Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00047-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00047-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00047-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00047-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARLENE ISABEL MATUTE MARRIAGA Y OTROS.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. EN EL PRESENTE CASO EL
ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA MÍNIMA PARA
IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA, ASÍ COMO
TAMPOCO SE ADVIRTIÓ NINGUNA JUSTIFICACIÓN PARA SU OMISIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra
la sentencia de 28 de febrero de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
I. – ANTECEDENTES
1
En adelante la Sección Tercera
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00047-01
Actora: MARLENE ISABEL MATUTE MARRIAGA Y OTROS.
I.1.- La solicitud
Las señoras MARLENE ISABEL y ALISON NAKE MATUTE
MARRIAGA, NAZLY MABEL MÁRMOL SALCEDO y ZULEIMI
MARÍA BALCEIRO MATUTE, actuando a través de apoderada
judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales, estiman vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA2 al proferir la providencia de
19 de junio de 2024, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 05001-33-33-
001-2016-00394-01.
I.2.- Hechos
Relataron que el 28 de marzo del 2014, el señor JOSÉ MANUEL
BALCEIRO MATUTE fue incorporado al Batallón de Ingenieros núm.
17 “General Carlos Bejarano Muñoz” del EJÉRCITO NACIONAL, en
calidad de soldado regular, con el propósito de cumplir con su
obligación de prestar el servicio militar obligatorio.
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En adelante el Tribunal
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Actora: MARLENE ISABEL MATUTE MARRIAGA Y OTROS.
Narraron que, en desarrollo de sus funciones como centinela, el
soldado resultó lesionado con un arma de dotación oficial, lesión que
comprometió su pie derecho a la altura del empeine.
Expusieron que el comandante de la Unidad dejó constancia en el
informe respectivo que las lesiones sufridas por el soldado regular se
produjeron en ejercicio del servicio y con ocasión del mismo.
Manifestaron que, inconformes con lo anterior, promovieron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, la
cual fue identificada con el número único de radicación 2016-00394-
00 y asignada por reparto al JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN3
que, mediante sentencia de 15 de marzo de 2017, accedió
parcialmente a las pretensiones y, en consecuencia, declaró a la
NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL
patrimonial y administrativamente responsable por los perjuicios
causados con ocasión de las lesiones sufridas por el señor BALCEIRO
MATUTE.
Afirmaron que interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto
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En adelante el Juzgado
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Actora: MARLENE ISABEL MATUTE MARRIAGA Y OTROS.
por el TRIBUNAL que, a través de providencia de 19 de junio de
2024, revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, denegó las
pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que el daño
antijurídico se configuró por la culpa exclusiva y determinante de la
víctima.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
La parte actora afirmó que sus derechos fundamentales fueron
vulnerados por la autoridad judicial accionada, toda vez que la
decisión controvertida incurrió en defecto fáctico, en la medida en
que no fueron tenidos en cuenta los medios de prueba obrantes en
el expediente, particularmente, el informe que da cuenta de las
lesiones sufridas por el señor BALCEIRO MATUTE.
Alegaron que las lesiones fueron consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones derivadas del servicio militar obligatorio impuesto al
conscripto, quien ingresó en buenas condiciones de salud y que los
hechos se originaron cuando, al escuchar un sonido similar al
mecanismo de carga de un arma de fuego, procedió a cargar su arma
de dotación y, por un error en la manipulación, se produjo
accidentalmente una herida a sí mismo.
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Señalaron que el TRIBUNAL también incurrió en desconocimiento
del precedente jurisprudencial, pues no tuvo en cuenta la línea
jurisprudencial referente a la responsabilidad estatal por los daños
que sufran los conscriptos durante el tiempo de la prestación del
servicio militar obligatorio. En particular, resaltaron que la
jurisprudencia ha establecido que el vínculo jurídico derivado del
servicio militar configura una relación de especial sujeción entre el
conscripto y el Estado, circunstancia que genera a cargo de este
último la responsabilidad por los perjuicios que llegaren a padecer
los soldados en desarrollo o con ocasión de dicha prestación.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior la parte actora pretende lo
siguiente:
“[…] PRIMERA. Se sirva declarar que la Sala Sexta del Tribunal
Contencioso Administrativo de Antioquia, al revocar la sentencia
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Medellín,
dentro del caso objeto de estudio, está conculcando los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Respeto del Precedente
Jurisprudencial de mis poderdantes.
SEGUNDA. Como consecuencia de la anterior declaración se
decrete la nulidad del fallo proferido por la Sala Quinta del
honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia,
radicación No. 05 837 33 33 001 2015 00855 00 (sic); y se
ordene se emita otro con el respeto de las garantías aquí
vulneradas. […]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo de la referencia.
Sostuvo que la solicitud resulta improcedente por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional, toda vez que se pretende
utilizar el mecanismo de amparo como una instancia adicional para
reabrir el debate jurídico que ya fue resuelto en sede ordinaria.
Argumentó que la providencia cuestionada se basó en la valoración
de las pruebas obrantes en el expediente, en la aplicación de las
normas pertinentes y en la interpretación conforme al precedente
jurisprudencial vigente.
Enfatizó que la acción de tutela contra providencias judiciales reviste
un carácter excepcional, restringido y extraordinario, procedente
únicamente en aquellos casos en los que se evidencie un ejercicio
arbitrario, caprichoso o manifiestamente irrazonable de la función
jurisdiccional, lo cual, no se vislumbraba en el presente asunto.
