Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06781-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06781-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06781-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
26 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2025 06781 01
Accionante: Sandro Manuel Egea Fandiño y otros1
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta y Segunda -
Subsección “B”
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia, al no
cumplirse la carga argumentativa mínima exigida para
habilitar el estudio de fondo de la impugnación en
acciones de tutela contra providencias judiciales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por los accionantes en contra del fallo de tutela
proferido el 22 de enero de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Los accionantes, actuando a través de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela
en contra de la Sección Quinta y la Sección Segunda - Subsección “B” del Consejo de
Estado, y para ello formularon las siguientes pretensiones2:
1 Nery Esther Sánchez Ruiz, Farid Antonio Pacheco Jarufe, Nuvia Tete Morales, Manuela Ojeda
Hernández, Yaneth del Socorro Pabón Sarmiento, Ceferina Esther Pedroza Igirio, Yadira Esther Velásquez
Pabón, Libeth del Carmen Ascencio Carbono, Silva Rosa Díaz Pimienta, Alicia Esther Ruiz Ariza, Eber
Antonio Martínez Algarín, Yenny Juliana Castillo Peña, Cecilia Babilonia Meza, Juan Daniel Quintana
Cuadro, Daniela Marcela Quintana Ávila, Antonio Daniel Quintana Olivero, Judith Galán de Castillo, Clareth
de Jesús Castillo de la Hoz, Parejo, Carmen Alicia Fawcett Jiménez, Daisy Pérez Suescun, Aura Edith
Arregoces de Gómez, Zárate Iván Aguirre Pérez, Osvaldo Antonio Rojano Narváez, José Julián Noriega
de la Rosa, Virginia Edith Gonzales Chaverra, Rosiris María Guzmán Padilla, José Magdaleno Algarín
Pérez, Elides Cervantes Avedaño, Iván Mauricio Cueto de la Hoz, Harold Wilson Campo Henríquez, Alex
Enrique Urieles Rodríguez, Estanislao Paugan Silva, Ricardo de Jesús Mejía Pereira, Yodis Alfonso
Fontalvo Fontalvo, José Luis Infante Caviedes, Luisa Helena Montalvo Agudelo, Alexandra Sirtori Solano,
Fabián Campo Gómez, Alexander Fabián Charris Codina, Wilfrido Algarín Guerrero, Guillermo Segundo
Castillo Manzano, Myrian Isabel Fernández Camargo, Ricardo Antonio Lavalle Gómez, Onny Esther Díaz
García, María Milagros Linero Guette, Maicol José Herrera Silva, Lefia Zúñiga, Jorge Polo Maldonado, Julio
Alberto Ureche Lago León, Héctor Cifuentes Mojica, Albis Marina Hernández Echeverría, Víctor Manuel
Elías Cabana, Mercedes Patricia Polo Villalobos, Ilcy María Martínez Camargo, Julio Salcedo Castro, Idalis
Leonor Beltrán Benavides, Analida Esther Muñoz Benavides, María Alejandra Duran Álvarez, Desired
Patricia Orozco Gutiérrez, Efrain Yesid Muñoz Polo, Anapaola Ortiz Martínez y Ruth Alicia Serna.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06238 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06781 01
Accionante: Sandro Manuel Egea Fandiño y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “B” y otro
[…] pido se revoque la sentencia de primera instancia de la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado de fecha de 8 de abril de 2025, la
sentencia de segunda instancia de la Sección Quinta de fecha 24 de julio de
2025, y el auto de la Sección Quinta de aclaración de fecha 21 de agosto de
2025, y en su caso se nos ampare nuestros derechos constitucionales
fundamentales a la vida, la salud, mínimo vital, el debido proceso, el acceso a
la justicia y los derechos humanos a la integridad personal (artículo 5), las
garantías judiciales (artículo 8), dignidad humana (artículo 11) y la protección
judicial (artículo 25), reconocidos en la CADH y el derecho humano acceso a la
justicia reconocido en el artículo 31 de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ADULTO
MAYOR.
Como consecuencia del amparo constitucional que se reconocerá mediante
sentencia, solicitamos que se ordene al Municipio de Ciénaga (Departamento
del Magdalena) el pago de los dineros que adeuda por concepto de un
excedente de pago pendiente, producto de la homologación y nivelación
salarial, porque son trabajadores que pertenecimos al sector administrativo del
Municipio de Ciénaga.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
De la lectura del escrito de tutela se extrae, en síntesis, la siguiente situación fáctica:
Los accionantes interpusieron acción de tutela, a la que se le asignó el radicado núm.
11001 03 15 000 2025 01266 00/01, con el propósito de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, al trabajo, a la salud en
conexión con la vida y al debido proceso, los cuales consideraron vulnerados por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo
del Magdalena.
