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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06623-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06623-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-06623-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

15 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06623-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE HENRY INFANTE GRAVIEL.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. EN EL PRESENTE CASO EL
ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA MÍNIMA PARA
IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA, ASÍ COMO
TAMPOCO SE ADVIRTIÓ NINGUNA JUSTIFICACIÓN PARA SU OMISIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y A
LA SEGURIDAD SOCIAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 30 de noviembre de 2023, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

denegó las pretensiones de la solicitud de amparo de la referencia.

1
En adelante la Sección Segunda

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06623-01
Actor: JORGE HENRY INFANTE GRAVIEL

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JORGE HENRY INFANTE GAVRIEL, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social

y de los principios de dignidad humana, favorabilidad, buena fe,

confianza legitima, seguridad jurídica y legalidad, los cuales, estima

vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

MAGDALENA2 al proferir la providencia de 7 de junio de 2023,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 47001-33-33-004-

2020-00019-01.

I.2.- Hechos

Relató que el 17 de enero de 2007, solicitó ante CAJANAL el

reconocimiento de su pensión de vejez, la cual le fue reconocida a

través de la Resolución UGM-023886 de 4 de enero de 2012, a partir

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En adelante el Tribunal

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Actor: JORGE HENRY INFANTE GRAVIEL

del 14 de enero de 2007, teniendo en cuenta únicamente su

asignación salarial.

Expuso que contra dicha decisión presentó recurso de reposición, que

fue resuelto por la UGPP mediante la Resolución 13873 de 30 de

octubre de 2012, ordenando la reliquidación de su pensión,

incluyendo en el ingreso base de liquidación el factor salarial de la

bonificación por servicios.

Alegó que dicho acto administrativo fue modificado por la UGPP

mediante la Resolución núm. RDP-021392 de 28 de diciembre de

2012, en sede de recurso de reposición, en el sentido de no declarar

prescrita diferencia salarial alguna, decisión que fue confirmada en

su integridad a través de la Resolución núm. RDP 020818 de 7 de

mayo de 2013.

Adujo que el 24 de abril de 2019, pidió nuevamente la reliquidación

de su pensión, el pago de intereses moratorios y la aplicación de la

SU-023 de 28 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de Estado,

solicitud que fue denegada mediante la Resolución 23808 de 8 de

agosto de 2019 y confirmada en su integridad a través de las

resoluciones RDP-026073 de 30 de agosto de 2019 y RDP-030668

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de 15 de octubre de 2019.

Manifestó que, inconforme con lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, la cual fue identificada con el número único de radicación

2020-00019-01 y asignada por reparto al JUZGADO CUARTO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE SANTA

MARTA3 que, mediante sentencia de 10 de junio de 2022, accedió a

las pretensiones y ordenó reliquidar su pensión con la inclusión de

las vacaciones y la prima de vacaciones.

Afirmó que la parte demandada interpuso recurso de apelación, el

cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, a través de providencia de

7 de junio de 2023, revocó la sentencia primer grado y, en su lugar,

denegó las pretensiones de la demanda.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

El actor afirmó que sus derechos fundamentales fueron vulnerados

por la autoridad judicial accionada, toda vez que la decisión

controvertida incurrió en defecto fáctico, en la medida en que no

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En adelante el Juzgado

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fueron tenidos en cuenta los medios de prueba obrantes en el

expediente.

Señaló que el TRIBUNAL también incurrió en defecto material o

sustantivo, pues no tuvo en cuenta las normas aplicables al asunto,

optando por una interpretación que contraría los postulados mínimos

de la razonabilidad jurídica.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior la parte actora pretende lo

siguiente:

“[…] PRIMERO: Conforme a los argumentos y sustentos legales
aquí expuestos, y en aras de proteger los derechos
constitucionales fundamentales amenazados y/o vulnerados,
respetuosamente solicito TUTELARME los derechos a la
IGUALDAD, FAVORABILIDAD, DEBIDO PROCESO, A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DIGINIDAD HUMANA, A LA
FAVORABILIDAD, consagrados en la Constitución Política de
Colombia. así como también a los PRINCIPIOS DE BUENA FE,
CONFIANZA LEGÍTIMA Y SEGURIDAD JURIDICA Y LEGALIDAD.
SEGUNDO: Comprobado que están los elementos axiológicos
para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito
REVOCAR y/o DEJAR SIN EFECTOS la SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA DE FECHA SIETE (07) DE JUNIO DE 2023 proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MGDALENA –Magistrado
Ponente DR. ADONAY FERRARI PINILLA, conforme los
argumentos de orden legal presentados con la tutela y la
jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado sobre la
materia, en particular la Sentencia de Unificación del 28 de
agosto de 2018, teniendo en cuenta que probé con la entrega

