Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11380-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11380-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11380-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2021-11380-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JAIME TRUJILLO BARRERA
TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. EN EL PRESENTE
CASO EL ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA
MÍNIMA PARA IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA
INSTANCIA, ASÍ COMO TAMPOCO SE ADVIRTIÓ NINGUNA
JUSTIFICACIÓN PARA SU OMISIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 24 de febrero de 2022, mediante la cual la SECCIÓN
CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia, por falta de relevancia
constitucional.
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En adelante la SECCIÓN CUARTA.
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Número único de radicación: 110010315000-2021-11380-01
Actor: JAIME TRUJILLO BARRERA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JAIME TRUJILLO BARRERA, actuando a través de
apoderado, instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad
social, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO2, al haber proferido
la sentencia de 28 de febrero de 2020, dentro de la acción de
reparación directa identificada con el número único de radicación
760012331000 2010 00794 01.
I.2.- Hechos
Pese a la falta de claridad de la situación fáctica narrada en el escrito
introductorio, con base en los elementos de juicio obrantes en el
plenario, la Sala tiene como relevantes para resolver los siguientes
hechos:
El 23 de agosto de 2001, la Fiscalía Veintiséis de Cali inició una
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En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Número único de radicación: 110010315000-2021-11380-01
Actor: JAIME TRUJILLO BARRERA
investigación contra la señora MARTHA ISABEL DAVIS, con
fundamento en una denuncia formulada por el señor JAIME
TRUJILLO BARRERA en relación con un accidente de tránsito en el
que éste resultó lesionado.
El 21 de diciembre de 2005, una vez fue formulada la resolución de
acusación respectiva, el proceso fue atribuido para su trámite en
primera instancia al JUZGADO DIECINUEVE PENAL MUNICIPAL
DE CALI.
En el proceso penal el actor fue vinculado como parte civil, en cuya
condición solicitó, entre otros aspectos, que se remitiera copia de la
póliza de seguro del vehículo involucrado con destino al Instituto de
Seguros Sociales, con la finalidad de que este resolviera sobre el
reconocimiento de una pensión por invalidez.
Mediante sentencia de 27 de marzo de 2008, el JUZGADO
DIECINUEVE PENAL MUNICIPAL DE CALI condenó a la señora
MARTHA ISABEL DAVIS por el delito de lesiones personales
culposas y, en consecuencia, le ordenó en forma solidaria con la
aseguradora llamada en garantía el pago de $ 188.396.049.oo, como
indemnización de perjuicios materiales y 350 salarios SMLMV por
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Número único de radicación: 110010315000-2021-11380-01
Actor: JAIME TRUJILLO BARRERA
concepto de perjuicios morales.
A través de sentencia de 17 de julio de 2008, el JUZGADO ONCE
PENAL DEL CIRCUITO DE CALI confirmó la decisión aludida y
precisó que la aseguradora solo debía responder hasta el tope de la
cobertura de la póliza respectiva.
En sentencia de 4 de marzo de 2009, la SALA DE CASACIÓN PENAL
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA declaró la prescripción de
la acción penal y ordenó la cesación del procedimiento.
El 25 de junio de 2010, el actor promovió acción de reparación directa
contra la NACIÓN- RAMA JUDICIAL con la finalidad de obtener la
reparación del daño originado por la presunta dilación de los jueces
penales que conllevó la prescripción de la acción penal y la
imposibilidad de obtener la indemnización civil.
El proceso aludido fue identificado con el número único de radicación
760012331000 2010 00794 00 y atribuido para su trámite en
primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA que, mediante sentencia de 30 de marzo de 2012,
accedió a las pretensiones de la demanda, al estimar que hubo una
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dilación injustificada en el proceso penal que impidió al actor obtener
el resarcimiento de los perjuicios que reclamaba.
Con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la NACIÓN-
RAMA JUDICIAL, mediante sentencia de 28 de febrero de 2020, la
SECCIÓN TERCERA de esta Corporación revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones al estimar
que el actor no tenía más que una legítima expectativa sujeta a las
condiciones propias de cualquier proceso judicial, por lo cual no podía
considerarse como un derecho cierto que debiera ser reparado.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
El actor afirmó que: “[…] de los graves desafueros e infracciones
contra el debido proceso cometidos por el Juez 19 Penal Municipal de
Cali que finalmente facilitaron la prescripción de la acción penal y civil
[…]”, esta autoridad cometió un error al condenar de forma solidaria
a la aseguradora llamada en garantía, porque esta solo estaba
obligada a responder por el valor de la cobertura de la póliza, esto
es, por $30.000.000.oo que efectivamente fueron cancelados.