Lo anterior, con ocasión de la providencia del 11 de octubre de 2023, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó el auto del 27 de julio de 2023 proferido
por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta, que rechazó de plano
la demanda por caducidad de la acción ejecutiva; así como del auto de 15 de mayo de
2024, proferido por ese mismo Tribunal, mediante el cual se rechazó por improcedente
el recurso de súplica interpuesto dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 47001
33 33 006 2023 00112 01.
Mediante sentencia de tutela de primera instancia del 8 de abril de 2025, la Subsección
“B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de
amparo, al considerar que no se cumplía con el requisito general de inmediatez.
Inconformes con dicha decisión, los accionantes interpusieron impugnación, la cual fue
resuelta por la Sección Quinta de esta Corporación mediante sentencia del 24 de julio
de 2025, en el sentido de declarar improcedente la solicitud de tutela por no cumplirse el
requisito general de relevancia constitucional.
Contra la anterior decisión, los accionantes presentaron solicitud de aclaración, la cual
fue resuelta desfavorablemente mediante providencia del 21 de agosto de 2025,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
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Accionante: Sandro Manuel Egea Fandiño y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “B” y otro
En virtud de lo anterior, los accionantes interpusieron la acción de tutela de la referencia,
mediante la cual solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la “vida, la
salud, mínimo vital, el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos humanos a
la integridad personal (artículo 5), las garantías judiciales (artículo 8), dignidad humana
(artículo 11) y la protección judicial (artículo 25), reconocidos en la CADH y el derecho
humano acceso a la justicia reconocido en el artículo 31 de la CONVENCIÓN
INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL
ADULTO MAYOR”.
Adujeron que las sentencias de tutela del expediente 2025-01266-00 presentan
inconsistencias, por: i) un posible error en la identificación de la autoridad judicial
accionada que no guarda relación con el caso; ii) errores en el cómputo de las fechas
para interponer la acción de tutela; y iii) la falta de claridad por parte del Consejo de
Estado respecto del término de inmediatez.
Señalaron que las actuaciones judiciales cuestionadas les han generado afectaciones
emocionales y de salud, pues algunos padecen enfermedades de carácter permanente
e, incluso, uno de ellos falleció durante el trámite de la acción de tutela.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 28 de octubre de 20253 y correspondió por reparto a la
Sección Cuarta de esta Corporación que, por auto de 22 de enero de 20264 la admitió y
dispuso notificar5 a la Subsección “B” de la Sección Segunda y a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, como partes accionadas; así como vincular a los señores Edwin
Castro, Alvis Alicia Álvarez Parejo, Delfa Cecilia Gutiérrez y Carlos Manuel Lozano
Barros, como terceros interesados.
De igual forma, requirió a la Sección Segunda y Quinta de esta Corporación para que
allegaran copia digital del expediente de tutela correspondiente al proceso identificado
con el radicado núm. 11001 03 15 000 2025 01266 00/01.
3.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado6, a través del magistrado ponente de la
decisión cuestionada, allegó informe en el que solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, por cuanto esta no satisface los requisitos generales de relevancia
constitucional ni el relativo a que no se trate de acciones de tutela contra decisiones de
la misma naturaleza.
Lo anterior, por cuanto la solicitud de amparo pretende reabrir un debate ya resuelto y
controvertir el criterio adoptado por el juez natural de la causa.
3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06781 00.
4 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06781 00.
5 Esta orden se cumplió el 19 de noviembre de 2025. Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06781 00.
6 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06781 01
Accionante: Sandro Manuel Egea Fandiño y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “B” y otro
3.3. La Sección Segunda del Consejo de Estado7 allegó el enlace de expediente
solicitado, pero no se pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la acción de
tutela.
3.4. Los señores Edwin Castro, Alvis Alicia Álvarez Parejo, Delfa Cecilia Gutiérrez y
Carlos Manuel Lozano Barros, guardaron silencio.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 22 de enero de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional.
Adujo que no se cumple con el precitado requisito, puesto que los accionantes no
cuestionan la ratio decidendi de la sentencia del 24 de julio de 2025, relativa a la cosa
juzgada y la caducidad de la acción ejecutiva, sino que dirigen sus reproches a aspectos
formales o accesorios, como el cómputo de la inmediatez, la fecha de radicación de la
tutela y un error de mención de un juzgado, los cuales no tienen la capacidad de modificar
el sentido de la decisión.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la decisión de primera instancia, los accionantes presentaron
impugnación donde indicaron lo siguiente:
IMPUGNO en todas sus partes la tutela proferida por su honorable Despacho,
por considerar violados al debido proceso y el mínimo vital entre otros, cómo
derechos fundamentales constitucionales, para lo cual me permito anexar al
presente escrito, las sentencias de primera y segunda instancia de fechas 16
de junio del 20022 que amparó los derechos fundamentales al debido proceso
Consejera poniente Myrian Estela Gutiérrez Arguello y la sentencia de tutela de
Segunda Instancia, M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil, de fecha (18) de agosto
del año 2022, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera Instancia.
