Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06781-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06781-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06781-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
22 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06781-00
Demandante: Sandro Manuel Egea Fandiño y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06781-00
Demandante: Sandro Manuel Egea Fandiño y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial, contra fallo de la misma
naturaleza. Falta de cumplimiento de requisitos generales
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Sandro Manuel Egea Fandiño y
otros1 contra el Consejo de Estado Sección Quinta y Sección Segunda Subsección B,
por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes:
Pretensiones
«se sirva ordenar en un término perentorio a la Sección Segunda Subsección B, se
revoquen las decisiones adoptadas por esa sala de fecha 08 de Abril de 2025 (…) y la
Sentencia de fecha 24 de Julio de 2025 (…) que confirmó la sentencia de fecha 08 de Abril
de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado (…)»
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
De los procesos y actuaciones previas a la primera acción de tutela
Los accionantes, en su calidad de exservidores públicos del municipio de Ciénaga
(Magdalena), alegaron ser beneficiarios de derechos laborales reconocidos en
sentencia proferida el 23 de marzo de 2011, relacionados con la homologación y
nivelación salarial. Decisión que cobró exigibilidad el 16 de octubre de 2012.
1
Nery Esther Sánchez Ruiz, Farid Antonio Pacheco Jarufe, Nuvia Tete Morales, Manuela Ojeda Hernández, Yaneth del Socorro
Pabón Sarmiento, Ceferina Esther Pedroza Igirio, Yadira Esther Velásquez Pabón, Libeth del Carmen Ascencio Carbono, Silva
Rosa Díaz Pimienta, Alicia Esther Ruiz Ariza, Eber Antonio Martínez Algarín, Yenny Juliana Castillo Peña, Cecilia Babilonia Meza,
Juan Daniel Quintana Cuadro, Daniela Marcela Quintana Ávila, Antonio Daniel Quintana Olivero, Judith Galán de Castillo, Clareth
de Jesús Castillo de la Hoz, Parejo, Carmen Alicia Fawcett Jiménez, Daisy Pérez Suescun, Aura Edith Arregoces de Gómez,
Zárate Iván Aguirre Pérez, Osvaldo Antonio Rojano Narváez, José Julián Noriega de la Rosa, Virginia Edith Gonzales Chaverra,
Rosiris María Guzmán Padilla, José Magdaleno Algarín Pérez, Elides Cervantes Avedaño, Iván Mauricio Cueto de la Hoz, Harold
Wilson Campo Henríquez, Alex Enrique Urieles Rodríguez, Estanislao Paugan Silva, Ricardo de Jesús Mejía Pereira, Yodis
Alfonso Fontalvo Fontalvo, José Luis Infante Caviedes, Luisa Helena Montalvo Agudelo, Alexandra Sirtori Solano, Fabián Campo
Gómez, Alexander Fabián Charris Codina, Wilfrido Algarín Guerrero, Guillermo Segundo Castillo Manzano, Myrian Isabel
Fernández Camargo, Ricardo Antonio Lavalle Gómez, Onny Esther Díaz García, María Milagros Linero Guette, Maicol José
Herrera Silva, Lefia Zúñiga, Jorge Polo Maldonado, Julio Alberto Ureche Lago León, Héctor Cifuentes Mojica, Albis Marina
Hernández Echeverría, Víctor Manuel Elías Cabana, Mercedes Patricia Polo Villalobos, Ilcy María Martínez Camargo, Julio
Salcedo Castro, Idalis Leonor Beltrán Benavides, Analida Esther Muñoz Benavides y Ruth Alicia Serna.
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Demandante: Sandro Manuel Egea Fandiño y otros
Afirmaron que adelantaron un primer proceso ejecutivo con el radicado 47001-33-33-
001-2016-00475-00 ante el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta. Según lo
manifestado por la parte actora, en dicho proceso se ordenó la entrega de títulos
judiciales por valor de $ 4.500.000.000.
