Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00498-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00498-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00498-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00498-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ ELIDIER LARGO
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. EN EL PRESENTE CASO EL
ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA MÍNIMA PARA
IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA, ASÍ COMO
TAMPOCO SE ADVIRTIÓ NINGUNA JUSTIFICACIÓN PARA SU OMISIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 28 de marzo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la acción de tutela.
1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00498-01
Actor: JOSÉ ELIDIER LARGO
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JOSE ELIDIER LARGO, actuando en nombre propio, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualad y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS2, al haber proferido la
providencia de 14 de enero de 2025, que declaró la falta de
jurisdicción para conocer el medio de control para la protección de
los derechos e intereses colectivos que instauró contra LA NACIÓN
• MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL3 y el BANCO
DAVIVIENDA S.A.4
I.2.- Hechos
Señaló que el 2 de diciembre de 2024 en ejercicio del medio de
2
En adelante el TRIBUNAL.
3
En adelante el MINISTERIO.
4
En adelante el BANCO.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00498-01
Actor: JOSÉ ELIDIER LARGO
control para la protección de los derechos e intereses colectivos,
presentó demanda ante el Consejo de Estado bajo el número único
de radicación 2024-06647-00, con el objeto de que se amparar de
los derechos de las personas en situación de discapacidad por
movilidad reducida, habida cuenta que la sucursal del BANCO en el
municipio de La Dorada (Caldas), no cuenta con unidades sanitarias
que permitan el acceso de esta población, obligación que se deriva
de la Resolución núm. 14861 de 4 de octubre de 1985,5 dictada por
el MINISTERIO.
Manifestó que esta Sección mediante auto de 5 de diciembre de
20246, declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente
al TRIBUNAL.
Adujo que el TRIBUNAL mediante auto de 14 de enero de 2025,
declaró la falta de jurisdicción para conocer del proceso al considerar
que si bien una de las entidades demandadas era el MINISTERIO,
se evidenciaba que las pretensiones estaban dirigidas solamente
contra una entidad financiera.
5 Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el
ambiente y en especial de los minusválidos.
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C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Actor: JOSÉ ELIDIER LARGO
Indicó que presentó recurso de reposición contra tal decisión, el cual
fue resuelto de manera desfavorable por el TRIBUNAL mediante
auto de 28 de enero de 2025, al considerar que el presunto infractor
era el BANCO por no instalar unas unidades sanitarias para las
personas en situación de discapacidad en una de sus sucursales.
Señaló que el TRIBUNAL remitió el proceso para su conocimiento a
los juzgados civiles de Circuito del municipio de La Dorada y
correspondió por reparto al Juzgado Primero.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la competencia es del TRIBUNAL, de acuerdo con
el auto 1555 de 18 de septiembre de 2024, proferido por la Corte
Constitucional, al dirimir un conflicto de jurisdicción semejante a lo
ocurrido en el presente caso.
Señaló que el medio de control está dirigido contra el MINISTERIO
al expedir la Resolución 14861 de 1985, y el BANCO que, en una de
sus sucursales ubicada en el Municipio de La Dorada, no cuenta con
un baño para las personas en situación de discapacidad, por lo que
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la competencia es de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales7 en los
siguientes términos:
“[…] se ordene al tutelado admitir sin más trabas mi acción popular
contra los demandados se ORDENE AL TUTELADO RESPETAR LA
DESICION DE LA H CC Y ACEPTAR QUE TIENE COMPETENCIA PARA
TRAMITAR LA RENUENTE ACCION POPULAR SIN MAS TRABAS,
APLICANDO DERECHO SUSTANCIAL.
se ordene al tutelado aplicar derecho sustancial se ordene al
tutelado que comprenda que demando a un particular y a entidad
estatal a nivel nacional y que la competencia es del tutelado
exclusivamente sin que pueda creer perder competencia y menos
remitir mí popular a otro despacho, dilatando mi acción....
se conceda a mi favor, amparo de pobreza en mí popular pues no
perderé más mi tiempo tratando como Ciudadano sin ser abogado
de que se me garantice mi acceso a la administración de justicia
en mi acción Constitucional manifiesto no tener trabajo y lo poco
que percibo económicamente lo empleó en mi subsistencia, no soy
abogado y por ello pido se conceda amparo de pobreza a fin de no
perder más mi tiempo en esta acción popular hoy tutelada […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que, en efecto, por reparto el 19 de
diciembre de 2024, le correspondió el medio de control promovido
por el actor aquí cuestionado.
7 Transcripción literal del texto
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Indicó que mediante auto de 14 de enero de 2025 resolvió declarar
la falta de jurisdicción conforme con lo resuelto por la Corte
Constitucional mediante auto de A356-23, que indicó “[...] La
Jurisdicción Ordinaria Civil es la competente para conocer del trámite
de una acción popular en la que se alega la presunta violación de
derechos o intereses colectivos por parte de una entidad financiera,
dada la falta de adecuación de la infraestructura e instalaciones
locativas para permitir y facilitar el acceso a las personas en situación
de discapacidad. [...]”. Y que mediante proveído de 28 de enero de
ese año, decidió no reponer la decisión inicial.
Destacó que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, sino que busca una instancia adicional que
es improcedente.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El MINISTERIO y el BANCO, pese a ser notificados en debida
forma, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
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III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCION TERCERA, mediante sentencia de 28 de marzo de
2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que el
actor debe esperar el trámite de admisión del medio de control
cuestionado para que proceda la acción de tutela.
