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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00985-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00985-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, que declaró improcedente el amparo solicitado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00985-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00985-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: TERESA BALANTA DE SANDOVAL

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. EN EL PRESENTE CASO
LA ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA MÍNIMA PARA
IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA, ASÍ COMO
TAMPOCO SE ADVIRTIÓ NINGUNA JUSTIFICANTE PARA SU OMISIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL, IGUALDAD,
SALUD Y VIDA DIGNA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 25 de abril de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1,

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00985-01
Actora: TERESA BALANTA DE SANDOVAL

I.1.-La solicitud

La señora TERESA BALANTA DE SANDOVAL, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la

igualdad, a la salud y a la vida digna, los cuales estima vulnerados

por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2, al

haber proferido la providencia de 5 de diciembre de 2024, dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2017-00163-01.

I.2.- Hechos

Expuso que interpuso demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL3,

con el objeto de obtener el reconocimiento de la pensión de

sobrevivientes derivada del fallecimiento en combate de su hijo,

2
En adelante el Tribunal.
3
En adelante el Ministerio.

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3

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Actora: TERESA BALANTA DE SANDOVAL

JOSÉ DIMAS CAICEDO BALANTA (q.e.p.d.), quien falleció el 8 de

mayo de 1985 mientras prestaba sus servicios como soldado regular.

Indicó que el medio de control fue identificado con el número único

de radicación 76001-33-33-005-2017-00163-00 y le correspondió

por reparto en primera instancia al JUZGADO QUINTO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI4 que,

mediante sentencia de 26 de septiembre de 2023, inaplicó el artículo

8 del Decreto núm. 2728 de 2 de noviembre de 19685, declaró la

nulidad de las resoluciones núms. 3085 del 1 de agosto de 2016 y

0153 del 3 de enero de 2017, que habían negado el reconocimiento

pensional, y condenó al MINISTERIO a expedir un nuevo acto

administrativo reconociendo a la demandante la pensión de

sobrevivientes equivalente al 50% de las partidas previstas en el

artículo 158 del Decreto núm. 1211 de 8 de junio de 19906, a partir

del 9 de mayo de 1985.

Añadió que, inconforme con lo anterior, el MINISTERIO interpuso

recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, a

través de providencia de 5 de diciembre de 2024, revocó la decisión

4
En adelante el Juzgado.
5
“[…] Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal
de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares […]”.
6
“[…] Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares
[…]”.

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4

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de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la

demanda, al considerar que debía aplicarse la norma vigente a la

fecha del fallecimiento del causante, es decir, el Decreto núm. 2728

de 1968, que no establecía el derecho a la pensión de sobrevivientes

para los beneficiarios de los conscriptos.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, la sentencia cuestionada desconoció el precedente

jurisprudencial del Consejo de Estado, el cual ha reconocido el

derecho a la pensión de sobrevivientes en casos análogos, con

fundamento en el principio de favorabilidad y los derechos a la

igualdad y a la seguridad social.

Afirmó que el TRIBUNAL incurrió en una vía de hecho al revocar la

sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO, en la que

se dispuso inaplicar el Decreto núm. 2728 de 1968.

Sostuvo que se configuró un defecto sustantivo, debido a que no

se tuvo en cuenta el Decreto núm. 1211 de 1990 para resolver el

caso, norma en virtud de la cual tenía derecho al reconocimiento

pensional solicitado.

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Señaló que la actora tiene de 90 años de edad y presenta múltiples

patologías, por lo que se encuentra en una situación de debilidad

manifiesta.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales AL
DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACION (sic) DE JUSTICIA AL MÍNIMO VITAL,
Y AL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, toda vez que EL
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA, en sentencia del 05 de diciembre de 2025 (sic)
incurrió en un defecto sustantivo pues se observa que, de
manera errada, desconocieron la normatividad aplicable, el
precedente judicial, para revocar la Sentencia proferida por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali, por medio de
la cual acertadamente se Accedió a las Pretensiones de la
demanda.

SEGUNDA: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 05 de
diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca, que, en el término de esta providencia,
profiera una nueva sentencia dentro del proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho promovido, teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa
sobre la presente Litis. Teniendo en cuenta los nuevos
argumentos esgrimidos al presente escrito de tutela […]”.
(Mayúsculas y negrilla del texto).

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I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL vinculado en calidad de demandado, se limitó

a remitir el expediente ordinario objeto de análisis, sin realizar

pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El MINISTERIO sostuvo que en el presente asunto el

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes debe efectuarse

conforme a la normatividad vigente al momento del fallecimiento del

causante, por lo que no es adecuado aplicar una norma posterior con

fundamento en el principio de favorabilidad.

