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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00016-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00016-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la accionante, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 54001 23 33 000 2026 00016 01 Accionante: Mirtha Lulú Ruedas Chinchilla Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2026-00016-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 54001 23 33 000 2026 00016 01
Accionante: Mirtha Lulú Ruedas Chinchilla
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
declara improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito general de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 19 de febrero de 2026, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander1,
que negó el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Mirtha Lulú Ruedas Chinchilla, actuando en nombre propio, interpuso acción
de tutela en contra del Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta, y para ello formuló las
siguientes pretensiones2:

1 En adelante el Tribunal.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 06238 00.

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Accionante: Mirtha Lulú Ruedas Chinchilla
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La accionante indicó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta, en el
trámite de la acción de tutela identificada con el radicado núm. 54001 33 33 008 2025
00128 00, profirió sentencia de primera instancia por la cual amparó sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y a la reparación integral, los
cuales consideró vulnerados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas3.
En dicha decisión se emitió la siguiente orden:
SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas-UARIV en un término improrrogable de cinco (05) días
hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia, ejecute
todas las acciones administrativas pertinentes que conlleven a aplicar el Método
Técnico de Priorización a la señora Mirtha Lulu Ruedas Chinchilla, en el cual se
tengan en cuenta las actuales condiciones de urgencia manifiesta y extrema
vulnerabilidad en las que se encuentra, con el fin de que se determine el orden de
acceso de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva
vigencia fiscal, para el pago de la indemnización administrativa reconocida
mediante Resolución No. 04102019-675662 del 20 de mayo de 2020.

3 En adelante UARIV.

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Accionante: Mirtha Lulú Ruedas Chinchilla
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta

Señaló que dicha decisión fue impugnada por la UARIV, cuyo conocimiento correspondió
al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, mediante sentencia del 17 de julio
de 2025, la confirmó.
Adujo que el juzgado accionado realizó requerimientos a la UARIV por el incumplimiento
de la orden impartida, los cuales culminaron con la imposición de una sanción por
desacato a dicha autoridad, decisión que también fue confirmada en sede de consulta.
Sostuvo que, aun cuando dentro de la acción de tutela la UARIV no demostró el
cumplimiento de la orden relacionada con el pago de la indemnización administrativa, el
juzgado dispuso el cierre definitivo del proceso sin justificación alguna.
Arguyó que el 15 de enero de 2026, a través de correo electrónico, solicitó a la autoridad
judicial accionada dejar sin efectos dicha actuación y, en consecuencia, tramitar un nuevo
incidente de desacato.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 6 de febrero de 20264 y correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que, por auto del 6 de febrero de 20265 la admitió
y dispuso notificar6 al Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta como autoridad judicial
accionada.

3.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta7 allegó informe en el que
solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se configuró
vulneración alguna del derecho fundamental alegado por la accionante. Expuso que lo
que se plantea es una inconformidad con la valoración jurídica realizada por el despacho,
lo cual no habilita la intervención del juez constitucional en sede de tutela.

Adujo que sus decisiones fueron debidamente motivadas y adoptadas dentro de su
competencia; que la UARIV cumplió materialmente la orden de tutela, lo que excluye la
configuración del desacato; y que la accionante pretende que el juez ordene el pago
inmediato de la indemnización, pese a que el fallo únicamente dispuso la aplicación del
método de priorización.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 19 de febrero
de 2026, negó el amparo solicitado al considerar que no se evidenció la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso alegado por la accionante.

4 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 54001

23 33 000 2026 00016 00.
5 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 54001

23 33 000 2026 00016 00.
6 Esta orden se cumplió el 6 de febrero de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 54001 23 33 000 2026 00016 00.
7 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 54001

23 33 000 2026 00016 00.

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Radicación: 54001 23 33 000 2026 00016 01
Accionante: Mirtha Lulú Ruedas Chinchilla
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta

Para ello, inicialmente expuso que en el presente asunto se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo cual
procedió a realizar el estudio de fondo del asunto.

En ese sentido, manifestó que la decisión del juzgado estuvo debidamente motivada y
que no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales. Asimismo, resaltó que la UARIV cumplió la orden impartida en la
sentencia de tutela, al aplicar el método técnico de priorización y notificar su resultado,
razón por la cual no se configuró incumplimiento ni desacato.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con la decisión de primera instancia, la accionante presentó impugnación
donde solicitó que se revoque la decisión adoptada en la tutela, al considerar que la
UARIV no cumplió adecuadamente con lo ordenado, y que se revise la aplicación del
método técnico de priorización para el pago de su indemnización administrativa, de
conformidad con la normativa que regula la atención y reparación de las víctimas8.

5.2. Por auto proferido el 23 de febrero de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 24 de febrero de 202610.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 12, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201913, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las
secciones.