Señaló que el actor cuenta con otros medios de defensa judiciales
diferentes a la acción de tutela, como son los recursos contra los
autos que se profieran en el trámite de admisión del mencionado
medio de control, por lo que no se cumple con el requisito general de
subsidiaridad.
Adujo que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede
cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales.
Resaltó que al existir otros mecanismos de defensa que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos
invocados como violados, se debe recurrir a ellos y no a la acción de
tutela.
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Adujo que el medio de control para la protección de los derechos e
intereses colectivos está en trámite en el Juzgado Primero Civil del
Circuito de La Dorada, y mientras estudia su admisión, el juez de
tutela no puede inmiscuirse en la competencia que está por ejercer.
Por lo anterior, sostuvo que la acción de tutela no puede ser usada
como un mecanismo de protección para el presente caso. Aclaró que,
cuando una autoridad judicial declara ser incompetente para decidir
un asunto y, en consecuencia, se genera un conflicto de competencia
o de jurisdicción, no se cierra la posibilidad de acudir a la
administración de justicia, lo que se busca es que cada conflicto
llegue a manos del juez competente para resolver.
Manifestó que la actuación del TRIBUNAL no fue caprichosa ni
arbitraria, por lo que resulta improcedente que el juez de tutela
revise o evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCION TERCERA,
en los siguientes términos: “[...] MAGISTRADO LE EXIJO EN
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DERECHO, SIEMPRE CONSIGNE UN CORREO ELECTRONICO OFICIAL
AL CUAL LE PUEDO RESPONDER, A FIN DE QUE ME GARANTICE ART
29 CN O TUTELARE [...]”.8
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
8
por lo anterior, mediante Oficio JRB-2635 el 16 de mayo de 2025, la Secretaría General de esta
Corporación le confirmó el recibido y le reiteró al actor el correo electrónico oficial para el envío de
memoriales, sin que se recibieran más escritos con posterioridad.
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amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación
de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al
efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
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irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
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planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
Caso concreto
En el presente caso, el actor pretende que se dejen sin efecto los
autos de 14 y 28 de enero de 2025, proferidos por el TRIBUNAL,
dentro del medio de control para la protección de los derechos e
intereses colectivos identificado con el número único de radicación
2024-06647-00, que declararon la falta de jurisdicción para conocer
del asunto.
A juicio del actor, el medio de control está dirigido contra el
MINISTERIO al expedir la Resolución 14861 de 1985, y el BANCO
que, en una de sus sucursales ubicada en el Municipio de La Dorada,
no cuenta con un baño para las personas en situación de
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discapacidad, por lo que la competencia es de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 28 de marzo de
2025, declaró improcedente el amparo solicitado, al no cumplir con
el requisito de la subsidiariedad.
Lo anterior, por cuanto, a su juicio, el mencionado medio de control
está en trámite en el Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada,
y mientras se estudia su admisión, el juez de tutela no puede
inmiscuirse en la competencia que está por ejercer.
Inconforme con lo anterior, el actor presentó escrito de impugnación
sin plantear argumento alguno, ni efectuar reproche contra la
sentencia proferida el 28 de marzo de 2025 por la SECCIÓN
TERCERA.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,
esta Sala9, ha precisado lo siguiente:
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.
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“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir en
las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de
tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga
argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad de
sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el
impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente
en los términos del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que
se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad quem,
el deber constitucional de resolver el fondo del asunto; i)
analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez
constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio
obrante en el expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra providencias judiciales, la parte que impugne
la sentencia de tutela proferida en primera instancia
precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que
fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo
que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga
argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar
las medidas necesarias, para garantizar la protección de
sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia[…]”.
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 2020 10,
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
febrero de 2020, C.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, número único de radicación 11001-
03-15-000-2019-04314-01.
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la Sala señaló:
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los derechos
fundamentales que la parte actora manifiesta vulnerados, con los
principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía
judicial, los cuales se verían desproporcionadamente afectados si
se utiliza la acción de tutela como una tercera instancia judicial y
no como un mecanismo residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia (artículo
3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los derechos
protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la informalidad en
la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem), dicha situación no
exonera al recurrente de explicar las razones que motivan
su disentimiento con la decisión judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
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mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía de
los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
Así las cosas, comoquiera que el actor no argumentó los motivos de
su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia,
la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio del
fondo del asunto, habida consideración que, por un lado, el escrito
de impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que
diera cuenta de los reparos respecto de la decisión adoptada; y, por
el otro, no se advirtió ninguna razón válida que justifique tal
desatención, motivo por el cual no se encuentran los elementos
necesarios para revisar si la providencia objeto de controversia en el
caso sub examine está ajustada a derecho.
Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 28
de abril de 202211, 30 de septiembre de 202112 y 25 de agosto de
202313, se pronunció en el mismo sentido.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril
de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-11380-
01
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
01090-01
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-02222-
01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00498-01
Actor: JOSÉ ELIDIER LARGO
Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente el amparo solicitado, pero por las
razones aquí expuestas, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, que declaró
improcedente el amparo solicitado, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00498-01
Actor: JOSÉ ELIDIER LARGO
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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