Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2025-00317-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2025-00317-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 50001-23-33-000-2025-00317-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00317-01
Accionante: JOSÉ EDUARDO NOREÑA CASTRO
Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE GRANADA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
9 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor José Eduardo Noreña Castro solicitó, el amparo de los derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24 de septiembre de 2025
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada, dentro de
la acción de tutela con el número de radicación 50313-33-33-001-2025-00087-
00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Señaló que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granda, a través de
sentencia de 21 de julio de 2025 proferida dentro de la acción de tutela núm. 50313-
33-33-001-2025-00087-00/01, amparó su derecho fundamental de petición contra
la sociedad Gestión Energética S.A. E.S.P. – GENSA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 50001-23-33-000-2025-00317-01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
2.2. Indicó que la entidad accionada impugnó la decisión de primera instancia, y
mediante providencia de 26 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Meta,
confirmó el amparo al derecho de petición.
2.3. Refirió que el 5 de agosto de 2025, presentó incidente de desacato contra la
sentencia antes referida y que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Granada, mediante providencia de 24 de septiembre de 2025 se abstuvo de abrir
incidente de desacato, al concluir que GENSA “[…] dio respuesta efectiva y
congruente a las peticiones […]”.
2.4. Manifestó que la providencia incurrió en i) un defecto procedimental absoluto, por
cuanto “[…] el juzgado retardó su decisión casi 12 días hábiles […]”, ii) un defecto
fáctico, por cuanto “[…] el juez ignoró las pruebas determinantes, como la
extemporaneidad de las respuestas, su carácter fragmentado y la existencia de
documentos fabricados […]”; iii) un defecto sustantivo, en la medida que se consideró
“[…] cumplida la orden con respuestas meramente aparentes […]”; iv) un
desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, que establece que “[…]
el derecho de petición solo se satisface con respuestas claras, congruentes,
completas y de fondo […]”; y v) un “[…] desconocimiento del superior funcional […]”,
por cuanto se “[…] desconoció lo resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta, que
había confirmado la vulneración e indicado que no había reiteración ni abuso en mis
solicitudes […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
justicia, eficacia de la tutela y derecho de petición.
2. Dejar sin efectos el auto del 24 de septiembre de 2025 que se abstuvo de
abrir incidente de desacato.
3. Ordenar al Juzgado 001 Administrativo de Granada emitir una nueva
decisión, valorando integralmente las pruebas, observaciones y lo resuelto por
el Tribunal Administrativo del Meta.
4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento real y
efectivo del fallo de tutela del 21 de julio de 2025 y del fallo de segunda instancia
del 26 de agosto de 2025 […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 6 de octubre de 2025, el Despacho del Tribunal Administrativo
del Meta a cargo de la sustanciación del proceso admitió la acción de tutela.
Asimismo, se vinculó en calidad de tercero con interés directo en el resultado del
proceso a la sociedad Gestión Energética S.A. E.S.P. – GENSA.
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Accionante: José Eduardo Noreña Castro
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la vinculada,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada informó que la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta “[…] redujo el numero
(sic) de solicitudes que debían ser atendidas por GENSA, dado que, de las cuatro
peticiones que ordenó responder este despacho, el Tribunal dispuso que se
contestaran únicamente tres, al considerar que las demás ya habían sido atendidas
por la accionada […]”.
5.2. Señaló que ese Despacho luego de analizar una a una las peticiones “[…] [l]a
primera petición, del 7 de enero de 2025, tenía cuatro puntos pendientes de
resolver; la segunda, del 18 de febrero de 2025, tenía tres; y la última, del 14 de
abril de 2025, solo una, referente a los datos de un servidor de GENSA […]”,
concluyó que todos los puntos fueron atendidos en respuesta del 8 de septiembre
de 2025. Solicitó negar la acción de tutela.
5.3. Gestión Energética S.A. E.S.P. – GENSA solicitó se declare la carencia actual
de objeto por hecho superado frente “[…] a la garantía del derecho de petición
mediante el cumplimiento de las órdenes […]” impartidas en la sentencia de tutela
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VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 9 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo
del Meta declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de Gestión
Energética S.A. E.S.P. – GENSA y declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional porque el accionante
no cumplió con la carga argumentativa, en razón a que no desarrolló los defectos
en que presuntamente incurrió la providencia cuestionada.
7. Se indicó que “[…] de la lectura del líbelo, puede concluirse que el tutelante
pretende reabrir el debate y discute la decisión contraria a sus intereses,
cuestionando presuntos yerros del funcionario judicial, los (sic) la carga
argumentativa y demostrativa que justifique la intervención del Juez de tutela para
censurar una providencia judicial ejecutoriada […]”.
