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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01164-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01164-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó el amparo solicitado. 6 La Sala se pronunció en igual sentido en las sentencias proferidas el 28 de abril de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación 11001-03-15-000-2021-11380-01; el 25 de agosto de 2023 C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación 11001-03-15-000-2023-02222-01, y del 15 de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación 11001-03-15-000-2023-06623-01. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2025-01164 01 Accionante: Herica Nieto Comas SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01164-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

21 de agosto de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01164 01
Accionante: Herica Nieto Comas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01164-01
Accionante: HERICA NIETO COMAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Tesis: No procede el estudio de la impugnación si la parte
accionante no cumple con la carga argumentativa
mínima para controvertir la decisión proferida en primera
instancia, toda vez que fue sustentada por fuera del
término y no se encuentra justificación para dicha
omisión.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 27 de marzo de 2025, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La señora Herica Nieto Comas solicitó el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, que estima vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, quien por medio de proveído del 16 de febrero
de 2024 confirmó la providencia de primera instancia dictada el 25 de
mayo de 2023 por el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena,
mediante la cual se adecuó la demanda de reparación directa al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, y consecutivamente se
rechazó por haber operado la caducidad del medio de control promovido

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01164 01
Accionante: Herica Nieto Comas

contra el Departamento de Bolívar, la Comisión Nacional del Servicio Civil
y la Universidad Libre de Colombia1.

1.2. El medio de control fue radicado el 15 de diciembre de 2022 por la
accionante con el objeto de que se declarara patrimonialmente
responsable a la parte demandada por los perjuicios causados con ocasión
de la ejecución de las etapas del proceso de selección 772 de 2018,
Convocatoria Territorial Norte, lo cual condujo a que se declarara su
insubsistencia en el cargo de profesional universitario, código 219, grado
3, que ocupaba en el Departamento de Bolívar, antes de que fuera
superada la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19, mediante
Decreto 555 del 8 de octubre de 2020, que dispuso un nombramiento en
periodo de prueba, se dio por terminado un encargo y se declaró la
insubsistencia de la provisionalidad que desempeñaba en el mencionado
cargo.

1.3. La accionante informó que la demanda de reparación directa
correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, quien, en
proveído del 25 de mayo de 2023, adecuó la demanda al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en el artículo
171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), y en consecuencia la rechazó, al considerar que
había operado la caducidad del medio de control.

Lo anterior con fundamento en que lo que se cuestionaba era la legalidad
de los actos administrativos que declararon la insubsistencia, pues de
estos emergía el daño.

Respecto de la caducidad, adujo que la notificación del acto administrativo
que declaró la insubsistencia de la demandante se dio el 8 de octubre de
2020 y este adquirió firmeza el 2 de noviembre de 2020, fecha en la que
la demandante dejó de ejercer sus funciones debido a la posesión de la
nombrada. Por lo tanto, el término para presentar el medio de control de

1
Proceso que se identificó con el radicado 13001-33-33-005-2023-00020-00/01.

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Accionante: Herica Nieto Comas

nulidad y restablecimiento del derecho venció el 3 de marzo de 2021. Al
haber sido radicada la demanda el 15 de diciembre de 2022, esta resultó
extemporánea.

1.4. Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar
mediante proveído del 16 de febrero de 2024, que la confirmó, por las
mismas razones del a quo.

1.5. La parte accionante manifestó en la tutela que la decisión debatida
incurrió en defecto sustantivo al aplicar de forma desproporcionada e
irracional las disposiciones establecidas en los artículos 138, 140, 169 y
171 del CPACA, toda vez que su demanda buscaba obtener la
indemnización de los perjuicios causados por los actos administrativos
que fueron contrarios a las normas excepcionales adoptadas durante la
emergencia sanitaria por el Covid-19, que dispusieron la suspensión de
los concursos de méritos que estaban en etapa de aplicación de pruebas.
En consecuencia, nunca se pretendió cuestionar la legalidad del acto, sino
el momento en que se produjeron sus efectos; por lo tanto, la decisión de
adecuar la demanda resultó irrazonable y contraria a la finalidad y
naturaleza de la acción interpuesta.