I.6.- Intervinientes
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I.6.1.- La NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO
NACIONAL solicitó declarar improcedente la presente solicitud de
amparo, teniendo en cuenta que la decisión cuestionada se encuentra
ajustada al ordenamiento legal que regula el tema y a una revisión
integral de las piezas probatorias que acompañaban la controversia
cuyo objeto y discusión pretende reabrirse a través de un mecanismo
que no le es inherente como lo es la acción de tutela.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 28 de febrero de 2025, la SECCIÓN
TERCERA de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de
amparo de la referencia.
Para tal efecto, destacó que los argumentos expuestos por las
accionantes no demuestran la existencia de una vulneración o
amenaza de derechos fundamentales, sino que están orientados a
reabrir el debate ya resuelto por el juez natural del proceso,
limitándose a manifestar discrepancias respecto de la valoración
probatoria y las conclusiones alcanzadas en sede ordinaria y que
dichas cuestiones, además, fueron objeto de análisis y decisión
dentro del trámite procesal correspondiente.
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Afirmó que al examinar los fundamentos jurídicos que sustentaron la
decisión cuestionada, se advirtió que los mismos derivan de una
interpretación razonable de las pruebas obrantes en el expediente y
del marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto.
Sostuvo que no existía evidencia de un actuar caprichoso, arbitrario
o irrazonable por parte de la autoridad judicial accionada, por lo cual
resultaba improcedente que el juez de tutela revisara o revaluara la
interpretación jurídica o el alcance probatorio definido por el juez
natural, dado que la acción de tutela no constituye una instancia
adicional ni un mecanismo para controvertir decisiones judiciales
amparadas en el principio de autonomía e independencia judicial,
razón por la que la solicitud de amparo no satisfacía el requisito
general de la relevancia constitucional.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia,
no obstante, no expuso ningún argumento tendiente a controvertirla.
Para el efecto señaló lo siguiente:
“[…] NUBIA CASTILLO RODRIGUEZ, de notas civiles
conocidas dentro de la presente actuación, como apoderada de
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la parte accionante, por medio del presente escrito me permito
impugnar el fallo de tutela de la referencia […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
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tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
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las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
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Actora: MARLENE ISABEL MATUTE MARRIAGA Y OTROS.
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
Caso concreto
En el presente caso, la Sala advierte que la acción de tutela de la
referencia fue promovida por la parte actora con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, los cuales, estima vulnerados por el
TRIBUNAL al proferir la providencia de 19 de junio de 2024, dentro
del proceso de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2016-00394-01.
La acción de tutela fue conocida en primera instancia por la SECCIÓN
TERCERA de esta Corporación que, mediante sentencia de 28 de
febrero de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo de la
referencia, al encontrar que la providencia enjuiciada se encontraba
ajustada a derecho.
La parte actora presentó escrito en el que señaló que impugnaba la
decisión proferida por el a quo, sin plantear ningún argumento, ni
efectuar reproche alguno contra la sentencia de 28 de febrero de
2025, dictada por la SECCIÓN TERCERA.
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Actora: MARLENE ISABEL MATUTE MARRIAGA Y OTROS.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación, la
Sala4, ha precisado lo siguiente:
“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir en
las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de
tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga
argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad de
sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el
impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente
en los términos del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que
se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad quem,
el deber constitucional de resolver el fondo del asunto; i)
analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez
constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio
obrante en el expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra providencias judiciales, la parte que impugne
la sentencia de tutela proferida en primera instancia
precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que
fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo
que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga
argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar
las medidas necesarias, para garantizar la protección de
sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia[…]”.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00047-01
Actora: MARLENE ISABEL MATUTE MARRIAGA Y OTROS.
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20205, la
Sala señaló:
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los derechos
fundamentales que la parte actora manifiesta vulnerados, con los
principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía
judicial, los cuales se verían desproporcionadamente afectados si
se utiliza la acción de tutela como una tercera instancia judicial y
no como un mecanismo residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia (artículo
3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los derechos
protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la informalidad en
la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem), dicha situación no
exonera al recurrente de explicar las razones que motivan
su disentimiento con la decisión judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, número único de radicación 11001-03-15-
000-2019-04314-01.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00047-01
Actora: MARLENE ISABEL MATUTE MARRIAGA Y OTROS.
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía de
los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
Así las cosas, comoquiera que la parte actora no argumentó los
motivos de su inconformidad frente a la sentencia proferida en
primera instancia, la Sala encuentra que no resulta procedente
efectuar un estudio del fondo del asunto, habida consideración que,
por un lado, el escrito de impugnación no cumplió con la carga
argumentativa mínima que diera cuenta de los reparos respecto de
la decisión adoptada; y, por el otro, no se advirtió ninguna razón
válida que justifique tal desatención, motivo por el cual no se
encuentran los elementos necesarios para revisar si la providencia
objeto de controversia en el caso sub examine está ajustada a
derecho.
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Actora: MARLENE ISABEL MATUTE MARRIAGA Y OTROS.
Por último, es pertinente señalar que la Sala en sentencias de 28 de
abril de 20226, 30 de septiembre de 20217, 25 de agosto de 20238 y
15 de febrero de 20249, se pronunció en el mismo sentido.
Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente el amparo solicitado, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril
de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-11380-
01
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
01090-01
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto
de 2023, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-02222-
01
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de febrero
de 2025, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-06623-
01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00047-01
Actora: MARLENE ISABEL MATUTE MARRIAGA Y OTROS.
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de junio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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