RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02533-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02533-00

Fecha
4 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02533-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Javier Elías Arias Idárraga en contra del Tribunal Administrativo de Caldas y el municipio de Manizales. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00 Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02533-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

4 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otros

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos / Subsidiariedad y carencia
de motivación de la vulneración alegada

Decisión: Declarar improcedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud formulada por Javier Elías Arias Idárraga, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Javier Elías Arias Idárraga promovió solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado
con ocasión de la sentencia proferida el 24 de marzo del 2026 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, dentro del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos, identificado con el radicado 17001-33-39-005-2024-00122-01.

2. De conformidad con la información registrada en Samai y el confuso escrito de
tutela, se entiende que el fundamento de la solicitud de amparo es el siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos presentó demanda en contra del municipio de My,nizales, el
departamento de Caldas y Corpocaldas, con la finalidad de que se ampararan los
derechos colectivos a la moralidad administrativa y al ambiente sano, los cuales

1
Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «3ED_DemandayCorreo(.pdf) NroActua 2».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

consideró vulnerados por el presunto incumplimiento de la obligación legal
establecida en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y en consecuencia, se ordenara
a las entidades demandadas la inversión del 1% de sus ingresos corrientes para la
adquisición y mantenimiento de predios destinados a la conservación de los
recursos hídricos.

2.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales en sentencia
del 13 de septiembre de 2024, declaró responsable al municipio de Manizales y al
departamento de Caldas por incumplimiento parcial de la obligación legal del
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, que implicaba destinar el 1% anual de los ingresos
para la conservación de recursos hídricos. En consecuencia, impartió órdenes para
asegurar la apropiación de los valores faltantes y exoneró de responsabilidad a
Corpocaldas. En contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de
apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia del 24 de marzo del 2026
revocó la decisión del a quo, y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda, ante la ausencia del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144
del CPACA. Además, determinó que no se probó una amenaza real y actual a los
derechos colectivos.

2.4. Las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez
que el juez de primera instancia carecía de competencia para conocer del asunto,
debido a que Corpocaldas era una entidad del orden nacional y, por tanto, el
proceso debió ser tramitado en primera instancia por el tribunal.

2.5. Asimismo, «no se aplicó [el] art 37 [de la] ley 472 de 1998, no se demostró los
impedimentos, nunca el […] alcalde m[unici]pal, demostró en derecho ni
técnicamente cumplir ley 99 de 1993, no se puede fallar una acción popular con dos
magistrados, EL MUNICIPIO DE MANIZALES […] NUNCA RESPONDIÓ DERECHO DE
PETICIÓN ALGUNO A [SU] NOMBRE» [sic].

1.2. Pretensiones

3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. SE DECRETE LA NULIDAD DEL FALLO, PUES DEMANDE A CORPOCALDAS
Y LA COMPETENCIA DE 1 INSTANCIA RECAE SOBRE EL TRIBUNAL Y NO SOBRE
UN JUEZ ACTIVO, PUES CORPOCALDAS ES DE CARÁCTER NACIONAL,
NACIONAL…

2.Se ordena demostrar en derecho si parece poco a los juzgadores Constitucionales,
que no se cumpla la ley 99 de 1993 que garantiza agua a los ciudadanos del
mañana…Acaso la falta de agua es de poca monta…
.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

3.Se demuestre día, mes y año en que presente la renuente y moratoria acción para
demostrar la mora y la renuencia judicial, se demuestre en derecho porque se le cambio
el radicado inicial a la renuente acción constitucional y no se conservó el radicado
iniciado para dar seguridad jurídica. Se demuestre, se prueben en derecho los
impedimentos esgrimido por los juzgadores, de todos y cada uno de ellos por separado.

4.Se demuestre en DERECHO POR QUE NO que se cumplió lo que manda art. 37 ley
472 de 1998 Y SI EL ART 37 LEY 472 de 1998, SOLO TIENE EFECTO SIMBÓLICO
PARA ESTOS JUZGADORES.

5.Se ordene a los TUTELADOS, EXPEDIR una certificación y constancia de cada etapa
procesal realzada en 2 instancia, consignando día, mes y año de todas y cada una de
ellas para demostrar la mora y la renuencia judicial.

6.Se demuestre en derecho que para que se ampare una acción popular el actor debe
probar la amenaza O SOLO BASTA QUE EXISTA LA POSIBILIDAD DE AMENAZA O
AGRAVIO PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DE EL AMPARO PEDIDO EN LA
ACCIÓN POPULAR.