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Accionante: José Eduardo Noreña Castro
8. Porauto de 16 de octubre de 2025, el juez de primera instancia declaró
improcedente la solicitud de aclaración de la sentencia.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
los siguientes argumentos:
“[…] 1. El 9 de octubre de 2025 a las 8:12 a.m., el suscrito presentó ante la
Secretaría Judicial del Tribunal un memorial con el asunto “Observaciones y
pruebas relevantes sobre alteraciones documentales”, el cual contenía
elementos probatorios y argumentos de fondo relacionados con presuntas
irregularidades en la documentación aportada por GENSA S.A. E.S.P. dentro
del trámite del desacato que dio origen a esta tutela.
2. Sin embargo, la sentencia del mismo día (9 de octubre) se profirió
posteriormente sin dejar constancia ni referencia alguna al memorial radicado,
pese a que ya se encontraba recibido por el sistema Justicia XXI antes de la
emisión del fallo.
3. En consecuencia, el Tribunal resolvió el asunto sin valorar un documento
existente en el expediente al momento de fallar, lo cual configura un defecto
fáctico y procedimental, pues se omitió la apreciación de una prueba y de un
escrito sustancial para el debido proceso.
4. La omisión fue reconocida implícitamente en el auto del 16 de octubre de
2025, que resolvió improcedente la solicitud de aclaración, sin analizar de fondo
la hora de recepción ni la falta de valoración del memorial, limitándose a indicar
que la figura de aclaración no era procedente
[…]
Adicionalmente, debe resaltarse que la solicitud de aclaración presentada el
10 de octubre de 2025 fue resuelta y notificada fuera del término legal de
tres (3) días hábiles, previsto en el artículo 287 del Código General del
Proceso, aplicable de manera supletoria en la acción de tutela.
De acuerdo con los metadatos del documento electrónico, el auto fue
generado el 16 de octubre de 2025 a las 5:49:59 p.m., es decir, después del
horario laboral y de cierre de los despachos judiciales (5:00 p.m.), por lo cual,
conforme a las reglas de cómputo de términos del artículo 121 del CGP, se
entiende expedido el día hábil siguiente, esto es, el viernes 17 de octubre de
2025.
Aunado a ello, la notificación se realizó ese mismo viernes 17 de octubre a la
1:40 p.m., conforme al correo electrónico remitido por la Secretaría Judicial, lo
que demuestra que tanto la emisión como la comunicación del auto se
efectuaron fuera del plazo procesal máximo.
Esta actuación vulnera los principios de celeridad, eficacia y seguridad
jurídica consagrados en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política,
configurando un defecto procedimental por exceso ritual y mora judicial
injustificada.
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Radicación: 50001-23-33-000-2025-00317-01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
La Corte Constitucional, en sentencias T-442 de 2017, T-1008 de 2012 y SU-
1219 de 2001, ha señalado que las dilaciones o actuaciones realizadas fuera
del horario judicial afectan la validez y la eficacia de las decisiones de tutela,
pues desnaturalizan su carácter preferente y sumario.
En consecuencia, la resolución y notificación extemporánea de la solicitud
de aclaración profundizan la vulneración al debido proceso y al derecho
de defensa, al impedir un ejercicio oportuno del recurso de impugnación y
prolongar indebidamente la ejecutoria del fallo […]”. [negrilla original del texto]
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6
Radicación: 50001-23-33-000-2025-00317-01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Radicación: 50001-23-33-000-2025-00317-01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.3.1. Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
proferidas dentro del trámite incidental de desacato en un proceso de tutela
20. A través de la sentencia SU-034 de 201812, la Corte Constitucional condicionó la
procedencia de acción de tutela contra los autos dictados en el marco de un
incidente de desacato, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
“[…] i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración de
una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que
a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar
de oficio […]”.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Corte Constitucional. Sala Plena. Exp.T-6.017.539, M.P. Alberto Rojas Ríos. 3 de mayo de 201.
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Radicación: 50001-23-33-000-2025-00317-01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
VIII.4. El caso concreto
21. El señor José Eduardo Noreña Castro solicitó, el amparo de los derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 24 de septiembre de 2025
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada, dentro de
la acción de tutela con el número de radicación 50313-33-33-001-2025-00087-
00/01.
22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
23. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.
24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.
25. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
9
Radicación: 50001-23-33-000-2025-00317-01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
26. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 50001-23-33-000-2025-00317-01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
27. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.
28. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el accionante se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación
judicial que no involucre derechos fundamentales20.
29. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
30. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales de petición, al debido proceso y acceso a la administración
de justicia.
19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 50001-23-33-000-2025-00317-01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
31. Argumentó que la providencia judicial de 24 de septiembre de 2025 incurrió en i)
un defecto procedimental absoluto, por cuanto “[…] el juzgado retardó su decisión casi
12 días hábiles […]”, ii) un defecto fáctico, por cuanto “[…] el juez ignoró las pruebas
determinantes, como la extemporaneidad de las respuestas, su carácter fragmentado
y la existencia de documentos fabricados […]”; iii) un defecto sustantivo, en la medida
que se consideró “[…] cumplida la orden con respuestas meramente aparentes […]”;
iv) un desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional, que establece que
“[…] el derecho de petición solo se satisface con respuestas claras, congruentes,
completas y de fondo […]”; y v) un “[…] desconocimiento del superior funcional […]”,
por cuanto se “[…] desconoció lo resuelto por el Tribunal Administrativo del Meta, que
había confirmado la vulneración e indicado que no había reiteración ni abuso en mis
solicitudes […]”.