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de los respectivos certificados entregados por el Instituto
Nacional de Pesca y Acuicultura –INPA-, que SI hice aportes
correspondientes a los factores Vacaciones y Prima de
vacaciones , y el Tribunal a pesar de reconocer la existencia de
estos certificados laborales, no puede establecerlos como una
mera presunción, ya que éstos certificados emanados de un
organismo del Estado, gozan de credibilidad y total veracidad.
Las sentencias de unificación son de obligatorio acatamiento por
mandato expreso de la ley (arts. 102 y 256, s.s. y concordantes
del CPACA).
TERCERO: Tener en cuenta la fuerza vinculante y obligatoriedad
de las sentencias de las altas cortes Sentencia T-109 de 2019
“En consecuencia, la Corte disipó cualquier duda sobre el deber
de aplicar el precedente que ha fijado sobre la liquidación de
pensiones de beneficiarios del régimen de transición, pues la
aplicación de normas anteriores a la Ley 100 de 1993 causa
desigualdades e implica una carga desproporcionada para el
sistema pensional como precedentes judiciales, deber que se
maximiza en presencia de las decisiones de la Corte
Constitucional.”. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que lo pretendido por el actor con la

presente solicitud de amparo constitucional es que se efectúe un

nuevo análisis del proceso adelantado bajo el medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho.

Afirmó que, en el presente asunto, no se estructuran las causales

genéricas de procedibilidad de la acción de tutela, toda vez que no

se advierte la configuración de la trasgresión alegada por el

tutelante, por lo que solicitó declarar improcedente el amparo.

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I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La UGPP solicitó declarar improcedente la presente solicitud

de amparo, teniendo en cuenta que la decisión cuestionada se

encuentra ajustada al ordenamiento legal que regula el tema de la

reliquidación de pensión de vejez, en el que se acoge la postura

establecida en los precedentes jurisprudenciales de la Corte

Constitucional y el Consejo de Estado.

Afirmó que la parte actora pretende hacer uso de la acción de tutela

como una tercera instancia, con el propósito de revisar las decisiones

adoptadas por el juez natural de la causa, pese a que ya se agotó el

procedimiento establecido en la Ley para tal efecto.

Aseveró que no existe vulneración al debido proceso del actor, toda

vez que el proceso ordinario culminó con el fallo cuestionado, en el

que se le garantizaron a las partes sus derechos de contradicción y

defensa, lo cual evidenciaba que el objeto de inconformidad era la

decisión adversa a sus intereses, sin embargo, ello no podía ser

catalogado como una conducta violatoria de derecho fundamental

alguno.

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Mencionó que en el presente asunto existe cosa juzgada, que estaba

siendo desconocida por el actor, desconociendo que en la providencia

cuestionada ya se discutió ampliamente todo lo relacionado con la

reliquidación de su pensión y que dicho debate culminó con la

negativa de lo pretendido por no tener derecho a ello.

Agregó que, teniendo en cuenta que la decisión enjuiciada puede ser

recurrida a través del recurso extraordinario de revisión, tampoco se

cumplía con el requisito general de la subsidiariedad.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 30 de noviembre de 2023, la SECCIÓN

SEGUNDA de esta Corporación denegó las pretensiones de la

solicitud de amparo de la referencia.

Para tal efecto, destacó que la autoridad judicial accionada no

incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, pues la decisión de

revocar la providencia de primera instancia estuvo soportada en un

estudio razonable de los hechos y las pruebas obrantes en el

expediente, lo que le permitió concluir que en el último acto

administrativo expedido por la UGPP se tuvo en cuenta la asignación

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básica y la bonificación por servicios prestados, lo cual se encontraba

ajustado al ordenamiento jurídico por tener en cuenta los factores

salariales señalados en el Decreto 1158 de 1993, a los que tenía

derecho el actor, por hacer parte del régimen de transición previsto

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Afirmó que tampoco se había incurrido en defecto sustantivo, toda

vez que el alcance que se le dio a la norma aplicable, en el ejercicio

de la labor judicial, resultaba ser razonable y ajustada a las normas

y a la jurisprudencia vigente.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia,

no obstante, no expuso ningún argumento tendiente a controvertirla.