8 Lo anterior se desprende de la lectura del escrito manuscrito presentado por la accionante, el cual no se

encuentra redactado de forma clara ni sistemática, por lo que la Sala reconstruye su contenido a partir de
lo que se logra comprender del mismo.
9 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 54001

23 33 000 2026 00016 00.
10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 54001

23 33 000 2026 00016 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.

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Accionante: Mirtha Lulú Ruedas Chinchilla
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente14:

6.2.1. La accionante interpuso acción de tutela con el propósito de obtener la protección
de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y reparación integral, los
cuales consideró vulnerados por al UARIV.

6.2.2. Mediante sentencia de tutela del 10 de junio de 2025, el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cúcuta, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, dignidad humana y reparación integral invocados por la señora
Mirtha Lulu Ruedas Chinchilla, atendiendo las consideraciones de la presente
providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas-UARIV en un término improrrogable de cinco (05) días
hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia, ejecute
todas las acciones administrativas pertinentes que conlleven a aplicar el Método
Técnico de Priorización a la señora Mirtha Lulu Ruedas Chinchilla, en el cual se
tengan en cuenta las actuales condiciones de urgencia manifiesta y extrema
vulnerabilidad en las que se encuentra, con el fin de que se determine el orden de
acceso de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva
vigencia fiscal, para el pago de la indemnización administrativa reconocida
mediante Resolución No. 04102019-675662 del 20 de mayo de 2020.

La precitada entidad acreditará ante este Juzgado el cumplimiento de lo aquí
ordenado, dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo antes
señalado, so pena de incurrir en desacato

6.2.3. Inconforme con dicha decisión, la UARIV presentó impugnación y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 17 de julio de 2025, la
confirmó.

6.2.4. La accionante promovió incidente de desacato y, luego de los requerimientos
realizados, mediante providencia del 17 de septiembre de 2025, el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cúcuta impuso sanción por desacato al director de la
UARIV, decisión que fue objeto de consulta ante el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, el cual la confirmó.

6.2.5. Posteriormente, mediante providencia del 13 de enero de 2026, el Juzgado
Administrativo del Circuito de Cúcuta, al resolver una nueva solicitud de apertura de
incidente de desacato, dispuso cerrar el mismo.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por la accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia

14 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 54001 33 33 008 2025 00128

00/01.

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constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C - 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU -
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia. De manera que,
si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar dicho requisito de procedibilidad.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

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Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que15:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.

6.3.3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro del
trámite incidental de desacato en un proceso de tutela

Mediante la Sentencia SU-034 de 201816, la Corte Constitucional condicionó la
procedencia de la acción de tutela contra los autos proferidos en el marco de un incidente
de desacato, al cumplimiento de determinados requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es
decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración de una de las causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera
que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar
en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no

15 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
16 Corte Constitucional, Expediente T-6.017.539, M.P. Alberto Rojas Ríos. Sobre el particular, esta Sección

se ha pronunciado anteriormente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, expediente 50001 23 33 000 2025 00317 01, sentencia del 13 de noviembre de 2025, C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.

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fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que
practicar de oficio.

En el sub examine, la accionante cuestiona la providencia del 13 de enero de 2026,
mediante la cual el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta dispuso cerrar
el trámite del incidente de desacato solicitado por la señora Ruedas Chinchilla en contra
de la UARIV, al considerar que dicha autoridad no cumplió adecuadamente lo ordenado
en la sentencia de tutela del 17 de septiembre de 2025, y solicita que se revise la
aplicación del método técnico de priorización para el pago de su indemnización
administrativa, de conformidad con la normativa que regula la atención y reparación de
las víctimas.

De la lectura de la providencia acusada se observa que el juzgado accionado consideró
que la UARIV informó y acreditó haber aplicado el método técnico de priorización y haber
notificado su resultado a la aquí accionante, por lo que concluyó que la entidad realizó
las actuaciones dirigidas al cumplimiento del fallo de tutela y que no se configuraba el
elemento subjetivo necesario para declarar el desacato.

Así las cosas, la inconformidad de la accionante no se dirige a evidenciar una actuación
arbitraria o caprichosa, sino a controvertir el alcance de la valoración probatoria efectuada
por el juez respecto del cumplimiento del fallo de tutela. Se trata, entonces, de un
desacuerdo con el contenido de la decisión adoptada, lo que no implica la afectación del
derecho fundamental invocado.

En ese sentido, resulta claro que la accionante pretende que el juez de tutela reexamine
un asunto ya definido por el juez natural de la causa, con el propósito de obtener una
conclusión distinta y favorable a sus intereses, lo que desborda la naturaleza excepcional
de este mecanismo y desconoce la autonomía judicial.

En consecuencia, al no advertirse la configuración de una arbitrariedad judicial ni la
vulneración directa de derechos fundamentales, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito general de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela presentada por la accionante, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Mirtha Lulú Ruedas Chinchilla
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 9 de abril
de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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