Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00618-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-00618-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-00618-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
2 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00618-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: DIEGO FERNANDO MARÍN RODRÍGUEZ Y OTROS.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. EN EL PRESENTE CASO LA
PARTE ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA MÍNIMA PARA
IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA, SIN QUE SE
ADVIERTA JUSTIFICACIÓN ALGUNA PARA SU OMISIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor DIEGO
FERNANDO MARÍN RODRÍGUEZ contra la sentencia de 21 de
marzo de 2024, mediante la cual la SECCIÓN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO1 declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo de la referencia.
1
En adelante la Sección Quinta
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00618-01
Actores: DIEGO FERNANDO MARÍN RODRÍGUEZ Y OTROS.
I. – ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Los señores DIEGO FERNANDO, JENNY MARCELA, NIDIA
AMPARO y OLGA LUCÍA MARÍN RODRÍGUEZ, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estiman vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2 al
proferir la providencia de 4 de agosto de 2023, dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 76147-33- 33-001-2014-00754-02.
I.2.- Hechos
Relataron que el 29 de diciembre de 2011 el JUEZ PENAL DE
CONTROL DE GARANTÍAS DE CARTAGO, legalizó la captura del
señor DIEGO FERNANDO MARÍN RODRÍGUEZ por el delito de
tentativa de extorsión, declaró formulada la imputación e impuso
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En adelante el Tribunal
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medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Comentaron que el 5 de junio de 2012 el JUZGADO CUARTO PENAL
MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE CARTAGO ordenó la
preclusión de la investigación en favor del procesado.
Informaron que con fundamento en lo anterior promovieron
demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la
NACIÓN - RAMA JUDICIAL, el EJÉRCITO NACIONAL y la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con la finalidad de obtener la
reparación de los perjuicios que les fueron causados con la privación
de la libertad de la que fue objeto el señor DIEGO FERNANDO.
Precisaron que el proceso aludido fue identificado con el número
único de radicación 76147-33-33-001-2014-00754-00 y atribuido
para su trámite, en primera instancia, al JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
CARTAGO3 que, mediante sentencia de 24 de julio de 2020, denegó
las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que la orfandad
probatoria del asunto no permitía acreditar los fundamentos fácticos
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En adelante el Juzgado
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y jurídicos de la imposición de la medida de aseguramiento.
Agregaron que inconformes con dicha decisión interpusieron recurso
de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL, a través de la
sentencia de 4 de agosto de 2023, en el sentido de confirmarla al
encontrar que la medida preventiva fue razonable, proporcional y se
ajustó al cumplimiento de los presupuestos legales previstos para tal
fin.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Los actores afirmaron que sus derechos fundamentales fueron
vulnerados por la autoridad judicial accionada, toda vez que la
decisión controvertida incurrió en defecto fáctico, en la medida en
que no fueron tenidos en cuenta los medios de prueba obrantes en
el expediente, que acreditaban el daño antijurídico.
Destacaron que la privación injusta de la libertad implica una
responsabilidad de carácter objetivo en la que no es necesaria
evidenciar un error cometido por la autoridad judicial, pues lo cierto
es que al afectado le basta con acreditar que le fue impuesta una
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medida de privación de su libertad en virtud de un proceso penal que
finalizó con decisión absolutoria.
Señalaron que el TRIBUNAL también incurrió en defecto material
o sustantivo, pues no tuvo en cuenta las normas aplicables al
asunto que daban cuenta de que el procesado fue privado
injustamente de la libertad en atención a que no se desvirtuó su
presunción de inocencia y el proceso culminó con preclusión de la
investigación penal.
Alegaron que en la providencia cuestionada se incurrió en una
violación directa de la Constitución Política y en un defecto
sustantivo, comoquiera que se desatendió el contenido del artículo
90 de la Constitución Política, conforme al cual las víctimas tienen
derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación
legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial,
máxime aun si se tiene en cuenta que, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 414 del Decreto 2700 de 30 de noviembre de 19914,
la responsabilidad estatal debe ser declarada cuando se dicta una
sentencia absolutoria, se ordenara la preclusión de la investigación o
la cesación del procedimiento.
