Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02550-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-02550-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-02550-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02550-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. EN EL PRESENTE
CASO EL ACTOR NO CUMPLIÓ CON LA CARGA ARGUMENTATIVA
MÍNIMA PARA IMPUGNAR LA DECISIÓN PROFERIDA EN PRIMERA
INSTANCIA, ASÍ COMO TAMPOCO SE ADVIRTIÓ NINGUNA
JUSTIFICACIÓN PARA SU OMISIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MÍNIMO VITAL Y SEGURIDAD
SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 30 de abril de 2026, mediante la cual la SECCIÓN
QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró improcedente la
acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
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En adelante SECCIÓN QUINTA.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02550-01
Actor: JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y al principio de
legalidad, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER2, al haber
proferido la providencia de 6 de marzo de 2026 dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2018-00400-00.
I.2.- Hechos
Señaló que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez ante la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES3, al estimar
que acreditaba los requisitos de edad y semanas cotizadas en el
sistema de seguridad social, por lo que mediante Resolución núm.
2
En adelante TRIBUNAL.
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En adelante COLPENSIONES.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02550-01
Actor: JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS
GNR 307821 de 7 de octubre de 2015, se le reconoció la prestación
deprecada.
Indicó que promovió medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra COLPENSIONES, con el fin de que se reliquidara
el pago de su mesada pensional, con la inclusión de todos los factores
salariales devengados al momento de adquirir su estatus pensional,
proceso al cual le fue asignado el número único de radicación 2018-
00400-00.
Afirmó que el proceso correspondió en primera instancia al
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CÚCUTA4 que, en sentencia de 22 de junio de 2023, denegó las
pretensiones de la demanda.
Adujo que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación,
el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en providencia de 6 de
marzo de 2026, confirmó lo dispuesto por el a quo.
4
En adelante el JUZGADO.
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Actor: JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y al principio de
legalidad y favorabilidad en materia pensional, por cuanto incurrió en
defecto sustantivo, toda vez que el Decreto 758 de 11 de abril de
19905 disponía una tasa de reemplazo del 90% del ingreso base de
liquidación sobre los factores salariales reconocidos, lo cual resulta
superior a lo previsto en la Ley 71 de 19 de diciembre de 19886.
En igual sentido, alegó que el TRIBUNAL incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, comoquiera que tal
situación ya ha sido decantada por la Corte Constitucional en las
sentencias T-1268 de 2005, T-783 de 2014 y T-088 de 2018.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada también incurrió en
violación directa de la Constitución Política, esto es, frente al
artículo 228 que establece el derecho sustancial sobre el formal, por
5
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional
de Seguros Sociales Obligatorios.
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por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones.
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lo que debió darse aplicación a la normativa más beneficiosa a sus
intereses.
Finalmente, aseguró que se incurrió en defecto fáctico por
desconocimiento de las pruebas allegadas al plenario que daban
cuenta de las semanas cotizadas.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] En consecuencia, señor Juez le solicito que ordene a la
ENTIDAD ACCIONADA, para que, de MANERA INMEDIATA,
procedan a REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida
en fecha 06 de marzo del 2026, en el proceso de Nulidad y
restablecimiento del derecho, de radicado 54001-33-33-008-2018-
00400- 02, y, ordene la reliquidación pensional, con base en el
Decreto 758 de 1990, que le otorgaba una tasa de reemplazo del
90 % del IBL.
Tercero. Que se ordene a COLPENSIONES la reliquidación de la
pensión de vejez del accionante, aplicando el Decreto 758 de 1990
y reconociendo una tasa de reemplazo del 90 % del IBL.
Cuarto. Que se ordene el pago de las diferencias causadas y
retroactivos correspondientes, debidamente indexados […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL informó que la decisión cuestionada se
encuentra debidamente sustentada en las pruebas obrantes en el
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plenario, por lo que no ha vulnerado derecho fundamental alguno,
por lo que solicitó denegar el amparo solicitado.
I.5.2. COLPENSIONES adujo que la solicitud de amparo no cumple
con los requisitos generales para su procedencia, máxime cuando no
se evidencia un perjuicio irremediable en el asunto.
I.5.3. EL JUZGADO y la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURÍDICA DEL ESTADO, pese a ser notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN QUINTA mediante sentencia de 30 de abril de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que en el debate
propuesto se evidencian simples descontentos con la decisión
adoptada por la autoridad judicial accionada, sin que se explique por
qué se vulneraron sus derechos fundamentales, aunado a que
persigue que se acepte por esta vía la variación del objeto del litigio
propuesto y pretendido en el proceso ordinario cuestionado.