1.6. La accionante sostuvo que la decisión objeto de discusión “viola
directamente la Constitución Política” al desconocer su derecho
fundamental a la igualdad, toda vez que —según lo expuesto en la acción
de tutela— diversos Juzgados Administrativos de Cartagena, sin precisar
cuáles, han tramitado casos con identidad fáctica, jurídica y probatoria, y
los han admitido bajo el medio de control de reparación directa.
Particularmente, hizo alusión a los procesos identificados con los
radicados 13001-33-33-008-2022-00443-00, 13001-33-33-001-2022-
00447-00, 13001-33-33-011-2022-00448-00, 13001-33-33-011-2022-
00435-00 y 13001-33-33-007-2022-00444-00, promovidos por Uriel
Antonio Mercado Rivera, Katerine Paola Hernández González, Melina Alies
Fuentes, Cristina Isabel Orozco Ruíz y Lea Sandra Vizcano Escobar.

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Accionante: Herica Nieto Comas

1.9. Con fundamento en los anteriores argumentos, formuló las siguientes
pretensiones:

“1. Que se ordene la protección de mis derechos fundamentales a la igualdad, el
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, conculcados por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, con la expedición del Auto Interlocutorio
102/2024 del 16 de febrero de 2024, notificado por estado el 3 de septiembre de
2024, y dictado dentro del proceso de reparación directa
13001333300520230002000, a través del cual se confirmó la decisión adoptada
por el Juzgado 005 Administrativo del Circuito de Cartagena, en el sentido de
rechazar la demanda, so pretexto de que había operado el fenómeno de la
caducidad.

2.- Como consecuencia de lo anterior, sírvase dejar sin efectos jurídicos la
providencia anteriormente descritas, y en su lugar, ordenar al despacho judicial
accionado para que profiera un nuevo auto interlocutorio ajustado al
ordenamiento jurídico y a los estándares constitucionales y convencionales
esgrimidos en el presente escrito, teniendo en especial consideración, la
procedencia del medio de control de reparación directa para tramitar las
pretensiones contenidas en la demanda que originó el proceso
13001333300520230002000, en el que funjo como parte demandante”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Mediante auto del 4 de marzo de 2025, el a quo admitió la tutela y
ordenó vincular en calidad de terceros con interés al Departamento de
Bolívar, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la Universidad Libre de
Colombia y al Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena.

2.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena presentó
informe sobre las consideraciones expuestas en la decisión objeto de
debate. Sostuvo que el proveído cuestionado fue proferido conforme a
derecho y que no se configuró ninguno de los defectos alegados por la
accionante. Por lo tanto, solicitó que se declare improcedente la solicitud
de amparo.

2.3. La Comisión Nacional del Servicio Civil manifestó que la decisión
atacada no afectó los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante, toda vez que no se evidenció ninguna actuación arbitraria por
parte de la autoridad judicial accionada.

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Accionante: Herica Nieto Comas

No obstante, solicitó su desvinculación del trámite constitucional por no
ser competente para pronunciarse frente a las solicitudes elevadas en el
escrito de tutela.

2.4. El Tribunal Administrativo de Bolívar remitió copia digital del
expediente de reparación directa con radicado 13-001-33-33-005-2023-
00020-00/01.

2.4. El Departamento de Bolívar y la Universidad Libre de Colombia,
vinculados al trámite constitucional como terceros con interés, guardaron
silencio.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 27 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, negó la solicitud de desvinculación del trámite
constitucional elevada por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Igualmente, denegó el amparo con fundamento en que la decisión objeto
de tutela fue razonada y el análisis adelantado se realizó conforme a
derecho y teniendo en consideración la jurisprudencia aplicable al caso
concreto. Además, consideró que los autos admisorios invocados como
precedente no tenían fuerza vinculante sobre otros aspectos y, por lo
tanto, la diferencia de criterios no vulneró su derecho a la igualdad ni a la
seguridad jurídica.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y sostuvo
que sustentaría el recurso “ante el superior jerárquico de conformidad con
los artículos 31 y 32 del decreto 2591 de 1991, tal y como lo ha permitido
la Corte Constitucional en la sentencia T-661 de 2014”.

