República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02786-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
11 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02786-00 (4310)
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda
Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. Subtema 1: mora judicial.
Subtema 2: acción popular. Subtema 3: auto que rechaza la demanda.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra
la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.
1. Síntesis del caso
El señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos presentó escrito de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que consideró vulnerados por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Risaralda, con ocasión del exceso ritual manifiesto en
el que, en su criterio, incurrió la referida autoridad al no admitir la demanda de acción
popular con radicado núm. 66001-23-33-000-2025-00017-00.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes y argumentos de tutela
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02786-00, índice 2, certificado 0B398B91DA5FE04B
1A52DC3C1F49BDBB 7C3C430A623EC38F 59A01E786F7F9346.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02786-00 (4310)
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda
2. El señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos presentó demanda en ejercicio del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos (acción
popular), contra la Nación, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto
de Diagnóstico Médico en Santa Rosa de Cabal, con el propósito de que se
ordenara la protección del espacio público, la seguridad y la prevención de
desastres que estimó afectados por las entidades accionadas.
3. El asunto correspondió a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda bajo el radicado núm. 66001-23-33-000-2025-00017-00
que, mediante auto del 24 de febrero de 20252, ordenó remitir el proceso a los
Juzgados Civiles del Circuito de Santa Rosa de Cabal.
4. El proceso fue asignado al Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Rosa
de Cabal que, con auto del 4 de abril de 2025, formuló conflicto negativo de
competencias. Al respecto, la Corte Constitucional, en providencia del 23 de julio de
2025, declaró al Tribunal Administrativo de Risaralda competente para conocer de
la acción popular.
5. Posteriormente, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal, mediante auto del 2
de diciembre de 20253, inadmitió la demanda porque no se acreditó la solicitud
previa de reclamaciones administrativas ante las entidades accionadas, en los
términos exigidos en el artículo 144 de la Ley 1437 de 20114, así como tampoco se
demostró que existiera un peligro inminente de que ocurriera un perjuicio
irremediable de vulneración de los derechos e intereses colectivos.
6. En cumplimiento del anterior requerimiento, el señor Gerardo Alonso Herrera
Hoyos allegó memorial el 4 de diciembre de 2025, mediante el cual manifestó que
subsanó la demanda y solicitó que se le concediera amparo de pobreza.
7. El consecuencia, el Tribunal analizó el escrito que allegó el señor Gerardo
Alonso Herrera Hoyos y encontró que los documentos que aportó corresponden a
peticiones de información. En ese orden, dictó auto el 26 de marzo de 2026 en el
2 Samai, expediente núm. 66001-23-33-000-2025-00017-00, índice 4, certificado 4BFAFBD17A953350
68D8D2D473468C70 30D4CDE02303BF62 D9C4A54810DE9F32.
3 Samai, expediente núm. 66001-23-33-000-2025-00017-00, índice 20, certificado A7F50E5D2012B089
299C443146BC264F 5ABBCC3776EF8DC7 B8237B3A1228B074.
4 ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Cualquier persona
puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten
las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública,
podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un
contrato, sin que, en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda
adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos.
Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe
solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas
necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha
reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá
acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro
de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá
sustentarse en la demanda.
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Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda
que rechazó la demanda, debido a que no se superó el requisito de procedibilidad
de la protección de los derechos e intereses colectivos5.
8. El accionante argumentó en el escrito de amparo que el Tribunal accionado le
«exige requisitos de más a […] para admitir una simple acción constitucional que la
puede presentar cualquier ciudadano». Agregó que «esta acción lleva años y años
y años y años y años sin cumplirse el término de tiempo que la ley 472 de 1998
manda y menos la informalidad, derecho sustancial».
2.2. Pretensiones
9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela al juez constitucional la protección
inmediata de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Por otro lado, solicitó lo siguiente:
[S]e ordene admitir y tramitar mi la renuente y moratoria acción popular se ordene al
tutelado certificar y hacer constar todas las etapas procesales realizadas desde la
presentación de mi acción, consignando día, mes y año de todas y cada una de ellas
para demostrar que nunca se cumple art 5, 6, 84 ley 472 de 1998
[S]e ORDENE AL TUTELADO CONCEDER EL AMPARO DE POBREZA QUE EN
DERECHO SOLICITÉ A FIN DE QUE UN ABOGADO -A ME REPRESENTE EN LA
RENUENTE Y MORATORIA ACCION CONSTITUCIONAL y logre en derecho se
ordene su trámite pues el tutelado negó el amparo de pobreza que en derecho pido
se valore en derecho mi escrito, memorial donde pedí admitir la renuente y moratoria
acción popular ….
