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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2025-00089-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2025-00089-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 28 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 81001-23-39-000-2025-00089-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 81001 23 39 000 2025 00089 01
Accionante: Sergio Andrés Rozo Parales
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo de Arauca y otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, declara la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la sentencia de
tutela proferida el 28 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Arauca1 que
negó el amparo constitucional.

1. LA SOLICITUD

El ciudadano Sergio Andrés Rozo Parales, actuando en nombre propio, interpuso acción
de tutela con el propósito de obtener la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, el cual consideró vulnerado por el Juzgado Cuarto (4) Administrativo de Arauca2,
al proferir la providencia del 21 de octubre de 2025, mediante la cual dicha autoridad
judicial se abstuvo de iniciar el incidente de desacato promovido por el accionante dentro
de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 81001 33 33 004
2025 00245 00.

Como pretensiones se indicaron las siguientes:

PRIMERA: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta acción.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
providencia del 21 de octubre de 2025, donde el Juzgado Cuarto Administrativo
profirió auto en el que se abstuvo de iniciar el incidente de desacato, para que, en
su lugar, se emita una nueva providencia que realice un examen autónomo y
completo, valorando integralmente: i la reclamación presentada, ii la primera
respuesta emitida por la Entidad, y iii el alcance y suficiencia de dicha respuesta
frente al cumplimiento de la sentencia constitucional.

1 En adelante el Tribunal.
2 En adelante el Juzgado.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00089 01
Demandante: Sergio Andrés Rozo Parales
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Arauca

En el escrito de tutela, el accionante expuso, en síntesis, los siguientes hechos:

Relató que el Juzgado, mediante sentencia de tutela del 30 de septiembre de 2025,
amparó su derecho fundamental al debido proceso y ordenó a la Comisión Nacional del
Servicio Civil - CNSC y a la Universidad Libre de Colombia efectuar una nueva valoración,
clara, precisa y congruente, de la reclamación presentada el 14 de agosto de 2025 dentro
del proceso de selección Entidades del Orden Nacional – Nación 6.

Sostuvo que la Universidad Libre emitió una respuesta más extensa, pero sin abordar de
fondo sus argumentos, pues, a su juicio, se limitó a reiterar conclusiones previas, sostener
dicotomías artificiales y exigir requisitos inexistentes, incumpliendo así la orden judicial
de realizar una valoración material.

Adujo que, al considerar que dicha respuesta resultaba evasiva y no daba cumplimiento
material a la mencionada sentencia de tutela, promovió incidente de desacato.

Indicó que la CNSC rindió informe de cumplimiento en el que, según afirmó, introdujo
citas de normas impertinentes y referencias jurisprudenciales que calificó como ajenas a
la valoración de antecedentes, formación complementaria o pertinencia funcional.

Anotó que el Juzgado, mediante providencia del 21 de octubre de 2025, se abstuvo de
iniciar el incidente de desacato, decisión que, en su criterio, se fundamentó
exclusivamente en los argumentos suministrados por la CNSC, los cuales fueron
transcritos literalmente, sin una valoración independiente ni contraste con las
circunstancias particulares del caso.

Manifestó que el Tribunal, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2025, confirmó la
decisión de primera instancia dentro de la acción de tutela 2025-00245-01, al señalar que
el debate sobre el presunto cumplimiento aparente de la orden judicial debía ventilarse a
través del incidente de desacato y no por medio de la impugnación.

Como fundamento de la presente acción de tutela, el accionante sostuvo que la
providencia cuestionada adolece de defectos por error inducido, “jurisprudencia falsa o
no aplicable”, “imprecisiones normativas” y “defecto de motivación”.

Expuso que el Juzgado fue inducido en error por parte de la CNSC, en la medida en que
incorporó argumentos jurídicos impertinentes y se apoyó en sentencias del Consejo de
Estado que, según afirmó, resultaban completamente ajenas al debate sobre la
pertinencia funcional de los cursos y la experiencia dentro de concursos de méritos.