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Accionante: Herica Nieto Comas

Durante el trámite de segunda instancia, a través de correo electrónico
de fecha 16 de julio de 20252, la accionante allegó memorial en el cual
adujo que sustentaba la impugnación.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. La señora Herica Nieto Comas, el 15 de diciembre de 2022,
presentó demanda de reparación directa contra el Departamento de
Bolívar, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre de
Colombia, con la finalidad de obtener la indemnización por los perjuicios
causados con el Decreto 555 del 8 de octubre de 2020, que la declaró
insubsistente del cargo que ocupaba en provisionalidad en el
Departamento de Bolívar, con ocasión del proceso de selección 772 de
2018, adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

5.2.2. Mediante auto del 25 de mayo de 2023, el Juzgado Quinto
Administrativo de Cartagena, adecuó la demanda al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, y posteriormente la rechazó, al
considerar que había operado la caducidad de la acción.

2
Visible en índice 5 del expediente en SAMAI.

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Accionante: Herica Nieto Comas

5.2.3. La parte demandante apeló la anterior providencia y, mediante
proveído del 16 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar
la confirmó.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.3.1.1. En el asunto bajo examen, la Sala recuerda que las
inconformidades planteadas por la parte accionante en la tutela consisten
en que, a su juicio, el proveído del 16 de febrero de 2024, dictado por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, incurrió en: (i) defecto sustantivo por
interpretación desproporcionada e irracional de los artículos 138, 140,
169 y 171 del CPACA, pues la decisión de adecuar la demanda resultó
contraria a la finalidad y naturaleza de la acción interpuesta y, (ii)
violación directa de la Constitución al desconocer su derecho fundamental
a la igualdad, toda vez que en distintos juzgados administrativos de
Cartagena fueron admitidas demandas con identidad fáctica, jurídica y
probatoria bajo el medio de control de reparación directa.

Al resolver el asunto en primera instancia, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 27 de marzo de 2025,
denegó la solicitud de amparo al considerar que la decisión controvertida
hizo un análisis razonable del asunto, y que los autos admisorios
invocados como precedente no tenían fuerza vinculante, por lo que la
diferencia de criterios no vulneró su derecho a la igualdad.

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Accionante: Herica Nieto Comas

La accionante presentó impugnación el 13 de junio de 2025. Sin embargo,
en ese memorial no expuso los argumentos sobre los posibles errores en
que, a su juicio, habría incurrido el a quo, y manifestó que sustentaría el
recurso ante el “superior jerárquico”. Y, en efecto, en memorial radicado
ante esta corporación el 16 de julio de 20253, manifestó exponer las
razones de inconformidad con la decisión de primera instancia.

Ahora, esta Sala, en la sentencia del 3 de abril de 20254, manifestó lo
siguiente en cuanto a la oportunidad para sustentar la impugnación:

“27. Esta Sección, mediante sentencia de 28 de febrero de 2019, fijó unas reglas
en relación con la carga argumentativa que deben cumplir las impugnaciones en
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Ello en los
siguientes términos:

‘[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida
en primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa mínima
[…].

Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela
proferida en primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio
o ii) por medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones jurídicas por las
cuales una autoridad judicial, incurrió en los defectos: i) orgánico; ii)
procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v) error inducido; vi) decisión
sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación
directa de la Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 20051,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que fue
acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo que se trate de un
sujeto de especial protección constitucional, a quien no se le
exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene
que adoptar las medidas necesarias, para garantizar la protección
de sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia […]’. (Negrilla del texto original).

28. Con fundamento en lo anterior, se observa que, en el escrito de 4 de febrero
de 2025, la parte accionante omitió exponer los argumentos por los que
consideraba que debía revocarse la sentencia de primera instancia.

29. Tal omisión hace imposible que esta Sección pueda efectuar un análisis de la
impugnación.

30. Por su parte, frente al escrito presentado el 25 de febrero de 2025, la Sala
advierte que dicha solicitud fue radicada en forma extemporánea. Es decir,
después de transcurrido el término previsto en el artículo 31 del Decreto Ley 2591
de 1991.

