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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02786-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02786-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo de pobreza presentada por el accionante, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de mayo de 2026, proferida por el Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02786-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02786 01
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera
Unitaria de Decisión
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela – Falta de carga
argumentativa en impugnación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 11 de mayo de 2026 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos, actuando en nombre propio, interpuso acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de Decisión
y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

[…] se ordene admitir y tramitar mi lla renuente y moratoria accion popular
se ordene al tutelado certificar y hacer constar todas las etapas
procesales realizadas desde la presentación de mi accion, consignando dia,
mesy año de todas y cada una de ellas para demostrar que nunca se cumple art
5, 6, 84 ley 472 de 1998

se ORDENE AL TUTELADO CONCEDER EL AMPARO DE POBREZA QUE EN
DERECHO SOLICITE A FIN DE QUE UN ABOGADO -A ME REPRESENTE EN
LA RENUENTE Y MORATORIA ACCION CONSTITUCIONAL y logre en
derecho se ordene su trámite pues el tutelado negó el amparo de pobreza que
en derecho pido

se valore en derecho mi escrito, memorial donde pedi admitir la renuente y
moratoria accion popular sin co alguno.....
si un ciudadano Colombiano sin ser abogado, no se le permite acceder a la
administración DE justicia en una simple accion popular, acaso se le estaría
violando la ley de mecanismos de participación ciudadana y la mesma ley 472
de 1998....

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del

proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02786 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2026 02786 01
Accionantes: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Tercera Unitaria de Decisión

se ordene al tribunal tutelado comparta copia digital de todos los escritos de
acciones populares y copias de todos los autos admisorios de todas las
populares desde los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 , 2025 y 2026 para
demostrar que no se aplica tanta rigurosidad como conmigo para admitir y
tramitar mi accion popular, en lo que para mi pudiera ser UN ABUSO D E
PODER A MI CONTRA POR EL TUTELADO.

se demuestre bajo tutela que estoy obligado a presentar mis memoriales a una
página especifica, pese a que existe un correo institucional y oficial donde como
ciudadano puedo escribir.... acaso se pueden negar a recibir mis tutelas o
accione spopulares de manera PERSONAL PRESENTADAS POR MI […] [SIC
a toda la cita]. [Mayúsculas originales del escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Como único fundamento fáctico de la solicitud de amparo, el accionante expuso lo
siguiente:

hechos

Gerardo herrera, Ciudadano Colombiano sin ser abogado, actuando con valor
civil, en la renuente y moratoria acción popular Radicación: N° 66001-23-33-000-
2025-00017-00 donde el tutelado inaplica
DERECHO SUSTANCIAL Y APARENTEMENTE COMETE UN EXCESO
RITUAL MANIFIESTO H CC SU 238 DE 2019 Y DE PASO DESCONOCE
ART 18 LEY 472 DE 1998

pido amparo de pobreza en esta tutela a fin que un abogado-a me represente
bajo juramento manifiesto no tener billete para pagar un abogado y lo poco que
percibo económicamente lo empleo en mi subsistencia, siendo asi, pido en
derecho se conceda el amparo de pobreza para que se me garantice art 29 cn,
maxime que el procurador delegado en acciones populares ante el tribunal
tutelado no actúa en derecho a mi favor ni me garantiza art 29 cn , pese a no
ser bogadi y pese a que mia ccione s constitucional...

el tutelado me exige requisitos de mas a mi como Ciudadano para admitir
una simple accion constitucional que la puede presentar cualquier ciudadano
esta acción lleva años y años y años y años y años sin cumplirse el término de
tiempo que la ley 472 de 1998 manda y menos la informalidad, derecho
sustancial [SIC a toda la cita].

Sin perjuicio de lo anterior, y según la información que reposa en el expediente digital
de SAMAI2 se advierte que el accionante interpuso acción popular contra la Nación -
Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto de Diagnóstico Médico de Santa
Rosa de Cabal – IDIME SAS, con el fin de obtener la protección de los derechos e
intereses colectivos relacionados con el espacio público, la seguridad y la prevención
de desastres.

El asunto fue repartido a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda bajo el radicado 66001-23-33-000-2025-00017-00, que mediante auto del 24
de febrero de 2025 dispuso remitir el proceso a los Juzgados Civiles del Circuito de
Santa Rosa de Cabal.

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02786 00.
2
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Accionantes: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Tercera Unitaria de Decisión

Asignado el conocimiento al Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal,
este promovió conflicto negativo de competencias mediante auto del 4 de abril de 2025,
el cual fue resuelto por la Corte Constitucional en providencia del 23 de julio de 2025,
al declarar competente al Tribunal Administrativo de Risaralda.

