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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06601-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06601-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de enero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2018-03163-01(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 10 Radicación: 11001-03-15-000-2024-06601-01 Accionantes: Óscar Javier Sáenz y otros CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06601-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-06601-01
Accionantes: ÓSCAR JAVIER SÁENZ Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se
confirma el fallo impugnado – la impugnación no satisfizo la carga mínima
argumentativa.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes contra la sentencia
de 17 de enero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores Óscar Javier Sáenz, Mayerli Juliana Higuera Martínez, Gladys Sáenz
Pizza, María del Pilar Fonseca Sáenz, Lilandra Sofía Sáenz Higuera y Saory
Valentina Sáenz Higuera, a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 16 de mayo de 2024,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del medio de control de reparación directa con radicación
número 11001-33-36-034-2015-00821-00/01/02/03.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señalaron que radicaron la demanda de reparación directa con radicación núm.
11001-33-36-034-2015-00821-00/01/02/03 contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación,
Registraduría Nacional del Estado Civil y Ministerio De Defensa – Policía Nacional,
para que se declarara la responsabilidad extracontractual por los perjuicios
materiales e inmateriales causados a los accionantes y los cuales se derivan del
error jurisdiccional y la falla en el servicio, por no adelantar adecuadamente el
proceso penal radicado núm. 0521-2004.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06601-01
Accionantes: Óscar Javier Sáenz y otros

2.2. Precisaron que el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Treinta y
Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 28 de julio de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

2.3. Indicaron
que las partes presentaron recurso de apelación contra la anterior
decisión y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de sentencia de 16 de mayo de 2024, modificó la decisión
en primera instancia.

2.4. Manifestaron que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales, en razón a que “[…] Lo que correspondía al Tribunal era que, si
encontró que el a quo estaba equivocado, debía revocar la decisión precisando,
bien que sí había norma aplicable al caso y hacer uso de ella o, en su defecto,
apoyarse en una jurisprudencia de mayor jerarquía, que de manera indudable
fulminara la decisión del juez de primera instancia de reconocer la indemnización
por los perjuicios morales causados a las víctimas […]”.

2.5. Asu vez indicaron que “[…] [e]ra obligación del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, estarse a lo decidido en el precedente judicial en el que se apoyó el
juez de primera instancia, porque si bien el precedente horizontal, (decisiones
proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico) tiene fuerza vinculante, en las
condiciones que ya definió la Corte Constitucional, el precedente vertical, al provenir
de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia en cada jurisdicción, tiene
como efecto limitar la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la postura
del superior […]”

2.6. Refirieronque el Tribunal “[…] sin fundamento legal y sin soporte alguno,
respecto de las víctimas indirectas, concluyó que las víctimas indirectas no sufrieron
daños morales y revocó la indemnización por los perjuicios materiales causados a
las víctimas directa e indirectas, desconociendo reiteradas jurisprudencias sobre la
presunción legal para estos casos […]”.

2.7. De otro lado adujeron que el Tribunal “[…] sin fundamento legal y sin soporte
alguno, desconoció la presunción legal que recaen sobre los testimonios rendidos
en los que se observa plena coincidencia, sobre las dificultades laborales de la
víctima directa, el daño producido, la afectación de sus derechos, la imposibilidad
de ser contratado laboralmente por sus antecedentes judiciales y que no obra
prueba que desvirtúe lo afirmado […]”

2.8. Finalmente subrayaron que “[…] se vulnera el debido proceso cuando se realiza
una acción al margen de la normativa vigente, violando el principio de que el poder
público solo puede actuar dentro de lo que le permite el ordenamiento jurídico. En
el caso de un juez, una vía de hecho se produce cuando toma una decisión arbitraria
u omite algo, lo que atropella el debido proceso con afectación de los derechos
fundamentales de los ciudadanos […]”.

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Accionantes: Óscar Javier Sáenz y otros

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Se tutele el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO del
señor Oscar Javier Sáenz, como Víctima Directa y de Mayerli Juliana Higuera
Martínez, Gladys Sáenz Pizza, María del Pilar Fonseca Sáenz, Lilandra Sofía
Sáenz Higuera y Saory Valentina Sáenz Higuera como Víctimas Indirectas,
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, vulnerado por el El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Tercera – Subsección “C” -
Oralidad, al proferir sentencia de segunda instancia abiertamente contraria a la
ley y a la Constitución Política de Colombia, dentro del radicado
110013336034201500821-03.