3
Ver nota al pie 2.
4
La Sala se pronunció en igual sentido en la sentencia proferida el 3 de abril de 2025, C.P. Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, radicación 11001-03-15-000-2024-06601-01.

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31. La sentencia de tutela de primera instancia fue comunicada a las partes
mediante correo electrónico el 31 de enero de 2025, entendiéndose notificada el
4 de febrero de 2025 y dado que el término para impugnar era de tres (3) días,
el apoderado de los accionantes tenía hasta el 7 de febrero de 2025 para
presentar los argumentos de la impugnación.

32. Así las cosas, esta Sección confirmará el fallo impugnado porque el escrito de
impugnación radicado en el término legal no satisfizo la carga mínima
argumentativa”.

De acuerdo con lo anterior, es claro que los argumentos de la impugnación
deben ser presentados dentro de la ejecutoria de la sentencia de primera
instancia, término establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Adicionalmente, conviene tener en consideración que esta Sala, en
sentencia de 28 de febrero de 20205, destacó particularmente la
necesidad de que se sustente la impugnación en los casos de tutela contra
providencia judicial:

“La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes oportunidades, ha
sostenido que, en el caso específico de tutela contra providencia judicial, el deber
de sustentar el recurso de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo que resuelve la acción
de tutela, debe cumplir con la carga argumentativa en cuestión, señalando las
razones que sustentan su impugnación e identificando y justificando por qué se
configura la causal específica de procedibilidad que fue desvirtuada por la primera
instancia.

Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los derechos fundamentales
que la parte actora manifiesta vulnerados, con los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela como una
tercera instancia judicial y no como un mecanismo residual y subsidiario.

Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de la acción de tutela
debe desarrollarse con arreglo a los principios de prevalencia del derecho
sustancial, celeridad, eficacia (artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación
judicial de los derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem), dicha situación no
exonera al recurrente de explicar las razones que motivan su disentimiento con
la decisión judicial recurrida.

En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta Corporación, al
estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, el
cual dispone que el Juez que conozca de la impugnación ‘(…) estudiará el
contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo (…)’,
advirtió que la impugnación debe contener los fundamentos de la inconformidad
del impugnante con el fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para cotejar y pronunciarse.

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación 11001-03-15-000-2019-04314-01.

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Accionante: Herica Nieto Comas

Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de sustentar el recurso de
impugnación en el caso específico de tutela contra providencia judicial, se
convierte en un mecanismo de control del ejercicio de las potestades del juez
constitucional en esta materia para que no actúe como una tercera instancia, lo
cual estaría en contravía de los principios constitucionales de seguridad jurídica
y autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de
1991”.

En este caso, la sentencia de primera instancia fue comunicada a las
partes mediante correo electrónico el 10 de junio de 2025, entendiéndose
notificada el 12 del mismo mes y año, y dado que el término para
impugnar era de 3 días, la accionante tenía hasta el 17 de junio del mismo
año para presentar los argumentos de su disenso con la decisión. Empero,
como se vio, solo los expuso hasta el 16 de julio de 2025, cuando el
expediente ya se encontraba en sede de segunda instancia, razón por la
cual no pueden ser tenidos en cuenta.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que no es procedente
realizar un análisis sobre el fondo del asunto, pues no se presentaron
oportunamente los argumentos necesarios para revisar si la providencia
impugnada se ajustó o no a derecho6, máxime cuando no se advirtió
justificación válida para dicha omisión.

Por lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, que
denegó el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de marzo de 2025, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que negó el
amparo solicitado.

6
La Sala se pronunció en igual sentido en las sentencias proferidas el 28 de abril de 2022, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón, radicación 11001-03-15-000-2021-11380-01; el 25 de agosto de 2023 C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, radicación 11001-03-15-000-2023-02222-01, y del 15 de febrero de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón, radicación 11001-03-15-000-2023-06623-01.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01164 01
Accionante: Herica Nieto Comas

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CORDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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