Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06238-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06238-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06238-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
7 de noviembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06238-00
Accionante: Luis Mateo Patiño Rojo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06238-00
Demandante: Luis Mateo Patiño Rojo
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Luis Mateo Patiño Rojo en contra
del Tribunal Administrativo del Tolima.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Luis Mateo Patiño Rojo, en nombre propio, interpuso acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, al mínimo vital, al principio de legalidad y a la
igualdad, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima
con ocasión de la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025, que confirmó el
fallo dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué, que negó
las pretensiones de la demanda en el marco del proceso de reparación directa
identificado con el radicado núm. 73001-33-33-007-2019-00438-00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:
2.1. Luis Mateo Patiño Rojo manifestó que ingresó a la Policía Nacional en el año
2016 como Auxiliar de Policía en el municipio del Espinal (Tolima), tras superar
1 Actuaciones del proceso ordinario incorporadas en el expediente en SAMAI del Tribunal de origen, en el
siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=73001333300720190043801730
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Accionante: Luis Mateo Patiño Rojo
satisfactoriamente los exámenes físicos y psicológicos exigidos, siendo declarado
apto para la prestación del servicio militar obligatorio.
2.2. Indicó que el 8 de enero de 2018 ingresó al servicio de urgencias del Hospital
Departamental Tomás Uribe por presentar dolor intenso en la región preumbilical
con irradiación testicular.
2.3. Relató que, a partir de esa fecha, acudió en diversas ocasiones a instituciones
médicas por síntomas similares, entre las cuales especificó que:
− El 16 de enero de 2018, ingresó nuevamente a la Clínica Médico Quirúrgica,
pabellón de urgencias, por dolor intenso en el “hemiabdomen inferior”.
− En consulta interna del 25 de enero de 2018 se le diagnosticó “íleo paralítico
inespecífico y lisis y listesis de la columna vertebral a nivel L5-S1”, sin otras
alteraciones significativas, motivo por el cual se ordenó valoración por Cirugía
General.
− El 14 de marzo de 2018 cumplió los 18 meses de servicio militar en el Espinal,
Tolima, y fue sometido a valoración de aptitud física en la Escuela Nacional
de Operaciones Militares.
− El 21 de marzo de 2018 la Unidad de Cirugía General diagnosticó “hernia
umbilical con atrapamiento de grasa y ordenó intervención quirúrgica”.
− El 3 de abril de 2018 se le practicó un doppler testicular, que evidenció
“dilatación y tortuosidad de los vasos espermáticos izquierdos, compatible
con varicocele grado I.”
2.4. Sostuvo que las patologías fueron adquiridas durante la prestación del servicio
militar, como consecuencia de las extensas y exigentes jornadas propias de su
labor. En consecuencia, promovió trámite de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría 26 Judicial II para Asuntos Administrativos, radicado No. 33554 del 11
de marzo de 2019, cuya audiencia se realizó el 2 de mayo de 2019 y fue declarada
fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes.
2.5. En virtud de lo anterior, interpuso demanda de reparación directa en contra del
Ejército Nacional que le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Ibagué bajo el radico número 73001-33-33-007-2019-00438-00,
autoridad que mediante sentencia del 21 de septiembre de 2021 negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que el actor no demostró el momento ni
las circunstancias en las cuales adquirió la patología en la columna vertebral. Señaló
que dicha afección pudo haberse originado con anterioridad a su ingreso al servicio
o presentarse por causas naturales, y no se probó que hubiese sido sometido a
cargas excepcionales o diferentes a las de los demás conscriptos que configuraran
un daño especial.
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2.6. Inconforme con lo anterior, el demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto mediante sentencia del 25 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que confirmó la decisión de primera instancia. Estimó que
el actor no demostró los elementos configurativos de la responsabilidad del Estado.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional que se tutelen sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, al mínimo vital y al principio de legalidad. En consecuencia, pidió ordenar al
Tribunal accionado revocar la sentencia cuestionada y, en su lugar, emitir una nueva
providencia ajustada a derecho.
3.2. El señor Patiño Rojo sostiene que la autoridad judicial accionada desconoció
las pruebas obrantes en el proceso ordinario y omitió la valoración de las historias
clínicas que acreditaban su padecimiento.
3.3. En respaldo de sus argumentos, la parte actora desarrolló una exposición sobre
la responsabilidad patrimonial del Estado, con fundamento en los artículos 90 de la
Constitución Política y 140 de la Ley 1437 de 2011, los cuales consagran la
obligación estatal de reparar los daños antijurídicos imputables a la acción u omisión
de las autoridades. Indicó que dicha responsabilidad exige la concurrencia del daño
antijurídico y su imputación a la entidad estatal, de acuerdo con los títulos de
atribución reconocidos por la jurisprudencia, tales como la falla del servicio, el daño
especial o el riesgo excepcional.
