Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02283-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02283-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02283-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
31 de julio de 2025
Radicación: 11001 03 15000 2025 02283 01
Accionante: Juan Esteban Torres Duarte y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15000 2025 02283 01
Accionante: JUAN ESTEBAN TORRES DUARTE Y OTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Tesis: No procede el estudio de la impugnación si la parte
accionante no cumple con la carga argumentativa
mínima para controvertir la decisión proferida en primera
instancia y no se encuentra justificación para dicha
omisión
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala se pronuncia sobre la impugnación interpuesta por la parte actora
contra el fallo del 13 de mayo de 2025, dictado por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los señores Juan Esteban Torres Duarte y Víctor Manuel Torres
Duarte solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, que estiman
vulnerados con ocasión de las sentencias del 5 de septiembre de 2024,
dictada por el Juzgado Octavo Administrativo de Cali, y del 28 de febrero
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante las cuales se denegaron las pretensiones de la demanda de
reparación directa promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional1.
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Proceso que se identificó con el radicado 76001-33-33-008-2021-00265-01.
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Accionante: Juan Esteban Torres Duarte y otro
1.2. El medio de control fue presentado por los aquí accionantes con el
objeto de que se declarara administrativamente responsable a la
demandada por los perjuicios causados con ocasión de las lesiones
sufridas por Víctor Manuel Torres Duarte en hechos ocurridos el 23 de
noviembre de 2019, mientras prestaba el servició militar obligatorio como
auxiliar de policía.
1.3. La referida demanda se fundamentó en que Víctor Manuel Torres
Duarte, mientras se encontraba esperando para recibir su turno en la
Unidad Básica de Carabineros, fue lesionado accidentalmente por otro
auxiliar de policía, quien, al enredarse con una de sus prendas de
dotación, disparó involuntariamente su fusil, impactando el muslo
izquierdo de Torres Duarte.
Como consecuencia, el lesionado fue trasladado a un centro médico donde
le diagnosticaron lesión del nervio ciático, traumatismo múltiple en el pie
y tobillo izquierdo, y posteriormente estrés postraumático. Lo que le
generó una pérdida de capacidad laboral permanente del 30%, según el
certificado expedido por la Junta Médica Laboral de la Policía, entidad que
catalogó el accidente como de origen común.
1.4. Los accionantes informaron que la demanda de reparación directa
correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Cali, quien, en
sentencia del 5 de septiembre de 2024, denegó las pretensiones de la
demanda.
1.5. Los demandantes presentaron recurso de apelación contra la anterior
decisión y, mediante providencia del 28 de febrero de 2025, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca la confirmó, al considerar que no se
había demostrado la falla en el servicio atribuible al Estado, pues, aunque
las lesiones sufridas por Víctor Manuel Torres Duarte fueron producto del
disparo con un arma oficial durante el servicio militar obligatorio, el daño
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ocurrió antes de iniciar su turno y el accidente fue ocasionado por la
conducta imprudente de un tercero. Además, consideró que no se
aportaron pruebas suficientes de alguna omisión en la instrucción de los
auxiliares de policía que justificara la responsabilidad del Estado.
1.6. La parte accionante manifestó en la tutela que la anterior decisión
incurrió en defecto fáctico al restar valor probatorio al informe
administrativo de la lesión, a la certificación de medicina laboral y a la
historia clínica del señor Víctor Manuel Torres Duarte, medios de
convicción que, según alega, demostraban que el daño se produjo durante
el servicio militar obligatorio, lo que ameritaba analizar el caso bajo el
régimen objetivo de responsabilidad estatal.
1.7. Con fundamento en los anteriores argumentos, formuló las siguientes
pretensiones:
“PRIMERA. - AMPARAR a los suscritos VICTOR MANUEL TORRES DUARTE y JUAN
ESTEBAN TORRES DUARTE nuestros derechos fundamentales al debido proceso
y a la tutela judicial efectiva vulnerados con la emisión de la sentencia de
segunda instancia del 28 de febrero de 2025 de la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca (Mp Dr. Jhon Eric Chávez Bravo) dictada en
el radicado 76 001 33 33 008 2021 00265 00, confirmatoria de la de primer
grado No. 163 del 5 de septiembre de 2024.
SEGUNDA. - Consecuencialmente, ORDENAR a la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca (Mp Dr. Jhon Eric Chávez Bravo) que dentro
del término improrrogable de diez (10) días contados a partir de la notificación
del fallo que así lo disponga, profiera nueva sentencia de segunda instancia
revocando el fallo de primer grado, acto que implica acceder a las pretensiones
de la demanda en aplicación al régimen objetivo de responsabilidad estatal”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 24 de abril de 2025, el a quo admitió la tutela y
ordenó vincular en calidad de tercero con interés a la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional.
2.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hizo un resumen
de las actuaciones adelantadas y sostuvo que las pruebas allegadas al
expediente fueron valoradas de manera razonable. También manifestó
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que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que los accionantes buscan acceder a una
instancia adicional.
Finalmente, sostuvo que con la decisión objeto de ataque no se
vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante.
2.3. El Juzgado Octavo Administrativo de Cali resumió las
consideraciones de la sentencia debatida y sostuvo que fue ajustada a la
jurisprudencia aplicable al caso concreto y se sujetó al análisis racional de
los hechos objeto de demanda, así como de los medios de prueba
allegados al proceso.
2.4. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, solicitó se
negaran las pretensiones de la solicitud de amparo, toda vez que no existe
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante y no se
acreditó que esta estuviera expuesta a un perjuicio irremediable.
Agregó que el hecho dañoso no tuvo lugar durante el servicio, dado que
el auxiliar de policía lesionado aún no iniciaba su turno, y la lesión fue
categorizada como de origen común, no atribuible a la institución.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 13 de mayo de 2025, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, denegó el amparo solicitado, al considerar
que la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca estuvo
acorde con el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicable al caso,
toda vez que hizo un análisis razonable del material probatorio.