Señaló, además, que existieron imprecisiones normativas, por cuanto el Juzgado
transcribió y asumió como propios varios errores en la citación de normas contenidos en
el informe de la CNSC, reproduciendo citas y conclusiones como si se tratara de un
análisis autónomo, sin realizar un contraste con la orden impartida en la sentencia de
tutela, con la jurisprudencia pertinente o con el material probatorio obrante en el
expediente.

Alegó que la decisión del Juzgado no fue el resultado de un examen jurídico
independiente, sino de la incorporación acrítica de los argumentos suministrados por la
entidad accionada, lo que, en su criterio, condujo al despacho a declarar un cumplimiento
inexistente.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00089 01
Demandante: Sergio Andrés Rozo Parales
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Arauca

2. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 14 de noviembre de 20253, en el
cual se ordenó notificar4 a las partes.

2.2. La Universidad Libre5 presentó informe en el que solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, al considerar que no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el accionante.

Adujo que el reproche formulado por la vía constitucional pretende que, a través de este
mecanismo excepcional de protección, el juez se pronuncie sobre la validez y ordene la
modificación de actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, esto
es, los acuerdos que regulan el proceso de selección, los cuales, a juicio del actor,
vulneran sus derechos.

Señaló que, para controvertir dichos actos, el accionante cuenta con el medio de control
de nulidad contra el acto que reglamenta el proceso de selección, antes de acudir al
mecanismo constitucional de amparo, lo que torna improcedente la presente acción de
tutela.

2.3. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Arauca6 allegó informe en el que
solicitó declarar improcedente el amparo solicitado o, en su defecto, negarlo por cuanto
no se presentó actuación u omisión alguna por parte del despacho que conlleve a la
vulneración de los derechos fundamentales invocados en el presente trámite
constitucional.

Adujo que no “es cierto que la providencia atacada se fundamentó en una motivación
aparente, ya que se realizó un análisis de las circunstancias del caso y aplicó la normativa
vigente. Tampoco se puede sostener que hubo error inducido, ya que la CNSC
proporcionó una respuesta clara y precisa a la reclamación del actor”.

Agregó que tuvo en cuenta todas las pruebas y argumentos presentados en el caso, y su
decisión se basó en una valoración objetiva y razonada de los mismos, aplicando los
principios de la lógica y la sana crítica. En consecuencia, la providencia atacada no
adolece de los vicios alegados por el actor y, por lo tanto, no procede el amparo de los
derechos invocados por el accionante, razón por la cual resulta procedente mantener la
validez de la decisión que se abstuvo de iniciar el incidente de desacato.

2.4. La Comisión Nacional del Servicio Civil7 presentó informe en el que solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva y,
en consecuencia, pidió su desvinculación del presente asunto.

3 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 81001

2339 000 2025 00089 00.
4 Esta orden se cumplió el 14 de noviembre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 81001 2339 000 2025 00089 00.
5 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 81001

2339 000 2025 00089 00.
6
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 81001
2339 000 2025 00089 00.
7
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 81001
2339 000 2025 00089 00.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00089 01
Demandante: Sergio Andrés Rozo Parales
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Arauca

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia del 28 de noviembre de 2025,
negó las pretensiones de la acción de tutela con fundamento en las siguientes
consideraciones:

Inicialmente, frente a la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
indicó que la decisión acusada, que resolvió no abrir el incidente de desacato promovido
por el accionante, no era susceptible de recurso, razón por la cual la solicitud de amparo
cumplía con el requisito de subsidiariedad y se configuraba la procedencia excepcional.

Conforme lo anterior, descendió a estudiar los defectos invocados y arguyó que la
providencia cuestionada no incurrió en ellos. Al respecto, en primer lugar, señaló que no
se configura una motivación aparente, pues el despacho judicial demandado expuso las
razones por las cuales consideró cumplida la orden y fundamentó su decisión en el
contenido material de la respuesta emitida por las entidades.

Tampoco se advierte la existencia de un error inducido, dado que, aun cuando pudieran
presentarse citas jurisprudenciales discordantes, estas no constituyeron el fundamento
determinante de la decisión, la cual se apoyó en otros argumentos autónomos, suficientes
y verificables.