Para el efecto señaló lo siguiente:

“[…] mediante el presente memorial concurro ante usted,
encontrándome dentro de la oportunidad legal, con el fin de
IMPUGNAR el FALLO DE TUTELA proferido el día treinta (30)
de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023) por su digno despacho
judicial; impugnación que sustentaré con la argumentación
debida, precisa y técnica, ante el juez de segunda instancia.

En este orden de ideas, no sobra recordarle con sumo respeto
que el derecho a impugnar el fallo de tutela reconocido en la

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Constitución y en la ley, no exige como si lo ha venido reiterando
la Honorable Corte Constitucional que quien impugne deba
exponer las razones o motivos de inconformidad con el fallo de
primera instancia “cuando la impugnación se condiciona a la
satisfacción de este requisito, ajeno a la naturaleza y a las
finalidades de la acción de tutela, se quebranta el debido proceso
y, adicionalmente, se desconoce el derecho fundamental a a
acceder a la administración de justicia”. (Auto 010/96.
MAGISTRADO Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa) […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

Caso concreto

En el presente caso, la Sala advierte que la acción de tutela de la

referencia fue promovida por el actor con el fin de obtener el amparo

de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la

seguridad social y de los principios de dignidad humana,

favorabilidad, buena fe, confianza legitima, seguridad jurídica y

legalidad, los cuales, estima vulnerados por el TRIBUNAL al proferir

la providencia de 7 de junio de 2023, dentro del proceso de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 47001-33-33-004-2020-00019-01.

La acción de tutela fue conocida en primera instancia por la SECCIÓN

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SEGUNDA de esta Corporación que, mediante sentencia de 30 de

noviembre de 2023, denegó las pretensiones de la solicitud de

amparo de la referencia, al encontrar que la providencia enjuiciada

se encontraba ajustada a derecho.

El actor presentó escrito en el que señaló que impugnaba la decisión

proferida por el a quo, sin plantear ningún argumento, ni efectuar

reproche alguno contra la sentencia de 30 de noviembre de 2023,

dictada por la SECCIÓN SEGUNDA.

Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,

esta Sala4, ha precisado lo siguiente:

“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir en
las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela:

40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de
tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga
argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad de
sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el
impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente
en los términos del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que
se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad quem,
el deber constitucional de resolver el fondo del asunto; i)
analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez
constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.

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obrante en el expediente.

40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra providencias judiciales, la parte que impugne
la sentencia de tutela proferida en primera instancia
precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que
fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo
que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga
argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar
las medidas necesarias, para garantizar la protección de
sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia[…]”.

En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20205, la

Sala señaló:

“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.

Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los derechos
fundamentales que la parte actora manifiesta vulnerados, con los

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, número único de radicación 11001-03-15-
000-2019-04314-01.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-06623-01
Actor: JORGE HENRY INFANTE GRAVIEL

principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía
judicial, los cuales se verían desproporcionadamente afectados si
se utiliza la acción de tutela como una tercera instancia judicial y
no como un mecanismo residual y subsidiario.

Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia (artículo
3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los derechos
protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la informalidad en
la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem), dicha situación no
exonera al recurrente de explicar las razones que motivan
su disentimiento con la decisión judicial recurrida.

En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía de
los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.

Así las cosas, comoquiera que el actor no argumentó los motivos de

su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia,

la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio del

fondo del asunto, habida consideración que, por un lado, el escrito

de impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que

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Actor: JORGE HENRY INFANTE GRAVIEL

diera cuenta de los reparos respecto de la decisión adoptada; y, por

el otro, no se advirtió ninguna razón válida que justifique tal

desatención, motivo por el cual no se encuentran los elementos

necesarios para revisar si la providencia objeto de controversia en el

caso sub examine está ajustada a derecho.

Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 28

de abril de 20226, 30 de septiembre de 20217 y 25 de agosto de

20238, se pronunció en el mismo sentido.

Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera

instancia que denegó las pretensiones de la solicitud de amparo de

la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril
de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-11380-
01
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
01090-01
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-02222-
01

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Actor: JORGE HENRY INFANTE GRAVIEL

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de febrero de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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