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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01227-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01227-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01227-01 Actor: HERNÁN ELÍAS JIMÉNEZ PETRO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01227-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01227-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HERNÁN ELÍAS JIMÉNEZ PETRO

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. EN EL PRESENTE
CASO EL ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA
MÍNIMA PARA IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA
INSTANCIA, ASÍ COMO TAMPOCO SE ADVIRTIÓ NINGUNA
JUSTIFICACIÓN PARA SU OMISIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 12 de marzo de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del

requisito de relevancia constitucional frente a los argumentos

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01227-01
Actor: HERNÁN ELÍAS JIMÉNEZ PETRO

relacionados con la presunta indebida valoración de las pruebas que

tenían por acreditados los perjuicios morales y materiales derivados

de la apropiación indebida de su dinero y por el requisito de la

subsidiariedad, respecto de la presunta falta de contestación de la

demanda. Asimismo, denegó el amparo en cuanto a la excepción de

ineptitud sustantiva de la misma.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor HERNÁN ELÍAS JIMÉNEZ PETRO, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el

JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

SINCELEJO2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE3, al

haber proferido las providencias de 11 de julio y 24 de septiembre

de 2025, respectivamente, dentro del medio de control de reparación

2
En adelante JUZGADO.
3
En adelante TRIBUNAL.

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3

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Actor: HERNÁN ELÍAS JIMÉNEZ PETRO

directa identificado con el número único de radicación 70001-33-33-

005-2023-00046-01.

I.2.- Hechos

Señaló que el 18 de febrero de 2020, la SECRETARÍA DE

TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE COROZAL (SUCRE) expidió siete

resoluciones de contravención por concepto de foto multas en su

contra y, en consecuencia, embargó su cuenta bancaria.

Indicó que, con el fin de que le hicieran la devolución de la suma de

dinero embargada y poder continuar con su actividad económica,

pagó en efectivo la totalidad de la deuda, por lo que la Secretaría, al

recibir y comprobar el pago de las sanciones, expidió las respectivas

resoluciones y oficios de desembargo de la cuenta. No obstante, no

le fue entregado capital alguno.

Afirmó que, debido a lo anterior, presentó demanda en ejercicio del

medio de control de reparación directa contra el MUNICIPIO4 y el

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE COROZAL

4
En adelante MUNICIPIO.

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4

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(IMTRAC)5, con el fin de que se les declarara solidariamente

responsables por los daños materiales e inmateriales causados por

la retención y apropiación ilegal de unos dineros de su propiedad,

debido a la medida de embargo ordenada dentro del proceso coactivo

por infracción de tránsito.

Adujo que al referido proceso le fue asignado el número único de

radicación 2023-00046-01 y le correspondió por reparto al

JUZGADO que, mediante sentencia de 11 de julio de 2025, declaró

administrativamente responsable al IMTRAC por la no devolución y

retención injustificada del dinero embargado y la condenó al pago de

una suma por concepto de perjuicio material en la modalidad de daño

emergente.

Sostuvo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación en el que solicitó que se debían conceder las pretensiones

referentes al lucro cesante, al perjuicio moral, las agencias en

derecho y la declaratoria de solidaridad en la condena entre las

entidades allí demandadas.

5
En adelante IMTRAC.

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5

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Manifestó que el recurso de alzada fue resuelto por el TRIBUNAL

que, mediante sentencia de 24 de septiembre de 2025, confirmó el

reconocimiento de perjuicios por concepto de daño emergente en

aplicación del principio de non reformatio in pejus por ser apelante

único, pero declaró probada la excepción de inepta demanda, “[…]

por indebida escogencia de la acción frente a la pretensión de

declarar la responsabilidad del Instituto Municipal de Tránsito y

Transporte de Corozal – IMTRAC, por la no devolución de una suma

de dinero embargada al demandante en el marco de un proceso de

cobro coactivo por infracción a las normas de tránsito […]”, por

considerar que no era procedente ordenar la devolución de recursos

embargados en el marco de una actuación administrativa mediante

el medio de control de reparación directa, sino a través del de nulidad

y restablecimiento del derecho.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas vulneraron

sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y al

acceso a la administración de justicia, por cuanto incurrieron en

defecto fáctico, toda vez que dentro del proceso cuestionado

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existían múltiples medios probatorios legalmente aportados y no

controvertidos, que demostraban de manera clara la apropiación

indebida de su dinero por parte del IMTRAC y la no devolución del

mismo pese a las órdenes de desembargo, lo cual le generó perjuicios

materiales y morales.