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“Por medio del cual se expiden y se reforman las normas de procedimiento penal”.
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I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior la parte actora pretende lo
siguiente:
“[…] Honorables Magistrados en uso de lo establecido en el
ARTÍCULO 86 de la Carta Política Acción de Tutela, acudimos en
procura de la protección de los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO Y LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE
JUSITICIA, que como Derechos Autónomamente fundamentales
consideramos han sido violados, por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, Corporación que hace
parte de la Rama Judicial del Poder Público y que se pronunciara
ante la respectiva Sentencia de Segunda Instancia, a través del
medio de control de Reparación Directa.
En consecuencia, los suscritos accionantes solicitamos de la
manera más respetuosa y atenta a los Honorables Magistrados:
PRIMERO: Se sirvan darle tramite a la presente acción y
actuando de conformidad con la nueva línea jurisprudencial,
proceder a concedernos la protección constitucional que
solicitamos a través de la presente Tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, quien con su decisión ha
vulnerado nuestros derechos fundamentales como víctimas por
haber sufrido un daño y perjuicios irreparables. Consideramos
que el accionado con su decisión vulneró nuestros derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO Y A LA CORRECTA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de allí que acudamos al único
mecanismo que nos queda para exigirle al Estado la
indemnización pertinente por el daño causado por uno de sus
agentes a la que se suma la decisión del HONORABLE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
SEGUNDO: Ordenar REVOCAR la Sentencia No. 130 del 04 de
agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, la cual CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia
No. 094 del 24 de julio de 2020, dictada el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Cartago Valle […]”.
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I.5.- Intervinientes
I.5.1.- La RAMA JUDICIAL solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo de la referencia o denegarla, teniendo en cuenta
que las decisiones proferidas en las diferentes instancias procesales
se encuentran ajustadas al ordenamiento legal.
Afirmó que la parte actora pretende hacer uso de la acción de tutela
como una tercera instancia, con el propósito de revisar las decisiones
adoptadas por el juez natural de la causa, pese a que ya se agotó el
procedimiento establecido en la Ley para tal efecto.
Agregó que debía declararse la nulidad de todo lo actuado, por cuanto
no se vinculó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cali, en atención a que fue esa seccional la que ejerció la defensa
dentro del proceso de reparación directa y, en consecuencia, declarar
la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa
entidad.
I.5.2.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitó declarar la
improcedencia de la solicitud de amparo, teniendo en cuenta que no
cumple con el requisito de subsidiariedad.
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Afirmó que en el presente asunto no se vislumbra la vulneración del
precedente jurisprudencial, comoquiera que la sentencia
controvertida se fundamentó en la SU-072 de 2018.
Agregó que la parte actora no acreditó la configuración del defecto
sustantivo al que alude, pues no demostró que los jueces naturales
de la causa hayan efectuado una interpretación irregular o arbitraria
de las normas aplicables, ni de la Constitución, ni de la
jurisprudencia.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 21 de marzo de 2024, la SECCIÓN QUINTA
de esta Corporación declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo de la referencia por falta de relevancia constitucional.
Para tal efecto, destacó que los tutelantes pretenden reabrir el
debate probatorio con el propósito de que el juez de tutela efectúe
una valoración distinta a la que asumió el juez natural de la causa,
el cual estableció, con sustento en la SU-072 de 2018, que no era
posible establecer, por omisión del extremo activo, si la limitación de
la libertad era irrazonable por arbitraria, en atención a que no se
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aportó ningún medio de prueba que acreditara los fundamentos que
dieron lugar a que se accediera a la medida que limitó la locomoción
del señor DIEGO FERNANDO MARÍN.