[…]
[S]e ordene al tribunal tutelado comparta copia digital de todos los escritos de
acciones populares y copias de todos los autos admisorios de todas las populares
desde los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 para demostrar que no
se aplica tanta rigurosidad como conmigo para admitir y tramitar mi acción popular,
en lo que para mí pudiera ser UN ABUSO DE PODER A MI CONTRA POR EL
TUTELADO. […] 6.
2.3. Trámite procesal
10. El despacho ponente dictó auto admisorio el 17 de abril de 20267, en el que
ordenó la notificación a la autoridad accionada; vinculó como terceros con interés a
la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social y al Instituto de Diagnóstico
Médico del municipio de Santa Rosa de Cabal; requirió el expediente ordinario
objeto de controversia; tuvo como pruebas los documentos aportados con la
demanda; y ordenó las demás notificaciones de rigor.
5 Samai, expediente núm. 66001-23-33-000-2025-00017-00, índice 27, certificado 7EE44447B42CA644
FB2677D6DB5764B6 9FB1DDB32F3FEAA8 E426F79315A64939.
6 Se transcribe incluso con errores.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02786-00, índice 4, certificado 465AA2A468CB712E
DEAE4A49E15E8ADB 582135C765F138CE 05E5B6BDF94F8997.
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2.4. Intervenciones
11. El Tribunal Administrativo de Risaralda8 manifestó que no desconoció los
derechos fundamentales invocados y que el señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos
pretende utilizar la tutela como si fuera una tercera instancia para reabrir un debate
que ya fue finalizado. Indicó que en el que proceso de acción popular no encontró
acreditado el requisito de procedibilidad, razón por la que rechazó la demanda en
auto del 26 de marzo de 2026. Por lo anterior, solicitó que se declarara la
improcedencia del amparo.
12. Los vinculados guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
13. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.
3.2. Legitimación en la causa
14. La legitimación en la causa por activa del señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos
está acreditada porque fue quien presentó la demanda de protección de los
derechos e intereses colectivos que, según afirmó, no ha sido admitida, lo que a su
juicio desconoció sus derechos fundamentales.
15.También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, debido a que es la autoridad
que tiene a cargo el trámite de la demanda de acción popular.
3.3. Problema jurídico
16. La Sala debe determinar si ¿el Tribunal accionado vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
parte tutelante por exceso ritual manifiesto en el trámite de admisión de la acción
popular que presentó?
3.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
17. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-02786-00, índice 10, certificado 0E775A4612EE0BC9
FA6EBE0A80520C4B 0B69799C728004B2 3BC99E02585EC72B.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
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en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.
18. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
19. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
20. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.
21. En particular, frente al requisito de exposición suficiente de hechos y
argumentos, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991
establece que la acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la solicitud
de amparo deberá exponer con la mayor claridad posible la acción o la omisión que
la motiva, el derecho que se considera amenazado, el nombre de la autoridad
accionada y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidirla.
22. En las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional,
en la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de procedibilidad
que la parte actora identifique de manera razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, toda vez que en esta oportunidad se busca
afectar la seguridad jurídica y los efectos de cosa juzgada que generan una decisión
judicial.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
12 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
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23. En igual sentido, el tribunal constitucional, en sentencia SU-585 de 2017,
sostuvo que:
[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto,
resulta de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad
especial, la que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la
providencia judicial.
24. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga
argumentativa mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre
la decisión judicial enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, manifestó que:
[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio
de cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de
tutela, y que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se
deduzca con claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales»13.
3.4. Caso Concreto
25. En el asunto bajo estudio, si bien el escrito de tutela es confuso en los hechos
y argumentos que sustentan la solicitud de amparo, esta Sala, en uso de sus
facultades oficiosas, comprende que el señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos
consideró vulnerados sus derechos fundamentales por la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Risaralda, toda vez que no había admitido la
demanda de acción popular que presentó y a la que le fue asignada el radicado
núm. 2025-00017-00.
