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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02222-01

Fecha
25 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-02222-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 10010315000-2021- 11380-01 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000- 2021- 01090-01 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02222-01 Actor: DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ CHILATRA TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-02222-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02222-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ CHILATRA

TESIS: CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. EN EL PRESENTE CASO EL
ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA MÍNIMA PARA
IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA, ASÍ COMO
TAMPOCO SE ADVIRTIÓ NINGUNA JUSTIFICACIÓN PARA SU OMISIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y AL
TRABAJO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 22 de junio de 2023, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

rechazó por improcedente la solicitud de amparo constitucional de

la referencia.

1
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02222-01
Actor: DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ CHILATRA

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ CHILATRA, actuando

en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al

trabajo, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el

JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE BOGOTÁ2 y la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA3 al proferir las providencias del 19 de

diciembre de 2019 y 3 de marzo de 2022, respectivamente, dentro

del medio de control de reparación directa identificado con el

número único de radicación 11001-33-36-036-2015-00156-01.

I.2 Hechos

Indicó que el 20 de agosto de 2007, durante la prestación del

servicio militar obligatorio, sufrió una caída de su propia altura,

cuando se disponía a subir un cerro cargado con equipos de

2
En adelante el Juzgado
3
En adelante el Tribunal

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3

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Actor: DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ CHILATRA

campaña, lo cual, le generó un trauma en la rodilla izquierda, en

los músculos flexores a nivel de la muñeca de la mano derecha,

heridas de machete en los cinco dedos de la mano derecha y, en

consecuencia, una pérdida de capacidad laboral del 50.98%.

Afirmó que el 6 de febrero de 2015, presentó demanda en ejercicio

del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN -

MINISTERIO DE DEFENSA y el EJÉRCITO NACIONAL, en la

que solicitó que se les declarara administrativamente

responsables por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales

ocasionados por las lesiones sufridas.

Señaló que la demanda identificada con el número único de

radicación 11001-33-36-036-2015-00156-01 y fue asignada por

reparto al JUZGADO que, mediante sentencia de 19 de diciembre

de 2019, declaró de oficio la caducidad del medio de control, por

considerar que el término para interponer la demanda había

fenecido el 20 de agosto de 2010.

Sostuvo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación contra dicha decisión, el cual fue desatado por el

TRIBUNAL que, en sentencia de 3 de marzo de 2022, confirmó

lo resuelto por el a quo.

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Actor: DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ CHILATRA

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas vulneraron

sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al

trabajo, al proferir las providencias acusadas.

Sostuvo que, al proferir las providencias cuestionadas, las

autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico,

toda vez que desconocieron que únicamente tuvo conocimiento

del daño en el momento en que se llevó a cabo la Junta Médico

Laboral, esto es, el 4 de julio de 2013 y, era a partir de esa fecha,

que se debía contabilizar la caducidad para promover la demanda.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó en el escrito de tutela el amparo de sus derechos

fundamentales invocados ut supra y, además:

“[…] 1. Que se decrete la nulidad de la Sentencia proferida por
el JUZGADO 36 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ y la sentencia de segunda instancia proferida por EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN A. Magistrado Ponente BERTHA LUCY
CEBALLOS POSADA, Proceso No. 1100133336036-2015-00186-
01, que confirmó la sentencia del 19 de Diciembre de 2019.

2. Como consecuencia de la declaración anterior se ordene
reparar al suscrito en su condición de disminución en su
capacidad laboral del 50.98% entre la fecha del lapso dejado de

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pagar. Es decir, desde el 20 de Agosto de 2008 hasta el 3 de
Julio de 2013 […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El Juzgado solicitó declarar improcedente la acción de

tutela de la referencia, puesto que la providencia de segunda

instancia fue proferida el 3 de marzo de 2022, de modo que la

tutela no fue presentada dentro de un término razonable, es decir,

que no cumple con el requisito de inmediatez.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 22 de junio de 2023, la SECCIÓN

SEGUNDA declaró improcedente la solicitud de amparo por no

cumplir con el requisito de inmediatez.

Adujo que en el caso sub examine la providencia censurada se

profirió el 3 de marzo de 2022, se notificó el 10 de marzo del

mismo año y la presente acción de tutela fue instaurada hasta el

2 de mayo de 2023, esto es, transcurrido un lapso de un año, un

mes y diecinueve días, es decir, fuera del término previsto para

hacer uso de la acción de tutela contra providencia judicial.