Afirmó que la controversia planteada por los accionantes no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional, máxime aun si los argumentos expuestos fueron
resueltos por el juez natural de la causa, lo que daba lugar a la
improcedencia de la tutela, toda vez que el asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante y la situación descrita es de
competencia exclusiva del juez ordinario, de ahí que al funcionario
constitucional no le correspondiera dirimir aspectos de esa
naturaleza.
Finalmente, denegó la solicitud de nulidad y la falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por la RAMA JUDICIAL.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El señor DIEGO FERNANDO MARÍN RODRÍGUEZ impugnó la
decisión proferida en primera instancia, no obstante, no expuso
ningún argumento tendiente a controvertirla.
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Para el efecto señaló lo siguiente:
“[…] Por medio del presente IMPUGNO LA SENTENCIA de Tutela
Sin No., de fecha 21 de marzo de 2024, notificada mediante
correo electrónico, el día 01 de abril de 2024 proferida por la
Sala plena del Consejo de Estado, Honorable Magistrado: LUIS
ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, teniendo en cuenta los argumentos
que expondré en la oportunidad procesal correspondiente […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
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Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
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fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
Caso concreto
En el presente caso, la Sala advierte que la acción de tutela de la
referencia fue promovida por los actores con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, los cuales, estiman vulnerados por el
TRIBUNAL, al proferir la providencia de 4 de agosto de 2023, dentro
del medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 76147-33- 33-001-2014-00754-02.
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La acción de tutela fue conocida en primera instancia por la SECCIÓN
QUINTA de esta Corporación que, mediante sentencia de 21 de
marzo de 2024, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo
de la referencia por falta de relevancia constitucional, dado que lo
pretendido por los tutelantes es reabrir el debate probatorio con el
propósito de que el juez de tutela efectúe una valoración distinta a
la que asumió el juez natural de la causa y se acojan los argumentos
que proponen.
El señor DIEGO FERNANDO MARÍN RORÍGUEZ presentó escrito
en el que señaló que impugnaba la decisión proferida por el a quo,
sin plantear ningún argumento, ni efectuar reproche alguno contra la
sentencia de 21 de marzo de 2024, dictada por la SECCIÓN
QUINTA.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,
esta Sala5, ha precisado lo siguiente:
“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir en
las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela:
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.
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40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de
tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga
argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad de
sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el
impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente
en los términos del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que
se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad quem,
el deber constitucional de resolver el fondo del asunto; i)
analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez
constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio
obrante en el expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra providencias judiciales, la parte que impugne
la sentencia de tutela proferida en primera instancia
precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que
fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo
que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga
argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar
las medidas necesarias, para garantizar la protección de
sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia[…]”.
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20206, la
Sala señaló:
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, número único de radicación 11001-03-15-
000-2019-04314-01.
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contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los derechos
fundamentales que la parte actora manifiesta vulnerados, con los
principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía
judicial, los cuales se verían desproporcionadamente afectados si
se utiliza la acción de tutela como una tercera instancia judicial y
no como un mecanismo residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia (artículo
3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los derechos
protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la informalidad en
la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem), dicha situación no
exonera al recurrente de explicar las razones que motivan
su disentimiento con la decisión judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía de
los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
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Así las cosas, comoquiera que el actor no argumentó los motivos de
su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia,
la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio del
fondo del asunto, habida consideración que, por un lado, el escrito
de impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que
diera cuenta de los reparos respecto de la decisión adoptada; y, por
el otro, no se advirtió razón válida alguna que justifique tal
desatención, motivo por el cual no se encuentran los elementos
necesarios para revisar si la providencia objeto de controversia en el
caso sub examine está ajustada a derecho.
Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 28
de abril de 20227, 30 de septiembre de 20218 y 25 de agosto de
20239, se pronunció en el mismo sentido.
Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera
instancia que denegó las pretensiones de la solicitud de amparo de
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril
de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-11380-
01
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
01090-01
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-02222-
01
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la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de mayo de 2024.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente con permiso
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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