Finalmente, anotó que no se acreditó la configuración de un defecto fáctico, puesto que
la juez sí valoró los documentos relevantes del trámite incidental, incluido el alcance de
la respuesta brindada a la reclamación formulada por el actor, y concluyó que la orden
impartida había sido satisfecha.

4. LA IMPUGNACIÓN

4.1. Inconforme con la decisión anterior, el accionante la impugnó manifestando lo
siguiente:

Indicó que, el Tribunal de primera instancia desbordó el objeto de la tutela, pues debía
limitarse a examinar la legalidad del auto cuestionado por supuestos vicios de motivación
y error inducido, pero terminó analizando parcialmente el fondo del asunto al pronunciarse
sobre la pertinencia de algunos diplomados.

Reprochó además el criterio de la CNSC, avalado por el Tribunal, según el cual los
diplomados fueron rechazados por tener un carácter formativo y no estar directamente
ligados a la ejecución del cargo. A su juicio, ese razonamiento es ilógico, pues toda
educación tiene una naturaleza formativa y precisamente busca brindar herramientas
para el ejercicio práctico de funciones profesionales, por lo que no puede desestimarse
por ser teórica.

Asimismo, cuestionó el rechazo de estudios en Derechos Humanos y Contratación
Estatal, indicando que su pertinencia es evidente para el ejercicio de funciones jurídicas,
como la defensa del Estado y la atención de acciones de tutela.

4.2. La impugnación fue concedida por auto del 19 de diciembre de 2025 y asignada a
esta Sección mediante acta de reparto del 20 de enero de 2026.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00089 01
Demandante: Sergio Andrés Rozo Parales
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Arauca

4.3. Encontrándose el expediente al despacho para resolver la segunda instancia, el
accionante allegó escrito en el cual expuso la ocurrencia de un hecho sobreviniente.

Señaló que, el 23 de enero de 2026, la CNSC expidió la Resolución núm. 623 «Por la
cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles... del empleo denominado
PROFESIONAL ESPECIALIZADO... OPEC No. 213231».

Expuso que, en dicho acto administrativo, fue ubicado definitivamente en la posición
número 8, situación que, a su juicio, le genera un perjuicio irremediable.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 8, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 20159, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202110, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201911, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

5.2. CUESTIÓN PREVIA

5.2.1. Frente a la manifestación de impedimento presentada por la consejera de
Estado Nubia Margoth Peña Garzón

La Consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón manifestó encontrarse impedida
para conocer y decidir la presente acción constitucional, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

Comedidamente me permito manifestarle que me declaro impedida para intervenir
en la acción de tutela de la referencia, por cuanto me une una estrecha amistad
desde hace muchos años con la doctora MARÍA ELIZABETH GARCÍA
GONZÁLEZ, quien actualmente es la presidenta de la Universidad Libre de
Colombia, tercero con interés directo en las resultas del proceso dentro de la
presente solicitud de amparo, y en tal condición es la representante legal de dicha
institución universitaria, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 01 de 27
de julio de 19941, por lo que considero que me encuentro incursa en la causal de

8 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
9 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
10 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
11 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.

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impedimento prevista en el artículo 56, numeral 5, del Código de Procedimiento
Penal.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sostenido que “[l]os impedimentos
están instituidos en nuestra legislación como garantía de la imparcialidad que deben tener
los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor” y “deben obedecer a criterios
restrictivos y dirigidos – teleológicamente – a la protección efectiva de la imparcialidad de
los jueces […]”12.

El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “(…) en ningún caso será
procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las
causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la
sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de
tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento
disciplinario, si fuere el caso (…)” (Se destaca).

A su turno, la Corte Constitucional ha señalado que “(…) la normatividad aplicable y el
desarrollo jurisprudencial en materia de impedimentos, tienen la finalidad de garantizar
un juez completamente imparcial al momento de juzgar un asunto, por lo cual, se permite
de forma excepcional que el fallador competente se sustraiga del conocimiento de un
determinado asunto cuando este incurso en alguna de las causales de impedimento
establecidas por el legislador en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (…)”13.