Posteriormente, mediante auto del 2 de diciembre de 2025, el Tribunal inadmitió la
demanda al advertir que no se acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad
previsto en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la formulación previa
de reclamaciones administrativas, ni la existencia de un peligro inminente que justificara
prescindir de dicho requisito.

El 4 de diciembre de 2025, el actor presentó escrito de subsanación y solicitó el amparo
de pobreza; sin embargo, tras verificar que los documentos allegados correspondían
únicamente a peticiones de información, el Tribunal rechazó la demanda mediante auto
del 26 de marzo de 2026, por no haberse superado el requisito de procedibilidad.

El accionante sostuvo que el despacho judicial le impuso exigencias adicionales para
admitir una acción constitucional y cuestionó la prolongada duración del trámite, pese
a los términos previstos en la Ley 472 de 1998 y al carácter informal de la acción
popular.

En el escrito de tutela, el accionante indicó que se le vulnero su derecho al debido
proceso sin entrar en detalle de dicha vulneración.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 13 de abril de 20263 y correspondió por reparto a la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, que, por auto del 17 de abril
de 20264 la admitió y ordenó vincular5 a la Nación, Ministerio de Salud y Protección
Social y al Instituto de Diagnóstico Médico del municipio de Santa Rosa de Cabal –
IDIME SA, como terceros con interés en el resultado del proceso.

Como también requirió al Tribunal Administrativo de Risaralda para que remitiese el
expediente digital con radicado núm. 66001-23-33-000-2025-00017-00.

3.2. La magistrada ponente de la providencia acusada allegó informe6 en el que sostuvo
que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante.

Señaló que el señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos pretende utilizar la acción de tutela
como una tercera instancia para reabrir un debate que ya fue decidido de manera
definitiva.

Asimismo, indicó que, al examinar la acción popular promovida, no encontró acreditado
el requisito de procedibilidad correspondiente, motivo por el cual rechazó la demanda

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02786 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 02786 00.
5 Esta orden se cumplió el 21 de abril de 2026. Visto en el índice 7de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02786 00
6 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 02786 00.
3
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 02786 01
Accionantes: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Tercera Unitaria de Decisión

mediante auto de 26 de marzo de 2026. En consecuencia, solicitó que se declarara
improcedente el amparo.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 11 de
mayo de 20267, declaró improcedente la solicitud de amparo al concluir que el
accionante no identificó de manera clara y razonable los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados.

Para ello, explicó que, aunque el escrito de tutela presentaba deficiencias en la
exposición de los hechos y de los argumentos, era posible comprender que el señor
Gerardo Alonso Herrera Hoyos cuestionaba la actuación de la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Risaralda por no haber admitido la demanda de acción
popular radicada con el núm. 2025-00017-00.

Al revisar el expediente de la acción popular en la plataforma Samai, la Subsección
constató que, mediante auto del 2 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Risaralda inadmitió la demanda por cuanto el actor no acreditó haber presentado la
reclamación previa ante el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto de
Diagnóstico Médico Santa Rosa de Cabal (IDIME), ni demostró la existencia de un
perjuicio irremediable que justificara prescindir de ese requisito de procedibilidad, razón
por la cual le concedió un término de tres días para subsanar la demanda, so pena de
rechazo.

Indicó que, posteriormente, mediante auto del 26 de marzo de 2026, el Tribunal rechazó
la demanda al advertir que el accionante no atendió el requerimiento efectuado en el
auto inadmisorio, toda vez que los documentos allegados correspondían a derechos de
petición de información y no a la reclamación administrativa previa prevista en el
numeral 4 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, requisito de procedibilidad exigible
para las acciones populares promovidas al amparo del artículo 144 del mismo estatuto.

Asimismo, precisó que el auto inadmisorio del 2 de diciembre de 2025 no fue recurrido
en reposición y reiteró que la reclamación previa únicamente puede omitirse cuando se
acredite un peligro inminente, circunstancia que no se configuró en el caso.

Con fundamento en lo anterior, la Subsección concluyó, en primer lugar, que la acción
de tutela no satisfacía el requisito de subsidiariedad, debido a que el accionante no
interpuso el recurso de reposición contra los autos del 2 de diciembre de 2025 y del 26
de marzo de 2026, previsto en el artículo 36 de la Ley 472 de 1998. En segundo lugar,
advirtió que el actor no explicó en qué consistía el supuesto exceso ritual manifiesto
que atribuía al Tribunal, ni identificó el requisito que consideraba improcedente o las
razones por las cuales este no podía ser exigido.

