Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02533-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02533-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02533-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02533-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 02533 01
Accionante: Javier Elías Arias Idarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 4 de mayo de 2026 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Javier Elías Arias Idarraga, actuando en nombre propio, interpuso acción de
tutela en contra del «tribunal adtivo de Caldas y A LA MAGISTRADA DIANA
HERNÁNDEZ Y AL MAGISTRADO FERNANDO ÁLVAREZ Y AL ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE MANIZALES», y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
[…] SE DECRETE LA NULIDAD DEL FALLO, PUES DEMANDE A
CORPOCALDAS Y LA COMPETENCIA DE 1 INSTANCIA RECAE SOBRE EL
TRIBUNAL Y NO SOBRE UN JUEZ ACTIVO, PUES CORPOCALDAS ES DE
CARÁCTER NACIONAL, NACIONAL....
se ordena demostrar en derecho si parece poco a los juzgadores Constitucionales,
que no se cumpla la ley 99 de 1993 que garantiza el agua a los ciudadanos del
mañana...acaso la falta de agua es de poca monta....
se demuestra día, mes y año en que presente la renuente y moratoria
acción constitucional para demostrar la mora y la renuencia judicial, se demuestre
en derecho porque se le cambio el radicado inicial a la renuente acción
constitucional y no se conservó el radicado inicial paar dar seguridad jurídica
se demuestren, se prueben en derecho los impedimentos esgrimidos por los
juzgadores, de todos y cada uno de ellos por separado.
se demeustre EN DERECHO POR QUE NO que se cumplio lo que manda art 37
ley 472 de 1998 Y SI EL ART 37 LEY 472 DE 1998, SÓLO TIENE EFECTO
SIMBÓLICO PARA ESTOS JUZGADORES
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02533 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 02533 01
Accionantes: Javier Elías Arias Idarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
se ordene A LOS TUTELADOS, EXPEDIR una certificación y constancia de cada
etapa procesal realizada en 2 instancia, consignando dia, me sya ño de todas y
cada una de ellas para demostrar la mora y la renuencia judicial
se demuestra en derecho que para que se ampare una acción popular el actor
debe probar la amenaza O SOLO BASTA QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE
AMENAZA O AGRAVIO PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DE EL
AMPARO PEDIDO EN LA ACCION POPULAR. SE DEMEUSTRE POR LOS
TUTELADOS QUE EL MUNICIPIO DE MANIZALES INVIRTIÓ EL 1% DE LOS
RECURSOS NETOS DEL PRESUPUESTO MPAL DESDE EL AÑO 1993 HASTA
EL AÑO 2025 Y LO CORRIDO DEL AÑO 2026, AÑO POR AÑO EN LA
ADQUISICIÓN Y COMPRA DE PREDIOS PARA GARANTIZAR EL AGUA DEL
MAÑANA A LOS CIUDADANOS...
PUES A MI NUNCA ME RESPONDEN MIS DERECHOS DE PETICIÓN ART 23
CN.
SE ORDENE A LOS TUTELADOS- MAGISTRADOS Y ALCALDE DE
MANIZALES CDS- DEMOSTRAR EN DERECHO QUE EL MUNICIPIO DE
MANIZALES CDS,- ALCALDE MUNICIPAL- COMPRÓ PREDIOS PARA
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA DURANTE LOS AÑOS 1993 AÑO,
POR AÑO AL AÑO 2026, EN RELACIÓN AL 1% DEL PRESUPUESTO NETO
MUNICIPAL , Y APORTARÁN COPIAS DIGITALES DE TODAS LAS
ESCRITURAS, CDP Y RP DE TODOS LOS PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA
CONSERVACIÓN DEL AGUA DESDE EL AÑO 1993 AL AÑO 2026,
DETERMINANDO LAS COMPRAS Y SUS VALORES AÑO POR AÑO , E
IGUALMENTE DEMOSTRANDO LOS DINEROS INVERTIDOS DESDE EL AÑO
1993 A LO CORRIDO AÑO 2026 Y DEMOSTRARÁN SI LOS DINEROS
INVERTIDOS DESDE EL AÑO 1993 A LO CORRIDO AÑO 2026, AÑO TRAS
AÑO, SON LOS DINEROS QUE LA LEY MANDA PARA GARANTIZAR EL 1%
DE INVERSIÓN EN COMPRA DE PREDIOS PARA GARANTIZAR EL AGUA A
LOS CIUDADANOS EL MAÑANA SEGÚN LA LEY 99 DE 1993.