Afirmó que el Estado no puede exonerarse de responsabilidad sino en los casos en
que se acredite fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero.
No obstante, cuando el daño ocurre durante la prestación del servicio militar
obligatorio y en el desarrollo de sus actividades propias, la entidad estatal debe
responder por el deber especial de protección que les asiste frente a los conscriptos.
3.4. Sostuvo que, por tratarse de un deber impuesto por la ley, el Estado debe
brindar especial protección a quienes lo cumplen, dado que se enfrentan a riesgos
extraordinarios derivados de las condiciones propias del servicio y del contexto de
orden público.
3.5. El accionante agregó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
el soldado conscripto no mantiene vínculo laboral con el Estado, pues su prestación
del servicio obedece a un deber constitucional, a diferencia del soldado profesional,
cuya vinculación es de naturaleza legal, reglamentaria o contractual. Explicó que,
por tanto, el conscripto no percibe contraprestación laboral, sino únicamente
beneficios de carácter asistencial.
Sin embargo, advirtió que cuando los conscriptos sufren daños que exceden las
cargas normales del servicio —como afectaciones a su salud o integridad
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personal—, dichos perjuicios adquieren carácter antijurídico y deben ser
indemnizados por el Estado, por romperse el equilibrio frente a las cargas públicas.
3.6. Finalmente, recordó al criterio jurisprudencial de la corporación quien ingresa al
servicio militar en condiciones de salud adecuadas debe egresar en igual estado,
salvo que se pruebe fuerza mayor o culpa exclusiva de la víctima. En el caso
concreto, afirmó que se encuentran demostrados el daño, el nexo causal y la
imputación a las entidades accionadas, con fundamento en las historias clínicas y
valoraciones médicas obrantes en el expediente.
En virtud de lo anterior, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y,
en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, conforme a los
fundamentos fácticos y jurídicos expuestos.
4. Trámite de tutela e intervenciones.
4.1. El Despacho de la magistrada ponente, mediante auto del 6 de octubre de
20252, admitió la acción de tutela y ordenó vincular como terceros con interés al
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué y a la Nación – Ministerio de
Defensa–Policía Nacional. Asimismo, dispuso requerir al accionante para que
aportara la manifestación de juramento para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido de manifestar que no ha iniciado
otra acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones.
Una vez enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:
4.2. El Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad Del Circuito de Ibagué3
informó que profirió fallo el 21 de septiembre de 2021 mediante el cual negó las
pretensiones de la demanda. Contra dicha decisión, el demandante interpuso
recurso de apelación de manera oportuna, el cual fue concedido con providencia
del 15 de octubre de 2021, y remitido a la oficina de reparto para su asignación al
Tribunal Administrativo del Tolima, conforme al Oficio No. J7AI-291 del 29 de
octubre de 2021. La autoridad judicial anexó el enlace del expediente digital.
4.3. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional4 solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, al estimar que no se cumplen los requisitos
para su procedencia contra providencias judiciales. Manifestó que no se configura
vulneración de derechos fundamentales ni la existencia de un perjuicio irremediable
o una amenaza inminente e injustificada que justifique la intervención del juez
constitucional.
2 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado núm. 999FC6DE9291CC29 9C7B647842466C9A
D7988B49EB2F3536 A2FC2887CC2498CB.
3 Índice 00008 del aplicativo SAMAI, certificado núm. B4372F648B4C678E FB7971DCD9378C27
07813628C5681706 C60D1638B7A64C2C.
4 Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado núm. 711B4712538FCAAE AB7D15A63DFB006D
3E876A686EC13E51 ED53623C07625A18.
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Accionante: Luis Mateo Patiño Rojo
Indicó que las pretensiones fueron debatidas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, autoridad que analizó de manera integral la litis y garantizó el debido
proceso y la igualdad procesal. En consecuencia, reiteró que la tutela, por su
carácter subsidiario, no puede sustituir los mecanismos judiciales ordinarios, y que
la existencia de un perjuicio irremediable debe demostrarse con la correspondiente
carga probatoria.
4.4. El Tribunal Administrativo del Tolima5 guardó silencio frente a la solicitud de
tutela. No obstante, remitió el enlace del expediente digital del proceso ordinario
registrado en el sistema Samai.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Cuestión previa
Antes de resolver la acción constitucional de la referencia, la Sala considera
necesario referirse al requerimiento efectuado a la parte actora mediante auto
admisorio del 6 de octubre de 20256, en el que se le requirió con el fin de que
aportara la manifestación juramentada de no haber presentado otras acciones de
tutela por los mismos hechos y derechos, conforme a lo previsto en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991. No obstante, a pesar de haber sido notificado en debida
forma, el accionante no aportó la manifestación juramentada requerida.