7.SE DEMUESTRE QUE LOS TUTELADOS QUE EL MUNICIPIO DE MANIZALES
INVIRTIÓ EL 1% DE LOS RECURSOS NETOS DEL PRESUPUESTO DESDE EL AÑO
1993 HASTA EL AÑO 2025 Y LO CORRIDO DEL AÑO 2026, AÑO POR AÑO EN LA
ADQUISICIÓN Y COMPRA DE PREDIOS PARA GARANTIZAR EL AGUA DEL
MAÑANA A LOS CIUDADANOS

8.SE ORDENE A LOS TUTELADOS-MAGISTRADOS Y ALCALDE DE MANIZALES
CDS-DEMOSTRAR EN DERECHO QUE EL MUNICIPIO DE MANIZALES CDS-
ALCALDE MUNICIPAL-COMPRO PREDIOS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE
AGUA DURANTE LOS AÑOS 1993 AÑO POR AÑO, AL AÑO 2026, EN RELACION AL
1% DEL PRESUPUESTO NETO MUNICIPAL, Y APORTARAN COPIAS DIGITALES DE
TODAS LAS ESCRITURAS; CDP Y RP DE TODOS LOS PREDIOS ADQUIRIDOS
PARA LA CONSERVACION DEL AGUA DESDE EL AÑO 1993 AL AÑO 2026,
DETERMINANDO LAS COMPRAS Y SUS VALORES AÑO POR AÑO, E IGUALMENTE
DEMOSTRANDO LOS DINEROS INVERTIDOS DESDE EL AÑO 1993 A LO CORRIDO
AÑO 2026 Y DEMOSTRARÁN SI LOS DINEROS INVERTIDOS DESDE EL AÑO 1993
A LO CORRIDO AÑO 2026, AÑO TRAS AÑOS, SON LOS DINEROS QUE LA
LEYMANDA PARA GARANTIZAR EL 1% DE INVERSIÓN EN COMPRA DE PREDIOS
PARA GARANTIZAR EL AGUA A LOS CIUDADANOS EL MAÑANA SEGÚN LA LEY 99
DE 1993.

9.SE DETERMINE EN DERECHO SI ES LEGAL, QUE SE DESCONOZCA LO QUE
MANDA ART 37 LEY 472 DE 1998 Y LO QUE ORDENA DICHO ARTICULO SOLO
TENGA EFECTO SIMBÓLICO, MIENTRAS QUE PARA EL ACTOR POPULAR SI SON
OBLIGATORIOS DE CUMPLIMIENTO TODOS LÓS TERMINOS DE LEY… ACASO
ESO ES UN APARENTE ABUSO DE PODER A MI CONTRA Y CONTRA LOS
USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONTRA LOS DERECHOS
COLECTIVOS Y CONTRA LA CIUDADANÍA EN GENERAL…

10. Se determine en derecho que ley permite fallar una acción popular sin respetar art
37 ley 472 de 1998 y si se puede fallar en DERECHO una acción popular solo por dos
magistrados… y sin conjueces de tipo alguno para ser mayoría […]» [sic].

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

1.3. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales2 si bien
allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.

5. El Tribunal Administrativo de Caldas3 solicitó que se declarara improcedente la
petición de amparo al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que
el demandante contó con todos los medios judiciales para la protección de sus
derechos en el proceso ordinario, los cuales fueron tramitados efectivamente, sin
que se haya configurado perjuicio irremediable que habilitara el amparo
constitucional. Máxime, cuando la verdadera intención del demandante fue convertir
el amparo en una tercera instancia.

6. El municipio de Manizales4 pidió que se declarara improcedente la petición de
amparo, o en subsidio, se negara, ante la ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados. Asimismo, consideró que no era la autoridad judicial que
profirió la sentencia objeto de tutela, por lo cual no se le podía atribuir vulneración
alguna, y tampoco se acreditó la configuración de ningún defecto específico que
ameritara la tutela contra providencia judicial.

7. LaCorporación Autónoma Regional de Caldas5 solicitó que se declarara
improcedente la petición de amparo, al no cumplir el requisito de inmediatez.
Además, de forma subsidiaria, pidió que, al no existir ninguna vulneración a los
derechos invocados, se absolviera de todo cargo a la entidad.

8. El departamento de Caldas6 se opuso a las pretensiones del amparo
constitucional, por cuanto no se acreditaron los supuestos fácticos y jurídicos para
concluir que se vulneró el debido proceso, ni tampoco los requisitos generales y
específicos de procedibilidad, específicamente, de la relevancia constitucional e
inmediatez, pues las pretensiones se limitaban a una discrepancia de interpretación
legal.

2 Ver índice de 15 Samai. Actuación denominada «17RECIBEMEMORIAL_01CuadernoPrincipal
(.zip)-zip NroActua15».
3 Ver índice de 14 Samai. Actuación denominada
«13RECIBEPRUEBAS_Memorial_ContestacionT2026025(.pdf)NroActua14».
4 Ver índice de 13 Samai. Actuación denominada «Memorialweb_Respuesta-1Contestaciontute

(.pdf) NroActua13».
5 Ver índice de 146 Samai. Actuación denominada «17_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

CONTESTACIONCORPOCA(.pdf) NroActua 16».
6 Ver índice de 18 Samai. Actuación denominada «21_MemorialWeb_Otro-
4CONTESTACIONACC(.pdf)NroActua18».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

2. Consideraciones

9. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1º del Decreto 333 del 6 de abril
de 20217 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Tribunal Administrativo de Caldas y otros.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado8, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 9. Al
respecto señalo lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»

12. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo10, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

14. Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales13.