SE DETERMINE EN DERECHO SI ES LEGAL QUE SE DESCONOZCA LO QUE
MANDA ART 37 LEY 472 DE 1998 Y LO QUE ORDENA DICHO ARTÍCULO
SOLO TENGA EFECTO SIMBÓLICO, MIENTRAS QUE PARA EL ACTOR
POPULAR SI SON OBLIGATORIOS DE CUMPLIMIENTO TODOS LOS
TÉRMINOS DE LEY,,, ACASO ESO ES UN APARENTE ABUSO DE PODER A
MI CONTRA Y CONTRA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, CONTRA LOS DERECHOS COLECTIVOS Y CONTRA LA
CIUDADANÍA EN GENERAL...
se determine en derecho que ley permite fallar una acción popular sin respetar art
37 ley 472 de 1998 y si se puede fallar EN DERECHO una acción popular solo por
dos magistrados ...y sin conjueces de tipo alguno para ser mayoría
SE ORDENE, SE ME COMPARTA COMPARTA EL LINK COMPLETO D
MI POPULAR SIN LIMITE DE TIEMPO PARA SU REVISIÓN. [SIC a toda la cita].
[Mayúsculas originales del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Como único fundamento fáctico de la solicitud de amparo, la accionante expuso lo
siguiente:
HECHOS
obro en la renuente y moratoria acción popular Expediente: 17001-3339-005-
2024-00122-01
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 02533 01
Accionantes: Javier Elías Arias Idarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
en dicha acción popular nunca se aplicó art 5, 6, 84 ley 472 de 1998
no se aplicó art 37 ley 472 de 1998
no se demostró los impedimentos
Nunca el municipio de Manizales . alcalde mpal, demostró en derecho ni
técnicamente cumplir ley 99 de 1993
no se demuestra el impedimento del mag fernando alvarez
no se puede fallar una acción popular con dos magistrados...
EL MUNICIPIO DE MANIZALES CDS,- ALCALDE MUNICIPAL- NUNCA
RESPONDIÓ DERECHO DE PETICIÓN ALGUNO A MI NOMBRE QUE
LEPRESENTE... (SIC a toda la cita).
Sin perjuicio de lo anterior, y según la información que reposa en el expediente digital de
SAMAI2 se advierte que el accionante interpuso acción popular en contra del
departamento de Caldas, la Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas y
el municipio de Manizales, al considerar que habrían puesto en aparente peligro los
derechos a la moralidad administrativa y a un ambiente sano al no cumplir con el artículo
111 de la Ley 99 de 1993, pues afirmó que pese a tener la obligación legal y a la
importancia ambiental del asunto, los demandados habrían desatendido la inversión y
adquisición de predios desde la vigencia de esa ley.
El asunto correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Manizales, autoridad judicial que, mediante sentencia del 13 de septiembre de 2024
declaró responsable al municipio de Manizales y al departamento de Caldas por
incumplimiento parcial de la obligación legal del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, que
implicaba destinar el 1% anual de los ingresos para la conservación de recursos hídricos
y exoneró de responsabilidad a Corpocaldas.
Inconforme con la decisión, el accionante interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo de Caldas mediante sentencia del 24 de marzo de 2026 revocó la decisión
del a quo y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda ante la ausencia del
requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144 del CPACA. Además, determinó que
no se probó una amenaza real y actual a los derechos colectivos.