Posteriormente, los accionantes promovieron una nueva demanda ejecutiva contra el
municipio de Ciénaga, a la cual correspondió el radicado 47-001-33-33-003-2023-
00112-00/01, en el que solicitaron el pago de «excedentes de pago pendientes» e
intereses moratorios derivados de las resoluciones de retiro.
Dentro del trámite de este último proceso ejecutivo de 2023, se profirieron las
siguientes providencias que resultaron adversas a los intereses de los demandantes:
(i) Auto de 27 de julio de 2023, en la que el juez de primera instancia declaró la
caducidad de la acción ejecutiva. Esa decisión fue apelada por los ejecutantes.
(ii) Auto de 11 de octubre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante la cual confirmó la decisión de declarar la caducidad.
Al respecto, argumentó que la sentencia del 23 de marzo de 2011 era exigible desde
el año 2012, por lo que la interposición del proceso ejecutivo superó el término de
cinco años para su ejecución. Asimismo, señaló que el cobro de la sentencia ya se
había iniciado en el proceso de 2016 (Rad. 2016-00475), por lo que existía cosa
juzgada.
(iii) Auto de 15 de mayo de 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo del
Magdalena rechazó por improcedente el recurso de súplica interpuesto por la parte
actora contra las decisiones anteriores.
La parte actora manifiesta haber solicitado reiteradamente la acumulación del proceso
ejecutivo de 2023 con el de 2016, al existir identidad de partes y objeto. Sin embargo,
alega que dicha solicitud no fue atendida ni resuelta de fondo.
De la acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2025-01266-00/01
El apoderado de la parte actora presentó acción de tutela mediante el aplicativo de
«Tutela en Línea» de la Rama Judicial.
En esa ocasión, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales al
mínimo vital, dignidad humana, trabajo, salud en conexidad con la vida y debido
proceso. En consecuencia, pidió que se deje sin efectos las decisiones proferidas por
el Tribunal Administrativo del Magdalena dictada en el proceso ejecutivo con radicado
2023-00112-01 que pusieron fin al asunto.
Fundamentó su reproche en la configuración de los defectos fáctico, sustantivo,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial.
Adicionalmente, cuestionó la falta de pronunciamiento de fondo respecto a la solicitud
de acumulación procesal que había presentado en relación con el proceso ejecutivo
radicado bajo el número 47001-33-33-001-2016-00475-00.
El 8 de abril de 2025, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela al encontrar que no cumplía con el requisito
de inmediatez, pues la providencia controvertida (dictada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena) había sido notificada el 30 de noviembre de 2023, pero
la radicación de la acción de tutela ocurrió el 5 de marzo de 2025. De modo que se
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había superado el plazo razonable de seis meses establecido jurisprudencialmente
para acudir al juez constitucional.
Esa decisión fue impugnada por los accionantes, con fundamento en que:
(i) El juez de primera instancia tuvo como fecha de presentación el 5 de marzo de 2025, por
lo que desconoció que la tutela fue interpuesta el 10 de enero de 2025 mediante la
ventanilla virtual, situación que fue acreditada con el acuse de recibido generado por el
sistema.
(ii) No se tuvo en cuenta la suspensión de términos derivada de la vacancia judicial
(diciembre de 2024 a enero de 2025) ni las dificultades técnicas para la recepción del
escrito en el Consejo de Estado.
(iii) la afectación a sus derechos fundamentales era actual y que el cómputo de la inmediatez
debía considerar las actuaciones más recientes del proceso ejecutivo, como el auto que
resolvió el recurso de súplica, y no solo la sentencia o autos de 2023.
El 24 de julio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión
inicial que declaró improcedente la tutela, pero con fundamento en que no se demostró
el requisito de relevancia constitucional del asunto.
En primer lugar, consideró que el requisito de inmediatez se encontraba superado,
pues el término debía contabilizarse no desde la sentencia de 2023, sino desde el
auto del 15 de mayo de 2024 que rechazó el recurso de súplica, actuación que creó
una expectativa procesal legítima en los accionantes. Dado que dicho auto se notificó
el 13 de noviembre de 2024, el momento de radicación de la solicitud de amparo (5
de marzo de 2025) resultaba oportuna.