Tampoco sustentó por qué la reclamación previa prevista en el artículo 144 de la Ley
1437 de 2011 no resultaba aplicable o de qué manera había satisfecho dicho
presupuesto, ni acreditó la existencia de un peligro inminente que permitiera prescindir
de él.

Finalmente, señaló que un pronunciamiento de fondo implicaría revisar oficiosamente
las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Risaralda, lo que excedía la

7 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 02786 00.
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Accionantes: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Tercera Unitaria de Decisión

competencia del juez constitucional y comprometía la autonomía judicial, por lo que
tampoco se cumplía el requisito de una exposición suficiente de los hechos y
argumentos que sustentaban el amparo.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante presentó impugnación 8
en los siguientes términos:

5.2. Por auto proferido el 15 de julio de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 28 de julio de 202610.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad
con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en

8
Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 02786 00.
9 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 02786 00.
10 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 02786 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola

5
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 02786 01
Accionantes: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
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concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 13, así
como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de
marzo de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios
entre las secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

6.2.1. El señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos promovió acción popular contra el
Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto de Diagnostico Medico Santa Rosa
de Cabal – IDIME SA, al considerar que estas entidades vulneraban los derechos e
intereses colectivos relacionados con el goce del espacio público, la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, así como la adecuada ejecución de
construcciones y edificaciones, debido a la ausencia de un baño público accesible para
personas usuarias de silla de ruedas.

6.2.2. El conocimiento del asunto correspondió, por reparto, al Tribunal Administrativo
de Risaralda, Sala Tercera Unitaria de Decisión. Mediante auto del 24 de febrero de
2025, dicha autoridad declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente a
los Juzgados Civiles del Circuito de Santa Rosa de Cabal.

6.2.3. Inconforme con esa decisión, el accionante interpuso recurso de apelación el 28
de febrero de 2025. Sin embargo, mediante providencia del 26 de marzo de 2025, el
Tribunal lo rechazó por improcedente.

6.2.4. Posteriormente, el asunto fue asignado al Juzgado Primero Civil del Circuito de
Santa Rosa de Cabal, que mediante auto del 4 de abril de 2025 promovió conflicto
negativo de competencias frente al Tribunal Administrativo de Risaralda. La
controversia fue resuelta por la Corte Constitucional mediante Auto 1032 de 2025, en
el que determinó que la competencia para conocer del proceso correspondía al
Tribunal Administrativo de Risaralda.

6.2.5. Una vez reasumido el conocimiento del asunto, el Tribunal Administrativo de
Risaralda, mediante auto del 2 de diciembre de 2025, inadmitió la demanda al advertir
que no se había acreditado el requisito de requerimiento previo respecto del Ministerio
de Salud y Protección Social ni de IDIME SA

con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1

de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15 Lo que se desprende de la acción popular identificada con el radicado núm. 66001-23-33-000-2025-

00017-00.
6
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6.2.6. Por auto del 26 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Risaralda
rechazó la demanda por considerar que el actor no corrigió las deficiencias señaladas
en la providencia de inadmisión.

6.3. CUESTIÓN PREVIA

La Sala observa que, en el correo electrónico mediante el cual el accionante manifestó
que impugna el fallo de tutela de primera instancia, también solicitó que se le concede
el beneficio de amparo de pobreza.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que el amparo de pobreza
constituye un instrumento procesal orientado a garantizar la igualdad real de las partes
y el acceso efectivo a la administración de justicia de quienes carecen de recursos
económicos suficientes para asumir los gastos propios del proceso, evitando que su
situación patrimonial les impida ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

No obstante, la Sala advierte que dicho presupuesto no se presenta en el trámite de la
acción de tutela, pues esta constituye un mecanismo constitucional caracterizado por
su informalidad y gratuidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y en el artículo 3 del Decreto 2591 de 1991.

En efecto, el ejercicio de la acción de tutela no está sujeto al pago de expensas,
aranceles judiciales, cauciones u otras cargas económicas cuya exoneración haga
necesaria la concesión del amparo de pobreza. Por el contrario, cualquier persona
puede acudir a este mecanismo sin asumir costos procesales que puedan constituir una
barrera para el acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, comoquiera que la finalidad del amparo de pobreza consiste
precisamente en remover los obstáculos económicos que puedan impedir el acceso a
la jurisdicción, beneficio que ya se encuentra garantizado por la naturaleza gratuita e
informal de la acción de tutela, no hay lugar a acceder a la solicitud formulada por el
accionante.