Teniendo en cuenta lo expuesto, y examinada la manifestación de impedimento, la Sala
encuentra acreditada la causal prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991,
en la medida en que la doctora María Elizabeth García González es la Representante
Legal de la Universidad Libre, entidad vinculada a la presente solicitud de amparo, y
otorgó poder al profesional del derecho Diego Hernán Fernández Guecha para presentar
la respectiva contestación allegada a este trámite tutelar.

En consecuencia, la Sala declarará fundado el impedimento formulado por la Consejera
de Estado Nubia Margoth Peña Garzón.

5.2.2. Frente a la solicitud de desvinculación presentada por la Comisión Nacional
del Servicio Civil

Se observa que la CNSC solicitó, en el informe rendido, su desvinculación de la presente
acción constitucional, al considerar que carece de legitimación en la causa para intervenir
en el presente trámite de tutela.

Para resolver dicha solicitud, es preciso señalar que el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991 regula lo relativo a la legitimación en la causa por pasiva, en los siguientes términos:

Artículo 13. Personas Contra Quien se Dirige la Acción e Intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,

12 Cita en providencia del 23 de abril de 2019. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2018-00320-01.
13 Auto 345A del 3 de agosto de 2016. Corte Constitucional. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Expediente T-

5.209.892.

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sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud.

De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre
de 200614, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la siguiente forma:

En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia
T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor
le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no
es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o
cuando no es su conducta la que inflige el daño. (Destaca el Sala)

En atención a lo expuesto, la Sala considera que no es procedente acceder a la solicitud
de desvinculación presentada por la CNSC, por cuanto, de la revisión del expediente de
la acción de tutela objeto de controversia, se advierte que dicha entidad fue vinculada en
calidad de accionada, razón por la cual su intervención no puede desconocerse en el
presente proceso.

En ese sentido, su permanencia en el trámite resulta necesaria para garantizar la eficacia
de la decisión que se adopte en el presente asunto, así como para salvaguardar su
derecho de contradicción frente a los argumentos expuestos por la parte accionante.

14 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.

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5.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

5.3.1. El accionante presentó acción de tutela contra la CNSC y la Universidad Libre de
Colombia, con el propósito de obtener la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, el cual consideró vulnerado con ocasión de la respuesta a la reclamación núm.
SIMO 1139311908. A dicha solicitud se le asignó el número único de radicación 81001
33 33 004 2025 00245 00, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado.

5.3.2. Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025, el Juzgado resolvió lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Sergio
Andrés Rozo Parales, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la
Universidad Libre de Colombia para que, dentro del término de cinco (5) días
hábiles:

I) Realice una nueva valoración de forma clara, precisa y congruente frente a cada
uno de los requerimientos solicitados por el accionante a través de la reclamación
del 14 de agosto de 2025.

II) En esta nueva valoración, deberá considerar detenidamente las
particularidades de cada certificado y su relación directa con las funciones
jurídicas específicas del cargo que el accionante aspira.

III) En el evento que se determine que dichos certificados guardan relación directa
con el cargo que aspira el accionante, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Universidad Libre de Colombia deberán modificar el puntaje de valoración de
antecedentes correspondiente, ajustándolo a los méritos y requisitos establecidos
para el cargo.

IV) Finalmente, vale aclarar, que la nueva respuesta dada al accionante deberá
abarcar cada una de las inconformidades, estar debidamente motivada y ser
notificada al accionante en debida forma.

5.3.3. Mediante auto de 21 de octubre de 2025, el Juzgado resolvió abstenerse de iniciar
incidente de desacato promovido por el accionante.

5.3.4. Con sentencia de 10 de noviembre de 2025, el Tribunal confirmó la sentencia de
30 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado.

5.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta que el a quo solo estudió el requisito general de subsidiariedad y al
encontrarlo superado descendió a analizar los defectos invocados por el accionante, la
Sala considera necesario resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por la
accionante en el escrito de tutela, se reúne el requisito general de relevancia
constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00089 01
Demandante: Sergio Andrés Rozo Parales
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Arauca

5.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]15.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C-590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha sido
desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU- 573
de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades16:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional, deben
concurrir los tres elementos que integran el requisito de relevancia17. En consecuencia,
si no se acredita alguno de ellos, la acción de tutela deviene improcedente por no superar
dicho presupuesto de procedibilidad.