En segundo lugar, negó la solicitud de amparo ante la falta de acreditación del
requisito de relevancia constitucional. Al respecto, señaló que los actores no
cumplieron con la carga argumentativa mínima:
(i) Frente al defecto fáctico señaló que, si bien la parte actora alegó que una reclamación
administrativa presentada el 3 de marzo de 2020 interrumpía los términos de caducidad,
no logró desvirtuar los argumentos centrales del juez natural para rechazar la demanda
ejecutiva.
Además, los accionantes no refutaron la conclusión de que la sentencia base de recaudo
(del 23 de marzo de 2011) era exigible desde el 16 de octubre de 2012. Por tanto, al
aplicar el término de 5 años previsto en el artículo 164 del CPACA, la oportunidad para
demandar venció el 16 de octubre de 2017, lo que hacía extemporánea la demanda
presentada en 2023.
(ii) Destacó que los actores tampoco desvirtuaron que para el cobro de esa misma sentencia
de 2011 ya se había iniciado un proceso ejecutivo previo (Rad. 47001-33-33-001-2016-
00475-01). Advirtió que era dentro de ese primer proceso donde los accionantes debían
reclamar los intereses moratorios que ahora pretenden cobrar nuevamente,
configurándose así una situación de cosa juzgada.
(iii) Frente al defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, afirmó que los accionantes no cumplieron con la carga argumentativa
mínima necesaria, pues no se explicó por qué la decisión del Despacho 004 de rechazar
el recurso de súplica por improcedente vulneraba derechos fundamentales.
(iv) Finalmente, frente al reproche de que el Tribunal guardó silencio sobre la solicitud de
acumulación de procesos, se aclaró que no existió tal omisión, pues en el auto del 11 de
octubre de 2023, desestimó la existencia de un título complejo y reiteró que el cobro
debía hacerse en el proceso ejecutivo iniciado en 2016.
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El apoderado de los accionantes solicitó la aclaración del fallo con base en que existía
un error en la fecha de radicación de la tutela, pues no ocurrió el 5 de marzo, sino el
10 de enero de 2025, circunstancia que afectaba el cómputo del término.
Mediante auto del 21 de agosto de 2025, la Sección Quinta negó la solicitud de
aclaración. Sobre el particular, señaló que la fecha registrada en el sistema SAMAI
era el 5 de marzo de 2025 y que, en todo caso, el análisis de inmediatez había sido
favorable a los actores, por lo que la fecha de radicación no fue determinante para la
negativa por falta de relevancia.
2. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante alegó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B y la Sección Quinta vulneraron sus derechos fundamentales en el trámite de la
acción de tutela con radicado 2025-01266-00/01.
Señaló que la solicitud de amparo fue radicada el 10 de enero de 2025 a las 11:51
a.m. por medio de la herramienta «tutela en línea», no obstante, la Secretaría General
del Consejo de Estado reportó erróneamente que la interposición se efectuó el 5 de
marzo de 2025. Afirmó que dicha discrepancia temporal fue el fundamento para que
la Sección Segunda rechazara el amparo bajo el argumento de que no se cumplió con
el requisito de inmediatez.
Por lo anterior, alega que se configuraron los defectos fáctico y procedimental ante
la existencia de las inconsistencias cronológicas en el conteo de los términos realizado
por los jueces constitucionales.
Además, sostuvo que, aunque la providencia del Tribunal Administrativo del
Magdalena (fallo cuestionado en la primera acción de tutela) fue notificada el 30 de
noviembre de 2023, las autoridades judiciales accionadas expresaron que la
ejecutoria se contaba desde el «30 de noviembre de 2024», lo que llevó a concluir que
los accionantes tenían plazo hasta el «30 de mayo de 2024» para presentar la tutela.
Asimismo, reprocha que la Sección Quinta incurrió en un error al referirse a un
«Juzgado de Villavicencio» que no guarda relación alguna con el proceso, circunstancia
que evidenciaba una falta de análisis riguroso del expediente.
