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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00149-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2026-00149-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2026-00149-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 66001-23-33-000-2026-00149-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: ÓSCAR FERNANDO QUINTERO MESA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. EN EL PRESENTE CASO EL ACTOR
NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA MÍNIMA PARA IMPUGNAR LA
DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA, ASÍ COMO TAMPOCO SE
ADVIRTIÓ NINGUNA JUSTIFICANTE PARA SU OMISIÓN.

DERECHO FUNDAMENTAL: IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 30 de junio de 2026, mediante la cual la SALA

PRIMERA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

RISARALDA1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor ÓSCAR FERNANDO QUINTERO MESA actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

1
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 66001-23-33-000-2026-00149-01
Actor: OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental a la igualdad, el cual estima vulnerado por el

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, el DISTRITO ESPECIAL DE

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, el

INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), la

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y los JUZGADOS SEGUNDO

DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE

PEREIRA y TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE MEDELLÍN2, al haber incurrido esta última autoridad

judicial en presuntas irregularidades y dictar las providencias de 14

y 17 de mayo de 2024, dentro de la acción constitucional identificada

con el número único de radicación 2024-00237-003, que instauró

contra el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA,

y frente a múltiples decisiones judiciales que no identificó

plenamente.

I.2.- Hechos

Pese a que el actor no fue claro, del escrito de tutela se extraen los

siguientes hechos:

2
En adelante JUZGADO.
3
Según se puede desprender de los reparos y actuaciones reprochadas por el actor frente al titular de
dicho despacho judicial.

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3

Número único de radicación: 66001-23-33-000-2026-00149-01
Actor: OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA

Indicó que denunció a la titular del JUZGADO CUARTO CIVIL DEL

CIRCUITO DE PEREIRA por prevaricato, al haber transgredido su

derecho a la igualdad dentro de los expedientes identificados con los

números únicos de radicación 2021-00256-00 y 2021-00208-00, por

no haber sido nombrado en el cargo de rector de la UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA DE PEREIRA y haber favorecido al parecer a las

señoras ANA LUCÍA CARDONA COLORADO y TATIANA SALAZAR

MARÍN.

Manifestó que, por los mismos hechos y contra dicho despacho

judicial, instauró acción de tutela, la cual le correspondió por reparto

al JUZGADO que, mediante providencias de 14 y 17 de mayo de

2024, la inadmitió y remitió por competencia parte de sus

pretensiones, respectivamente.

Aseguró que tales actuaciones incurrieron, entre otros, en fraude

procesal y desconocieron los criterios aplicables para la convalidación

de títulos educativos.

I.3.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental invocado como

vulnerado y, en consecuencia:

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Número único de radicación: 66001-23-33-000-2026-00149-01
Actor: OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA

“[…] 1) Ordenar declarar la nulidad total de la Sentencia dada por
el juez Néstor Jairo Betancourth Hincapié, juez Juan Pablo Apráez
y en impugnación del Tribunal Superior de Pereira y de la juez del
juzgado Cuarto Civil del Circuito Magda Lorena Ceballos y como
Consecuencia tutelar de manera definitiva mis derechos, a la
convalidación y homologación, de los estudios de Especialización,
Maestría, Doctorado y posdoctorado por parte de la Escuela de
Ingeniería de Antioquia y ordenarla a consignar los 800.000.000
(ochocientos millones de pesos de la beca, los intereses moratorios
desde que ingresé el 03 de Agosto de 2020 y la indexación de los
valores a tiempo presente y entregar en ceremonia de grado los
títulos de especialista, Magister, Doctor y posdoctor y pagar los
dineros de las respectivas becas y pagar los salarios del cargo que
le tenían que dar de rector en la Escuela de Ingeniería de Antioquia,
por el despido que le tenían que hacer al Rector por robarse los
800.000.000 (ochocientos millones de pesos de la beca de estudios
de doctorado, en complicidad con Adriana Quinchía, consejo
académico, Luis Hernando Castellanos, los abogados de la
institución y los representantes estudiantiles de la misma
institución