En el escrito de tutela, el accionante indicó que se le vulnero su derecho al debido proceso
sin entrar en detalle de dicha vulneración.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 7 de abril de 20263 y correspondió por reparto a la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, que, por auto del 13 de abril de
20264 la admitió y ordenó notificar5 al Tribunal Administrativo de Caldas y al municipio de
Manizales, así como, vincular6 a la Corporación Autónoma Regional de Caldas y al
departamento de Caldas, como terceros con interés en el resultado del proceso.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 17001
33 39 005 2024 00122 00/01.
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02533 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02533 00.
5 Esta orden se cumplió el 16 de abril de 2026. Visto en el índice 7de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 02533 00
6 Ibidem.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 02533 01
Accionantes: Javier Elías Arias Idarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
3.2. La magistrada ponente de la providencia acusada allegó informe7 en el que, después
de hacer un recuento de todas las actuaciones impartidas por el despacho, indicó que la
acción de tutela resulta improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad,
pues el accionante contó con los medios judiciales idóneos para la protección de sus
derechos fundamentales los cuales fueron tramitados hasta la segunda instancia y en el
caso no se evidencia configuración de un perjuicio irremediable que valide el amparo
constitucional.
3.3. El municipio de Manizales allegó escrito8 en el que solicitó declarar improcedente la
acción de tutela o en subsidio solicito negar el amparo por inexistencia de vulneración de
derechos fundamentales. Además indicó que no es la autoridad judicial que profirió la
sentencia por lo tanto carece de legitimación en la causa por pasiva.
3.4. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales remitió9 el enlace del
proceso sin emitir pronunciamiento alguno sobre la solicitud de amparo.
3.5. Corpocaldas allegó escrito10 mediante el cual solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, al considerar que no se satisface el requisito de inmediatez. Al respecto, señaló
que la sentencia de primera instancia fue proferida en septiembre de 2024, por lo que el
amparo no fue promovido dentro de un término razonable. De manera subsidiaria,
sostuvo que no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados y,
en consecuencia, pidió que se negaran las pretensiones de la demanda y se desvinculara
a la entidad de cualquier responsabilidad.
3.6. El departamento de Caldas rindió informe11 en el que se opuso a las pretensiones de
la acción constitucional. Argumentó que no se encuentran acreditados los supuestos
fácticos ni jurídicos necesarios para concluir que se vulneró el derecho al debido proceso.
Asimismo, sostuvo que no se cumplen los requisitos generales y específicos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en particular los de relevancia
constitucional e inmediatez, toda vez que los planteamientos de la parte accionante
reflejan únicamente una discrepancia frente a la interpretación y aplicación del
ordenamiento jurídico efectuada por las autoridades judiciales competentes.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 4 de
mayo de 202612, declaró improcedente la solicitud de amparo al concluir que el
accionante no identificó de manera clara y razonable los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados, ni los hechos concretos que habrían dado lugar a su
afectación y no satisfizo el requisito de subsidiariedad.
7 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02533 00.
8 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02533 00.
9 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02533 00.
10 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02533 00.
11 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02533 00.
12 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02533 00.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 02533 01
Accionantes: Javier Elías Arias Idarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
En ese sentido, precisó que las inconformidades planteadas debieron ser puestas en
conocimiento del juez natural dentro del proceso correspondiente, tan pronto como fueron
advertidas. Lo anterior, por cuanto el actor tenía conocimiento de la providencia mediante
la cual el Consejo de Estado ordenó la remisión del asunto a los juzgados competentes
y, pese a ello, no interpuso recurso alguno ni formuló objeción respecto de dicha
determinación.
Adicionalmente, advirtió que la acción de tutela carece de una fundamentación suficiente
respecto de la vulneración alegada. En efecto, el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos, identificado con el radicado 17001-33-39-005-2024-
00122-01, concluyó con la sentencia proferida el 24 de marzo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, cuya motivación no guarda correspondencia con los reproches
formulados en la presente solicitud de amparo.