Al respecto, esta judicatura pone de presente que la Corte Constitucional7 ha
reiterado que el trámite de la acción de tutela debe adelantarse con observancia de
los principios de celeridad, eficacia, informalidad y prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas procesales, dado que su finalidad es asegurar la
protección inmediata de los derechos fundamentales y no supeditarla al
cumplimiento de exigencias meramente formales.
En ese contexto, la precitada corporación ha precisado que la omisión del juramento
previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 no constituye causal de
inadmisión ni de rechazo de la acción, toda vez que dicha exigencia no se encuentra
contemplada ni en el artículo 6°, que regula las causales de improcedencia, ni en el
artículo 17 del mismo decreto, relativo a las causales de inadmisión.
5 Índice 00015 del aplicativo SAMAI.
6 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado núm. 999FC6DE9291CC29 9C7B647842466C9A
D7988B49EB2F3536 A2FC2887CC2498CB.
7 Corte Constitucional. Sentencia No. T-191/93 M.P. Antonio Barrera Carbonel - Sentencia No. T-556/95 M.P.
Hernando Herrera Vergara.
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Sobre este aspecto, al estudiar un caso similar, el Consejo de Estado8 ha sostenido
que, si bien el solicitante debe manifestar bajo juramento que no ha interpuesto otras
tutelas por los mismos hechos, la carencia de dicho juramento no impide la
admisión, pues se trata de un requisito formal que no puede prevalecer sobre el
derecho sustancial. En consecuencia, se debe entender otorgada dicha
manifestación con la presentación de la solicitud de amparo, lo que garantiza así la
efectividad del derecho de acceso a la administración de justicia.
Pues bien, en atención a lo expuesto, a pesar de que el accionante no aportó la
referida manifestación, esta Subsección considera que tal omisión no reviste entidad
suficiente para impedir la admisión ni mucho menos el trámite de la acción de tutela,
pues esta constituye una mera formalidad informativa. Así las cosas, en virtud de
los principios de buena fe, economía procesal y prevalencia del derecho sustancial,
previstos en los artículos 86 y 228 de la Constitución Política, se procederá con el
estudio de los requisitos de procedencia de la acción.
3.Legitimación en la causa
3.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Luis
Mateo Patiño Rojo, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados,
dado que actuó como demandante en el trámite del medio de control de reparación
directa adelantado bajo el radicado núm. 73001-33-33- 007-2019-00438-00/01.
3.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Tolima, por cuanto actuó como juez de segunda instancia dentro
del proceso mencionado y es su decisión a la que la parte accionante le atribuyó la
vulneración de su garantía constitucional.
4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
5. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
8 Consejo de Estado. Expediente núm.13001-23-31-000-2008-00651-00. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
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Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela10 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.
5.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”13.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto14.
13 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
14 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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6. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
6.1. Del examen del escrito de tutela se observa que la parte actora adujo que la
sentencia reprochada omitió la debida valoración de los elementos probatorios
obrantes en el proceso de reparación directa identificado con el radicado núm.
73001-33-33-007-2019-00438-00/01, en particular, las historias clínicas y
diagnósticos médicos que acreditaban el padecimiento del accionante.
Asimismo, señaló que cuando los conscriptos sufren daños que exceden las cargas
normales del servicio —como afectaciones a su salud o integridad personal—,
dichos perjuicios adquieren carácter antijurídico y deben ser indemnizados por el
Estado, por romperse el equilibrio frente a las cargas públicas.
6.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia cuestionada
y que puso fin a la actuación, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se
advierte que el referido tribunal arribó a las siguientes conclusiones:
“[…] En este punto, y de conformidad con las pruebas aportadas en el
cartulario, de entrada advierte la Sala que en el sub judice no hay lugar a
establecer responsabilidad en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, a Título De Daño Especial, atendiendo
que si bien está probado, que el señor LUIS MATEO PATIÑO ROJO ingresó
a prestar su servicio militar como auxiliar regular en la Policía Nacional el 01
de noviembre de 2016, y en el mes de enero del 2018, durante la prestación
de su servicio empezó a presentar diversa sintomatología que condujo a que
le diagnosticaran “ileo paralitico de carácter inespecífico y lisi y listesis de la
columna vertebral en el nivel L5-S1”, por lo que tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente el 21 de marzo de 2018, esta situación por si sola no
conlleva a que le sea endilgada dicha responsabilidad a la demandada.