16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

17. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si la presente solicitud
de tutela cumple con los requisitos generales de la subsidiariedad y de la debida
motivación de la vulneración alegada?

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004

y C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

13Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva - de la subsidiariedad

18. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

19. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia14, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.1. Motivación de la vulneración alegada

20. La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 consideró que cuando se
presenten solicitudes de tutela contra providencias judiciales, es fundamental que
quien considere vulnerados sus derechos fundamentales por esta razón, manifieste
de manera motivada el porqué de su decir, más exactamente señaló:

«[…] e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí
es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del
proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos. […]».

Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121
14

de 2003.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

15
21. Posición reiterada a través de sentencia SU-215/2022 :
«[…] 38. En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental. En ese sentido, no basta con la sola referencia a la afectación de las
garantías superiores […].

39. Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se
haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una
instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son tribunales de
cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de jurisprudencia como forma de
precisar con autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las
diferentes áreas del ordenamiento jurídico”. […]».

22. Como se observa, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en sostener
que el juez de tutela solamente puede analizar casos que tengan una exposición de
argumentos suficientes que permitan evidenciar que la providencia judicial
cuestionada afectó de manera grave un derecho fundamental, no simplemente
manifestar el mero descuerdo.

23. Tales afirmaciones encuentran sustento en el entendido de que la omisión de
estos requisitos generaría que el juez de tutela se pronuncie sobre asuntos que han
sido asignados a autoridades judiciales específicas, por lo que podrían incurrir en
un desbordamiento de sus competencias.

2.5. Sobre el caso concreto

24. Javier Elías Arias Idárraga acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 24 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante
la cual revocó la decisión del a quo, y en su lugar, negó las pretensiones del medio
de control de protección de derechos e intereses colectivos en cuestión.

25. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas en
el referido medio de control según consta en Samai16 y el expediente digital allegado
por la autoridad judicial demandada17, así:

25.1. En ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos presentó demanda en contra del municipio de Manizales, el

15 MP. Natalia Ángel Cabo.
16 Ver el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el
radicado 170001-33-39-005-2024-00122-01.
17 Ver índice 14 de Samai. Actuación denominada «12RECIBEPRUEBAS_Memorial_Anexoszip(.zip)

NroActua 14».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

departamento de Caldas y Corpocaldas, con la finalidad de que se ampararan los
derechos colectivos a la moralidad administrativa y al ambiente sano, los cuales
consideró vulnerados por el presunto incumplimiento de la obligación legal
establecida en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y en consecuencia, se ordenara
a las entidades demandadas la inversión del 1% de sus ingresos corrientes para la
adquisición y mantenimiento de predios destinados a la conservación de los
recursos hídricos.

25.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en providencia del 11 de
abril de 202418 resolvió:

25.3. El
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales en
providencia del 10 de mayo de 202419 precisó:

18 Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado

17001-23-33-000-2017-00862-01 (70.999).
19 Bajo el radicado 17001-33-39-005-2024-00122-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

25.4. ElJuzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales en
sentencia del 13 de septiembre de 2024, declaró responsable al municipio de
Manizales y al departamento de Caldas por incumplimiento parcial de la obligación
legal del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, que implicaba destinar el 1% anual de
los ingresos para la conservación de recursos hídricos. En consecuencia, impartió
órdenes para asegurar la apropiación de los valores faltantes y exonero de
responsabilidad a Corpocaldas.

25.5. El Tribunal Administrativo de Caldas, en providencia del 24 de marzo de 2026,
revocó la decisión del a quo, en los siguientes términos:

«[…] El tribunal Administrativo de Caldas sostendrá como conclusión principal, que en el
presente caso no se acreditó debidamente el agotamiento del requisito de procedibilidad
previsto en el artículo 144 del CPACA, pues los correos allegados al expediente
constituyen, en esencia, solicitudes de información y acopio documental para sustentar
una eventual demanda, mas no reclamaciones previas orientadas a obtener la adopción
de medidas concretas de protección del derecho o interés colectivo; tampoco se
demostró un perjuicio irremediable que habilitara prescindir de dicho presupuesto.

(…) que aun si tuviera por superado el presupuesto procesal, no se configuran en los
términos exigidos por la jurisprudencia los supuestos necesarios para el amparo de los
derechos colectivos invocados ni para mantener las órdenes impartidas en la sentencia
de primera instancia…]» [sic].