Sostuvo que dentro del proceso estaban acreditadas, entre otras, las

resoluciones de desembargo, la sentencia de tutela donde la entidad

admitió haberse apropiado del dinero y prometió devolverlo, el fallo

de desacato, el oficio en que se fijó fecha de devolución, la

certificación bancaria del embargo, el dictamen pericial del

veterinario y los testimonios de ganaderos que daban cuenta de su

actividad económica y de los daños sufridos, pruebas que el juez

desestimó sin explicar de manera concreta sus falencias ni

desvirtuarlas técnicamente, puesto que se limitó a calificarlas como

insuficientes, especialmente, en lo relativo al lucro cesante.

Además, aseguró que ante la falta de contestación de la demanda

por parte del IMTRAC se debían aplicar las presunciones previstas

en los artículos 97 y 372 del CGP, es decir, tener por ciertos los hechos

susceptibles de confesión contenidos en la demanda; sin embargo,

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el juez no aplicó estas reglas procesales, pese a que esta no ejerció

su principio de contradicción.

Asimismo, señaló que el TRIBUNAL construyó su decisión a partir

de supuestos ajenos a la realidad probada en el expediente, pues

desconoció pruebas fundamentales como la admisión expresa de

apropiación del dinero por parte del IMTRAC y desvió el análisis

hacia la supuesta procedencia del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, con lo cual ignoró que el daño provenía

de una conducta antijurídica distinta a los actos administrativos del

proceso coactivo.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2) Como consecuencia de la decisión anterior, se ordene a la
accionada Juzgado Quinto Administrativo de Sincelejo,
revocar parcialmente la decisión del fallo de fecha once (11) de
julio de dos mil veinticinco (2025), proferida en el proceso de
reparación directa, con radicado N°
70001.33.33.005.2023.00046.00 y se dicte sentencia conforme a
las pruebas existente en el proceso bajo la sana critica de las
mismas.

3) Como consecuencia de la concesión de los derechos
invocados, se ordene a la accionado Tribunal Administrativo

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de Sucre – Sala Quinta de Decisión, revocar totalmente la
decisión del fallo de veinticuatro (24) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025), proferida en el proceso de reparación directa,
con radicado N° 70001-33-33-005-2023-00046-01, y se dicte
sentencia conforme a las pruebas existente en el proceso bajo la
sana critica de las mismas.

4) Se dé correspondiente traslado a las accionadas. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO se limitó a remitir el link del expediente

contentivo del medio de control de reparación directa objeto de

estudio, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del

asunto.

I.5.2. El TRIBUNAL, el IMRAC y el MUNICIPIO, estos últimos

vinculados en calidad de terceros con interés directo en las resultas

del proceso, pese a ser notificados en debida forma, guardaron

silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 12 de marzo de 2026,

declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del

requisito de relevancia constitucional frente a los argumentos

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relacionados con la presunta indebida valoración de las pruebas que

tenían por acreditados los perjuicios morales y materiales derivados

de la apropiación indebida de su dinero por parte del IMTRAC y por

el requisito de la subsidiariedad, respecto de la presunta falta de

contestación de la demanda. Asimismo, denegó el amparo en cuanto

a la excepción de ineptitud sustantiva de la misma declarada por el

TRIBUNAL.