Señaló que la acción de tutela no puede ser utilizada para buscar que se
imponga un criterio distinto al adoptado por el juez natural, únicamente
por no encontrar conforme con su decisión, es decir, que este mecanismo
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constitucional no puede usarse como una instancia adicional al proceso
ordinario.
IV. IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia sin
exponer argumentos ni justificación sobre los errores que atribuyen a la
decisión impugnada. Se limitó a manifestar que: “IMPUGNAMOS el fallo
de tutela del trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025)”.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. Los señores Juan Esteban Torres Duarte y Víctor Manuel Torres
Duarte presentaron demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con la finalidad de obtener la
indemnización de los perjuicios causados con ocasión de las lesiones que
sufrió el segundo de ellos mientras prestaba el servicio militar obligatorio
en la Unidad Básica de Carabineros.
5.2.2. Mediante sentencia del 5 de septiembre de 2024, el Juzgado Octavo
Administrativo de Cali denegó las pretensiones de la demanda.
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5.2.3. La parte demandante apeló la anterior decisión y, mediante
proveído del 28 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca la confirmó.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
En el asunto bajo examen, la Sala recuerda que las inconformidades
planteadas por la parte accionante en la tutela consisten en que, a su
juicio, las sentencias del 5 de septiembre de 2024, dictada por el Juzgado
Octavo Administrativo de Cali, y del 28 de febrero de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrieron en defecto
fáctico por restar valor probatorio a los documentos que, a su juicio,
demostraban que el daño reclamado en el proceso de reparación directa
se produjo durante el servicio militar obligatorio y, por lo tanto, el caso
debía analizarse bajo el régimen de responsabilidad objetiva.
Al resolver el asunto en primera instancia, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 13 de mayo de 2025,
denegó la solicitud de amparo al considerar que la decisión controvertida
hizo un análisis razonable del asunto, de acuerdo con las pruebas
recaudadas y la jurisprudencia aplicable, y que la tutela no puede ser
utilizada como una instancia adicional.
Sin embargo, en la impugnación, los accionantes no argumentaron sobre
los posibles errores en que, a su juicio, habría incurrido el a quo, y se
limitaron a manifestar que:
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“IMPUGNAMOS el fallo de tutela del trece (13) de mayo de dos mil veinticinco
(2025)”.
Frente a la falta de argumentos en la impugnación, la Sala ha manifestado
lo siguiente2:
“40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema bajo estudio, la Sala
debe establecer unas sub reglas en relación con la carga argumentativa que se
debe exigir en las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa mínima, es decir,
que no habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación, donde basta
que el impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente en los
términos del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el
respectivo trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber constitucional de
resolver el fondo del asunto; i) analizando los argumentos jurídicos expuestos
por el juez constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante
en el expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima, en
donde exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad judicial,
incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento
del precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en los términos de la
sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, postura
jurisprudencial, que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo
que se trate de un sujeto de especial protección constitucional, a quien no se le
exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar las
medidas necesarias, para garantizar la protección de sus derechos
fundamentales, especialmente, el acceso a la administración de justicia […]”.
De igual forma, en sentencia de 28 de febrero de 20203, la Sala señaló:
“La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes oportunidades, ha
sostenido que, en el caso específico de tutela contra providencia judicial, el
deber de sustentar el recurso de impugnación adquiere una connotación aún
más rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo que resuelve la
acción de tutela, debe cumplir con la carga argumentativa en cuestión,
señalando las razones que sustentan su impugnación e identificando y
justificando por qué se configura la causal específica de procedibilidad que fue
desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los derechos
fundamentales que la parte actora manifiesta vulnerados, con los principios
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación 11001-03-15-000-2018-03163-01.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación 11001-03-15-000-2019-04314-01.
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constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela como una
tercera instancia judicial y no como un mecanismo residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de la acción de
tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios de prevalencia del derecho
sustancial, celeridad, eficacia (artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación
judicial de los derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem), dicha situación no
exonera al recurrente de explicar las razones que motivan su disentimiento con
la decisión judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta Corporación, al
estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991,
el cual dispone que el Juez que conozca de la impugnación ‘(…) estudiará el
contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo (…)’,
advirtió que la impugnación debe contener los fundamentos de la inconformidad
del impugnante con el fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de sustentar el recurso
de impugnación en el caso específico de tutela contra providencia judicial, se
convierte en un mecanismo de control del ejercicio de las potestades del juez
constitucional en esta materia para que no actúe como una tercera instancia, lo
cual estaría en contravía de los principios constitucionales de seguridad jurídica
y autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de
1991”.
De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es evidente que la parte actora
no presentó los argumentos que sustentaran su inconformidad frente a la
sentencia proferida en primera instancia. Es decir, el escrito de
impugnación careció de la carga argumentativa mínima necesaria para
expresar los reparos contra la decisión que se controvierte.
Por ello, se concluye que no es procedente realizar un análisis de fondo
sobre el asunto, pues no se encuentran los elementos de juicio suficientes
para revisar si la providencia impugnada se ajusta o no a derecho4,
máxime cuando no se advirtió justificación válida para dicha omisión.
Por lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, que
denegó el amparo solicitado.
4
La Sala se pronunció en igual sentido en las sentencias proferidas el 28 de abril de 2022, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón, radicación 11001-03-15-000-2021-11380-01; el 25 de agosto de 2023 C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, radicación 11001-03-15-000-2023-02222-01, y del 15 de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, radicación 11001-03-15-000-2023-06623-01.
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Accionante: Juan Esteban Torres Duarte y otro
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de mayo de 2025, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad
con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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