radicado
25000233600020170045200, demandante: José Luis Cardozo Rivero
contra Nación - Rama Judicial”, comunicación que fue remitida por
competencia a la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 16 de abril de 2024, gestión que le
fue informada oportunamente al peticionario.

En consecuencia, solicitó denegar las pretensiones de la solicitud de
amparo, porque sus actuaciones se ajustaron a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 1755 de 2015, razón por la cual no se produjo la vulneración
de los derechos fundamentales del accionante.

2.6. La Secretaría de la Sección Tercera, Subsección A, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca allegó copia del expediente del
proceso de reparación directa.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 26 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Quinta, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que esta
carecía de relevancia constitucional, dado que la accionante no argumentó
la vulneración concreta de sus derechos fundamentales, sino que
pretendió reabrir discusiones ya zanjadas por el juez del proceso
ordinario, limitándose a manifestar su inconformidad con las decisiones
adoptadas por aquél.

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De otra parte, denegó la solicitud de desvinculación presentada por la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y
manifestó: “interpongo RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia de
tutela de primera instancia”.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. ANÁLISIS DE LA SALA

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

En el asunto bajo examen, la Sala recuerda que las inconformidades
planteadas por la parte accionante en la tutela consisten en que, a su
juicio, las providencias del 22 de julio y 25 de noviembre de 2024,
dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, y el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, incurrieron en: (i) defecto fáctico por no valorar en debida

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forma las pruebas documentales que, según afirma, demostraban que el
recurso de apelación fue sustentado y presentado dentro del término que
otorga la ley, (ii) defecto procedimental absoluto, dado que la secretaría
del tribunal accionado no gestionó de manera adecuada los documentos
allegados al expediente, por lo que se produjeron decisiones alejadas de
la realidad del proceso, y que prevalecieron las formas sobre el derecho
sustancial, (iii) desconocimiento del precedente constitucional, y (iv)
violación directa de la Constitución, al vulnerar sus derechos
fundamentales.

Al resolver el asunto en primera instancia, el Consejo de Estado, Sección
Quinta, mediante sentencia del 26 de junio de 2025, declaró
improcedente la solicitud de amparo al considerar que esta no cumplía
con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la accionante
pretendía acceder a una instancia adicional del proceso ordinario para
reabrir debates jurídicos que ya habían sido estudiados por el juez
ordinario.

Sin embargo, en la impugnación, la actora no argumentó sobre los
posibles errores en los que habría incurrido el a quo, sino que se limitó a
manifestar que presentaba impugnación contra dicha providencia.

Frente a la falta de argumentos en la impugnación, la Sala ha manifestado
lo siguiente2:

“40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema bajo estudio, la Sala
debe establecer unas sub reglas en relación con la carga argumentativa que se
debe exigir en las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela:

40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que
no habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el
impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente en los términos
del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo trámite
del mismo, teniendo el ad quem, el deber constitucional de resolver el fondo del
asunto; i) analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación 11001-03-15-000-2018-03163-01.

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constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.

40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima, en donde
exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v) error
inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii)
violación directa de la Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de
2005, proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que fue
acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga argumentativa,
toda vez que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias, para garantizar
la protección de sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia […]”.

Particularmente, en la sentencia de 28 de febrero de 20203, la Sala señaló
en relación con el deber de argumentar la impugnación 4 en acciones de
tutela contra providencias judiciales:

“La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes oportunidades, ha
sostenido que, en el caso específico de tutela contra providencia judicial, el deber
de sustentar el recurso de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo que resuelve la acción
de tutela, debe cumplir con la carga argumentativa en cuestión, señalando las
razones que sustentan su impugnación e identificando y justificando por qué se
configura la causal específica de procedibilidad que fue desvirtuada por la primera
instancia.

Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los derechos fundamentales
que la parte actora manifiesta vulnerados, con los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela como una
tercera instancia judicial y no como un mecanismo residual y subsidiario.

Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de la acción de tutela
debe desarrollarse con arreglo a los principios de prevalencia del derecho
sustancial, celeridad, eficacia (artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación
judicial de los derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem), dicha situación no
exonera al recurrente de explicar las razones que motivan su disentimiento con
la decisión judicial recurrida.

En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta Corporación, al
estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, el
cual dispone que el Juez que conozca de la impugnación ‘(…) estudiará el
contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo (…)’,
advirtió que la impugnación debe contener los fundamentos de la inconformidad

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación 11001-03-15-000-2019-04314-01.
4
Al respecto, también puede verse la sentencia del 3 de abril de 2025, consejero ponente: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, radicación: 11001-03-15-000-2024-06601-01.

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del impugnante con el fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para cotejar y pronunciarse.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de sustentar el recurso de
impugnación en el caso específico de tutela contra providencia judicial, se
convierte en un mecanismo de control del ejercicio de las potestades del juez
constitucional en esta materia para que no actúe como una tercera instancia, lo
cual estaría en contravía de los principios constitucionales de seguridad jurídica
y autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de
1991”.

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es evidente que la parte actora
no presentó los argumentos que sustentaran su inconformidad frente a la
sentencia proferida en primera instancia. Es decir, el escrito de
impugnación careció de la carga argumentativa mínima necesaria para
expresar los reparos contra la decisión que se controvierte.

Por ello, se concluye que no es procedente realizar un análisis de fondo
sobre el asunto, pues no se encuentran los elementos de juicio suficientes
para revisar si la providencia impugnada se ajusta o no a derecho5,
máxime cuando no se advirtió justificación válida para dicha omisión.

Por lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, que
declaró improcedente el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de junio de 2025, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.

5
La Sala se pronunció en igual sentido en las sentencias proferidas el 28 de abril de 2022, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón, radicación 11001-03-15-000-2021-11380-01; el 25 de agosto de 2023 C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, radicación 11001-03-15-000-2023-02222-01, y del 15 de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, radicación 11001-03-15-000-2023-06623-01.

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Accionante: José Luis Cardozo Rivero

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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