Para el efecto, adujo que los argumentos expuestos en la presente

tutela relativos a que el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico por

omitir las pruebas que acreditaban la apropiación indebida de su

dinero por parte del IMTRAC, la no devolución aun cuando existían

órdenes de desembargo y tutela, así como los perjuicios materiales

y morales derivados de esa conducta, especialmente, en lo relativo

al lucro cesante, pese a que el actor pretende darle la apariencia de

vicio o defecto, es evidente que son una reproducción de los

argumentos que fueron planteados en el recurso de apelación, los

cuales se resolvieron en el fallo de 24 de septiembre de 2025 y se

dirigieron a que se accediera al reconocimiento del lucro cesante y

de los perjuicios morales.

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Sostuvo que, así las cosas, la acción de la referencia no reviste

relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir

un debate probatorio que era propio del proceso ordinario y al juez

constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que

desbordan su competencia.

Frente a la inconformidad del actor relativa a que la falta de

contestación de la demanda por parte del IMTRAC debía generar las

presunciones previstas en los artículos 97 y 372 del CGP, advirtió que

no se cumple el requisito general de la subsidiariedad, por cuanto

consiste en un argumento nuevo que no fue planteado ni discutido

en el trámite del proceso ordinario, pues en el recurso de apelación

limitó sus reparos al reconocimiento del lucro cesante y los perjuicios

morales.

Respecto al defecto fáctico invocado frente a la ineptitud sustantiva

de la demanda, resaltó que el TRIBUNAL explicó que cuando la

pretensión principal consiste en obtener la devolución de dineros

embargados en una actuación administrativa, el medio idóneo es el

de nulidad y restablecimiento del derecho, pues ello implica

cuestionar la legalidad de la actuación administrativa.

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Por lo anterior, denegó dichas pretensiones al concluir que la

autoridad judicial accionada i) identificó y analizó las pruebas

relevantes, ii) explicó de manera razonada por qué no se acreditaba

el daño en los términos alegados y iii) fundamentó jurídicamente la

indebida escogencia del medio de control, razón por la que consideró

que no se configuraba un defecto fáctico, sino una decisión adoptada

dentro del ámbito de autonomía e independencia judicial, con soporte

probatorio y argumentativo suficiente.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA,

para lo cual copió y pegó in extenso el escrito de tutela, sin realizar

ninguna manifestación adicional6.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

6
La Sala advierte que no resulta necesario citar el contenido del documento debido a su extensión y a
que el mismo puede ser consultado en el índice 19 del expediente digital del TRIBUNAL obrante en el
aplicativo SAMAI.

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de

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sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si

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todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia

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jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 11 de julio y 24 de septiembre

de 2025, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,

respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 2023-00046-01.

A las citadas providencias el actor le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, el mínimo vital y al

acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio,

incurrió en defecto fáctico, toda vez que dentro del proceso

cuestionado existían múltiples medios probatorios legalmente

aportados y no controvertidos que demostraban de manera clara la

apropiación indebida de su dinero por parte del IMTRAC y la no

devolución del mismo pese a las órdenes de desembargo, lo cual le

generó perjuicios materiales y morales.

Aseguró que ante la falta de contestación de la demanda por parte

del IMTRAC se debían aplicar las presunciones previstas en los

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artículos 97 y 372 del CGP, es decir, tener por ciertos los hechos

susceptibles de confesión contenidos en la demanda; sin embargo,

el juez no aplicó estas reglas procesales, pese a que esta no ejerció

su principio de contradicción.

Asimismo, señaló que el TRIBUNAL construyó su decisión a partir

de supuestos ajenos a la realidad probada en el expediente, pues

desconoció pruebas fundamentales como la admisión expresa de

apropiación del dinero por parte del IMTRAC y desvió el análisis

hacia la supuesta procedencia del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, con lo cual ignoró que el daño provenía

de una conducta antijurídica distinta a los actos administrativos del

proceso coactivo.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 12 de marzo de

2026, declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento

del requisito de relevancia constitucional frente a los argumentos

relacionados con la presunta indebida valoración de las pruebas que

tenían por acreditados los perjuicios morales y materiales derivados

de la apropiación indebida de su dinero por parte del IMTRAC y por

el requisito de la subsidiariedad, respecto de la presunta falta de

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contestación de la demanda. Asimismo, denegó el amparo en cuanto

a la excepción de ineptitud sustantiva de la misma declarada por el

TRIBUNAL.