Afirmó que la acción de tutela es improcedente porque no se cumplen

los requisitos generales y específicos establecidos por la

jurisprudencia constitucional para su estudio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 25 de abril de 2025,

declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró

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satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, dado que

la controversia se circunscribe a un reconocimiento económico ajeno

a los propósitos de la acción de tutela.

Advirtió que la parte actora pretende el juez de tutela revise las

conclusiones a las que arribó la autoridad judicial demandada, con el

fin de obtener una decisión favorable a sus pretensiones.

Destacó que la providencia cuestionada se fundamentó en la

valoración razonada del acervo probatorio aportado al expediente,

así como en la interpretación adecuada del marco normativo y

jurisprudencial aplicable al caso concreto.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora, actuando a través de apoderado judicial, impugnó la

sentencia proferida por la SECCION TERCERA, en los siguientes

términos:

“[…] [A]bogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de
mi correspondiente firma, […] obrando como apoderado de […]
TERESA BALANTA DE SANDOVAL, mayor de edad,
identificada con cédula de ciudadanía […] respetuosamente me
permito solicitar IMPUGNACION (sic) SENTENCIA DE
TUTELA DE PRIEMRA (sic) INSTANCIA DEL (sic) ABRIL DE
2025, notificada electrónicamente el día 10 junio de 2025.
[…]” (Destacado del texto).

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

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tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma

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expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de

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derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 5 de diciembre de 2024,

proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2017-00163-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la

igualdad, a la salud y a la vida digna, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo,

en el desconocimiento del precedente jurisprudencial y en una vía

de hecho, al revocar la decisión de primera instancia, que inaplicó el

Decreto núm. 2728 de 1968

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

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SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 25 de abril de

2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que,

no se cumplió con el presupuesto de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la actora, actuando a través de

apoderado judicial, presentó escrito de impugnación sin plantear

argumento alguno, ni efectuar reproche contra la sentencia proferida

el 25 de abril de 2025 por la SECCIÓN TERCERA.

Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,

esta Sala7, ha precisado lo siguiente:

“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir en
las impugnaciones dentro del marco de la acción de
tutela:

40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no habrá
necesidad de sustentar la respectiva impugnación, donde basta
que el impugnante lo presente dentro del término legal
correspondiente en los términos del artículo 31 del Decreto
2591, con el fin de que se efectúe el respectivo trámite del
mismo, teniendo el ad quem, el deber constitucional de resolver
el fondo del asunto; i) analizando los argumentos jurídicos
expuestos por el juez constitucional de primera instancia, y el ii)
acervo probatorio obrante en el expediente.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.

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40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio
de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de justicia
[…]”. (Negrilla fuera del texto).

En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20208, la Sala

señaló:

“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.

Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los derechos
fundamentales que la parte actora manifiesta vulnerados, con los
principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía
judicial, los cuales se verían desproporcionadamente afectados si
se utiliza la acción de tutela como una tercera instancia judicial y

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
04314-01.

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no como un mecanismo residual y subsidiario.

Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia (artículo
3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los derechos
protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la informalidad en
la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem), dicha situación no
exonera al recurrente de explicar las razones que motivan
su disentimiento con la decisión judicial recurrida.

En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía de
los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991. […]” (Destacado del texto).

Así las cosas, comoquiera que la actora no argumentó los motivos de

su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia,

la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio del

fondo del asunto, habida consideración que, por un lado, el escrito

de impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que

diera cuenta de los reparos respecto de la decisión adoptada; y, por

el otro, no se advirtió ninguna razón válida que justifique tal

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desatención, máxime si se tiene en cuenta que la actora

instauró la acción de tutela a través de apoderado judicial,

quien también suscribió el escrito de impugnación, motivo por

el cual no se encuentran los elementos necesarios para revisar si la

providencia objeto de controversia en el caso sub examine está

ajustada a derecho.

Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 28

de abril de 20229, 30 de septiembre de 202110 y 25 de agosto de

202311, se pronunció en el mismo sentido.

Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera

instancia que declaró improcedente el amparo solicitado, pero por las

razones expuestas en precedencia, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril
de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-11380-
01.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
01090-01.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-02222-
01.

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17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00985-01
Actora: TERESA BALANTA DE SANDOVAL

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, que declaró

improcedente el amparo solicitado, de conformidad con las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de julio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN (E2) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
PRESIDENTA

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y

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18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00985-01
Actora: TERESA BALANTA DE SANDOVAL

posterior consulta, de conformidad con la ley.

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