Al respecto, se observó que la decisión adoptada dentro de dicho proceso se sustentó en
el incumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144 del CPACA,
al considerar que las actuaciones previas allegadas por el actor no constituían
reclamaciones formales dirigidas a las entidades demandadas, sino simples solicitudes
de información que no satisfacían la exigencia de requerimiento previo establecida por la
normativa aplicable.
Finalmente, la Sala señaló que la demanda de tutela expone diversas situaciones de
carácter fáctico, entre ellas la presunta falta de respuesta a derechos de petición, mora
judicial, renuncia de funcionarios, ausencia de competencia, modificaciones de radicado,
omisión en la manifestación de impedimentos, incumplimiento de disposiciones
normativas y falta de designación de conjueces.
Sin embargo, no se evidencia una relación clara entre tales circunstancias ni una
explicación que permita comprender de qué manera se articulan para sustentar la
vulneración invocada. En consecuencia, la argumentación presentada carece de la
coherencia y precisión necesarias para adelantar un análisis constitucional sobre los
derechos presuntamente afectados.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante presentó impugnación en
los siguientes términos:
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 02533 01
Accionantes: Javier Elías Arias Idarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
5.2. Por auto proferido el 19 de junio de 2026 se concedió la impugnación13 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 6 de julio de 202614.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 15, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201516, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202117, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201918, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
13 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02533 00.
14 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 02533 01.
15 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
16 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
17 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
18 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 02533 01
Accionantes: Javier Elías Arias Idarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente19:
6.2.1. El señor Javier Elías Arias Idárraga promovió acción popular contra el municipio de
Manizales, el departamento de Caldas y la Corporación Autónoma Regional de Caldas –
Corpocaldas, al considerar que dichas entidades habrían puesto en riesgo el derecho e
interés colectivo a la moralidad administrativa, consagrado en el literal b) del artículo 4 de
la Ley 472 de 1998 y en el artículo 88 de la Constitución Política.
6.2.2. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Manizales, autoridad judicial que, mediante sentencia del 13 de septiembre de 2024
resolvió lo siguiente:
Primero: DECLÁRANSE no probadas las excepciones denominadas “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia de prueba de los hechos que
constituyen presunta vulneración de derechos colectivos”, “inexistencia de
vulneración de los derechos reclamados”, e “improcedencia de la acción popular”,
propuestas por el Municipio de Manizales; “Falta de legitimación en la causa por
pasiva predicable de Corpocaldas”, formulada por Corpocaldas; y, “Falta de
legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia de vulneración de derechos
colectivos por parte del departamento de Caldas”, “improcedencia de la acción” y
“hecho superado”, propuestas por el Departamento de Caldas.
Segundo: DECLÁRASE probada la excepción denominada “ausencia de
transgresión de los derechos reclamados y cumplimiento integral y diligente de las
funciones asignadas por la Ley a Corpocaldas, en atención a su órbita de
competencia” propuestas por Corpocaldas.
Tercero: DECLÁRANSE responsables al Departamento de Caldas y al Municipio
de Manizales, Caldas, de la amenaza o puesta en peligro del derecho colectivo
previsto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, relativo al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, la
ley y las disposiciones reglamentarias.
Cuarto: ORDÉNASE al Departamento de Caldas y al Municipio de Manizales,
Caldas:
1.- Ordenar al Departamento de Caldas y al Municipio de Manizales, que,
dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de este fallo,
emitan y publiquen un informe analítico y detallado sobre i) los recursos
apropiados y destinados en cada una de las vigencias fiscales del periodo
comprendido entre 1994 y 2024, en cumplimiento de las disposiciones
del artículo 111 de la Ley 99 de 1993; ii) en donde además se presenten
los valores apropiados que fueron ejecutados y la utilización que se dio a
los mismos; iii) se enlisten los predios adquiridos y la vinculación con las
cuencas hidrográficas objeto de conservación; iv) las labores de
mantenimiento y recursos ejecutados en esa actividad; v) los saldos de
los valores apropiados que no fueron ejecutados y vi) la disponibilidad de
esos recursos no ejecutados.