6.4. ANÁLISIS DE LA SALA

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

En el asunto sub examine, la Sala advierte que el reproche del accionante está
orientado a controvertir las decisiones adoptadas en el trámite de la acción popular
identificado con el radicado núm. 66001 2333 000 2025 00017 00, la cual, correspondió
por reparto al Tribunal Administrativo de Risaralda, autoridad judicial que, mediante
auto del 26 de marzo de 2026 rechazó la admisión de la demanda.

Al resolver la acción de tutela en primera instancia, la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de mayo de 2026, declaró
improcedente la solicitud de amparo.

El accionante envío mensaje de datos en el que solo manifestó:

7
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[…] GERARDO HERRERA OBRANDO EN LA TUTELA DE LA REFERENCIA
APELO

ES LAMENTABLE COMO SE ME OBLIGA A PERDER MI TIEMPO EN UNA
ACCIÓN DE LINAJE CONSTITUCIONAL Y DONDE NUNCA SE DA
APLICACIÓN AL DERECHO SUSTANCIAL QUE MANDA LA LEY ESPECIAL Y
AUTÓNOMA 472 DE 1998 […].

Al respecto, la Sala resalta que el accionante no expuso argumento alguno, de forma
concreta, dirigido a controvertir la decisión adoptada por el a quo.

Al respecto, el artículo 31 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 establece que
la impugnación contra el fallo de primera instancia es un mecanismo para garantizar,
en el marco de la acción constitucional y en ejercicio del derecho a la defensa, que el
superior funcional pueda revisar la decisión judicial, estudiando las pruebas y los
argumentos jurídicos planteados por el impugnante.

Conforme lo anterior, para que proceda un pronunciamiento de fondo, se requiere que
quien impugna el fallo de primera instancia indique los reparos que tiene respecto a la
decisión adoptada, pues de lo contrario, el fallador de segunda instancia no contará con
los elementos mínimos para estudiar de fondo el asunto; es decir, como mínimo debería
señalarse porque considera que no le asiste razón al a quo respecto al porque negó el
amparo de los derechos que pretende sean protegidos, en caso tal la decisión sea
contraria a sus intereses, o cualquier otro cuestionamiento o inconformidad respecto a
la providencia que impugna.

A su turno, esta Sala, en la sentencia del 3 de abril de 202516, manifestó lo siguiente en
cuanto a la oportunidad para sustentar la impugnación:

“27. Esta Sección, mediante sentencia de 28 de febrero de 2019, fijó unas
reglas en relación con la carga argumentativa que deben cumplir las
impugnaciones en tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales. Ello en los siguientes términos:

‘[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de
tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga
argumentativa mínima […].

Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia
de tutela proferida en primera instancia precisando que i) si obra
en nombre propio o ii) por medio de apoderado especial, debe
cumplir con una carga argumentativa mínima, en donde exponga
las razones jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió
en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 20051,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que
fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo que
se trate de un sujeto de especial protección constitucional, a

16 La Sala se pronunció en igual sentido en la sentencia proferida el 3 de abril de 2025, C.P. Germán

Eduardo Osorio Cifuentes, radicación 11001 0315 000 2024 06601 01.
8
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Accionantes: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Tercera Unitaria de Decisión

quien no se le exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que
el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias, para
garantizar la protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de justicia […]’.
(Negrilla del texto original).

Con fundamento en lo anterior, se observa que, en el escrito allegado, la parte
accionante omitió exponer los argumentos por los cuales consideraba que debía
revocarse o modificarse la sentencia de primera instancia, sin desarrollar razones de
inconformidad frente a la decisión adoptada ni controvertir los fundamentos que la
sustentan.

Tal omisión impide a esta autoridad efectuar un análisis de fondo de la impugnación,
en la medida en que no se satisfizo la carga argumentativa mínima exigida para
controvertir la providencia de primera instancia. En efecto, la sola manifestación de
inconformidad con la decisión recurrida no constituye argumento suficiente para
habilitar el estudio de la impugnación, pues corresponde al impugnante señalar de
manera clara y concreta las razones por las cuales estima que el fallo debe ser
revocado o modificado.

En consecuencia, la impugnación no satisface la carga argumentativa mínima exigida
para habilitar el estudio de fondo, razón por la cual se confirmará la decisión de primera
instancia, que declaró improcedente el amparo solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo de pobreza presentada por el accionante,
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de mayo de 2026, proferida por el
Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B, por las razones expuestas en
esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente de la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 14 de
agosto de 2026.

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 02786 01
Accionantes: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda - Sala Tercera Unitaria de Decisión

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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