Aunado a lo anterior, sostiene que el Consejo de Estado omitió considerar la
interrupción de términos ocasionada por la vacancia judicial de diciembre de 2024 a
enero de 2025, periodo durante el cual, si bien se recibió la tutela el 10 de enero, esta
no fue remitida a los jueces disponibles, lo que afectó el conteo para la inmediatez.
En este contexto, argumentó que el término de 6 meses establecido
jurisprudencialmente no es un plazo de caducidad perentorio y debe analizarse bajo
criterios de razonabilidad, especialmente cuando existen circunstancias de fuerza
mayor o errores institucionales en el reparto.
Por otra parte, alegó violación directa de la Constitución por afectación de los derechos
de sujetos de especial protección constitucional, enfatizando que los accionantes son
personas de la tercera edad, en situación de pobreza absoluta y con enfermedades
crónicas, condiciones de vulnerabilidad que no fueron valoradas para flexibilizar el
requisito de inmediatez.
En concordancia con ello, el apoderado invoca la aplicación de la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
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Mayores, para sostener que se aplicó la inmediatez como una barrera no contemplada
en la Constitución, que obstaculiza el acceso preferente a la justicia garantizado
internacionalmente para los adultos mayores.
3. Trámite previo de la acción de tutela
El 31 de octubre de 2025, el despacho de la ponente inadmitió la acción de tutela para
que se: (i) precisara cada una de las autoridades que relaciona como demandadas;
(ii) aclarara e indicara, de manera concreta, los argumentos y hechos en que basa la
vulneración alegada; (iii) individualizara las pretensiones de la acción de tutela [es
decir las peticiones o solicitudes que pretendía conseguir con el ejercicio de la acción
de tutela y contra quién]; (iv) realizara manifestación bajo la gravedad de juramento
de no haber presentado otra acción de tutela por los mismos hechos, de conformidad
con el inciso 2 del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y, (v) especificara si acudía o
no por conducto de apoderado judicial, caso en el cual, debería allegar el poder que
lo acreditara como tal.
Posteriormente, una vez el accionante atendió los requerimientos y subsanó los yerros
advertidos, se dictó providencia del 18 de noviembre de 2025. En dicha decisión, el
despacho reconoció personería al abogado Cárdenas Serpa para representar a 62
accionantes que otorgaron el poder en debida forma; no obstante, advirtió que
respecto de los señores Edwin Castro, Alvis Alicia Álvarez Parejo, Delfa Cecilia
Gutiérrez y Carlos Manuel Lozano Barros no allegó el poder correspondiente para
actuar, razón por la cual se dispuso su vinculación al trámite en calidad de terceros
con interés.
4. Oposiciones
La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó que se declararan improcedente
las pretensiones del amparo solicitado por las siguientes razones:
En primer lugar, aclaró que las providencias cuestionadas fueron proferidas con
estricta observancia de las garantías procesales y la normativa vigente. Además,
advirtió que la presente acción constitucional se dirige contra decisiones de la misma
naturaleza, lo cual, en principio, torna improcedente la solicitud al buscar reabrir un
debate jurídico ya clausurado.
En segundo lugar, se pronunció frente a la inmediatez y precisó que era necesario
distinguir entre lo resuelto en primera y segunda instancia dentro del trámite
cuestionado. En ese sentido, explicó que, si bien la Subsección B de la Sección
Segunda declaró inicialmente la improcedencia por inmediatez al contar el término
desde noviembre de 2023, la Sección Quinta, mediante el fallo del 24 de julio de 2025,
corrigió dicha postura y determinó que el requisito de inmediatez sí se encontraba
cumplido.
Sobre este punto, detalló que el cómputo se realizó a partir de la notificación del auto
que rechazó el recurso de súplica, ocurrida en noviembre de 2024, por lo que,
independientemente de si la tutela se radicó en enero o en marzo de 2025, la tutela
se interpuso dentro del término.
