Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02464-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02464-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02464-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Mónica Patricia Barrón Rodríguez y otros.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02464-01
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
de primera instancia porque la impugnación no cumple con la carga
argumentativa.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
4 de mayo de 2026 proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. Los señores Mónica Patricia Barrón Rodríguez, Wilfer José Mosquera,
Wilfer Estiven Mosquera González, María Ximena González Rodríguez y
Laura Sofía Bedoya Barrón, esta última en nombre propio y en
representación de los menores J.A.M.G y S.A.B. promovieron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra EMSSANAR
EPS S.A.S., el Hospital Universitario del Valle - Evaristo García y otros,
con el propósito de que se declarara su responsabilidad administrativa y
se condenara al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y
morales por el fallecimiento de la señora María Eugenia Rodríguez Talero.
1.2. El Juzgado Tercero Administrativo de Cali, mediante auto del 19 de marzo
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de 2024, inadmitió la demanda y le ordenó a la parte actora subsanar el
escrito inicial para que “[…] acredite el cumplimiento del requisito de
procedibilidad de conciliación prejudicial, tal como lo exige la Ley 1437 de
2011 en su artículo 161, numeral 1º / Adicionalmente, deberá precisar las
acciones u omisiones en las que incurrieron las entidades demandadas
[…] y que a su criterio, dieron lugar a la falla en el servicio que fundamenta
el ejercicio del presente medio de control de reparación directa. […]”.
1.3. Mediante auto No. 233 del 22 de abril de 2024, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Cali rechazó la demanda por la causal
prevista en el artículo 169, numeral 2, del CPACA, esto es, por no haberse
subsanado dentro del término legal de diez (10) días, previsto en el artículo
170 ibidem.
1.4. Contra la decisión anterior la parte demandante presentó recurso de
apelación.
1.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante decisión de 19 de
septiembre de 2025, confirmó el auto mediante el cual se rechazó la
demanda al considerar que “[…] los argumentos de acceso a la justicia y
prevalencia del derecho sustancial no eximen la exigencia -mínima- de
presentar la subsanación por el canal habilitado dentro del plazo. No se
trata de un ritualismo, sino de una carga procesal que garantiza seguridad
jurídica, trazabilidad y eficiencia en la gestión del expediente electrónico
[…]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante manifestó que el presente caso tiene relevancia
constitucional “[…] en cuanto, prevaleció una interpretación legalista que
desconoce la supremacía de la constitución, el agotamiento de la conciliación
prejudicial como requisito para demandar [...]”, y que la acción no se dirige
contra un fallo de tutela.
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Mencionó que se han agotado todos los medios de defensa judicial a su
alcance y existe inmediatez entre la sentencia cuestionada y el ejercicio de la
acción. Indicó que las autoridades accionadas incurrieron en el defecto fáctico
y sustantivo “[…] pues no se examinaron las particularidades del caso,
prevaleciendo una interpretación legalista que desconoce la supremacía de la
constitución […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO. Solicito de manera comedida al Despacho tutelar los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal vulnerados dentro del proceso de reparación directa con radicado
No. 76001-33-33-003-2023-00184-00 por las referidas autoridades
judiciales.
SEGUNDO. Solicito de manera comedida al Despacho dejar sin efecto el
auto No.399 del 19 de septiembre de 2025, notificado en estado el 26 de
septiembre del 2026, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-
Sala Tercera de Decisión dentro del proceso de reparación directa con
radicado No. 76001-33-33-003-2023-00184-00.
TERCERO. Solicito de manera comedida al Despacho dejar sin efecto el
auto No 233 del 22 de abril de 2024 que rechazó la demanda y concedió
en el efecto suspensivo el recurso de apelación, providencias proferidas
por el Juzgado 3 administrativo de Cali dentro del proceso de reparación
directa con radicado No. 76001-33-33-003-2023-00184-00.
CUARTO. En consecuencia, ORDENE al Juzgado 3 Administrativo del
Circuito de Cali que en el término de 48 horas siguiente a la notificación
del fallo de tutela profiera la providencia judicial de reemplazo mediante la
cual se provea sobre la admisibilidad del medio de control de reparación
directa con radicado No. 76001-33-33-003-2023-00184-00, previa
verificación del cumplimiento de los demás requisitos legales y con base
en los documentos allegados con la demanda y la subsanación de la
misma […]”.[ Sic en toda la cita].
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 9 de abril de 2026, se admitió la presente acción de tutela
en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero
Administrativo de Cali, y se vinculó al señor Fredy Steardo Barrón, a la Entidad
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Promotora de Salud EMSSANAR EPS S.A.S., a la Clínica Nuestra de Cali, a
los hospitales Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., Isaías Duarte
Cancino E.S.E., Primitivo Iglesias (Red de Salud del Centro E.S.E), San Juan
de Dios de Cali, a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de
Salud y Protección Social, en calidad de terceros con interés en el resultado
del proceso.
2. El 4 de mayo de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia negando la solicitud de
amparo.
3. Mediante auto de 23 de junio de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sostuvo que en la providencia
cuestionada se constató que la subsanación fue enviada a un correo
electrónico equivocado, por lo que “[…] la decisión cuestionada no obedeció a
un formalismo irrazonable, sino a la verificación objetiva del incumplimiento de
una carga procesal mínima […]” descartando que la decisión obedeciera a un
exceso de formalismo.
2. El Juzgado Tercero Administrativo de Cali señaló que el rechazo de la
demanda obedeció al incumplimiento de los requerimientos del auto de
inadmisión, en particular, a la falta de acreditación del agotamiento de la
conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, por lo que la decisión
se ajustó a la normativa vigente. Asimismo, sostuvo que no se configura ningún
defecto que habilite su procedencia pues la parte actora pretende utilizarla
como una tercera instancia.