SEGUNDO: Que en consecuencia se ordene al El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Sección Tercera – Subsección “C” - Oralidad acatar el
precedente judicial vertical del expediente 68001-23-31-000-2002-02548-
01(36149) del Consejo de Estado, y estarse a lo decidido en ese precedente,
con consideración de los parámetros fijados para los efectos de establecer el
monto de perjuicios morales de las víctimas, ante la ausencia de norma
aplicable al caso […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 4 de diciembre de 2024, el Magistrado de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, a la Fiscal General de la Nación, al Registrador Nacional del Estado Civil,
a la Policía Nacional, al Ministerio de Defensa y al Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá.

5. El 4 de marzo de 2025 el Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López
manifestó impedimento en el proceso de la referencia y mediante auto de 6 de
marzo de 2025, la Sección lo declaró infundado.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

6.1. El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección C manifestó que la providencia de 16 de mayo de 2024 contenía las
razones de hecho y de derecho que sirven de fundamento a la decisión.

6.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por ausencia de las causales de procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial y por ausencia de un perjuicio
irremediable.

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Accionantes: Óscar Javier Sáenz y otros

6.3. De otro lado solicitó su desvinculación, dentro del trámite de la presente acción,
por falta de legitimación en la causa por pasiva.

6.4. La Fiscalía General de la Nación informó que la sentencia proferida dentro del
medio de control de reparación directa 11001-33-36-034-2015-00821-03 no vulneró
las garantías y derechos fundamentales de la accionante, por consiguiente, solicitó
se declare la improcedencia de la acción de amparo por relevancia constitucional,
debido a que el accionante pretende usar el mecanismo de amparo como una
tercera instancia.

6.5. Finalmente solicitó su desvinculación del trámite de la presente acción.

6.6. LaRegistraduría Nacional del Estado Civil solicitó se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva en lo que a ella refiere, toda vez que no es la
causante de la vulneración de los derechos fundamentales solicitados.

6.7. La
Policía Nacional informó que si bien el señor Óscar Javier Sáenz fue
condenado a una pena accesoria por el delito de hurto a elemento tecnológico,
también lo es que al mismo jamás le fue materializada dicha medida intramural.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante fallo de tutela de 17 de enero de 2025, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela, al
concluir que “[…] la autoridad judicial demandada actuó dentro de su margen de
autonomía judicial y ajustó su decisión de cara a las pruebas y circunstancias
específicas del caso concreto […]”.

8. Lo anterior en razón a que “[…] La decisión del tribunal estuvo sustentada, cumplió
con la carga argumentativa y no es más que la materialización de los principios de
autonomía e independencia judicial. […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. El
apoderado de los accionantes, mediante escrito de 4 de febrero de 2025,
manifestó impugnar el fallo de primera instancia, sin presentar las razones de su
inconformidad.

10. Posteriormente, el 25 de febrero de 2025 presentó otro escrito de impugnación
en el que realizó una exposición de las actuaciones surtidas en el proceso penal
0521-2004 y ratificó lo expuesto en el escrito de tutela, por lo cual expuso:

[…] En ejercicio de la impugnación del fallo de tutela de la referencia, el que fue
admitido, me ratifico en lo expuesto en el libelo presentado y en especial en los
siguientes aspectos para que sean considerados.

Respecto de la postura de la Sala para negar el amparo solicitado, y de los
argumentos esgrimidos como estribo para afirmar que los reparos

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Accionantes: Óscar Javier Sáenz y otros

mencionados son infundados, en la primera y segunda instancia, los elementos
facticos y jurídicos obrantes, son tan contundentes, que las razones de los
reproches adquieren una fortaleza, que la Sala pretende desconocer.

Respecto del primer planteamiento: i) aunque el juez de primera instancia
empleó las reglas de tasación en casos de privación injusta de la libertad
para otorgar una indemnización por daños morales ante la ausencia de
una norma específica, a pesar de lo cual el tribunal desestimó dicha
analogía sin aplicar una norma o jurisprudencia que justificara su
decisión.

[…] Respecto del segundo: ii) ignoró testimonios y la tasación de perjuicios
por ella aportada que acreditaban los daños sufridos

[…] Respecto del tercero: iii) se apartó injustificadamente del precedente
vinculante del Consejo de Estado y, en su lugar, aplicó uno de menor
jerarquía sin cumplir con la carga argumentativa suficiente, lo que generó
un trato desigual para las víctimas frente a casos similares […]” [Negrilla y
subrayado del texto].