2. ORDENAR DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia
inconstitucional, flagrante, sesgada y con falta de imparcialidad y
que su dada por el juez demandado, juez Juan Pablo Apráez que
no vinculó a JAIRO HUGO BURITICÁ TRUJILLO, del JUZGADO
PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE MANIZALES (CALDAS) y del juez Ricardo León Contreras Giraldo
y Restablecer mis derecho, porque su IMPROCEDENCIA, es
producto de que no sabe trabajar, es un juez incompetente, porque
la improcedencia es infundada y la sentencia carece de motivación,
porque mezcla un caso de tránsito con un caso de amparo de
derechos al estudio y un caso laboral, qué clase de juez es ese, se
debe demostrar que no fue contratado a dedo. […]

ORDENAR LA NULIDAD DE: 16.1) El juez Juan Pablo Apráez, y la
juez MARÍA DORIS MOLINA TORRES, juez del juzgado 13 Penal
Municipal de Cali, con radicado: 2021-00019, entidad demandada
Secretaría de Educación de Santiago de Cali y la IE TECONOLÓGICA
AUTÓNOMA DEL PACÍFICO, quien admitió la tutela el 30 de julio de
2021 y dio una falsa sentencia, no ordenó el reintegro a un cargo
superior y el pago de la indemnización de los 180 días de trabajo y
la indemnización por el despido inexistente e ilegal y que se
impugnó y en la impugnación confirmaron el fraude judicial Que no

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Actor: OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA

vincularon los jueces juan pablo Apráez y el juez Ricardo León
Contreras Giraldo

16.2) el juez Juan Pablo Apráez y el juez del juzgado Primero
Municipal del Valle del Cauca, con radicado: 2021-00125 del 30 de
julio de 2021, siendo el demandado la Universidad Antonio Nariño,
el juez de primera instancia niega el pago de la pensión y el
reintegro a un cargo superior, cometiendo el delito de prevaricato
por acción al desconocer los precedentes jurisprudenciales
verticales de la SL-711 de 2021 y de la SL SL1052-2025 y de las
de Consejo de estado […]”. (Sic en toda la cita).

I.4. Defensa

I.4.1.- La parte demanda guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL mediante sentencia de 30 de junio de 2026, declaró

improcedente el amparo al encontrar configurada la temeridad en el

ejercicio de la acción.

Señaló que al comparar la presente acción constitucional con las

identificadas con los números únicos de radicación 2026-00001,

2026-00022, 2026-00069, 2026-00104 y 2026-00105, encontró la

misma causa petendi, partes, hechos y objeto jurídico, lo que denota

la mala fe y el actuar temerario del actor al pretender promover

múltiples solicitudes de amparo bajo iguales términos y pretensiones.

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Actor: OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, no

obstante, no expuso ningún argumento tendiente a controvertirla.

Para el efecto señaló lo siguiente:

“[…] URGENTE se impugna la falsa sentencia en alzada del
despacho […]” (Sic en toda la cita).

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que,

entre otros, se dejen sin efecto las providencias de 14 y 17 de mayo

de 2024, proferidas por el JUZGADO dentro de la acción

constitucional identificada con el número único de radicación 2024-

00237-00, que instauró contra el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL

CIRCUITO DE PEREIRA.

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A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

su derecho fundamental a la igualdad, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió en fraude procesal y

desconoció los criterios aplicables para la convalidación de títulos

educativos.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 30 de junio de 2026, declaró

improcedente la solicitud de amparo al encontrar configurada la

temeridad en el ejercicio de la acción.

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia, sin

aducir motivos de inconformidad con la misma.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho

fundamental deprecado.

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Previo a resolver el problema jurídico, la Sala advierte la carencia

argumentativa en el recurso de impugnación, al respecto esta

Sección4, en otras oportunidades ha precisado lo siguiente:

“[…]40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir
en las impugnaciones dentro del marco de la acción de
tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.

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protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”. (Destacado fuera del texto).

En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20205, esta

Sección señaló:

“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.

Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.

Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia
(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.

En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2019-04314-01.

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conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.

Así las cosas, comoquiera que el actor no argumentó los motivos de

su inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia

en la que se declaró improcedente la solicitud de amparo, la Sala

encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio de fondo

del asunto, habida consideración que, por un lado, el escrito de

impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que

diera cuenta de los reparos respecto de la decisión adoptada; y, por

el otro, no se advirtió ninguna razón válida que justifique tal

desatención, razón por la que no se encuentran los elementos

necesarios para revisar si la providencia objeto de controversia en el

caso sub examine está ajustada a derecho.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo presentada por el actor, pero por

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las razones aquí expuestas y así se dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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