3. La Clínica Nuestra de Cali solicitó declarar improcedente la tutela al
considerar que las providencias cuestionadas no presentan los defectos
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alegados por la parte actora. Sostuvo que el rechazo de la demanda obedeció
a la aplicación del artículo 170 del CPACA, ante la falta de subsanación
oportuna, sin que existiera exceso interpretativo o arbitrariedad. Además,
afirmó que la tutela carece de relevancia constitucional, pues pretende
utilizarse como una tercera instancia para controvertir la interpretación de los
artículos 169 y 170 del CPACA.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 4 de mayo de 2026, negó el amparo invocado.
Advirtió que, “[…] la autoridad judicial accionada refirió que en el expediente
de reparación directa no obraba constancia alguna que permitiera advertir la
recepción del memorial de subsanación en el buzón oficial del Juzgado
Tercero Administrativo de Cali, «of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co»,
dentro del término concedido en el auto inadmisorio […]”.
Mencionó que “[…] el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó que
la parte demandante no cumplió con la carga procesal de subsanar ante el
juez de primera instancia dentro de la oportunidad legal, por cuanto el escrito
no ingresó por el canal oficial previamente informado por el despacho judicial.
De manera, que la consecuencia jurídica ante esa falta de diligencia de los
accionantes no era otra que el rechazo de la demanda, conforme lo dispuesto
en el artículo 170 del CPACA. […]” por lo que consideró que el auto de 19 de
septiembre de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, no incurrió en el defecto invocado, pues el confirmar la providencia que
rechazó la demanda, se soportó en un estudio razonable de los hechos,
elementos probatorios y la normativa procesal.
Finalmente, subrayó que “[…] el correo electrónico remitido por el apoderado
de los demandantes, el 10 de abril de 2024, con el que pretendía subsanar la
demanda fue un mensaje devuelto o un correo no entregado y este tuvo
conocimiento y constancia de ello; sin embargo, no adoptó las medidas
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necesarias para superar dicha situación […]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia indicando: “[…] Manifiesto
que me reservo el derecho a sustentar […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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3. Caso concreto
3.1. De la carga argumentativa en la impugnación
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Esta Sección en varias oportunidades5 ha señalado que, en el caso específico
de tutela contra providencias judiciales el deber de sustentar la impugnación
adquiere una connotación aún más precisa y exigente, en tanto la parte que
impugna este tipo de fallo de tutela debe cumplir con la carga argumentativa
respectiva, lo que se traduce en que debe exponer las razones que sustentan
su cuestionamiento e identificar y justificar si se configura o no la causal
específica de procedibilidad.
Lo anterior permite conciliar la necesidad de proteger los derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, los cuales podrían comprometerse en el evento en que se
generalice la práctica de utilizar la acción de tutela como una tercera instancia
judicial.
Por ello, la Sala ha advertido que aun cuando el trámite de la acción de tutela
debe desarrollarse con arreglo a los principios de prevalencia del derecho
sustancial, celeridad, eficacia (artículo 3 Decreto Ley 2591 de 1991),
interpretación judicial de los derechos protegidos (artículo 4 ibidem) y
prevalencia de la informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibidem),
3 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
5 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 9 de agosto de 2019, radicación No. 11001-03-15-000-2018-03767-01(AC).
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ello no es óbice para resaltar el deber que le asiste a la parte que impugna el
fallo de tutela de explicar las razones que motivan su disentimiento6.
En sentencia de 28 de febrero de 2019 esta Sección fijó unas subreglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir en las impugnaciones
dentro del marco de la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra autoridades públicas, [a] la parte que impugne la sentencia de
tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga
argumentativa mínima […]”.
“[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de
tutela proferida en primera instancia, precisando que i) si obra en nombre
propio o ii) por medio de apoderado especial, debe cumplir con una
carga argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los defectos:
i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v) error inducido;
vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii)
violación directa de la Constitución, en los términos de la sentencia C-590
de 20051, proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo que se
trate de un sujeto de especial protección constitucional, a quien no
se le exigirá dicha carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene
que adoptar las medidas necesarias, para garantizar la protección de
sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia […]”7. [Se destaca]
En el caso concreto, la Sala encuentra que la parte accionante al impugnar la
decisión del a quo omitió efectuar un reparo concreto, específico, claro y
coherente acerca del motivo por el cual consideraba que la sentencia de
primera instancia fue desacertada al negar el amparo de las pretensiones de
la acción constitucional, ya que simplemente se limitó a manifestar que
impugnaba indicando: “[…] Manifiesto que me reservo el derecho a sustentar
[…]”, sustentación que nunca fue allegada al presente expediente.
Por lo anterior resulta evidente que la impugnante no planteó ningún
cuestionamiento frente a los argumentos que tuvo en cuenta el a quo para
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 3 de diciembre
de 2018, Radicación número: 13001-23-33-000-2018-00641-01(AC).
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
28 de febrero de 2019, expediente número 11001-03-15-000-2018-03163-01(AC).
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negar las pretensiones del mecanismo de amparo ni tampoco se encuentra
acreditada alguna excepción para no exigir en el presente asunto la
sustentación de una carga mínima argumentativa.
Por lo anterior, la Sala no puede adentrarse al estudio de fondo de la
impugnación presentada por la parte impugnante, siendo lo procedente, de
esta manera, confirmar el fallo de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 4 de mayo de 2026 proferido por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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