5.2. Por auto proferido el 9 de febrero de 2026 se concedió la impugnación8 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 19 de febrero de 20269.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 10, en
7
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06781 00.
8 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06781 00.
9 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2025 06781 00/01.
10 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
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Accionante: Sandro Manuel Egea Fandiño y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “B” y otro
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201511, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:
6.2.1. Los accionantes, actuando a través de apoderado judicial, presentaron acción de
tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la dignidad humana, al trabajo, a la salud en conexión con la vida y al debido
proceso, los cuales consideran vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena.
Lo anterior, con ocasión de la providencia del 11 de octubre de 2023, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó el auto de 27 de julio de 2023, proferido
por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta, que rechazó de plano
la demanda por caducidad de la acción ejecutiva; así como del auto de 15 de mayo de
2024, proferido por ese mismo Tribunal, que rechazó por improcedente el recurso de
súplica interpuesto dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 47001 33 33 006 2023
00112 01.
6.2.2. Mediante sentencia de tutela del 8 de abril de 2025, la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela.
6.2.3. Inconformes con dicha decisión, los accionantes presentaron impugnación y la
Sección Quinta de esta Corporación, mediante sentencia del 24 de julio de 2025, la
confirmó.
6.2.4. Contra esta última providencia, los accionantes presentaron solicitud de aclaración,
la cual fue resuelta de manera desfavorable por la Sección Quinta mediante providencia
de 21 de agosto de 2025.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
11 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
14 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 11001 03 15 000 2025 01266
00/01.
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Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “B” y otro
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
En el asunto sub examine, la Sala advierte que las inconformidades planteadas por los
accionantes en la presente acción de tutela se contraen a cuestionar las providencias del
8 de abril de 2025, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo
de Estado y las providencias del 24 de julio y el 21 de agosto de 2025 proferidas por la
Sección Quinta de esta Corporación, dentro de la acción de tutela con radicado núm.
11001 03 15 000 2025 01266 00/01.
Sostuvieron que las providencias dictadas dentro del anterior trámite constitucional
presentan diversas inconsistencias, entre ellas: i) un posible error en la identificación de
la autoridad judicial accionada, que no guarda relación con el caso; ii) imprecisiones en
el cómputo de las fechas para la interposición de la acción de tutela; y iii) falta de claridad
por parte del Consejo de Estado respecto del término de inmediatez.
Al resolver la acción de tutela en primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 22 de enero de 2026, declaró improcedente la solicitud
de amparo por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Los accionantes allegaron escrito el 28 de enero de 2026, mediante el cual manifestaron
que impugnaban la sentencia de tutela de primera instancia; no obstante, en dicho
memorial no expusieron argumentos concretos dirigidos a controvertir la decisión
adoptada.
Esta Sala, en la sentencia del 3 de abril de 202515, manifestó lo siguiente en cuanto a la
oportunidad para sustentar la impugnación:
“27. Esta Sección, mediante sentencia de 28 de febrero de 2019, fijó unas reglas
en relación con la carga argumentativa que deben cumplir las impugnaciones en
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Ello en los
siguientes términos:
‘[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de
tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga
argumentativa mínima […].
Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela
proferida en primera instancia precisando que i) si obra en nombre
propio o ii) por medio de apoderado especial, debe cumplir con una
carga argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v)
error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en los términos
de la sentencia C-590 de 20051, proferida por la Corte
Constitucional, postura jurisprudencial, que fue acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en
sentencia de 31 de julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto
de especial protección constitucional, a quien no se le exigirá
dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
15 La Sala se pronunció en igual sentido en la sentencia proferida el 3 de abril de 2025, C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, radicación 11001 0315 000 2024 06601 01.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06781 01
Accionante: Sandro Manuel Egea Fandiño y otros
Accionado: Consejo de Estado- Sección Segunda- Subsección “B” y otro
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la protección de
sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia […]’. (Negrilla del texto original).
Con fundamento en lo anterior, se observa que, en el escrito allegado, la parte accionante
omitió exponer los argumentos por los cuales consideraba que debía revocarse o
modificarse la sentencia de primera instancia, sin desarrollar razones de inconformidad
frente a la decisión adoptada ni controvertir los fundamentos que la sustentan.
Tal omisión impide a esta autoridad efectuar un análisis de fondo de la impugnación, en
la medida en que no se satisfizo la carga argumentativa mínima exigida para controvertir
la providencia de primera instancia. En efecto, la sola manifestación de inconformidad
con la decisión recurrida no constituye argumento suficiente para habilitar el estudio de
la impugnación, pues corresponde al impugnante señalar de manera clara y concreta las
razones por las cuales estima que el fallo debe ser revocado o modificado.
En consecuencia, la impugnación no satisface la carga argumentativa mínima exigida
para habilitar el estudio de fondo, razón por la cual se confirmará la decisión de primera
instancia, que declaró improcedente el amparo solicitado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de enero de 2026, proferida por la Sección
Cuarta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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