5.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

15 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
16 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
17 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00089 01
Demandante: Sergio Andrés Rozo Parales
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Arauca

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que18:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso que se discute y como
una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e
independencia del juez natural.

5.4.3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro del
trámite incidental de desacato en un proceso de tutela

Mediante la Sentencia SU-034 de 201819, la Corte Constitucional condicionó la
procedencia de la acción de tutela contra los autos proferidos en el marco de un incidente
de desacato, al cumplimiento de determinados requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir
que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el
trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración de una
de las causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con
lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no
debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de

18 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
19 Corte Constitucional, Expediente T-6.017.539, M.P. Alberto Rojas Ríos. Sobre el particular, esta Sección

se ha pronunciado anteriormente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, expediente 50001 23 33 000 2025 00317 01, sentencia del 13 de noviembre de 2025, C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.

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desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un
principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.

En el sub examine, el accionante cuestiona la providencia mediante la cual el Juzgado
se abstuvo de iniciar el incidente de desacato al considerar acreditado el cumplimiento
de la sentencia de tutela. No obstante, de la lectura de dicha decisión se observa que la
autoridad judicial examinó las respuestas allegadas por las entidades accionadas, valoró
los soportes aportados y concluyó, de manera motivada, que se había dado cumplimiento
a lo ordenado.

La inconformidad del actor no se dirige a evidenciar una actuación arbitraria o caprichosa,
sino a controvertir el alcance de la valoración efectuada por el juez respecto del
cumplimiento del fallo y, en particular, la pertinencia funcional de los estudios por él
acreditados. Se trata, entonces, de un desacuerdo con el contenido de la decisión
adoptada, propio del ámbito de la legalidad, que no adquiere dimensión constitucional.

En ese sentido, resulta claro que el accionante pretende que el juez de tutela reexamine
un asunto ya definido por el juez natural, con el propósito de obtener una conclusión
distinta y favorable a sus intereses, lo que desborda la naturaleza excepcional de este
mecanismo y desconoce la autonomía judicial.

Finalmente, frente al escrito allegado por el accionante con posterioridad a la
impugnación, en el que informó sobre la Resolución núm. 623 del 23 de enero de 2026
expedida por la CNSC y argumentó que dicho acto administrativo le ocasiona un perjuicio
irremediable al haberse expedido el registro de elegible en el que quedó en el puesto
núm. 8, la Sala no se pronunciará al respecto comoquiera que (i) la resolución en comento
fue proferida y allegada con posterioridad a la presentación de la acción de tutela, por lo
que no pudo ser trasladadas a las accionadas para que ejercieran su derecho de defensa
y contradicción; y (ii) la acción de tutela no versa sobre dicho acto administrativo, sino en
contra de una providencia judicial.

Sin perjuicio de lo anterior, no sobra señalar que la Sala no advierte la existencia de una
circunstancia urgente, inminente o grave que justifique la intervención del juez
constitucional como mecanismo transitorio de protección frente al acto administrativo
allegado. En efecto, la sola inconformidad del accionante con su ubicación en la lista de
elegibles no constituye, por sí misma, un daño cierto e inminente que comprometa de
manera directa sus derechos fundamentales, ni evidencia la necesidad de adoptar
medidas inmediatas e impostergables para evitar su consumación.

Por el contrario, se trata de una situación derivada de un acto administrativo que puede
ser controvertido a través de los medios ordinarios de defensa previstos en el
ordenamiento jurídico, lo que desvirtúa la configuración de un perjuicio irremediable.

En consecuencia, al no advertirse la configuración de una arbitrariedad judicial ni la
vulneración directa de derechos fundamentales, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito general de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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Radicación: 81001 23 39 000 2025 00089 01
Demandante: Sergio Andrés Rozo Parales
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Arauca

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la consejera de
Estado Nubia Margoth Peña Garzón, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 28 de noviembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de
febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA CARLOS FERNANDO MANTILLA
ACOSTA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO
CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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