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Sumado a lo anterior, destacó que tampoco se cumple con el
requisito de la subsidiariedad, toda vez que fue la omisión del actor
al no proponer desde la demanda lo que realmente pretendía, bajo
la apariencia de que no se tuvo en cuenta la aplicación de la
normativa más favorable a sus intereses.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN QUINTA,
de la siguiente manera:
“[…] JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13.435.759 de Cúcuta,
domiciliado en San José de Cúcuta, actuando en nombre propio
de manera atenta y respetuosa me permito dirigirme a su
despacho con el fin de IMPUGNAR la decisión tomada mediante
sentencia de tutela proferida el (30) de abril de 2026, la cual fue
notificada el (06) de mayo de 2026 al correo electrónico
alejocorman@gmail.com […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
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establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
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las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
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Actor: JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
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Actor: JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 6 de marzo de 2026, proferida por
el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2018-00400-01.
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, el mínimo vital, al acceso
a la administración de justicia, a la seguridad social y a los principios
de legalidad y favorabilidad, habida cuenta que, a su juicio, incurrió
en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial, violación directa de la Constitución y fáctico, toda vez
que se debió aplicar la normativa mas favorable a sus intereses, con
el fin de que se incluyeran todos los factores salariales devengados
al momento de adquirir su estatus de pensionado.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 30 de abril de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad, comoquiera
que la controversia planteada no explica de qué forma se vulneraron
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Actor: JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS
sus derechos fundamentales, además, que el actor no propuso lo que
realmente pretendía dentro del proceso ordinario cuestionado, no
siendo la acción de tutela el escenario idóneo para el efecto.
El actor presentó recurso de impugnación, sin plantear ningún
argumento adicional, ni efectuar reproche alguno contra la sentencia
de 30 de abril de 2026, dictada por la SECCIÓN QUINTA.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación, la
Sección7, ha precisado lo siguiente:
“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir en
las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de
tutela proferida en primera instancia, no se le exigirá una carga
argumentativa mínima, es decir, que no habrá necesidad de
sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el
impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente
en los términos del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que
se efectúe el respectivo trámite del mismo, teniendo el ad quem,
el deber constitucional de resolver el fondo del asunto; i)
analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez
constitucional de primera instancia, y el ii) acervo probatorio
obrante en el expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02550-01
Actor: JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS
tutela contra providencias judiciales, la parte que impugne
la sentencia de tutela proferida en primera instancia
precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio de
apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que
fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en sentencia de 31 de julio de 2012, salvo
que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga
argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar
las medidas necesarias, para garantizar la protección de
sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia[…]”.
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20208, la
Sección señaló:
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los derechos
fundamentales que la parte actora manifiesta vulnerados, con los
principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía
judicial, los cuales se verían desproporcionadamente afectados si
se utiliza la acción de tutela como una tercera instancia judicial y
no como un mecanismo residual y subsidiario.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2019-04314-01.
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Actor: JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia (artículo
3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los derechos
protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la informalidad en
la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem), dicha situación no
exonera al recurrente de explicar las razones que motivan
su disentimiento con la decisión judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía de
los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
Así las cosas, comoquiera que el actor se limitó a mencionar que
impugnaba la decisión del a quo sin argumentar los motivos de su
inconformidad frente a la sentencia proferida en primera instancia ni
expuso los argumentos por los que consideraba que la misma debía
revocarse, la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un
estudio del fondo del asunto9, habida consideración que, por un lado,
9
En el mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia de 5 de febrero de 2026, expediente número
2025-05807-01, M.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro, en la que se dijo: “[…] Con fundamento en lo
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Actor: JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS
el escrito de impugnación no cumplió con la carga argumentativa
mínima que diera cuenta de los reparos respecto de la decisión
adoptada por el a quo; y, por el otro, no se advirtió ninguna razón
válida que justifique tal desatención, motivo por el cual no se
encuentran los elementos necesarios para revisar si la providencia
objeto de controversia en el caso sub examine está ajustada a
derecho.
Cabe resaltar que el escrito de impugnación es el marco a partir del
cual se fija la competencia del juez constitucional en segunda
instancia, por lo que no basta simplemente con la formulación del
recurso para que se deduzca la inconformidad frente a la sentencia
proferida por el a quo, sino que se requiere que se expongan los
fundamentos del reproche que permitan resolver la posible tensión
que existe entre el fallo impugnado y la apelación, máxime si se tiene
en cuenta que, como se citó en precedencia, en acciones de tutela
contra providencias judiciales prevalecen principios como la
seguridad jurídica y la autonomía judicial.
anterior, se observa que, en el escrito allegado el 13 de noviembre de 2025, la parte accionante omitió
exponer los argumentos por los cuales consideraba que debía revocarse la sentencia de primera
instancia, pues en dicha oportunidad se limitó a aportar copia del fallo, sin desarrollar razones de
inconformidad frente a la decisión adoptada […]
En consecuencia, la impugnación no satisface la carga argumentativa mínima exigida para habilitar el
estudio de fondo, razón por la cual se confirmará la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente el amparo solicitado […]”.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02550-01
Actor: JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS
Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente el amparo solicitado, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 2026.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-02550-01
Actor: JULIO CÉSAR BAYONA CÁRDENAS
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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