En tercer lugar, sostuvo que la negativa a la solicitud de aclaración sobre la fecha de
radicación de la tutela (10 de enero o 5 de marzo de 2025) se fundamentó en los
registros del sistema SAMAI. Sin embargo, recalcó que dicha discrepancia resulta
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irrelevante para el resultado del proceso, pues el requisito de inmediatez fue superado
en la decisión de segunda instancia.
Resaltó que el motivo para negar el amparo no fue la extemporaneidad alegada por
el actor en el presente trámite, sino la falta de relevancia constitucional del asunto y la
insuficiencia probatoria frente a los defectos endilgados.
En cuarto lugar, afirmó que los accionantes no lograron desvirtuar los argumentos del
juez ordinario respecto a la caducidad de la acción ejecutiva, cuyos términos corrían
desde el año 2012, ni tampoco frente a la configuración de la cosa juzgada en relación
con otro proceso ejecutivo previo iniciado en 2016.
Por ende, concluyó que la inconformidad planteada por la parte actora es de carácter
meramente económico, pues el pago de excedentes salariales, y que la tutela no
puede convertirse en una instancia adicional para revivir discusiones patrimoniales.
El Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B no se pronunció.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si es procedente la acción de tutela
presentada en este caso, porque se dirige contra decisiones judiciales proferidas en
el marco de otra acción de tutela, lo que implica analizar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos de procedencia establecidos por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional para estos casos.
La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de amparo, al encontrar
que no se cumplen los requisitos de procedibilidad por la jurisprudencia constitucional
para cuestionar una sentencia dictada dentro una acción de tutela.
Para llegar a esta conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i)
procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela, y; (ii) caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela
2
De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional , la acción de
2
La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001 y se reiteró, entre
otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de 2003; T-
528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-
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tutela es improcedente para estudiar providencias que, igualmente, se profieran dentro
de trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe superarse.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido de manera excepcionalísima, casos
en los que es procedente la acción de tutela cuando las pretensiones están
encaminadas a la protección al debido proceso3.
En sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional unificó la jurisprudencia
respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra
actuaciones de los jueces de tutela anterior o posterior a la sentencia.
Esto es, fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
dictadas en el trámite de la acción de tutela, según tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige
contra una decisión anterior al fallo y (iii) cuando se efectúa en contra de una decisión
posterior4.
Asimismo, estableció que, por regla general, la acción de tutela no procede contra
sentencias de tutela. No obstante, cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal
diferente a esta Corporación, se ha admitido de forma excepcional su procedencia,
cuando (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude [Fraus omnia corrumpit] y, (v) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
Por otro lado, en sentencia T-023 de 2023, la Corte Constitucional precisó que para
estudiar las acciones de tutela en contra de sentencias de tutela en las que se alega
la existencia de cosa juzgada fraudulenta, para que el amparo proceda en estos casos,
debe acreditarse el cumplimiento de dos tipos de requisitos: (i) los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 5 y,
(ii) los requisitos específicos de procedencia excepcional en los casos de fraude.
Específicamente, sobre el requisito general de subsidiariedad la Corporación explicó
que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en principio son improcedentes
las acciones de tutela en contra de una decisión de tutela antes de que el trámite de
selección y eventual revisión se haya surtido. Esta regla de improcedencia, sin
embargo, no es absoluta. En casos excepcionales, la acción de tutela contra
decisiones de tutela puede ser procedente si, a pesar de que la parte accionante no
participó en el trámite de selección o este no se ha surtido, las pruebas practicadas
en sede de revisión evidencian prima facie la existencia de una situación de fraude
que se habría materializado en los fallos de tutela de instancia.
Los requisitos específicos de procedencia excepcional en los casos de fraude
fueron enlistados, en los siguientes términos:
237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-
208 de 2013.
3
Sentencia T – 162 de 1997.
4
Reiterada en sentencia T-322 de 2019.
5
Al respecto, precisó “La acreditación de estos requisitos es una condición para adelantar el estudio de fondo. Por lo tanto, su
incumplimiento conduce a la improcedencia de la acción de tutela.”.