En primer lugar, porque al revisar las pruebas que se aportaron al cartulario,
en especial la historia clínica del demandante, no se evidencia que el
diagnostico que le fue detectado sea derivado de la prestación del servicio
militar, o de las actividades que le tocaba desempeñar, contrario a ello, en
cada una de la asistencias al servicio de urgencias, manifestaba que
presentaba dolor sin precisar que las mismas se originaban por la presunta
“sobrecarga laboral” que hoy alega.
En segundo lugar, se advierte que una vez el demandante empezó a
presentar la sintomatología, el médico tratante le sugirió no realizar ningún
tipo de sobrecargas, tanto así que fue incapacitado en varias oportunidades,
sin que evidencie la Sala que durante este tiempo al actor no se le respeto
sus incapacidades o se le obligó a ejercer actividades que pudieran afectar
o agravar su sintomatología.
En tercer lugar, se aprecia que al señor LUIS MATEO PATIÑO ROJO
diligenció el formato de calificación de aptitud psicofísica por la terminación
del servicio militar, donde manifestó que estaba pendiente intervención
quirúrgica por una hernia umbilical; sin embargo, se advierte que si el actor
consideraba que la patología presentada se derivaba de la prestación del
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servicio militar por las presuntas cargas extenuantes, lo cierto es, que no se
acreditó que hubiese adelantado algún proceso prestacional por dicha
situación.
Así mismo, dentro del cartulario únicamente se aportó la historia clínica del
actor, sin que se hubiera allegado dictamen pericial o alguna calificación
realizada por la Junta Regional De Calificación De Invalidez o de las Fuerzas
Militares, de las que se pudiera demostrar que la patología presentada se
derivó como consecuencia de la prestación de su servicio militar y no de
origen común, y que además, permitieran demostrar que esto conllevó a que
tuviera perdida de la capacidad laboral, que condujera al reconocimiento y
pago de los perjuicios que hoy reclama.
Bajo estas circunstancias, no existe ningún elemento de prueba, que permita
establecer que la patología presentada por el actor está directamente ligada
con la prestación del servicio militar, máxime, cuando el actor no adelantó
ningún tipo de tramite administrativo dentro de la institución para ser
indemnizado, toda vez que no se hizo calificar para determinar si presentaba
perdida de la capacidad laboral, como se dijo en líneas anteriores.
De otra parte, la sala tampoco vislumbra la configuración de responsabilidad
a título de Falla en el Servicio, pues como quedó visto, desde que el señor
LUIS MATEO PATIÑO ROJO empezó a presentar la sintomatología, recibió
atención inmediata inicialmente en el Valle del Cuaca y posteriormente, en
la Ciudad de Ibagué, donde se le practicaron diversos exámenes en aras de
poder dar con su diagnóstico y una vez se determinó, fue intervenido
quirúrgicamente cirugía que transcurrió sin complicaciones, por lo que fue
dado de alta ese mismo día, siendo menester precisar que dentro de los
hechos no indica que hubiese quedado con algún tipo de discapacidad o
lesiones derivada de la intervención.
En este orden de ideas, al no acreditarse los elementos de responsabilidad
del estado, la Sala se abstendrá de continuar con el estudio del segundo
problema jurídico, relacionado con la indemnización. Por tal razón,
procederá a CONFIRMAR el fallo de fecha 21 de septiembre de 2021,
mediante el cual, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué
negó las pretensiones de la demanda, de conformidad a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.”
6.3. En conclusión, para el Tribunal Administrativo del Tolima, la parte demandante
no acreditó de manera suficiente que el diagnóstico que le fue formulado tuviera
origen en la prestación del servicio militar o en las actividades inherentes a este.
Del mismo modo, no demostró haber adelantado trámite prestacional alguno ante
la entidad demandada, derivado de la intervención quirúrgica por hernia umbilical
ni en el diligenciamiento del formato de calificación de aptitud psicofísica con
ocasión de la terminación del servicio militar. En consecuencia, la autoridad judicial
accionada concluyó que no se configuraron los elementos necesarios para atribuir
responsabilidad al Estado, motivo por el cual negó las pretensiones de la demanda.
6.4. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos
y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales
de la parte actora durante el desarrollo del proceso ordinario.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06238-00
Accionante: Luis Mateo Patiño Rojo
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración15.
6.5. Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende
imponer su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y
continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio sin que haya
demostrado la violación del derecho fundamental para el que pidió su protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del referido asunto toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin esbozar
las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado
con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda
vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
6.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada16, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario17.
6.7. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional y por consiguiente se declarará improcedente.
15 Sentencia SU215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
17 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06238-00
Accionante: Luis Mateo Patiño Rojo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Luis
Mateo Patiño Rojo en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, por no superar
el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
ECG
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