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VIII.2. Cuestión previa

12. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de
resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de desvinculación
procesal presentadas por la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

13. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20066, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

6
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Accionantes: Óscar Javier Sáenz y otros

de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

14. Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Registraduría Nacional del Estado Civil fueron parte dentro del
medio de control en el que se profirió la providencia que es objeto del presente mecanismo
de amparo, la Sala considera que les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta
acción constitucional.

15. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VIII.3. Problemas jurídicos

16. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la providencia aquí cuestionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06601-01
Accionantes: Óscar Javier Sáenz y otros

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06601-01
Accionantes: Óscar Javier Sáenz y otros

VIII.5. El caso concreto

24. Los señores Óscar Javier Sáenz, Mayerli Juliana Higuera Martínez, Gladys Sáenz
Pizza, María del Pilar Fonseca Sáenz, Lilandra Sofía Sáenz Higuera y Saory
Valentina Sáenz Higuera, a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de 16 de mayo de 2024,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del medio de control de reparación directa con radicado
número 11001-33-36-034-2015-00821-00/01/02/03.

VIII.5.1. De la carga argumentativa como requisito mínimo en las
impugnaciones

25. LaSección Primera del Consejo de Estado, en distintas oportunidades11, ha
señalado que, en el caso específico de tutela contra providencias judiciales, el deber
de sustentar la impugnación adquiere una connotación aún más precisa y exigente,
en tanto la parte que cuestiona este tipo de fallos de tutela, debe cumplir con la
carga argumentativa respectiva, lo que le obliga a exponer las razones que
sustentan su impugnación y a identificar y justificar si se configura o no la causal
específica de procedibilidad.

26. La Sala ha advertido que aun cuando el trámite de la acción de tutela deba
desarrollarse con arreglo a los principios de prevalencia del derecho sustancial,
celeridad, eficacia12, interpretación judicial de los derechos protegidos (artículo 4
ibidem) y prevalencia de la informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14
ibidem), ello no es óbice para omitir el deber que le asiste a la parte que impugna el
fallo de tutela de explicar las razones que motivan su disentimiento13.

27. Esta Sección, mediante sentencia de 28 de febrero de 2019, fijó unas reglas en
relación con la carga argumentativa que deben cumplir las impugnaciones en
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Ello en los
siguientes términos:

“[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa mínima […].

Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida
en primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio
de apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima,
en donde exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad
judicial, incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento
del precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en los términos de la
sentencia C-590 de 20051, proferida por la Corte Constitucional, postura
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de

2019, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente Núm. 11001-03-15-000-2018-03767-01.
12
Artículo 3 del Decreto 2591 de 1991
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Oswaldo Giraldo López, sentencia de 3
de diciembre 2018, expediente Núm.13001-23-33-000-2018-00641-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06601-01
Accionantes: Óscar Javier Sáenz y otros

jurisprudencial, que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo
que se trate de un sujeto de especial protección constitucional, a quien no
se le exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la protección de sus
derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la administración de
justicia […]”14. (Negrilla fuera del texto)

28. Con fundamento en lo anterior, se observa que, en el escrito de 4 de febrero de
2025, la parte accionante omitió exponer los argumentos por los que consideraba
que debía revocarse la sentencia de primera instancia.

29. Tal omisión hace imposible que esta Sección pueda efectuar un análisis de la
impugnación.

30. Por su parte, frente al escrito presentado el 25 de febrero de 2025, la Sala advierte
que dicha solicitud fue radicada en forma extemporánea. Es decir, después de
transcurrido el término previsto en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

31. La sentencia de tutela de primera instancia fue comunicada a las partes mediante
correo electrónico el 31 de enero de 2025, entendiéndose notificada el 4 de febrero
de 2025 y dado que el término para impugnar era de tres (3) días, el apoderado de
los accionantes tenía hasta el 7 de febrero de 2025 para presentar los argumentos
de la impugnación.

32. Así las cosas, esta Sección confirmará el fallo impugnado porque el escrito de
impugnación radicado en el término legal no satisfizo la carga mínima
argumentativa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía
General de la Nación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de enero de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de

2019, expediente número 11001-03-15-000-2018-03163-01(AC), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06601-01
Accionantes: Óscar Javier Sáenz y otros

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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