26. Argumentó que la autoridad judicial le exigió el cumplimiento de requisitos «de
más» que a «cualquier [otro] ciudadano».
27. Al respecto, la Sala revisó en la plataforma Samai las actuaciones del
expediente de acción popular y observó que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda, en auto del 2 de diciembre de 2025 inadmitió la
demanda por las siguientes razones:
Lo anterior conduce a concluir que, dada la pretensión principal de la demanda en el
presente asunto no se acreditó la solicitud previa al Ministerio de Salud y Protección
Social y (II) Instituto de Diagnostico Medico Santa Rosa de Cabal - IDIME, como
tampoco que exista un inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra
de los derechos e intereses colectivos, por lo tanto, de conformidad con el artículo 2o
de la Ley 472 de 1998 se inadmitirá y se concederá un término de tres (03) días para
que se subsane so pena de rechazo.
13 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente núm.
25000-23-36-000-2019-00003-01(AC).
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28. Posteriormente, el Tribunal profirió auto el 26 de marzo de 2026 en el que
rechazó la demanda interpuesta por el señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos, por
los motivos que a continuación se citan:
Siendo ello así, advierte esta sala de decisión, que la parte actora incumplió el
requerimiento efectuado mediante el citado proveído, por cuanto no fueron aportadas
las reclamaciones administrativas efectuadas a las autoridades, en tanto, los
documentos aportados corresponden a derechos de petición de información, y no a
lo consagrado en el numeral 4 artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, siendo esta
reclamación un requisito de procedibilidad cuando se pretenda la protección de
derechos e intereses colectivos prevista en el artículo 144 del mismo Código.
29. El Tribunal también expuso que el auto inadmisorio del 2 de diciembre de 2025
no fue objeto del recurso de reposición y que la acreditación de la reclamación previa
es un requisito en todas las acciones populares que solo puede omitirse ante la
existencia de un inminente peligro, lo que no se demostró en el caso concreto.
30. De lo expuesto, la Sala observa, en primera medida, que el señor Gerardo
Alonso Herrera Hoyos no agotó el recurso de reposición contra las decisiones del 2
de diciembre de 2025 y del 26 de marzo de 2026, reglado en el artículo 36 de la Ley
472 de 199814, motivo por el que la acción de tutela no supera el requisito de
subsidiariedad.
31. Por otro lado, en el escrito de amparo el señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos
afirmó que el Tribunal incurrió en un exceso ritual manifiesto por exigir el
cumplimiento de requisitos «de más» que a «cualquier [otro] ciudadano»; no
obstante, no explicó cuál fue el requisito que la autoridad judicial no debió exigirle y
las razones de por qué no podía hacerlo.
32. Ahora bien, en el evento de que la inconformidad del tutelante radicara en que
el Tribunal no tenía que exigirle el cumplimiento del requisito contenido en el artículo
144 de la Ley 1437 de 2011 atinente a la reclamación previa en acciones populares,
este debía argumentar por qué no era obligatorio, o indicar de qué forma satisfizo
dicho presupuesto, que valga decir, es necesario para la admisión de la demanda;
y tampoco demostró la configuración de un peligro inminente que permitiera a la
autoridad judicial no tenerlo en cuenta.
33. En ese orden, la Sala advierte que emitir un pronunciamiento de fondo
respecto de las pretensiones en el caso concreto, de cara a las falencias del escrito
de amparo, implicaría efectuar un estudio oficioso de las providencias proferidas por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, asunto que escapa de la competencia del
juez constitucional y que afectaría la autonomía judicial. Por los motivos expuestos,
tampoco se superó el requisito de exposición suficiente de hechos y argumentos.
14 Artículo 36: Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular procede el recurso de reposición,
el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02786-00 (4310)
Accionante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Accionado: Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda
4. Conclusión
34. Al tener en cuenta que la acción de tutela interpuesta por el señor el señor
Gerardo Alonso Herrera Hoyos no superó los requisitos generales de subsidiariedad
y de hechos y argumentos, la Sala declarará su improcedencia.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
Falla:
Primero: Declarar la improcedencia de la tutela interpuesta por el señor Gerardo
Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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