El actor presentó recurso de impugnación en el que copió y pegó in

extenso el escrito de tutela, sin plantear ningún argumento adicional,

ni efectuar reproche alguno contra la sentencia de 12 de marzo de

2026, dictada por la SECCIÓN TERCERA.

Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación, la

Sala7, ha precisado lo siguiente:

“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir en
las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela:

40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de
tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga
argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad de
sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el
impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente
en los términos del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que
se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad quem,
el deber constitucional de resolver el fondo del asunto; i)
analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez
constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio
obrante en el expediente.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01227-01
Actor: HERNÁN ELÍAS JIMÉNEZ PETRO

40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra providencias judiciales, la parte que impugne
la sentencia de tutela proferida en primera instancia
precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que
fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo
que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga
argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar
las medidas necesarias, para garantizar la protección de
sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia[…]”.

En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20208, la

Sala señaló:

“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.

Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los derechos
fundamentales que la parte actora manifiesta vulnerados, con los
principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, número único de radicación 11001-03-15-
000-2019-04314-01.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01227-01
Actor: HERNÁN ELÍAS JIMÉNEZ PETRO

judicial, los cuales se verían desproporcionadamente afectados si
se utiliza la acción de tutela como una tercera instancia judicial y
no como un mecanismo residual y subsidiario.

Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia (artículo
3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los derechos
protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la informalidad en
la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem), dicha situación no
exonera al recurrente de explicar las razones que motivan
su disentimiento con la decisión judicial recurrida.

En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía de
los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.

Así las cosas, comoquiera que el actor se limitó a copiar y pegar el

escrito de tutela inicial sin argumentar los motivos de su

inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia ni

expuso los argumentos por los que consideraba que la misma debía

revocarse, la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01227-01
Actor: HERNÁN ELÍAS JIMÉNEZ PETRO

estudio del fondo del asunto9, habida consideración que, por un lado,

el escrito de impugnación no cumplió con la carga argumentativa

mínima que diera cuenta de los reparos respecto de la decisión

adoptada por el a quo; y, por el otro, no se advirtió ninguna razón

válida que justifique tal desatención, motivo por el cual no se

encuentran los elementos necesarios para revisar si la providencia

objeto de controversia en el caso sub examine está ajustada a

derecho.

Cabe resaltar que el escrito de impugnación es el marco a partir del

cual se fija la competencia del juez de tutela en segunda instancia,

por lo que no basta simplemente con la formulación del recurso para

que se deduzca la inconformidad frente a la sentencia proferida por

el a quo, sino que se requiere que se expongan los fundamentos del

reproche que permitan resolver la posible tensión que existe entre el

fallo impugnado y la apelación, máxime si se tiene en cuenta que,

como se citó en precedencia, en acciones de tutela contra

9
En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 5 de febrero de 2026, expediente número
2025-05807-01, M.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, en la que se dijo: “[…] Con fundamento en lo
anterior, se observa que, en el escrito allegado el 13 de noviembre de 2025, la parte accionante omitió
exponer los argumentos por los cuales consideraba que debía revocarse la sentencia de primera
instancia, pues en dicha oportunidad se limitó a aportar copia del fallo, sin desarrollar razones de
inconformidad frente a la decisión adoptada […]

En consecuencia, la impugnación no satisface la carga argumentativa mínima exigida para habilitar el
estudio de fondo, razón por la cual se confirmará la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente el amparo solicitado […]”.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01227-01
Actor: HERNÁN ELÍAS JIMÉNEZ PETRO

providencias judiciales prevalecen principios como la seguridad

jurídica y la autonomía judicial.

Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera

instancia que declaró improcedente el amparo solicitado, como en

efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01227-01
Actor: HERNÁN ELÍAS JIMÉNEZ PETRO

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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