Explicó que, como prueba de los daños que se le causaron, obra la
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calificación de su pérdida de capacidad laboral del 78% expedida por
la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca, “[…] condición que
lo hace merecedor de una especial protección […]”.
Precisó que en la medida que la acción penal prescribió “[…] por
causa imputable tan solo al señor Juez 19 Penal Municipal de Cali, se
le debe garantizar el mínimo vital de subsistencia tratado como un
derecho fundamental […]”.
Argumentó que, desde la perspectiva de la condición humana, en la
providencia cuestionada debieron analizarse “[…] los daños
materiales producidos, e igualmente, los de carácter moral y
especialmente el daño a la vida en relación […]”.
Destacó que en el mismo sentido intentó la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 110010313000 2021
02801 00 que fue declarada improcedente por inmediatez,
mediante sentencia de 17 de junio de 2021, proferida por la
SECCIÓN QUINTA de esta Corporación.
Aclaró que, no obstante, el 13 de agosto de 2021 la SECCIÓN
TERCERA volvió a notificarle por edicto y correo electrónico la
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providencia cuestionada, en razón a que por error de la secretaría
dicha autoridad publicó en la primera oportunidad en el sistema
SAMAI un documento de trabajo que fue modificado en las
discusiones de la Sala, esto es, un proyecto que no era el definitivo.
Destacó que, en ese orden de ideas, está legitimado para volver a
intentar la acción de tutela sin incurrir en temeridad, además, porque
en la primera oportunidad el asunto no fue estudiado de fondo.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende lo
siguiente:
“[…] Que el juez constitucional, declare el amparo del debido
proceso y la especial protección reforzada en materia de
seguridad social del accionante, por consiguiente, ordene a la
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3, Subsección C;
confirme integralmente la sentencia de primer grado emitida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de marzo 30 de
2012, en función de los argumentos expuestos con esta tutela,
para que previo el análisis del daño antijurídico adecuado a la
realidad probatoria, condene a la Nación – Rama Judicial – por
el defectuoso (sic) de la administración de justicia en los
términos del artículo 90 constitucional (error judicial), y en
consecuencia, se proceda con la imputación legal de la entidad
oficial demandada, por fuerza de la conducta dañina asumida
por el señor Juez 19 Penal Municipal de Cali, dentro del trámite
dilatorio e ilegal que hizo en fallido proceso que por lesiones
personales se siguió en contra de Marta Isabel Davis de Vásquez,
siendo la víctima Jaime Trujillo Barrera, dando lugar a la
prescripción de la acción penal y civil, dictada por la C.S.J,
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mediante auto interlocutorio de marzo 4 de 2009 […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, señaló que en
el proceso ordinario el actor alegaba que la prescripción de la acción
penal constituyó un daño antijurídico, debido a que le cegó la
oportunidad de reclamar indemnización de perjuicios a la parte civil
involucrada en los hechos.
Agregó que, pese a que el TRIBUNAL había accedido a las
pretensiones del accionante, dicha decisión fue revocada porque no
encontró configurado el daño antijurídico alegado en la demanda,
debido a que la indemnización de perjuicios perseguida en sede penal
constituyó un hecho incierto que dependía del desarrollo del proceso
y no un derecho cierto con el que contara el demandante.
Sostuvo que la acción de tutela incoada no tiene vocación de
prosperidad, porque los argumentos con los que se pretende atacar
el fallo no guardan relación con una vulneración al debido proceso,
sino que se trata de inconformidades sobre el análisis realizado en la
providencia acusada frente a la inexistencia de un daño antijurídico
por la falta de configuración de una pérdida de oportunidad.
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I.5.2.- El TRIBUNAL y la NACIÓN-RAMA JUDICIAL, vinculados
en calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso,
pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 24 de febrero de 2022, la SECCIÓN CUARTA
de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo, por
cuanto, a su juicio, “[…] los argumentos expuestos en el escrito de
tutela no sustentan de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales […]”.