32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional y, ii)
la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con
lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.
33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales”.
34. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que la providencia
cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad gira en torno a que el Juzgado se abstuvo de abrir incidente de
desacato, al concluir que GENSA “[…] dio respuesta efectiva y congruente a las
peticiones […]”.
35. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Granada en la providencia de 24 de septiembre de 2025:
“[…] Para efectos de resolver si se abre incidente de desacato, se tendrá en
cuenta que el Tribunal Administrativo del Meta precisó que la vulneración del
derecho de petición del actor radica exclusivamente en la falta de respuesta de
tres peticiones; una, la del 7 de enero de 2025, respecto de los puntos 1.9,
1.11, 1.12 y 1.18; dos, la del 18 de febrero de 2025, en lo relacionado con “los
perfiles de los cargos 1.11, 1.12, y 1.18”; y tres, la del 14 de abril de 2025, frente
a “(…) el documento de identidad, profesión, matrícula o tarjeta profesional,
cargos desempeñados y manual de funciones del señor Mauricio Cárdenas
Gallego, quien reemplazó en el cargo de líder de proyectos de eficiencia
energética a Luis Germán Cárdenas Henao”.
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Radicación: 50001-23-33-000-2025-00317-01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
Aparte de dichas solicitudes el Tribunal no encontró que se hubiere vulnerado
el derecho de petición del actor, de manera que la procedencia de apertura de
incidente de desacato dependerá de si, hasta el momento, la entidad Gestión
Energética S.A. E.S.P., ha dado respuesta a esas peticiones.
En esos términos, la metodología a utilizar por este despacho para verificar si
la entidad accionada ha respondido las peticiones en mención, se circunscribirá
a lo siguiente: 1) describir la petición sobre la cual recayó el pronunciamiento
del Tribunal Administrativo del Meta; 2) revisar si el escrito con el cual Gestión
Energética S.A. E.S.P., expresa haber respondido la petición del actor,
efectivamente atendió lo solicitado; y 3) establecer si dicha respuesta fue
efectivamente dada a conocer a José Eduardo Noreña Castro.
[…]
Conforme lo visto, no hay razones para iniciar incidente de desacato, en la
medida que Gestión Energética S.A. E.S.P., dio respuesta efectiva y
congruente a las peticiones especificadas por el Tribunal Administrativo del
Meta en la sentencia que modificó el fallo de este despacho. Además, como se
evidenció, dichas respuestas fueron dadas a conocer al accionante.
Finalmente, frente a las manifestaciones del actor, referentes a situaciones
como que se dejen sin valor documentos por ser enviados fuera del horario
hábil o por no provenir del representante legal; que se exija la rectificación de
expresiones consideradas descalificatorias; que se investiguen supuestas
irregularidades internas de GENSA, como alteración de perfiles, pago de
favores políticos, hallazgos de la Contraloría, etcétera; que se sancione por
duplicidades documentales, copias ocultas en correos electrónicos o presunta
simulación de cumplimiento, son solicitudes que no hacen parte de la orden de
tutela, circunscrita a garantizar el derecho fundamental de petición.
El juez constitucional no puede entrar a calificar la validez probatoria de los
documentos ni a adelantar investigaciones disciplinarias o fiscales, esas
competencias corresponden a otros órganos de control. Téngase en cuenta
que las órdenes de tutela se entienden cumplidas cuando exista respuesta
integral, de fondo, clara y congruente, aun cuando el actor no comparta su
contenido. En todo caso, el actor puede acudir a otras instancias si considera
que hay irregularidades distintas al cumplimiento del derecho de petición […]”.
36. La transcripción anterior permite evidenciar que, contrario a lo expuesto por la
parte accionante no se observa que la decisión cuestionada hubiese sido arbitraria
o, se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en
el trámite del respectivo incidente de desacato.
37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21.
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 50001-23-33-000-2025-00317-01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
38. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”22. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”23.
39. La Sala precisa que se abstendrá de estudiar los defectos alegados en el escrito
de impugnación, en los que a juicio del accionante incurrió el Tribunal
Administrativo del Meta dentro de la presente acción de tutela, en la medida en que
el objeto de estudio gira en torno a la providencia de 24 de septiembre de 2025
proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Granada, dentro de
la acción de tutela con el número de radicación 50313-33-33-001-2025-00087-00.
40. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado,
como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
22
Ibidem.
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Radicación: 50001-23-33-000-2025-00317-01
Accionante: José Eduardo Noreña Castro
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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