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Aseguró que el actor no puso de presente circunstancia alguna

que justificara la demora en promover la acción constitucional de

la referencia.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor, impugnó la sentencia proferida en primera instancia, no

obstante, no expuso ningún argumento tendiente a controvertirla.

Para el efecto señaló lo siguiente:

“[…] Como accionante de la tutela de la referencia, me permito
IMPUGNAR el fallo contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección tercera Subsección A […]”

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción

de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,

en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 333 de 6

de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de

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marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,

que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García

González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica

y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es

procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando

se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales

fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros

fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

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Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

Análisis del caso concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad,

al debido proceso y al trabajo, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al proferir,

respectivamente, las providencias del 19 de diciembre de

2019 y 3 de marzo de 2022, dentro del medio de control de

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Actor: DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ CHILATRA

reparación directa identificado con el número único de radicación

2015-00156-01.

Aseguró que las providencias mencionadas en precedencia

vulneraron sus derechos fundamentales e incurrieron en defecto

fáctico, pues declararon probada la caducidad para promover el

medio de control de reparación directa, desconociendo que

únicamente tuvo conocimiento del daño a partir del momento en

que se llevó a cabo la Junta Médico Laboral y era a partir de esa

fecha que se debía contabilizar el término.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por

la Sección Segunda que, mediante sentencia de 22 de junio de

2023, declaró improcedente el amparo solicitado, pues consideró

que la solicitud no cumplió el requisito general de la inmediatez.

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, sin

aducir motivos de inconformidad con la misma, así: “[…] Como

accionante de la tutela de la referencia, me permito IMPUGNAR el

fallo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección

tercera Subsección A […]”.

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Actor: DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ CHILATRA

Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,

esta Sala4, ha precisado lo siguiente:

“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir
en las impugnaciones dentro del marco de la acción de
tutela:

40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo trámite
del mismo, teniendo el ad quem, el deber constitucional de
resolver el fondo del asunto; i) analizando los argumentos
jurídicos expuestos por el juez constitucional de primera
instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el expediente.

40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-
2018-03163- 01.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02222-01
Actor: DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ CHILATRA

En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20205,

con ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés,

esta Sala señaló:

“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de
tutela contra providencia judicial, el deber de sustentar el
recurso de impugnación adquiere una connotación aún
más rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el
fallo que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con
la carga argumentativa en cuestión, señalando las
razones que sustentan su impugnación e identificando
y justificando por qué se configura la causal específica
de procedibilidad que fue desvirtuada por la primera
instancia.

Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de
tutela como una tercera instancia judicial y no como un
mecanismo residual y subsidiario.

Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite
de la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los
principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad,
eficacia (artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación
judicial de los derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y
prevalencia de la informalidad en la solicitud de amparo
(artículo 14 ibídem), dicha situación no exonera al
recurrente de explicar las razones que motivan su
disentimiento con la decisión judicial recurrida.

En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales

5

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Actor: DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ CHILATRA

razonamientos o motivos, el juez carece de materia
para cotejar y pronunciarse.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso
específico de tutela contra providencia judicial, se
convierte en un mecanismo de control del ejercicio de
las potestades del juez constitucional en esta materia
para que no actúe como una tercera instancia, lo cual
estaría en contravía de los principios constitucionales
de seguridad jurídica y autonomía judicial, en los
términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991
[…]”.

Así las cosas, comoquiera que el actor no argumentó los motivos

de su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera

instancia, en la que fue denegada la solicitud de amparo, la Sala

encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio del fondo

del asunto, habida consideración que, por un lado, en su escrito

de impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima

que diera cuenta de los reparos respecto de la decisión adoptada;

y, por el otro, no se advirtió ninguna razón válida que justifique

tal desatención, razón por la que no se encuentran los elementos

necesarios para revisar si la providencia objeto de controversia en

el caso sub examine está ajustada a derecho.

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Actor: DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ CHILATRA

Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de

28 de abril de 20226, 30 de septiembre de 20217, se pronunció en

el mismo sentido.

Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera

instancia que declaró improcedente el amparo deprecado, por las

razones expuestas en la precedencia, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito

y eficaz.

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
abril de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 10010315000-2021-
11380-01
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-
2021- 01090-01

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02222-01
Actor: DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ CHILATRA

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada en la sesión del día 25 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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