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«La acción de tutela procede excepcionalmente contra decisiones de tutela cuando
exista fraude, siempre que se cumplan tres requisitos:
(i) La acción de tutela presentada no debe compartir identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada.
(ii) Deben existir pruebas o indicios que demuestran de manera “clara y suficiente” que la
decisión de tutela fue producto de una situación de fraude.
(iii) El accionante no cuenta con otro mecanismo legal para revertir la situación de fraude.
La acreditación de estos requisitos es una condición necesaria para emitir una orden
de amparo y declarar la existencia de cosa juzgada fraudulenta. Por esta razón, si estos
requisitos no se constatan, el amparo debe ser negado».
De la procedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela en el presente
caso
De la lectura de los fundamentos de las pretensiones de la acción de tutela y del
escrito de subsanación, es posible evidenciar que la actuación frente a la cual el señor
Sandro Manuel Egea Fandiño y otros alegan la vulneración de sus derechos
fundamentales son las sentencias del 8 de abril de 2025 y 24 de julio de 2025,
proferidas por la Sección Segunda, Subsección B y la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
Cabe resaltar que ese proceso de tutela finalizó con la sentencia de 24 de julio de
2025, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado. De ahí que, esa decisión
sea la presunta vulneradora de los derechos fundamentales invocados.
Es decir, la acción de tutela de la referencia se ejerce contra un fallo de igual
naturaleza que puso fin al trámite constitucional radicado bajo el número 11001-03-
15-000-2025-01266-01.
Al respecto, la Sala encuentra que en el asunto objeto de estudio se acreditó que el
trámite de selección y eventual revisión ante la Corte Constitucional ya se surtió,
habiendo sido excluido de revisión el expediente. Tal como se evidencia en la
siguiente captura de pantalla, tomada de la página web de la Corte Constitucional6:
6
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T11540695&lista=datosExpedientes_17
66159101909
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Adicionalmente, la Sala advierte que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que los argumentos expuestos en el escrito de tutela no
cuestionan la ratio decidendi de la providencia judicial que puso fin al trámite
constitucional, esto es, la sentencia de 24 de julio de 2025 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado7.
En efecto, al revisar el contenido de la decisión cuestionada, se observa que la
Sección Quinta negó el amparo no por razones de incumplimiento del requisito de
inmediatez, sino porque los accionantes no lograron desvirtuar las conclusiones del
juez ordinario respecto a la configuración de la cosa juzgada y la caducidad de la
acción ejecutiva.
Sin embargo, el reproche formulado en la presente acción de tutela se centra en
debatir el cómputo del requisito de inmediatez y la fecha de radicación de la primera
tutela (si fue el 10 de enero o el 5 de marzo de 2025). Además, que la sentencia de
24 de julio de 2025 se mencionó un «Juzgado de Villavicencio», autoridad ajena al
trámite.
Por ello, se evidencia que los accionantes no cuestionaron la ratio decidendi del fallo,
esto es, los argumentos de fondo sobre la caducidad y la cosa juzgada y dirigieron su
cuestionamiento a aspectos accesorios (fechas de radicación y errores de digitación
sobre un juzgado de Villavicencio).
No basta con señalar inconsistencias formales; para que el asunto tenga relevancia
constitucional, es necesario que los argumentos tengan la potencialidad de incidir en
el sentido de la decisión, condición que aquí no se cumple al permanecer incólume el
fundamento del fallo.
En conclusión, la solicitud de amparo se dirige contra aspectos ya superados
procesalmente o contra errores de forma inocuos, por lo que no se cumple el requisito
de relevancia constitucional.
En consecuencia, se declarará improcedente el amparo solicitado por el señor Sandro
Manuel Egea Fandiño y los demás accionantes contra la Sección Quinta y la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Sandro Manuel Egea
Fandiño y otros contra el Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B y
Sección Quinta.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En dicha
decisión, entre los presupuestos de relevancia constitucional se planteó lo siguiente: «(iii) Que los argumentos de la solicitud de
amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que
pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06781-00
Demandante: Sandro Manuel Egea Fandiño y otros
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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