26. Respecto al asunto a decidir, recuerda la Sala la jurisprudencia constitucional20
relacionada a la subsidiariedad, al respecto ha dicho que:

«[…] en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela no puede ser utilizada
para revivir oportunidades procesales vencidas. Las etapas, incidentes y recursos -
ordinarios y extraordinarios- que conforman un proceso “son el primer espacio de
protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo que
tiene que ver con las garantías del debido proceso”. Por tanto, “no es admisible que el
afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha
solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el
ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir
durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle…]» [sic].

27. En el asunto bajo examen, la Sala advierte que se acude a la solicitud de tutela
para cuestionar decisiones adoptadas dentro del proceso ordinario, que se surtió
con observancia de las garantías propias del debido proceso y con la existencia de
mecanismos ordinarios idóneos para controvertir las actuaciones que hoy se
reprochan. En efecto, la Sala encuentra acreditado que, dentro del medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos, existieron oportunidades para
ejercer los derechos de defensa y contradicción, así como para plantear las

20 Corte Constitucional. Sentencia T-481 de 2024. Expediente: T-10.324.217 del 15 de noviembre

del 2024. MP: Paola Andrea Meneses Mosquera.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

inconformidades frente al trámite y las decisiones adoptadas por el juez natural del
asunto.

28. Pese a esto, no se formularon los cuestionamientos oportunos frente a aspectos
que, ahora, se introducen en sede de tutela, tales como los relacionados con la
presunta falta de competencia del juez de primera instancia. Esto indica que, el
proceso avanzó hasta su culminación sin el uso de los instrumentos procesales
previstos para cuestionar dichas situaciones.

29. En este orden de ideas, se considera que las inconformidades planteadas por la
parte demandante debieron resolverse ante el juez natural del asunto desde el
momento en que fueron advertidas. Lo anterior, porque conocía la providencia del
Consejo de Estado21 mediante la cual se dispuso la remisión del proceso a los
juzgados; sin embargo, nunca recurrió22 ninguna decisión contra dicha
determinación ni formuló objeción posterior sobre ese aspecto. Además, tal
circunstancia no fue acreditada dentro del expediente, pues no existe manifestación
alguna al respecto. Por el contrario, la autoridad judicial demandada confirmó en su
informe que la parte interesada nunca intervino en el medio de control para
cuestionar esa situación.

30. Por otra parte, frente a los demás argumentos del demandante, la Sala encuentra
que la solicitud de tutela presentada por Javier Elías Arias Idárraga no cumple con
el requisito de motivación suficiente de la vulneración alegada, toda vez que el
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, identificado con
el radicado 17001-33-39-005-2024-00122-01 finalizó con la providencia proferida el
24 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Caldas, cuyo contenido
resulta ajeno a los cargos de la tutela, pues la misma se sustentó en la falta de
cumplimiento del requisito de procedibilidad del artículo 144 del CPACA, al
determinar que las actuaciones previas no correspondían a reclamaciones formales
dirigidas a las entidades demandadas ordinariamente, sino a simples solicitudes de
información que no constituyen un requerimiento previo.

31. Lo anterior, debido a que el demandante expuso múltiples situaciones de carácter
fáctico relacionadas con la falta de respuesta a derechos de petición, mora y
renuncia judicial, falta de competencia, modificaciones de radicado, omisión en la
manifestación de impedimentos, incumplimiento normativo y ausencia de
conjueces, de las cuales no se evidencia cuál es la relación entre unas y otras; sin

21 En auto del 11 de abril de 2024, declaró la nulidad de la sentencia proferida el 1 de septiembre de

2023 por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, al advertir una falta de
competencia funcional.
22 Ley 1437 de 2011. Artículo 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los

autos, salvo norma legal en contrario. en cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto
en el código general del proceso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

que sea posible establecer un orden lógico y racional de su dicho, que permita
realizar un estudio respecto de la vulneración alegada.

32. Así, para la Sala es relevante señalar que la falta de argumentación de la
vulneración alegada y la ausencia de pruebas que permita evidenciarla impide emitir
una decisión de fondo.

33. Se recuerda que, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el
fondo del asunto planteado, es necesario que supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad y la ausencia de una carga
argumentativa suficiente, al no existir congruencia entre lo resuelto por la autoridad
judicial demandada (negar la demanda por falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad previsto en el artículo 144 del CPACA) y los fundamentos del amparo.

3. Conclusión

34. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar los
requisitos de la subsidiariedad y de motivación de la vulneración alegada, la solicitud
de amparo presentada por Javier Elías Arias Idárraga contra el Tribunal
Administrativo de Caldas y el municipio de Manizales.

35. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.

FALLA:

Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Javier Elías
Arias Idárraga en contra del Tribunal Administrativo de Caldas y el municipio de
Manizales.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02533-00
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CJE/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.