Para tal efecto, como cuestión previa señaló que, en cumplimiento
de auto de 30 de julio de 2021, el 13 de agosto siguiente “[...] la
Secretaría de la Sección Tercera hizo una nueva anotación en el
sistema información Samai, -ítem 41-, en el que adjuntó la sentencia
que correspondía al documento que fue anexado al expediente físico,
actuación que a su vez fue notificada en edicto del 13 al 18 de agosto
de 2021 y por correo electrónico a la parte actora el 13 de agosto de
2021 […]”.
Precisó que, en ese orden de ideas, “[…] de acuerdo con las
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circunstancias del caso específico, la nueva notificación de la decisión
por edicto y al correo personal de la parte actora, lo habilita para
cuestionar la decisión recientemente notificada, en ejercicio de la
presente acción de tutela y, por ende, se encuentra satisfecho el
requisito general de inmediatez […]”.
Señaló que “[…] en el presente caso se echa absolutamente de
menos los argumentos que sustenten la configuración de algún
defecto en que habría incurrido la decisión cuestionada, más allá de
las opiniones que le merece la conclusión de la autoridad judicial
demandada, pero sin plantear verdaderos cargos que permitan
realizar un estudio jurídico y de fondo a fin de determinar si la
decisión cuestionada vulnera derechos y garantías constitucionales
[…]”.
Apuntó que aunque el actor invoca una especial protección
constitucional por su condición de discapacidad, derivada de las
lesiones que sufrió en el accidente de tránsito que dio origen a la
acción de reparación directa que aquí cuestiona, tales argumentos no
resultan suficientemente válidos para invocar la protección
constitucional porque, del expediente se observa que inició los
trámites para el reconocimiento de la pensión de invalidez y que, en
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todo caso, los perjuicios causados en el accidente de tránsito los pudo
solicitar ante la jurisdicción ordinaria.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor, a través de su apoderado, impugnó la sentencia proferida
en primera instancia, no obstante, no expuso ningún argumento
tendiente a controvertirla.
Para el efecto señaló lo siguiente:
“[…] En trance de notificarse la sentencia que declaró la
improcedencia de la tutela referida, manifiesto: que interpongo
el recurso de APELACION. Ruego, se tome atenta nota en la
materia […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
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de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
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vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
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adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
Análisis del caso concreto
En el presente caso el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 28 de febrero de 2020, mediante la cual la
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SECCIÓN TERCERA de esta Corporación denegó las pretensiones
que elevó en la acción de reparación directa identificada con el
número único de radicación 760012331000-2010-00794-01.
En el curso de la primera instancia, la SECCIÓN CUARTA de esta
Corporación declaró improcedente la acción de tutela, por carencia
de relevancia constitucional, en la medida que, en su sentir, el actor
no había planteado verdaderos cargos que permitan realizar un
estudio jurídico y de fondo a fin de determinar si la decisión
cuestionada vulneró derechos y garantías constitucionales.
El actor, a través de su apoderado, impugnó la sentencia proferida
en primera instancia, sin aducir motivos de inconformidad con la
misma.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,
esta Sala3, ha precisado lo siguiente:
“[…]40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir
en las impugnaciones dentro del marco de la acción de
tutela:
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.
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Actor: JAIME TRUJILLO BARRERA
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”. (Destacado fuera del texto).
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20204, con
ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, esta Sala
señaló:
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
04314-01.
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Número único de radicación: 110010315000-2021-11380-01
Actor: JAIME TRUJILLO BARRERA
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia
(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
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Número único de radicación: 110010315000-2021-11380-01
Actor: JAIME TRUJILLO BARRERA
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
Así las cosas, comoquiera que el actor no argumentó los motivos de
su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia,
en la que fue declarada improcedente la solicitud de amparo, la Sala
encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio de fondo
del asunto, habida consideración que, por un lado, en su escrito de
impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que
diera cuenta de los reparos respecto de la decisión adoptada; y, por
el otro, no se advirtió ninguna razón válida que justifique tal
desatención, razón por la que no se encuentran los elementos
necesarios para revisar si la providencia objeto de controversia en el
caso sub examine está ajustada a derecho.
Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 30
de septiembre de 20215 y 19 de junio de 20206, se pronunció en el
mismo sentido.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
01090-01.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de junio
de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00309-
01.
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Actor: JAIME TRUJILLO BARRERA
Consecuente con lo anterior, esta Sala confirmará el fallo impugnado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de abril de 2022.
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Actor: JAIME TRUJILLO BARRERA
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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