2.- Ordenar al Departamento de Caldas y al Municipio de Manizales, que
procedan a la adquisición e inicio de los trabajos de conservación y
recuperación de las áreas definidas como prioritarias por Corpocaldas
19 Lo que se desprende de la acción popular identificada con el radicado núm. 17001-3339-005-2024-
00122-00/01.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 02533 01
Accionantes: Javier Elías Arias Idarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
con los recursos referidos por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993,
atendiendo al monto que por cada anualidad deben destinar para ese fin.
3.- El Departamento de Caldas y el Municipio de Manizales, apropiarán
en sus presupuestos, en el plazo máximo correspondiente a las vigencias
fiscales 2025 y 2026, los recursos en cantidad igual a la diferencia entre
lo apropiado en los presupuestos, en cumplimiento de las disposiciones
del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y el 1% de sus rentas corrientes,
que no de libre destinación, en cada una de las vigencias fiscales
comprendidas entre 1994 y 2024, actualizados con el IPC desde el 1º de
enero de cada vigencia en que debieron ser apropiados, hasta el 31 de
diciembre de 2024. Todo ello con sujeción a las disposiciones que rigen
la apropiación y ejecución presupuestal.
4.- El Departamento de Caldas y el Municipio de Manizales, en
coordinación y con la ayuda de Corpocaldas, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la ejecutoria de este fallo, llevarán a cabo los procesos de
planeación y de programación que permitan definir los planes,
programas, proyectos y recursos para la conservación de las áreas de
importancia estratégica para el abastecimiento de los acueductos, la
identificación de los predios, la priorización y cofinanciación de la
adquisición, así como la administración de las zonas, de que tratan los
artículos 108 y 111 de la Ley 99 de 1993.
5.- Finalizado el plazo de seis meses establecido en el numeral anterior,
el Departamento de Caldas y el Municipio de Manizales, procederán, en
coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Caldas y de
acuerdo con sus competencias, a la adquisición, conservación,
recuperación, mantenimiento y administración de los predios, con
sujeción a los plazos, planes, programas, proyectos y recursos definidos.
Quinto: CONFÓRMASE un comité de verificación integrado por la Procuradora
Judicial para Asuntos Administrativos adscrita a este Despacho, quien lo presidirá,
y hará las funciones secretariales, el alcalde del Municipio de Manizales, Caldas,
o a quien este delegue, el Gobernador de Caldas, o a quien este delegue, un
Delegado de la Corporación Autónoma Regional de Caldas y la parte accionante.
Parágrafo: El Comité se reunirá previa citación que realice su presidente y deberá
presentar informe a este Juzgado sobre el cumplimiento de lo acá ordenado. Por
la Secretaría del Juzgado, COMUNÍQUESELES la designación
Sexto: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. […].
6.2.3. Inconformes con la decisión el municipio de Manizales y el departamento de
Caldas interpusieron recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante sentencia del 24 de marzo de 2026 resolvió lo siguiente:
[…]
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 13 de septiembre de 2024 proferida por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales, por las razones expuestas
en la parte considerativa.
TERCERO: En su lugar, NEGAR las pretensiones del medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos promovido por Javier Elías Arias Idárraga contra
el Municipio de Manizales y la Corporación Autónoma Regional de Caldas –
Corpocaldas, con vinculación del Departamento de Caldas, por las consideraciones
expuestas […].
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 02533 01
Accionantes: Javier Elías Arias Idarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
En el asunto sub examine, la Sala advierte que el reproche del accionante está orientado
a las decisiones adoptadas en el trámite de la acción popular identificado con el radicado
núm. 17001 33 39 005 2024 00122 00/01, la cual, en primera instancia correspondió por
reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales, autoridad judicial que,
mediante sentencia del 13 de septiembre de 2024 accedió parcialmente a las
pretensiones.
Posteriormente, mediante sentencia del 24 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo
de Caldas revocó la anterior decisión y, en su lugar, negó las pretensiones.
Al resolver la acción de tutela en primera instancia, la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante sentencia del 4 de mayo de 2026, declaró improcedente
la solicitud de amparo.
El accionante envío mensaje de datos en el que solo manifestó “apelo”; sin embargo, no
expuso argumento alguno y concreto dirigido a controvertir la decisión adoptada por el a
quo.
Al respecto, el artículo 31 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 establece que
la impugnación contra el fallo de primera instancia es un mecanismo para garantizar, en
el marco de la acción constitucional y en ejercicio del derecho a la defensa, que el superior
funcional pueda revisar la decisión judicial, estudiando las pruebas y los argumentos
jurídicos planteados por el impugnante.
Conforme lo anterior, para que proceda un pronunciamiento de fondo, se requiere que
quien impugna el fallo de primera instancia indique los reparos que tiene respecto a la
decisión adoptada, pues de lo contrario, el fallador de segunda instancia no contará con
los elementos mínimos para estudiar de fondo el asunto; es decir, como mínimo debería
señalarse porque considera que no le asiste razón al a quo respecto al porque negó el
amparo de los derechos que pretende sean protegidos, en caso tal la decisión sea
contraria a sus intereses, o cualquier otro cuestionamiento o inconformidad respecto a la
providencia que impugna.
A su turno, esta Sala, en la sentencia del 3 de abril de 202520, manifestó lo siguiente en
cuanto a la oportunidad para sustentar la impugnación:
“27. Esta Sección, mediante sentencia de 28 de febrero de 2019, fijó unas reglas
en relación con la carga argumentativa que deben cumplir las impugnaciones en
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Ello en los
siguientes términos:
‘[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de
20 La Sala se pronunció en igual sentido en la sentencia proferida el 3 de abril de 2025, C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, radicación 11001 0315 000 2024 06601 01.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 02533 01
Accionantes: Javier Elías Arias Idarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga
argumentativa mínima […].
Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela
proferida en primera instancia precisando que i) si obra en nombre
propio o ii) por medio de apoderado especial, debe cumplir con una
carga argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v)
error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en los términos
de la sentencia C-590 de 20051, proferida por la Corte
Constitucional, postura jurisprudencial, que fue acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en
sentencia de 31 de julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto
de especial protección constitucional, a quien no se le exigirá
dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la protección de
sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia […]’. (Negrilla del texto original).
Con fundamento en lo anterior, se observa que, en el escrito allegado, la parte accionante
omitió exponer los argumentos por los cuales consideraba que debía revocarse o
modificarse la sentencia de primera instancia, sin desarrollar razones de inconformidad
frente a la decisión adoptada ni controvertir los fundamentos que la sustentan.
Tal omisión impide a esta autoridad efectuar un análisis de fondo de la impugnación, en
la medida en que no se satisfizo la carga argumentativa mínima exigida para controvertir
la providencia de primera instancia. En efecto, la sola manifestación de inconformidad
con la decisión recurrida no constituye argumento suficiente para habilitar el estudio de
la impugnación, pues corresponde al impugnante señalar de manera clara y concreta las
razones por las cuales estima que el fallo debe ser revocado o modificado.
En consecuencia, la impugnación no satisface la carga argumentativa mínima exigida
para habilitar el estudio de fondo, razón por la cual se confirmará la decisión de primera
instancia, que declaró improcedente el amparo solicitado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de mayo de 2026, proferida por el Consejo
de Estado - Sección Segunda - Subsección B, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente de la ejecutoria de esta providencia.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2026 02533 01
Accionantes: Javier Elías Arias Idarraga
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 30 de
julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.